[R-P] La hora de la garrafa

[José María Cavalleri]

La hora de la garrafa
  por Raúl E. Ortíz*

Resumen: este colaborador del MORENO
expresa con claridad el sentimiento de todos quienes
apreciamos que las consecuencias del abandono
del papel regulador del Estado sobre los servicios públicos,
recaen particularmente en los sectores más desvalidos.
Por ello, la lucha por el acceso a la ´garrafa social´
-con un precio justo para esa población-
está lejos de haber culminado.

Solamente una huelga de los trabajadores del sector, alentados por su fuerte 
sindicato, puede poner el tema de cara a la opinión pública y llegar a 
desnudar la verdad acerca del precio de la garrafa de gas licuado (GLP) y el 
negocio asociado.

Resulta llamativo además escuchar que desde una Asociación de Consumidores 
se reclame hoy que la comercialización de este energético sea declarada como 
un Servicio Público y decir que en el Congreso hay varios proyectos 
destinados a “regular” el negocio de la garrafa.

En 1992, cuando se sancionó con la ayuda del famoso ‘diputrucho’ la ley 
24.076 de privatización de Gas del Estado, quedó como asignatura pendiente 
del Congreso la regulación del gas licuado (art. 87) en todas sus formas de 
empleo, que va desde la garrafita campamentera hasta el equipo para un 
automóvil, pasando por las redes de distribución domiciliaria.

Recién en 1998 comenzó a moverse la maquinaria legislativa, entre otras 
cosas porque entonces las Cooperativas del sector fraccionador de GLP, 
agrupadas en CADEGAS (Cooperativa de cooperativas de gas), elaboraron 
unproyecto de Ley de Marco Regulatorio que llegó a manos de algunos 
diputados solidarios, y a partir de ahí las grandes empresas se movieron en 
el mismo sentido, junto a la Secretaria de Energía y sus asesores. El largo 
proceso culminó en marzo de 2005, cuando luego de innumerables peripecias la 
Ley fue sancionada con el Nº 26.020.

Aunque se logró el objetivo de garantizar la libertad de comercio y otras 
reivindicaciones propuestas por el sector cooperativo, éste perdió la 
batalla legal al no lograr que se declarara a esta actividad como un 
Servicio Público, frente a la tesis gubernamental (de la Secretaría de 
Energía) y los propietarios del oligopolio, de que quedara como una 
“actividad  de interés público” (s/art. 5).

Es rescatable la actual postura del Poder Ejecutivo, que al amparo de la ley 
ha asegurado el abastecimiento interno a expensas de la exportación 
indiscriminada de hace unos años, pero esto no alcanza para eliminar el 
desarreglo engendrado por los sucesivos gobiernos de corte ´peronista´ 
(perdón) que pasaron de a) regalar el sector energético al ritmo del 
innombrable y su década infame, a b) pesificar en forma asimétrica y 
planchar tarifas en forma arbitraria e indefinida, hasta c) desde 2003 hasta 
hoy no poder salir de su condición de ´visitante´ permanente a la hora de 
discutir con los dueños de la energía hidrocarburífera del país, en 
particular la que proviene del gas natural y el licuado. Y esta secuencia de 
decisiones políticas no incluye por supuesto el espacio ocupado por Fernando 
de la Rúa quien, como se sabe, tiene la culpa de todo.

Al amparo de la Ley muchas resoluciones de la SE han mantenido vigentes las 
asimetrías del negocio desde su misma base, entre otras cosas porque 
permiten que un gran fraccionador pueda comprar el gas licuado para envasar 
a poco más de seiscientos pesos ($ 600) la tonelada, mientras que una PyME o 
una cooperativa deben pagarlo más de novecientos pesos ($900), lo que 
representa unos $ 3.- por garrafa en beneficio de los grandes. Y esto sin 
hablar del precio interno de transferencia en una empresa que produce y 
también fracciona...

Tampoco se ha logrado quebrar o atenuar el proceso de concentración iniciado 
en los ’90, ya que tres empresas siguen acumulando el 60 % del mercado y 
entre las ocho mayores fraccionan el 80 % del gas licuado que se consume en 
el país a través de unos 5 millones de familias usuarias. El sindicato y sus 
trabajadores conocen el tema, y como en los últimos años han vivido estas 
realidades es probable que su reclamo esté orientado a incrementar sus 
salarios sobre la base de un mejor reparto del beneficio.

Será difícil, cuando no imposible, que el nuevo gobierno arregle el 
descalabro de precios y tarifas de un plumazo o en el corto plazo. Pero por 
lo menos podría lograr que el precio del GLP que se envasa sea el mismo para 
todos los fraccionadores del país, de manera que aquellas empresas que no 
persiguen un lucro indiscriminado, como son las cooperativas y pequeñas 
PyMEs, puedan pagar los sueldos que el obrero merece y, a su vez, 
convertirse en reguladoras del precio al usuario final, al cabo el más 
desprotegido de todo el circuito y en beneficio del cual nunca nadie cortó 
una ruta...

* Ingeniero Químico.  El Bolsón – Pcia. de Río Negro

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