[R-P] MÁS SOBRE LA TRAGEDIA DE RÍO IV

[Prensa Schiavoni]

El Consejo Superior jamás trató un informe que revelaba fallas

El máximo órgano ejecutivo de la Universidad ni siquiera tomó conocimiento 
de un crítico documento de la Sigen que puntualizaba falencias en la 
seguridad, fundamentalmente, de la Facultad de Ingeniería.
El crítico informe que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) elaboró 
sobre el funcionamiento interno y las condiciones de seguridad de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto jamás llegó a analizarse en el Consejo 
Superior, máximo órgano ejecutivo de la casa de altos estudios.

Ese informe advertía falencias en la seguridad del campus y señalaba baja 
receptividad en las autoridades para aplicar medidas correctivas.
Dos fuentes que participan de las reuniones del Consejo Superior relataron 
que ese informe jamás fue analizado en una sesión, donde podrían haberse 
decidido acciones para reforzar el presupuesto para seguridad o aplicar las 
modificaciones que pedía la Sindicatura de la Nación.
Un decano opinó que no necesariamente el informe debía llegar desde el 
Rectorado al Consejo; sin embargo, las fallas en la seguridad y el 
funcionamiento interno son tan relevantes -ocupan 16 páginas- que, al menos, 
el órgano ejecutivo, encargado de tomar las decisiones, debió estar 
informado.

La evaluación del sistema de control interno de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto fue terminada en julio de 2007, cinco meses antes de la tragedia 
que se cobró tres vidas y provocó una fuerte crisis institucional.
Como conclusión general, la Sigen señala: "Si bien en el circuito de 
otorgamiento de títulos no se han detectado falencias, las deficiencias 
observadas en circuitos sustantivos tales como Recursos Propios y Bienestar 
Estudiantil y en las áreas de apoyo como Organización y Estructura, Recursos 
Humanos y Personal, Patrimonio, Administración y Resguardo de Activos, 
Compras y Contrataciones, Movimiento de Fondos, entre otras, continúan 
denotando la debilidad del sistema de control interno vigente en esa casa de 
altos estudios. Por otra parte, y si bien las autoridades han encarado 
acciones tendientes a subsanar algunas de las falencias detectadas, las 
mismas no resultaron suficientes a los fines de adecuar el sistema de 
control interno, por lo que se deberá implementar un proceso de 
regularización y minimizar con ello los riesgos a los que se ve expuesta la 
gestión".

Más adelante, la Sindicatura General puntualiza las fallas detectadas en las 
diferentes áreas:
* "La Universidad carece de una estructura formalmente aprobada".
* "El espacio disponible para la atención a los alumnos y el lugar de 
trabajo del personal en la Facultad de Ingeniería es inadecuado". Fue allí 
donde, precisamente, ocurrió la tragedia. El informe de la Sigen abarca 2005 
y 2006 y señala que en ese período no se tomaron acciones correctivas.
* "El Departamento de Higiene y Seguridad del Trabajo se encuentra inactivo, 
ya que no cuenta con responsable ni con recursos humanos y materiales 
afectados a su funcionamiento". En este punto, el informe señala que se 
tomaron medidas para conformar la comisión de Higiene y Seguridad y que la 
Nación aprobó un subsidio de 700 mil pesos que aún no se hizo efectivo.
* "Sobre un total de 23 máquinas verificadas, el 65% de ellas (15 máquinas) 
están sujetas a potenciales riesgos de responsabilidad".
* "La Universidad no cuenta con planos actualizados de sus instalaciones 
eléctricas, ni tampoco ha implementado la renovación de antiguas 
instalaciones".
* "No existe definición expresa de quién tiene bajo su responsabilidad la 
supervisión y el mantenimiento de los montacargas".

Investigan la cadena de negligencias: Bortis y Pincini, en la mira judicial

La Justicia avanza en determinar los responsables de la explosión en la 
Planta Piloto. Habrían hallado documentación con la firma del vicedecano. El 
secretario técnico presidía la comisión de seguridad.
La Justicia Federal, encargada de esclarecer por qué ocurrió la explosión en 
la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, avanza en la pista de la cadena de negligencias que desembocaron 
en la tragedia del pasado miércoles 5.
Según fuentes vinculadas con la investigación, hay dos personas que estarían 
seriamente comprometidas.

Una de ellas es el vicedecano de la Facultad de Ingeniería y a su vez 
presidente de la Fundación de la Universidad, Carlos Bortis, y el otro es el 
secretario Técnico de la Universidad, José Luis Pincini.
Trascendió, por ejemplo, que la Policía Federal habría encontrado 
documentación con la firma del vicedecano. Se trataría de una papelería que 
autorizaba el ingreso de los tambores con hexano, aportados por la empresa 
belga De Smet, a la Planta Piloto del campus universitario.
En tanto Pincini, quien participó de la sesión del Consejo Superior, declaró 
a la prensa que no cree tener ninguna responsabilidad por la explosión.
A Pincini el gremio docente le reprocha no haber reunido a la comisión de 
seguridad que él mismo preside en el lapso de un año.

El Juzgado Federal a cargo de Oscar Valentinuzzi también trata de esclarecer 
el origen del incendio que derivó posteriormente en una serie de 
explosiones.
Según las pericias, mientras se hacía una boquilla para instalar una canilla 
en el tambor, se produjo un derrame de hexano, un solvente altamente 
inflamable, el que entró en contacto con el quemador de una autoclave.
Ese fuego inicial devoró las correas que sostenían el tambor con hexano, 
provocando así su caída al suelo, un derrame mucho mayor y la sucesión de 
detonaciones.
En el desandar de la investigación, que consta de una parte técnica y de 
otra testimonial, la Justicia trasladó del campus barriles con hexano y 
secuestró documentación clave para dar con los responsables del trágico 
hecho.

Un acuerdo informal

Según la empresa De Smet, existía un acuerdo con la Fundación de la 
Universidad para avanzar en el proyecto de investigación de extracción de 
aceite vía hexano, aunque no oficializado.
Se estaba esperando el regreso del decano de la Facultad de Ingeniería, 
Diego Moitre. Pero al tercer día de su reincorporación, explotó la planta 
experimental del campus universitario.
De Smet aclaró que "en cuanto a la provisión de solvente, la misma fue 
coordinada por nuestra empresa, al igual que el resto de los insumos 
necesarios para la realización de las experiencias, las que se desarrollaron 
sin ocultamiento".
La Policía Federal habría encontrado documentación permitiendo el ingreso de 
hexano al campus universitario.
En asamblea universitaria, pidieron el apartamiento del juez Valentinuzzi. 
Pero éste negó su desvinculación de la causa.

"No me temblará el pulso para descubrir la verdad", puntualizó el magistrado 
local.
En una carta abierta a los que reclaman justicia, se pidió que se valore el 
accionar del juez Valentinuzzi así como también del secretario penal Carlos 
Ochoa.

(Dra. Rosa Llugdar, docente de la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero, investigadora del Conicet, e integrante de la comisión directiva 
nacional de la CONADU).