[R-P] Soja, el lazo en el cogote

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Lo envía la compañera Naira, Webmaster del MAS - Bolivia.


Bolivia



La soya nuestra de cada día



Por Antonio Peredo Leigue

Marzo, 16, 2006



Nadie podrá creer, seriamente, que el gobierno del Presidente Evo Morales 
tiene la culpa por la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Sin 
embargo la derecha, huérfana de argumentos, endilga al Presidente y al 
Ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, el acuerdo por el que 
Bogotá comprará soya a Estados Unidos, con lo cual Bolivia perderá el 
mercado colombiano.

Los hechos se han concatenado desde que aparecieron, en el mercado mundial y 
en el regional también, nuevos proveedores de este producto. El Pacto 
Andino, basado en el intercambio comercial preferente entre los países que 
lo forman, comenzó a hacer aguas desde hace dos años por efecto de las leyes 
del mercado que se manejan en los centros del poder mundial.

La ofensiva lanzada por Washington para obligar a los países 
latinoamericanos a firmar un tratado de libre comercio, está socavando la 
economía de los países que no se alinean en su política de copamiento del 
mercado latinoamericano. Fracasado el intento de conformar el ALCA, el 
gobierno de Bush cambió de táctica. Firmó un Tratado de Libre Comercio con 
los países centroamericanos; luego, buscó imponer un acuerdo similar con el 
Pacto Andino (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) que, hasta 
ahora, no ha tenido resultados. Solamente Perú y Colombia se han sometido a 
ese trato; Venezuela lo rechazó de plano, Ecuador no lo firma por la 
mayoritaria oposición del pueblo y Bolivia, por las mismas razones, tampoco 
lo ha hecho.

Empero, la táctica de llegar a acuerdos país por país busca producir un 
efecto dominó que termine con las resistencias que hay en la región.

El pecado del TLC

ALCA o TLC tienen el mismo propósito: obligar a nuestros países a establecer 
un comercio de una sola vía con USA. Con subsidios a su producción agrícola, 
reclamando sometimiento a las marcas registradas de sus productos 
farmacéuticos, obligando a pagar derechos sobre el software de computación y 
otras prebendas. A cambio, Estados Unidos mantendría los cupos de compra que 
se dan por el ATPDEA y los aumentaría con otros productos en los que, 
mayormente, los países de la región no tienen posibilidades de 
competitividad. Graciosamente, Washington mantendría el apoyo económico que 
proporciona anualmente.

Si esta es la inmensa desproporción en términos económicos, el TLC tiene 
mayores desniveles en el plano político. Está la imposición de la inmunidad 
para sus tropas y funcionarios que actúan en nuestros países, el libre 
tránsito de sus efectivos militares y la adecuación de las normas jurídicas 
a las leyes de Estados Unidos.

Con tales acuerdos, las posibilidades de desarrollo nacional son imposibles 
y la integración regional no podría intentarse.

Un TLC para Bolivia

En las conversaciones alrededor del TLC Andino, Bolivia actuó como 
observador. Desde que se inició ese proceso, se sucedieron en la presidencia 
del país: Jorge Quiroga Ramírez, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa 
Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé. Estos gobiernos fueron, todos ellos, 
partidarios de la inclusión de Bolivia en el tratado con Estados Unidos. 
Claro para se enfrentaban a una cerrada oposición de los sectores sociales 
aunque, por cierto, contaban con el apoyo de los grupos empresariales.

En tales circunstancias, tales gobiernos debieron asumir una conducta 
indefinida: mantener una mínima delegación en las conversaciones, pero sólo 
en calidad de observadores. Al mismo tiempo, realizaban una intensa campaña 
interna en pro del tratado. El mejor recurso para esto, ha sido sembrar los 
temores de que se cierre el mercado de textiles y joyas que se ha 
establecido en Estados Unidos para Bolivia, a través de otro tratado llamado 
ATPDEA. Este acuerdo comercial termina a fines de este año.

Joyeros, que en un 90% son extranjeros, y textileros que mantienen costos 
reducidos pagando bajos salarios a obreros eventuales, fueron la punta de 
lanza de esa campaña. Como no ha sido suficiente para obligar a la firma del 
tratado, ahora arremeten contra la soya, cuya producción ha sido el centro 
del movimiento económico, durante los últimos años, en la región oriental 
del país.

Los empresarios de esa producción agro industrial, que apoyaron al grupo 
liderado por Jorge "Tuto" Quiroga, sintieron el impacto de las elecciones de 
diciembre pasado, pero nada pudieron decir, ante el arrollador triunfo del 
ahora Presidente Evo Morales.

Nuevos usos de la soya

Vendida como grano, como torta, extraído su aceite, la soya tiene múltiples 
usos: los vegetarianos comen bistecks de soya, toman leche de soya; la lista 
culinaria es infinita. La derecha ha encontrado un nuevo uso: arma política.

 Durante veinte años, este grupo ha proclamado su vocación por el modelo 
neoliberal: libertad de comercio, libertad de contratación, liberación de 
impuestos para importación de maquinaria y subvención para su combustible. 
Los agricultores orientales transitaron de la siembra de caña a la de 
algodón, ensayaron con el ricino y otros cultivos exóticos y se dedicaron a 
la soya cuando encontraron un mercado favorable. Mientras campeaba el 
modelo, estaban dispuestos a otros ensayos de plantación, si pasaba el auge 
de la soya. Ahora, en cambio, son usados por la derecha como arma para 
atacar al gobierno.

Evo Morales, que les advirtió sobre la poca probabilidad de revertir el 
acuerdo de Álvaro Uribe con George Bush, se avino a entrevistarse con el 
presidente colombiano y plantearle las preocupaciones respecto al mercado de 
la soya. Que no haya logrado tal propósito, sólo confirma las previsiones 
que había al respecto. Para la derecha, no es esa la preocupación sino 
desacreditar al gobierno que les infligió la derrota electoral de diciembre.

Aún así, más adelante tendrán que arrepentirse de sus reacciones violentas, 
cuando el gobierno del presidente Morales encuentre nuevos mercados para la 
soya boliviana. En esta nueva realidad, los empresarios deberán cumplir con 
ciertas normas que beneficien al país y, por supuesto, a sus trabajadores.