[R-P] La política sucia de EE.UU. contra Argentina ( Ag.Per.Mercosur )

[INFOR-MET]

¿La Justicia? ¿Cuál, la de Miami? ¡Por favor….! 
 
La política sucia de EE.UU. contra Argentina  
 
Por Víctor Ego Ducrot | 
Desde Buenos Aires 
 
Caso Antonini, una operación de la inteligencia
estadounidense, que perfora jueces, fiscales,
tribunales y medios de comunicación. Ninguna novedad.
Argentina, Venezuela y el Mercosur en la mira. 
 
 
“El caso de Antonini Wilson pinta bien la lógica del
sistema norteamericano: el hombre pasó de ser un
sospechoso de lavado, contrabando o evasión, atrapado
con una valija de 800 mil dólares al intentar entrar a
Argentina, a convertirse –para el Departamento de
Justicia de Estados Unidos– en una víctima perseguida
por agentes encubiertos venezolanos que son, nada
menos, que sus viejos amigos y socios en negocios
diversos por años. Todavía es un misterio si Antonini
es ahora un testigo protegido, un colaborador del FBI
o la CIA y desde cuándo. La realidad es que él está
libre y sus amigos presos”. 
Fina observación de la periodista Irina Hauser, del
diario local Página 12. Sin embargo, sería útil
resaltar que ese tipo operaciones -consecuencia de la
profunda perforación del Ejecutivo y sus agencias de
inteligencia en las redes de la Justicia y de los
medios de comunicación- tiene larga data y se inscribe
en el trazado mismo de la política exterior
estadounidense. 

Un abogado de Washington, graduado en la Universidad
de Georgetown, viene advirtiendo desde hace años que
la Justicia de su país no es independiente, que viola
sistemáticamente el orden constitucional y que está en
manos de las decisiones de estrategia política
adoptadas por la Casa Blanca. 

Se trata de José Pertierra, representante de Venezuela
en el caso del terrorista Luís Posada Carriles, un
protegido de la administración de George W. Bush. 

Para muestra sólo basta un botón, aunque los lectores
y lectoras podrán tener mucho más si siguen el caso
antes mencionado y el de los cinco cubanos
injustamente presos en Estados Unidos desde hace casi
una década, pues la matriz ideológica y metodológica
que expresan esos expedientes judiciales es la misma
que se registra ahora, en el intento de usar al
venezolano Guido Antonini Wilson contra los gobiernos
de Argentina, Venezuela y, por elevación, contra todo
el complejo proceso de integración regional. 

Hace pocos meses, al abogado Pertierra dijo: el
gobierno de Estados Unidos manipuló al tribunal en el
caso del connotado terrorista Luis Posada Carriles, al
liberarlo de cargos por fraude migratorio. 

Pertierra comentó asimismo que la jueza que dio a
conocer el veredicto expresó en su fallo que el
gobierno manipuló al sistema judicial y dejó claro que
le corresponde a la Casa Blanca encausarlo como
terrorista y no a los tribunales. 

En esa misma oportunidad, y en declaraciones
formuladas desde Washington, el abogado que representa
a Venezuela en el pedido de extradición de Posada
Carriles citó palabras de la jueza en las que afirma
que ella no va a tolerar la conducta del gobierno de
Estados Unidos, aunque Posada Carriles sea “una papa
caliente política”. 

Reiteró Pertierra que la jueza está “muy molesta con
el gobierno porque la han manipulado a ella y al
sistema jurídico desde el principio”, y agregó que la
decisión de retirar los cargos al autor confeso de la
voladura de un avión civil cubano en 1976 que causó la
muerte de 73 personas, “es consistente con lo que ha
dicho Venezuela desde el primer momento: este
individuo no debería ser encausado simplemente por
mentiroso, sino por asesino y terrorista”. 

Consideró que la jueza comprendió que desde un inicio
el gobierno manipuló el caso, propició una entrevista
de naturalización a un individuo, sabiendo que nunca
calificaría por sus antecedentes terroristas, a fin de
que mintiera, y esa manipulación, ella, no la iba a
tolerar. 

La jueza en cuestión es Kathleen Cardone, de El Paso
(Texas), quien juzgó al terrorista como mentiroso y
emitió su dictamen el 6 de abril de 2007, en el que
reconoció que "la decisión de certificar o no a un
individuo como terrorista está dentro de la potestad
de la Casa Blanca, no de este tribunal". La jueza
Cardone llamó la atención sobre "la mala conducta del
gobierno", que quiso quitarse de encima el caso Posada
Carriles, "una papa caliente política". Las comillas
de este párrafo pertenecen al escrito oficial de la
magistrada. 

El caso de los cinco cubanos presos en Estados Unidos
aporta otros datos de significado relevante: la
Justicia los mantiene en arbitraría e ilegal detención
pese a que, como lo señalara un propio fiscal en la
etapa primaria de la causa, no hay prueba alguna que
permita procesarlos por los cargos de espionaje que se
les imputa. 

Se podría enumerar una larga lista de ejemplos sobre
la falta de independencia del poder judicial de
Estados Unidos pero esta nota sería interminable. Sólo
basta leer la magnífica novela de Gore Vidal,
“Imperio”, para constatar como desde los orígenes
mismos de su carácter hegemónico, en ese país las
decisiones judiciales operan en función de los
trazados políticos estratégicos, con la complicidad de
los grandes medios de comunicación. 

En un mismo sentido, se podría también leer el libro
“JFK” de Jim Garrison, quien fuera fiscal de distrito
cuando asesinaron el al presidente John F. Kennedy. Se
trata de un detallado análisis de la manipulación
política que sufrió la Justicia estadounidense, nada
menos que en un caso de magnicidio, por cierto nunca
esclarecido. 

Es por todo eso que el sistema procesal de Estados
Unidos permite los vericuetos que tanto llamaron la
atención de la periodista argentina citada en el
primer párrafo de esta nota. 

Sigamos con lo que cuenta la misma colega en un
artículo publicado el domingo último en Buenos Aires. 

“La portavoz del FBI, Judy Orihuela, admitió que no
está habilitada para especificar que herramientas se
utilizan en las pesquisas. Pero en estas tierras nadie
se sorprende de las escuchas subrepticias, ni de los
interrogatorios apremiantes a familiares de los
implicados. Recién por estos días está dejando de ser
percibido como natural el uso de la tortura para la
obtención de información, cuyos límites comenzó a
señalar el Congreso. Los fiscales norteamericanos son
elegidos por el Poder Ejecutivo, del que dependen, y
pueden ser removidos por él. Esto, en cierto modo,
relativiza la teoría que pretende separar el plano
legal del político en este asunto”. 

Una de los elementos que la Secretaría de Justicia de
Estados Unidos utilizó para montar su campaña contra
el gobierno argentino es el testimonio del agente del
FBI Michael Lasiewicki: afirmó que el 27 de agosto
pasado, los socios de Antonini Wilson advirtieron a
éste que los 800 mil dólares que ingresó ilegalmente a
Argentina iban destinados a financiar la actividad
electoral de la ahora presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, dando por sentado que ese dinero era enviado
por las autoridades de Venezuela. 

En esa oportunidad, Lasiewicki sostuvo que en el
encuentro del 27 de agosto también participó un
argentino no identificado, afirmación sobre la cual la
corporación mediática local, en manos de los sectores
más reaccionarios del país, elaboraron una verdadera
andanada de falsedades y tergiversaciones contra la
presidenta Fernández de Kirchner y el gobierno
venezolano. 

Sin embargo, el ex camarista Guillermo Ledesma –uno de
los jueces que en la década del ´80 condenó a los
dictadores argentinos- y actual abogado de Antonini,
irrumpió el pasado fin de semana. Dijo haber sido él
el argentino desconocido en la cita y negó que en ese
encuentro se haya dicho lo que el agente Lasiewicki
consignó en su declaración. 

La intervención de Ledesma destruye la medula
argumental de la operación montada entre la fiscalía y
el FBI, ordenada por la administración Bush a través
de su Secretaría de Justicia. 

Por supuesto, que los grandes medios periodísticos de
este país tratan de que la irrupción de Ledesma pase
inadvertida y los diarios Perfil, La Nación, como así
también los pertenecientes al Grupo Clarín –en prensa
escrita, radial y televisiva-, entre otros, consumen
ríos de tintas y horas enteras de pantallas y
micrófonos para insistir en la supuesta Justicia
independiente de estados Unidos y confabular contra el
gobierno argentino. 

Del lado de la política vernácula, los sectores más
reaccionarios de la derecha se unen en bloque para
sumarse a la operación del gobierno estadounidense, en
una actitud que, en otro contexto, se ubicaría en las
puertas de una proclama golpista. 

Al gobierno argentino en tanto le resta impulsar la
investigación judicial abierta tras el descubrimiento,
a mediados de este año, del empresario Antonini Wilson
en un intento de ingresar al país 800. 000 dólares no
declarados, tras arribar a Buenos Aires en un avión
fletado por el gobierno nacional y en el cual viajaban
altos funcionarios de éste y de la petrolera
venezolana PDVSA. 

Además sería saludable que políticos y gobernantes que
enfrentan o pretenden enfrentar las políticas
hegemónicas estadounidenses limpien sus entornos de
funcionarios corruptos, para evitar así hacerles el
caldo gordo o facilitar la estrategia de Estados
Unidos y sus aliados domésticos, que consiste en
montar operaciones contra la estabilidad
constitucional de nuestros países. 
 
 



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