[R-P] [redial_s_bolivar] CHILE Y SUS CONTRADICCIONES.

[Pat H.A.]

Éxito Económico e Insatisfacción Social
23/08/2007 
Por Andrés Sanfuentes

El proceso de acelerada modernización que ha
experimentado Chile ha estado indisolublemente ligado
a la instalación de una economía de mercado, lo que ha
originado el llamado “modelo”, a la vez tan
cuestionado y defendido en los últimos años.

Todos los procesos de modernización de la sociedad van
acompañados de profundos cambios sociales y
culturales, los cuales generan tensiones y reacomodos,
aunque vayan acompañados de una mejoría general del
nivel de vida. Sin embargo, ese progreso siempre se
refiere a promedios en la población, lo cual no impide
que algunos sectores se queden estancados o incluso
empeoren su situación, aunque la mayoría eleve su
bienestar.

En Chile, no se trató solamente de instalar una
economía de mercado en sustitución de un sistema muy
estatizado, como el que existía en 1973. Fue
acompañado por una rápida inserción en el mundo
globalizado. El país pasó a formar parte de una
realidad muy diferente, en términos de valores y de
pautas culturales, lo cual dejó en el camino a muchos
sectores sociales, renuentes o incapaces de seguir el
proceso.

Esta situación se ha traducido en una progresiva
pérdida de la identidad nacional, descrita últimamente
en numerosos ensayos. Este es un aspecto importante en
la estrategia de desarrollo del país ya que, tal como
señala Eugenio Tironi, para progresar es indispensable
“creernos el cuento”. El problema es ¿cuál cuento? 

A mediados del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, la
velocidad del cambio dio origen a diversas posturas
que se plantearon al interior de la Concertación,
identificadas como los sectores “autocomplacientes” y
“autoflagelantes”. Sin embargo, la ausencia de
propuestas alternativas sólidas de parte de los más
críticos hizo que no se llegara a la categoría de un
debate y menos de una polémica, con lo cual la
estrategia de desarrollo que se implementaba mantuvo
sus líneas centrales, incluyendo la administración
Lagos. 

El inicio de Bachelet

En la Administración Bachelet se ha reanudado la
discusión, pero con una característica diferente: ha
ocurrido al interior del propio gobierno, simbolizado
en el equipo económico encabezado por el ministro
Andrés Velasco por un lado, y los ministros Belisario
Velasco y Osvaldo Andrade, por el otro, que
representarían el enfoque más “social” del gabinete.
Obviamente, los parlamentarios de la Concertación se
han cargado en su mayoría por las posturas más
populares, caracterizadas por pedir mucho y ofrecer
poco.

Por su parte, la Presidenta, más que debatirse entre
las dos “almas” de la Concertación, se mantiene
equidistante entre su mente, que la lleva a
privilegiar la racionalidad económica, y su corazón,
propicio a su tradición más popular y estatista. Es
claro que estas tendencias muchas veces aparecen
contrapuestas y crean desconcierto e inestabilidad en
la trayectoria gubernamental. 

Como ocurre con frecuencia, los mayores
cuestionamientos a las políticas que se ejecutan
ocurren en períodos de bonanza, no de crisis. Sucedió
en la Administración Frei en 1997, en los momentos de
mayor éxito económico, antes de la crisis asiática, y
nuevamente se levanta la polémica cuando el país ha
vuelto a crecer en forma acelerada, después de un
sexenio de bajos indicadores. El bienestar invita a la
gente a expresar las insatisfacciones acumuladas,
porque los riesgos sociales son limitados. Siempre se
ha dicho que para filosofar no se puede tener el
estómago vacío. En muchos países ha ocurrido lo mismo
(1).

Sin embargo, en el Chile de hoy hay dos elementos que
contribuyen a justificar la situación descrita: la
comprobación que el éxito económico no ha permitido
mejorar las enormes desigualdades existentes y la
acumulación de grandes excedentes fiscales que han
sido ahorrados, a pesar de las urgencias sociales
existentes, que llevan a la impaciencia e
incomprensión de la gente y sus representantes. A lo
anterior hay que agregar la permanente invitación del
gobierno de Bachelet a que la ciudadanía se exprese,
lo cual obviamente tiende a demandar beneficios y no
sacrificios.

La Educación y el Bicefalismo

La educación es un sector donde se dan con gran
intensidad algunos de los aspectos descritos, en
particular el bicefalismo de la Concertación (2). En
las políticas educacionales, así como en las de salud,
han coexistido esos dos mundos. El tradicional, que
busca mantener los modos de hacer, en contraposición
con los esfuerzos por modernizar de raíz las
políticas. La superposición de ambas se traduce en que
la abundancia de recursos ha permitido grandes avances
en numerosos aspectos, tales como la rápida expansión
de la matrícula, la disponibilidad de textos, la
alimentación escolar, la atracción de estudiantes
hacia la pedagogía, el desarrollo de la contribución
privada, etc., mientras permanecen algunos enclaves
que contribuyen a mantener una calidad de la enseñanza
que no se condice con el incremento del gasto y las
modernizaciones mencionadas. Entre ellos, se pueden
mencionar algunos aspectos del Estatuto Docente que
impiden una buena gestión (inamovilidad de los
profesores y directivos de las escuelas,
remuneraciones desligadas del rendimiento de los
maestros, ausencia de estímulos adecuados, entre
ellos), especialmente en las unidades municipalizadas.

Aparece el Lucro

Una de esas expresiones de convivencia entre las
visiones tradicional y moderna se está dando en el
debate sobre “el lucro” en la educación, que ha
surgido como resultado del proyecto de Ley General de
Educación (LGE) que reemplazaría a la vilipendiada Ley
Orgánica Constitucional de la Enseñanza, LOCE, tan
golpeada por los “pingüinos” y, en general, por la
opinión pública.

En ese afán irresistible del gobierno de meterse
gratuitamente en polémicas, el proyecto establece que,
después de un período de ajuste de cuatro años, los
establecimientos educacionales que no pertenecen a la
educación superior y reciben subvención fiscal, no
podrán ser de propiedad de entidades que tengan “afán
de lucro”. El argumento es simple: si los recursos son
estatales, no pueden ser utilizados para obtener
ganancias, y menos en la enseñanza. “El que paga la
orquesta, elige la música”.

A primera vista suena bien: ¿cómo es posible que
alguien tenga un establecimiento educacional para
ganar plata y, además, recibiendo un subsidio del
Estado? Hay que disparar contra estas aves carroñeras,
símbolos de los excesos del “modelo neoliberal”.

El problema es que la argumentación es feble desde
muchos puntos de vista:

a) su inconsistencia;

b) su ineficacia para cumplir con los fines de la
enseñanza; y

c) su vulnerabilidad para ser implementado.

El Tema de la Inconsistencia

En una economía de mercado, como la chilena, todas las
actividades productivas pueden ser ejecutadas por los
privados y la acción productiva del Estado debe
limitarse a aquellas que no pueden ser provistas con
eficiencia por los particulares, por motivos que están
claramente establecidos: existencia de bienes
públicos, externalidades notorias o fallas serias en
el funcionamiento de algún mercado. Otra alternativa
es que constituyan bienes “meritorios”, esto es, que,
por el motivo que sea, la sociedad en su conjunto
quiera privilegiar ciertas actividades, como puede ser
el deporte escolar, las orquestas juveniles, los
conjuntos de cueca, la poesía mapuche o los monumentos
nacionales. Si algún rubro no cae en estas categorías
específicas, debiera ser desarrollado por el sector
privado.

Es muy común utilizar el argumento que las
prestaciones “sociales” deben ser provistas por el
Estado. Sin embargo, ese debate ya se dio en Chile a
propósito de la Reforma de la Salud, la nueva política
de vivienda social y el proyecto de ley que se envió
al Parlamento a fin de reformar la previsión; campos
en todos los cuales existen empresas privadas que
entregan servicios de salud (isapres, clínicas y
laboratorios), habitacionales (empresas constructoras
que venden viviendas a quienes disponen de un
subsidio) o pensiones (AFP).

Estímulo a la Elusión

Se puede pronosticar con facilidad que si se mantiene
la idea de prohibir el lucro a las corporaciones
educacionales privadas, los sostenedores recurrirán,
en un porcentaje no menor, a repetir la figura de la
educación superior, que sólo puede ser otorgada por
fundaciones sin fines de utilidad monetaria. En la
práctica, se cumple formalmente con esa finalidad,
pero muchos propietarios sacan sus beneficios a través
de entidades que prestan servicios a la universidad,
que son de los mismos dueños. El lucro está en el
“anexo” y no en la universidad, que permanece pura y
virginal de la sucia contaminación monetaria. Todo
legal, al menos en la letra, porque en el espíritu…

Ese esquema sería fácilmente repetible en los primeros
niveles educacionales. No es una buena iniciativa que
el gobierno imponga condiciones que después no puede
hacer cumplir y que solo introducen ineficiencias de
variado orden.

Por otra parte, la exigencia constituiría un
desestímulo a empresarios innovadores, cuya existencia
es un requisito indispensable para mejorar la calidad
de la educación, meta principal de las políticas de
enseñanza. Los estudios realizados reflejan que la
gran carencia sectorial es la limitada capacidad de
gestión en los planteles. Ya se han señalado las
trabas impuestas por el Estatuto Docente y otras
normas que impiden una administración eficaz de las
unidades educacionales. La otra gran carencia es la
insuficiencia de líderes que enfoquen la
administración de la enseñanza con espíritu innovador,
es decir, que introduzcan algunos aspectos
empresariales en la gestión, sea en establecimientos
municipalizados o particulares subvencionados.

Los objetivos centrales de una iniciativa educacional
pueden ser de diferente tipo: religiosos, altruistas,
patrióticos, corporativos, gremiales o, meramente,
lograr un buen ingreso para los propietarios. No hay
razón valedera para erradicar esta finalidad entre las
que motivan a quienes ejercen esta labor. En este
sentido, la responsabilidad del Estado es exigir el
cumplimiento de ciertas responsabilidades que deben
imponerse a los proveedores del servicio, las cuales
fueron ejemplificadas. Si la escuela es de calidad y
cumple con las demandas de la sociedad, poco debiera
importarle al gobierno si lo hace por un compromiso
altruista o por el objetivo de obtener una buena
rentabilidad financiera. Otro enfoque es retardatario,
regresivo y contrario a las exigencias de eficiencia
que se requieren para progresar y responder a una
sociedad que busca derribar el enorme escollo que
constituye la insuficiente calidad de la educación
chilena.

Los Derechos del Estado

Si bien la participación del sector privado es
indispensable en todos los niveles educacionales, ella
no puede ser enteramente libre, sino sujeta a ciertas
condiciones, desde el momento que recibe subsidios
fiscales.

Si el Estado otorga subsidios y son aceptados por los
privados, es la sociedad (representada por el gobierno
y el parlamento) quien tiene el derecho de establecer
algunas condiciones. Los requisitos están contenidos
en las normas legales y reglamentarias y establecen
pautas en materias tales como los sujetos
beneficiados, requisitos curriculares, calidad mínima
de la enseñanza y otros similares.

La entrega de recursos estatales implica el cuidado de
un uso eficiente de los fondos, es un derecho y
también una obligación del gobierno. Esto implica
establecer mecanismos de evaluación de los resultados
obtenidos por los sostenedores, superar los serios
problemas de asimetría en la información existente
entre las partes envueltas y transparencia de los
resultados, de manera que se asegure un efectivo
mejoramiento de la calidad.

El Caso de la Educación Superior

En las próximas semanas, la comisión designada para
hacer una propuesta para este nivel entregará sus
opiniones para modificar la normativa que rige a la
Educación Superior (3). La regulación actual
básicamente fue establecida en 1981 y significó una
reforma profunda al sistema tradicional. Con
posterioridad, ha experimentado sucesivos “parches”,
pero mantiene sus rasgos esenciales, hoy en día
bastante obsoletos. Las leyes de 1981 modificaron los
aspectos docentes del funcionamiento de los planteles
universitarios, pero dejaron prácticamente intocada el
área de investigación científica y tecnológica.
Después de 25 años de experiencia, el sistema requiere
de un cambio de fondo. El conjunto de universidades y
otros planteles de educación superior transitan por un
espacio sumamente anárquico, donde existen varios
mecanismos superpuestos y diferenciados por motivos no
muy claros. 

Por ejemplo, es necesario revisar la existencia de
regímenes diferentes para las universidades del
Consejo de Rectores y aquellas “particulares” creadas
con la legislación de 1981. También es necesario
homogenizar el régimen de créditos estudiantiles y
becas para financiar la docencia y rediseñar una
política que fomente la ciencia y la tecnología en las
universidades, situación nunca enfrentada en forma
integral. 

En la actualidad, los planteles universitarios reciben
un trato discriminatorio. Un reflejo es el
otorgamiento del aporte fiscal directo entregado
históricamente a los planteles del Consejo de
Rectores, en montos que se vienen repitiendo en forma
permanente, con lo cual ha perdido por completo su
justificación, lo cual no quiere decir que algunas
universidades que hacen el peso en la investigación
científica del país no deban recibir un trato
preferente del Estado.

La actual discusión sobre la política de innovación
del país y su institucionalidad, radicada en el
Parlamento, es un argumento adicional para poner una
especial atención en la contribución que deben
efectuar las universidades al desarrollo económico del
país.

A pesar de la importancia del tema y las posibilidades
de realizar aportes significativos para un avance, la
comisión enfrenta una dificultad no menor: inició sus
reflexiones sin recibir orientaciones básicas del
gobierno, acerca de los contenidos y alcances que se
pretende desarrollar, lo cual puede llevar a
sugerencia puntuales o laterales sobre una materia que
requiere una reforma de fondo. Por otra parte, le
otorga libertad para plantear sus temas sin
restricciones condicionadas por encuadres previos.

Andrés Sanfuentes: Editor Económico de
www.asuntospublicos.org 

NOTAS AL PIE:

(1) Un ejemplo reiterado es la revolución rusa de
octubre de 1917.

(2) El águila bicéfala es una figura que ha estado
presente en muchas culturas. Es de origen hitita y
como signo heráldico fue adoptada por muchos imperios.
Está presente en la familia Habsburgo, en el Imperio
Austro Húngaro y en la Rusia Imperial. En esta última,
la revolución Soviética la reemplazó por la hoz y el
martillo y después del derrumbe de la Unión Soviética,
en 1991, la Federación Rusa la reincorporó a sus
emblemas.

(3) La comisión original reprobó el examen, al
entregar la hoja de respuestas en blanco. La
Presidenta le dio una nueva oportunidad en la
temporada de octubre.



  "Hasta cuándo seguir gritando que no cedo en hipoteca  mis sueños
Hasta cuándo seguir gritando que soy incorregible
Hasta cuándo seguir gritando que no reniego de mis actos
Hasta cuándo seguir gritando que nada de lo que tengo
está en venta ni quiero que ningún imbécil corte la soga
Hasta cuándo seguir gritando que no cumplo mis deberes en la tormenta
Hasta cuándo seguir gritando que no exijo futuro
Hasta cuándo si desde siempre mis cartas están sobre la mesa"





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