[R-P] 1 de 2 Andrés Solíz Rada La derrota de la Revolución Nacional engendró al "gon

[José María Cavalleri]

Andrés Solíz Rada La derrota de la Revolución Nacional engendró al "gonismo"


Escanié para RP esta maravilla que Andrés llama prólogo, que lo disfruten. 
José


PD les debo la bibliografía

Prólogo a la Tercera Edición de La fortuna del Presidente


La derrota de la Revolución Nacional engendró al "gonismo"



GSLY SUS CONEXIONES TRANSNACIONALES.-
Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) fugó de Bolivia, el 17 de octubre de 
2003, acosado por una incontenible rebelión popular, protagonizada por la 
ciudad de El Alto y las laderas paceñas, y extendida a la mayoría de las 
regiones de Bolivia, su poderío económico, dentro y fuera del país, había 
alcanzado niveles notables, sólo comparable, en la primera mitad del siglo 
pasado, con Simón I. Patiño, el más importante de los "barones" del estaño. 
Sin embargo, Patiño se negó a ser Presidente de la República, aduciendo, en 
tono despectivo, que para eso tenía a sus abogados. GSL, en cambio, imitó a 
los oligarcas de la plata, Aniceto Arce y Gregorio Pacheco, quieres, en los 
últimos lustros del Siglo XIX, mezclaron la política y los negocios 
privados. En 1996, un año antes de terminar su primer mandato presidencial, 
GSL fue designado miembro del directorio del Instituto de las Américas, 
fundación de la Universidad de San Diego, California, EEUU, destinada a 
debilitar el papel del Estado en América Latina e impulsar las políticas 
neoliberales. En el mismo acto, fue integrado a la mesa directiva Richard 
Flury, de la petrolera Amoco, la que, junto con la British Gas, forma parte 
del consorcio Pacific LNG, interesado en exportar, según sus voceros, gas 
boliviano a California, EEUU, vía Chile. Las palabras de bienvenida fueron 
pronunciadas por el diplomático norteamericano Paul H. Boeker.

En ese momento, el directorio del Instituto estaba integrado, además, por 
James Bannantine, de la ENRON, "capitalizadora" de los gasoductos, 
poliductos y oleoductos de YPFB, después de lo cual se declaró en quiebra no 
sin antes estafar a sus accionistas norteamericanos. Junto a GSL se 
hallaban, asimismo, Williarn L. Friend, de la Bechtel, la empresa 
norteamericana que provocó, en Cochabamba, en abril de 2000, la guerra del 
agua, por la cual el citado consorcio pretende cobrar Dls. 25 millones por 
"lucro cesante". En el directorio del Instituto figuran, además, 
representantes de la British Petróleum (BP), Marathon Oil, Shell, CMS Energy 
y Sempra. Esta última es distribuidora de gas en Santiago de Chile, junto a 
la British Gas (BG) y Repsol, y debía hacerse cargo de la comercialización 
del gas boliviano en California. GSL hizo todos los méritos para integrar el 
referido directorio, ya que cumplió la meta de aniquilar al Estado nacional 
(1).

Por otra parte, GSL integra la "Society.of the Americas" or "Council of 
Americas", organizada por David Rockefeller, del Chase Manhatan Bank y nieto 
de John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil. Enrique Sánchez de 
Lozada, padre de GSL, fue un protegido de los Rockefeller, según los datos 
biográficos que figuran en el presente libro. A su vez, David Rockefeller ha 
impulsado el Consejo Internacional de Asesores de Presidentes, uno de los 
órganos ejecutivos del "Council of Américas", al que llama, de manera 
presuntuosa, el "gobierno mundial". Entre los miembros del "Council of 
Américas" se hallan los oligarcas chilenos Agustín Edwards (aliado de 
Pinochet en el derrocamiento de Allende), Edgardo Boeninger, Malti Edwards, 
Fernando Lens y Alvaro Salegh, además de Pepe Fanjul, de la Repsol, y 
Kenneth Lay, de la defraudadora ENRON. Su presidente es William Rhodes, 
vicepresidente del City Group, acusado de blanqueo de dólares y vinculado al 
City Bank y al City Trust de las Bahamas, donde GSL depositó el 50 % de las 
acciones de la "capitalización", que, según prometió e incumplió, deberían 
ser de propiedad individual de los bolivianos (2).

El tercer pilar externo de GSL es la Corporación Financiera Internacional 
(IFC), brazo financiero del Banco Mundial, que compró, hace más de 20 años, 
el 5% de las acciones de su empresa, la Compañía Minera del Sur (COMSUR). En 
este contexto, el Banco Mundial presta dinero a COMSUR, es socio de COMSUR y 
fiscaliza a COMSUR. Sólo cabe preguntar si la mayor corrupción es de COMSUR 
o del Banco Mundial, socio, beneficiario y fiscalizador de la empresa de 
Sánchez de Lozada. GSL es, asimismo, socio de la gigante inglesa Río Tinto 
Zinc (RTZ),la comercializadora de cobre más grande del mundo, la que ha 
adquirido el 33 % de las acciones de COMSUR. A su vez, la RTZ tiene el 30 % 
de las acciones de "La Escondida", el yacimiento de cobre más grande de 
Chile, después de Chuquicamata, que pertenece al Estado vecino. Son también 
socios de "La Escondida" la australiana Broken Hill Propietary (BRP), con el 
57 %,la japonesa Mitsubishi, con el 10 % y la IFC con el 2.5 %. El interés 
de GSL por exportar gas boliviano a California es compartido por la IFC, 
RTZ, BHS, BG, BP y COMSUR, ya que el norte chileno, y de manera especial, la 
mina "La Escondida" necesitan con urgencia el gas boliviano. En septiembre 
de 1994, el Presidente de YPFB, Mauricio Gonzáles, impulsó, por orden de 
GSL, la construcción del gasoducto Tarija (Bolivia) - Tocopilla (Chile), la 
que se frustró por la oposición de las Fuerzas Armadas (3).
El 4 de marzo de 2002, Orvana Minerals Corp (Orvana), de Canadá, informó que 
su directorio tenía la siguiente composición: GSL, Presidente de la Junta 
Directiva; George Hamilton, asociado a la firma Gemini Ernest & Young, de 
Toronto; José Convay, director; Robert A. Wats, director; Donald French, 
asesor inversionista en la explotación del oro de Kori Kollo, Bolivia. La 
vinculación de COMSUR con Orvana permite la explotación de la Mina "Don 
Mario", en el departamento de Santa Cruz, a la que se ha conectado un ramal 
del gasoducto a Cuiabá (Brasil) (4). Todo para favorecer a GSL. El 27-08-99, 
GSL declaró que, debido a su actividad política, hacía 20 años que estaba 
alejado de la actividad minera(5). ¿Cómo se puede estar alejado de la 
actividad minera y presidir, hasta el 31 de julio de 2002, el directorio de 
una transnacional del sector?

El tríptico editado a principios de 1998 por el Ministerio de Comercio 
Exterior e Inversión, destinado a privatizar la fundición de estaño de 
Vinto, ubicada a 7,5 kilómetros de la ciudad de Oruro, indica que sus 
activos ascienden a 95.3 millones de dólares y sus pasivos a 24 millones. 
Los pasivos fueron transferidos al Tesoro General de la Nación (TGN). Por 
tanto, su patrimonio era de 95.3 millones de dólares. La COMSUR, asociada a 
la inglesa Commonwealth Development Corporation (CDC), la adquirió, en junio 
de 2002, en algo más de 6 millones de dólares (6). La fundición fue comprada 
inicialmente por la Allied Deals PLC, de Inglaterra, en 14.7 millones de 
dólares, pero fue inscrita a nombre de una empresa diferente: Allied Deals 
Estaño Vinto SA. Se argumentó que con ese cambio la empresa compradora ya 
era una sociedad anónima nacional, inscrita en nuestro registro de comercio. 
Si lo anterior es cierto, no se entiende por qué llegó de Londres un 
"liquidador" para revender la fundición a la COMSUR en el monto indicado. 
Para mayor confusión, Allien Deals se transformó en la empresa RBG 
Resources, la que estafó alrededor de 1.000 millones de dólares a bancos 
ingleses, norteamericanos y de emiratos árabes (7).
El ex viceministro de Minería, Mario Paulsen, denunció que Allied Deals 
adquirió "Vinto" gratuitamente, ya que si bien pago 14.7 millones de 
dólares, no se tomó en cuenta que, en el momento de la venta, la fundición 
tenía estaño metálico y repuestos por valor de 16 millones de dólares (8) El 
precio de venta fue inicialmente fijado en 10 millones de dólares por el 
banco francés Paribás, asociado a consultores locales emparentados con el ex 
Canciller de Hugo Bánzer, Carlos Saavedra Bruno. El contrato prohibía 
revender la fundición hasta el 31 de enero de 2003, lo que también fue 
incumplido, razón por la que debió ser anulado de inmediato. Allied Deals se 
adjudicó, además, el joint -venture para explotar Huanuni, uno de los 
emporios estañíferos más grandes del mundo, el cual otorga 85 % de 
utilidades a la compañía británica y el 15 % a la desmantelada COMIBOL. Ante 
la quiebra de la empresa foránea, COMSUR manifestó su interés por 
adjudicarse Huanuni (9). El diputado de la extinguida CONDEPA, Pedro Rubín 
de Celis, denunció estas irregularidades pero no fue escuchado ni siquiera 
por sus colegas de Oruro. Pese a lo anterior, Rubín de Celis obtuvo un 
requerimiento del fiscal del distrito por el que se pide al Congreso de la 
República proseguir las investigaciones pertinentes. Ningún parlamentario de 
la nueva gestión legislativa se ha ocupado del tema.

De acuerdo al ex delegado para la revisión y mejora de la “capitalización", 
Juan Carlos Virreira, una parienta cercana de GSL y su asesora política para 
las elecciones de 1997, Susana Sánchez de Lozada, es la encargada de América 
Latina de "Independent Power Corporation", empresa inglesa que compró la 
hidroeléctrica "Guaracachi" de la gigantesca empresa norteamericana "First 
Energy". Lo anterior implica que el ex presidente liquidó la estatal Empresa 
Nacional de Energía (ENDE) para que, pocos años después, su parienta y 
asesora política ingrese al negocio de la hidroelectricidad del brazo de una 
transnacional inglesa (10). Según "Econoticias", de febrero de 2003, los 
intereses empresariales de GSL abarcan a Bolivia, Brasil, Chile, Perú, 
Malasia, Tailandia y países africanos.
2.- GSL BEBE AGUA SALADA PARA CALMAR SU SED DE DINERO.-
Sus últimos meses de gobernante, sirvieron a GSL para incrementar aún más su 
riqueza. Según su declaración jurada de bienes, el 6 de agosto de 2002 (día 
en que inició su segunda Presidencia), su fortuna ascendía a 359.266.200 
bolivianos (50 millones de dólares). Un año después, el 8 de agosto de 2003. 
declaró que ascendió a 427.696.220 bolivianos (59 millones de dólares) (11) 
Pese a sus cuantiosos bienes, que por lo menos quintuplican lo que él dice, 
GSL se apropió de "gastos reservados" del TGN. hasta los últimos momentos de 
su gestión, en los que redactó el DS 27213, de 17-X-03, disponiendo que su 
Ministro de Gobierno, Yerko Kucoc, no rinda cuentas del manejo de esos 
gastos ante el Contralor General de la República, como él mismo había 
dispuesto, mediante DS 27005, de 30-5-03, sino ante su propia persona. Por 
esta disposición facultó al Jefe de Estado (es decir a si mismo) a destruir 
la documentación presentada por su ministro.

El apuro por apropiarse de los últimos centavos del erario público a su 
alcance, hizo que, en días previos a su fuga, el Ministro de Hacienda. 
Javier Comboni, exigiera al Presidente del Banco Central, Juan Antonio 
Morales, la entrega de dos millones de dólares, a fin de atender gastos 
emergentes de la convulsión social. El hecho es que aparecieron desembolsos 
del Banco Central anteriores a la entrega de la nota que pedía esos fondos. 
GSL hizo publicar su decreto 27213, el 17 de octubre, en la Gaceta Oficial 
(archivo de las disposiciones legales), cuando el personal de la "Gaceta" no 
trabajó ese día. El mismo decreto apareció firmado en Palacio de Gobierno, 
pese a que el Jefe de Estado se había recluido en su residencia, de cuyas 
instalaciones fue trasladado a los aeropuertos de las ciudades de El Alto, 
primero, y de Santa Cruz después, desde donde viajó a Miami.

En la mañana del 17 de octubre, los tres ministros de Nueva Fuerza 
Republicana (NFR). Dante Pino, Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara, 
renunciaron a sus funciones. Una semana antes, lo había hecho Jorge Torres, 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). No hubo más remedio, en 
consecuencia, que conseguir, en medio de la balacera que provocó 60 muertos 
y 500 heridos de gente humilde, a cuatro ministros improvisados, a fin de 
completar las firmas que requería el decreto 27213. Así aparecieron las 
rúbricas de Luis Fernando Peredo, Guido Meruvia, René Pereira y Renrry 
Oporto, en cuya hoja de vida se dirá que fueron ministros sólo para firmar 
el decreto modificatorio de los gastos reservados.

Kukoc regresó al país una semana más tarde, debido a que no logró cambiar en 
dólares todo el dinero de los "gastos reservados", que el 17 de octubre 
envió a casa de su amigo de infancia, Milder Alzadum. Al tratar de rescatar 
ese dinero, fue detenido por la policía, de manera que ahora encara un 
juicio por apropiación de fondos públicos. Este proceso está pendiente y, 
probablemente, formará parte del juicio de responsabilidades al ex 
presidente y sus colaboradores inmediatos por genocidio y apropiación de 
fondos públicos. Un predecesor de Kukoc en el Ministerio de Gobierno, 
Alberto Gasser, también manejó ilegalmente gastos reservados, según la 
"Unidad de Investigaciones Financieras" (UIF) (12). Tales gastos sirvieron, 
además, para pagos ilegales a diputados de la coalición oficialista, según 
la diputada del MNR por el departamento de Santa Cruz, Roxana Sandoval 
(13-).

Otro ex ministro de gobierno, Víctor Hugo Canelas, declaró que GSL, en su 
mandato de 1993 a 1997, cobró siete mil dólares mes de la partida de gastos 
reservados (sus ministros recibían mil dólares menos, al igual que su 
vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas), los que eran habidamente reclamados 
por GSL, mientras declaraba a la prensa que él no cobraba sueldo alguno, ya 
que el que le correspondía lo donaba a una entidad de beneficencia. Canelas 
presentó a los medios de comunicación un recibo" firmado por el Presidente 
de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Alberto Alandia, a quien GSL 
instruyó pagar una gratificación de 800.000 bolivianos (180.000 dólares), al 
concluir su primer gobierno, en 1997, por favores otorgados a COMSUR (14). 
Cuando Alandia negó el hecho, Canelas lo emplazó a un reconocimiento legal 
de firma y rúbrica, con lo que terminó el entredicho. El caso sirvió para 
recordar que COMSUR tiene contratos de alquiler y de riesgo compartido con 
COMIBOL para la explotación de yacimientos de Mina “Porco", "colas y 
desmontes" del Cerro de Potosí; Mina "Bolivar", en Oruro. "Mina "Colquiri", 
en La Paz"; Mina "Don Mario", en Santa Cruz, además de otros yacimientos en 
diferentes regiones del país. El ex ministro puntualizó que en julio de 1997 
entregó, por orden de GSL, 4 millones de bolivianos (770.000 dólares), a 
Fanny Garret, secretaria de COMSUR en las últimas décadas.

Canelas añadió que GSL dispuso que el Movimiento Bolivia Libre (MB L), 
dirigido por Antonio Aranibar Quiroga, que co-gobernó con GSL entre 1993 y 
1997 y que co-gobierna con Carlos Mesa, recibía dineros de los "gastos 
reservados", los que eran cobrados por Miriam Van Der Veen, militante 
"emebelista". Las revelaciones de Canelas fueron confirmadas por el 
Presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, quien admitió 
públicamente que cobraba un "plus" mensual en las ventanillas del Ministerio 
de Gobierno, en tanto que uno de los Ministros de Mayor Confianza de GSL, 
José Guillermo Justiniano, reconoció que todos los dignatarios de Estado se 
beneficiaban con sobresueldos del mismo origen. Los "gastos reservados" se 
usaron para pagar facturas de la campaña electoral del MNR. Así ocurrió con 
la imprenta del diputado del MNR, Luis Eduardo Siles, quien había impreso 
propaganda para la candidata a alcaldesa de ese partido, Gaby Candia, hoy 
condenada en la cárcel de mujeres por comprar con sobreprecio terrenos para 
el municipio de La Paz (15)

3.-	GSL Y LA ENTREGA DE LA PROPIEDAD DE LOS HIDROCARBUROS A LAS 
TRANSNACIONALES.-
Los últimos días del primer gobierno de GSL fueron trágicos para el país. El 
4 de agosto de 1997 (faltaban dos días para la entrega del mando al 
presidente electo, Hugo Bánzer Suárez), GSL dictó el DS 24806, que aprueba, 
en un sólo artículo, el "modelo de contrato" (es decir el formulario) entre 
el Estado y las petroleras.
En el articulo tercero del "modelo de contrato", se determina que las 
transnacionales adquieren el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos en 
boca de pozo. Como la entidad petrolera estatal, YPPB, está prohibida de 
explorar, explotar y comercializar hidrocarburos, se colige que las 
compañías han adquirido el derecho de propiedad sobre todas las reservas de 
gas existentes en Bolivia y sobre las que se descubrirán a futuro. Ninguna 
de las leyes de hidrocarburos que se dictaron en Bolivia, a lo largo de ocho 
décadas, había incluido una disposición semejante. La cláusula décima del 
formulario indica que la información de las petroleras tiene carácter 
reservado.

En la "gaceta oficial" no figura el "modelo de contrato", razón por la que 
permaneció en secreto durante casi cuatro años. El decreto "gonista" 
contradice el artículo 139 de la Carta Magna, según el cual "los yacimientos 
de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma 
en que se presenten, son de dominio directo, inalienable e imprescriptible 
del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los 
yacimientos de hidrocarburos...". Los defensores de GSL respondieron que el 
24806 transfería la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y no de 
los yacimientos, es decir del gas y del petróleo que se encuentran bajo 
tierra. Tal subterfugio no puede, como es obvio, tergiversar el espíritu y 
la intencionalidad del artículo constitucional. Pero aún en el peor de los 
casos y suponiendo que los manipuladores jurídicos de GSL burlaron la Carta 
Magna, es indiscutible que no puede haber enajenación de propiedad pública 
mediante simple decreto, sino a través de Ley de la República. Así establece 
el articulo 59, inciso 70 de la Constitución Política del Estado, que, al 
detallar las atribuciones del Poder Legislativo, dice: "Autorizar la 
enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, 
universitarios y de todos los que sean de dominio público". El inciso 50 del 
mismo artículo indica que el Poder Legislativo debe "autorizar la 
contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, 
así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas 
nacionales"

Lo inaudito del caso, aunque parecería imposible encontrar algo más inaudito 
que despojar a un país de toda su riqueza de gas y petróleo mediante un 
decreto clandestino, es que el Tribunal Constitucional se pronunció, 
mediante sentencia de 5 de diciembre de 2003, por la constitucionalidad del 
DS 24806, cuya ilegalidad había sido demandada por parlamentarios 
opositores. La sentencia constitucional, con relación al inciso 5". dice que 
en la Ley de Capitalización, de 21 de marzo de l994, el Poder Legislativo 
otorgó al Ejecutivo una "autorización implícita" para suscribir contratos 
entre el Estado y las transnacionales. El razonamiento es absurdo, ya que 
ningún poder del Estado, y menos el Legislativo, puede delegar sus funciones 
a otro poder. Así lo establecen los artículos 30, 69 y 115 de la Carta 
Magna. La "autorización implícita" implicaría aprobar contratos "a futuro", 
es decir aún inexistentes. Con relación al inciso 70, el Tribunal 
Constitucional admite "la posibilidad de que empresas privadas puedan ser 
propietarias de los hidrocarburos una vez extraídos del suelo   Para evitar 
esa "posibilidad", las leyes de hidrocarburos de Banzer y Paz Zamora dicen 
que YPFB es dueña de los hidrocarburos en boca de pozo, de modo que la 
petrolera estatal pagaba en gas y petróleo a las compañías por la 
exploración y explotación de los campos, de acuerdo a contratos. Como puede 
advertirse, una cosa es que las compañías sean dueñas de los hidrocarburos 
en boca de pozo y otra distinta que reciban hidrocarburos como pago por su 
trabajo. El doctor Rolando Roca Aguilera no suscribió la sentencia 
constitucional en desacuerdo con la misma. Votaron a favor de las petroleras 
los magistrados René Baldivieso Guzmán, Elizabeth Iñiguez de Salinas, 
Artemio Arias Romano y Martha Rojas Alvarez. Esta última intervino, como 
fiscal de narcóticos, íntimamente vinculada al ex ministro Carlos Sánchez 
Berzain, en el complot que organizó la Embajada norteamericana y la CIA, la 
noche del 30 de septiembre de 1993, para destituir al entonces presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández (16).

El DS 24806, fue abrogado por el Presidente Carlos Mesa, en febrero de 2004. 
Sin embargo, como el Tribunal Constitucional desechó con anterioridad la 
demanda de inconstitucionalidad a la que hicimos referencia, tal abrogatoria 
no tuvo efecto retroactivo, así que las transnacionales continuarán siendo 
propietarias de los hidrocarburos en boca de pozo, en tanto se cumplan los 
78 contratos de "riesgo compartido" con las compañías, cuya duración se 
prolongará en los próximos 36 años. La disposición "gonista" fue suscrita 
por los siguientes ministros: Antonio Aranihar -Quiroga Víctor Hugo Canelas 
Zannier, Alfonso Kreidler, José Guillermo Justiniano Sandóval, René Blatmann 
Bauer, Fernando Candia Casfillo, Franklin Anaya Vásquez, Alberto Vargas 
Covarrubias, Mauricio Antezana Villegas y Jaime Villalobos Smijinés. Dos de 
los personajes aquí citados: Fernando Candia Castillo y Jaime Villalobos 
Sanjinés se incorporaron poco después al directorio de Transredes (ENRON 
Shell). ¿Hubo agradecimiento por sus servicios? Otro de los firmantes, 
Aranibar Quiroga, fue contratado como consultor jurídico de la petrolera 
"Chaco" ¿Otro agradecimiento de las petroleras?

_________________________________________________________________
Windows Live Messenger, la nueva generación de tu MSN. 
http://imagine-msn.com/minisites/messenger/default.aspx?locale=es-ar