[R-P] (Fwd) Bolivia: del mercadismo al populismo hidrocarburífero .

[Nestor Gorojovsky]

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Federico Bernal
Del mercadismo al populismo hidrocarburífero
El caso boliviano
PARTE I
El gas natural se ha convertido en un recurso estratégico pues 
explica
el 23% de las necesidades energéticas mundiales. Especialistas del
pasado XVIII World Petroleum Congress, estimaron para los próximos
años un 50% de aumento en la demanda de energía con un incremento del
70% sólo para el gas natural. Ninguna novedad desde que su consumo
mundial creció sin pausa alrededor de un 75% durante el último cuarto
de siglo.

Las mayores reservas de este recurso se concentran en países miembros
de la OPEP (49,1%). Entre los cinco mayores reservorios mundiales, se
destacan: Rusia (26,7%), Irán (15,3%), Qatar (14,4%), Arabia Saudita
(3,8%) y Emiratos Árabes Unidos (3,4%). Por su parte, América latina
sólo cuenta con el 4% de las reservas mundiales.

En Sudamérica los países con las mayores reservas son dos: Venezuela,
con el 2,3% de las reservas mundiales, seguida por Bolivia, con 
apenas
el 0,4%. Más detalladamente, las últimas disponen de 48,7 trillones 
de
pies cúbicos (TCF); de ese volumen 26,74 TCF son probados y 22,02 son
probables (certificación al 31 de diciembre del 2004). De las
probadas, 8 TCF están comprometidos con Brasil y otros 8 TCF sumará 
el
contrato que se firme con la Argentina. Los restantes 10 TCF deberán
ser empleados en la industrialización y en las negociaciones del “gas
por mar” con Chile.

Llegado a este punto, podríamos reflexionar lo siguiente: si bien
Bolivia cuenta con una apreciable capacidad gasífera, no es la
potencia que se solía creer. Entonces, ¿por qué los recursos
hidrocarburíferos en ese país son motivo de tan elevada 
conflictividad
social? ¿Por qué en su campaña presidencial Evo Morales utiliza al 
gas
natural como factor de aglutinación política y unidad social? ¿Por 
qué
la nacionalización? El neoliberalismo instaurado a partir de 1985 se
dedicó a enajenar los beneficios económicos derivados de los
hidrocarburos, imposibilitando su uso como base de 
reindustrialización
y desarrollo bolivianos. Permitió, asimismo, la proliferación de
innumerables negocios espurios, protegidos por un manto de absoluta
ilegitimidad jurídica e inconstitucionalidad, olvidando que el
verdadero dueño de esos recursos, es justamente quien quedaba 
excluido
del banquete: 9 millones de bolivianos. La reacción lógica y justa
además de proclamada y anticipada fue la recuperación de la renta
petrolera. En pocas palabras: la nacionalización de los 
hidrocarburos.

En efecto, el 97% de la población carece de acceso al gas natural por
redes. Para calefaccionarse y cocinar, el 60% de ese porcentaje 
emplea
gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas y el 40% restante
quema plásticos, leña, residuos orgánicos e inorgánicos. Si
discriminamos entre zonas urbanas y rurales, estás últimas utilizan
leña como principal energético en un 75% de los hogares revelados.
Para variar, el gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas 
fue
comercializado por las petroleras a precios internacionales: 35
dólares por barril en 2003. Como se advierte, un absurdo aplicado sin
pausa desde aproximadamente dos décadas y que rinde culto al aforismo
del ex presidente Carlos Blanco Galindo (1930): “somos un país pobre,
debemos vivir pobremente”.

¿Bolivia, país pobre?
Las estadísticas e informes del PNUD y el Banco Mundial entre muchos
otros que señalan a Bolivia como el país más pobre de Sudamérica,
afianzan dicha máxima y le otorgan carácter de sentencia eterna e
irreversible. Pues bien, Bolivia no es un país pobre sino 
empobrecido.
Desde un estricto punto de vista economicista, se estima que el valor
de sus reservas gasíferas y petroleras superan los 150 mil millones 
de
dólares. Cuenta además con una de las mayores reservas mundiales de
estaño, hierro y magnesio. Por ejemplo, la mina de Huanuni (Oruro) es
una de las principales reservas mundiales de estaño calculadas en 6
millones de toneladas. Con la cotización del mineral a 9.542,5
dólares/tonelada, el valor de las mismas rondan los 57 mil millones 
de
dólares. Ahora bien, las cifras anteriores se duplicarán o 
triplicarán
si el gobierno de Evo Morales profundiza su decisión de 
industrializar
los sectores mineros y energéticos, transformando la paupérrima 
matriz
energética interna en otra técnica e industrialmente avanzada 
(plantas
de Petroquímica, de GLP, GTL, termoeléctricas, etc.).
Consecuentemente, Bolivia no es un país pobre sino todo lo contrario.
Es un país rico vendido al exterior como tal, aunque propuesto
internamente (y gobernado) como pobre. La clave del éxito radicará en
invertir dichas riquezas en el desarrollo socioeconómico endógeno;
esto es, sentirse ricos para enriquecer a la nación.

Y fue el proceso iniciado en 1985 el que empobreció a Bolivia a
niveles incalculables. Destruyó y privatizó las empresas públicas
bolivianas, transfiriendo al sector privado la gestión de las áreas 
de
servicios públicos. Un proceso que alcanzó su cenit entre 1993 y 
1997,
a través de la Ley Nº 1544 de Capitalización (que afectó a las seis
principales empresas estatales bolivianas) y la Ley Nº 1689 de
Hidrocarburos. Igual suerte corrió casi simultáneamente la Argentina,
con las leyes nacionales 23.696 y 23.697 de Reforma del Estado y de
Emergencia Económica -1989. En ambos países, la industria minera e
hidrocarburífera resultaron las presas más codiciadas como los más
notables ejemplos planetarios de reestructuración. Estaba en juego el
control de la renta petrolera y minera.

PARTE II
La renta enajenada
El flamante embajador boliviano en la Argentina, Dr. Roger Ortiz
Mercado, publicó en 2005 el artículo titulado “Renta petrolera y
seguridad jurídica”, donde expresaba que “el tema central es no
permitir que la renta petrolera esté en manos del Estado Nacional, y
constituye un acto de bloqueo - económico, social, cultural y
tecnológico- dado que inviabiliza el desarrollo nacional”. La
nacionalización de los hidrocarburos decretada por la gestión del
presidente Morales se propone corregir dicha aberración.

Veamos algunos ejemplos. La explotación de las minas de plomo, plata 
y
zinc en San Bartolomé y San Cristóbal, en el departamento de Potosí,
producirán en la próxima década un rédito de U$S 10 mil millones, con
una inversión total de apenas 570 millones. Como consecuencia de la
privatización de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la
reestructuración del Código de Minería promovidos durante la década
del 90, el proyecto le dejará al Estado Boliviano sólo 20 millones, 
es
decir, un 0,2% de las utilidades.

En relación al gas natural, los dos megacampos con los que cuenta el
país producen alrededor de 940 millones de dólares anuales. De 1996 a
2005, las compañías que explotaban estos yacimientos retuvieron el 
82%
(771 millones) y el Estado apenas 18% (169 millones). Iguales cifras
se replican para los restantes campos, que totalizan el 95% de las
reservas certificadas. No obstante, las inversiones realizadas por 
las
petroleras no superaron los 100 millones anuales (derrumbándose a 10
millones o inversiones nulas, según los años). Para el Banco Mundial,
a pesar de las nuevas condiciones favorables implantadas por el
neoliberalismo, entre 1991 y 2000 los volúmenes de las nuevas
inversiones fueron prácticamente similares a las existentes.

La renta petrolera, parte sustancial del PBI, del presupuesto 
nacional
y del ingreso de divisas le dejó a Bolivia entre 1998 y 2002 unos
1.410 millones de dólares. En contraste, las compañías 
transnacionales
cosecharon como mínimo 6.423 millones, el 82% de la renta total.

Del populismo al mercadismo hidrocarburífero
Según el diccionario de la Real Academia, populismo significa: 
“perteneciente o relativo al pueblo”, simple y justa definición que 
ha
perecido a la impuesta por los expertos de la PNUD y a la encumbrada
de Gino Germani, como un “modo de dominación autoritario bajo un
liderazgo carismático asociado a las clases populares”. Si analizamos
América latina desde sí misma, veremos la acuciante necesidad de dar
vida a un nuevo término, inédito aún por la Real Academia y omitido
por sociólogos europeizados o norteamericanizados, nativos o
extranjeros. Esa novel expresión la denominaremos “mercadismo”, y que
para sintetizar su descripción, bien podríamos parafrasear al
“populismo” de Germani. Así, mercadismo atañe a todo “modo de
dominación autoritaria y antijurídica bajo un liderazgo carismático
asociado a los mercados”.

En Bolivia como en la Argentina, la planificación, gestión y control
del modelo energético, como sus excedentes diferenciales, se
trasladaron de manos estatales a privadas, en su inmensa mayoría
extranjeras. El sistema político, económico y jurídico que permitió
semejante transferencia no fue otro que el mercadismo en el poder.
Para ello, las fuerzas dominantes se valieron, en primer lugar, de 
una
masiva campaña de desprestigio hacia lo estatal acompañado de un
sabotaje permanente a las empresas estratégicas del sector. Debían 
dar
pérdidas para justificar el latrocinio. Yacimientos Petrolíferos
Bolivianos (YPFB) aportaba antes de 1993 entre un 50 a un 60% de lo
recaudado al Tesoro General Nacional (TGN). A partir de entonces
comienza a ser deficitaria y a aportar entre un 30 a un 15% al TGN.
Luego con la privatización, las compañías extranjeras se 
transformaron
en las principales contribuyentes. Repsol, una de las primeras en
activos, aportó en 2002 un 0,14% al TGN.

Pero como el mercadismo no sobrevive sin inconstitucionalidad ni
inseguridad jurídica popular puesto que se enriquece en base al
sometimiento de los intereses nacionales, debió generar un ambiente 
de
“seguridad jurídica” hacia los inversores extranjeros. El primer paso
fue beneficiar a los recién llegados con las instalaciones y los
yacimientos en producción de las empresas petroleras estatales. En el
caso de Bolivia, la mayor parte de la producción de gas natural (75%)
provenía de los yacimientos de YPFB en el Departamento de Santa Cruz
En la Argentina, un 95% de las concesiones transferidas al capital
privado y en actual producción fueron descubiertos y promovidos por
YPF estatal.

En segundo lugar, el mercadismo boliviano violó sistemáticamente las
leyes nacionales de hidrocarburos y la Constitución vigentes. El
Estado de Derecho, determina que el proceso administrativo necesita 
de
una ley, pero esa ley debe sujetarse a lo contenido por la
Constitución para otorgar “seguridad jurídica”. Las compañías que hoy
lamentan el fin de la “seguridad jurídica”, invirtieron
fundamentándose en la Ley de Hidrocarburos 1.689 impulsada por 
Sánchez
de Lozada (SL) que reconocía a los concesionarios el derecho a la
libre comercialización interna y externa de los hidrocarburos,
otorgándoles la propiedad del concesionario sobre los hidrocarburos
extraídos en boca de pozo. Dicha ley contraviene la Constitución
Política del Estado (art. 139), según la cual el Estado es el
propietario directo, inalienable e imprescriptible de los recursos 
del
subsuelo, especificando además que ninguna concesión o contrato podrá
conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos.

Efectivamente, tal como fuera oportunamente denunciado por el actual
ministro de hidrocarburos Dr. Andrés Soliz Rada, el mercadismo
permitió que empresas como Repsol y Total cometieran el delito de
defraudación al inscribir como propios los depósitos del subsuelo y
las reservas de hidrocarburos del país en la Bolsa de Valores de 
Nueva
York. Dicho acto, además de considerarse un delito federal en Estados
Unidos, viola lo establecido en la Constitución boliviana. Asimismo,
constituyó otro ilícito lo sucedido con el mayor pozo gasífero de
Bolivia, San Alberto, descubierto y entregado a la producción por
Jaime Paz Zamora (1989-2003) que rendía un 50% de regalías. Por orden
presidencial de SL, fue declarado “nuevo” para que la imposición
tributaria baje a 18%. Igual sucedió con el megacampo “Margarita”, 
que
luego de su reclasificación (1996), pasaría a tributar sólo el 6 % al
TGN, en lugar del 38 % vigente en la Ley de 1990.

Fue además el ex presidente mercadista quien entregó a “título
gratuito” el 50 por ciento de las acciones de concesiones con 
reservas
certificadas a Repsol, Petrobras, Amoco y Pan American. Del mismo
modo, fue durante su gestión que se adjudicó a Transredes empresa
integrada por la sociedad Enron-Shell, las dos compañías con los
mayores escándalos de corrupción y falsificación de activos del 
sector
energético mundial, el manejo de casi todos los oleoductos, 
gasoductos
y poliductos del país.

PARTE III
Mercadismo y empobrecimiento
El referido modelo energético de mercado, tiene la particularidad de
actuar simbióticamente con un modelo interno de empobrecimiento
socioeconómico. De esta manera, surte efecto la típica y poco
estudiada “retroalimentación mercadista”: objetivo exportador de la
política energética con destrucción del mercado interno (demanda
negativa) y  desmantelamiento del sector industrial. El resultado en
Bolivia: endeudamiento externo equivalente al 56% del PBI y mayor en
un 6% al de 1996; 67,3% de la población por debajo de la línea de la
pobreza, alcanzando un 80% en áreas rurales y un 60% en centros
urbanos (INE, Bolivia  2003-2005).

El empobrecimiento del mercado interno es piedra angular del
mercadismo. El ex presidente Mesa lo sabía muy bien. En 2004 afirmó
que Bolivia tenía una reserva de gas calculada en 55 trillones de 
pies
cúbicos (TPC) ahora reducida a 48, y como utilizaba internamente sólo
2 TCP, entonces no quedaba otra salida que exportar. Y fue con este
objetivo el más rentable para los inversionistas que se destinaron 
las
operaciones de las transnacionales, por lo menos desde 1997 a la
fecha. El mercado interno, por ser poco rentable, fue desechado casi
por completo. Por ejemplo, en febrero de 2005, el volumen destinado 
al
consumo interno constituyó un 15.27% respecto del exportado. Valores
que no han variado mucho, dado que actualmente Bolivia produce
diariamente alrededor de 35 millones de metros cúbicos de gas, de los
cuales exporta a Brasil y Argentina cerca de un 90%.

Inversiones extranjeras y populismo
Si desde 1996 a 2005 las inversiones extranjeras en Bolivia
totalizaron unos 3.500 millones de dólares, con el populista e ignoto
Evo Morales se cuecen cinco nuevas alianzas estratégicas mixtas por 
un
valor superior a los 6.320 millones de dólares (compañías bolivianas
GTL- Bolivia y Petroleum Synergy, World Business (WB), Franklin Oil
and Gas, Shaw Group y Predatos Technologies). Solamente WB planea
invertir 5.000 millones de dólares en la industrialización del gas y
transporte del excedente a EE.UU. a través de un proyecto LNG.

Pero además, el populismo, al nacionalizar el control, la gestión y
planificación de la política energética, genera el ámbito apropiado
para la negociación y la firma de convenios interestatales, 
convocando
la presencia de empresas nacionales de energía. Un dato nada menor
puesto que, por ejemplo, los dueños de las actuales reservas de gas
natural a nivel mundial son las compañías públicas con un 64% (las
privadas un 36%). A diferencia de los objetivos perseguidos por las
compañías privadas, las empresas estatales se guían por intereses
nacionales (y no empresariales), planificando en el largo plazo,
consolidando las relaciones bilaterales y contribuyendo al equilibrio
entre lo países vecinos.

Al respecto, tenemos el caso de la venezolana PDVSA, que planea una
inversión de US$1.500 millones en exploración, producción,
industrialización y comercialización. PDVSA será además la encargada
de certificar las reservas de gas natural de Bolivia,
sobredimensionadas por la anterior consultora. En igual sentido,
Bolivia y Paraguay impulsarán un ambicioso proyecto de integración
energética binacional, con un gasoducto y plantas industriales
derivadas que requerirían inversiones superiores a los 2.000 millones
de dólares. Por último, las negociaciones con la Argentina y Brasil
por el precio del gas y los nuevos volúmenes de abastecimiento, que a
pesar de la complejidad, llegarán a buen puerto y harán más 
equitativa
y por ende confiable la provisión del energético.

Finalmente, YPFB y la empresa estatal rusa Gazprom planean armar una
sociedad conjunta, con una inversión superior a los 3.000 millones de
dólares.  El objetivo de la alianza radicará en la búsqueda de nuevos
campos para viabilizar la exportación de LNG (gas natural licuado) a
México o a Estados Unidos y la construcción de gasoductos hacia
Paraguay y Uruguay.

Las ricas lecciones de los más “pobres”
Un 92% del pueblo boliviano apoyó la nacionalización. En Mayo de 
2006,
el ya vapuleado mercadismo sucumbió al populismo. De ahora en
adelante, YPFB controlará cerca del 15% de las reservas de gas del
país y se convertirá en la tercera petrolera local, por detrás
Repsol-YPF y Petrobras. La política hidrocarburífera será dictaminada
por el Estado quien gestionará toda la cadena, es decir, la
extracción, el transporte, la refinación de petróleo, el
fraccionamiento de gas, la comercialización interna y externa. Será
YPFB quien obtenga directamente la renta petrolera calculada en 600 a
800 millones de dólares anuales.

A modo de breve conclusión, la lección que el actual proceso 
boliviano
brinda al civilizado occidente es la siguiente: 1)      En tiempos de
mercadismo, las altas tasas de ganancia privadas son inviables en el
tiempo (10 a 15 años como máximo), con elevadísimas posibilidades de
perder tanto lo invertido como lo embolsado, puesto que todo período
mercadista finaliza con su antítesis: un proceso populista o
neopopulista. 2)      Las compañías privadas en tiempos de populismo
obtendrán menores tasas de retorno que durante el mercadismo, aunque
compensadas por su extensión en el mediano o largo plazo. Asimismo, 
si
el populismo es destituido, el mercadismo será incapaz de expropiar o
nacionalizar, es decir, no existirá la incertidumbre a futuro de
malograr la inversión original ni dañar sus activos. 3)      Desde un
enfoque jurídico y legal, el populismo a través del Estado y sus
empresas, gestionará, controlará y regulará las inversiones
extranjeras, y lo hará acorde a las leyes y la  Constitución 
Nacional.
Contrariamente, el mercadismo se fundamenta en la violación
sistemática a los marcos regulatorios, leyes y constituciones 
locales,
debiendo consecuentemente, erigir una pirámide jurídica y legislativa
antagónica a los intereses populares y nacionales. 4)      El
populismo, al contar con el beneplácito de las clases más 
postergadas,
resulta más seguro en términos de conflictividad social que el
mercadismo, donde la conflictividad prolifera exponencialmente.

Señores accionistas y empresarios, en América latina es más seguro y
lícito invertir durante gestiones populistas.

* Bioquímico y biotecnólogo (UBA), autor del libro “Petróleo, Estado 
y
Soberanía: hacia la empresa multiestatal latinoamericana de
hidrocarburos” (Biblos, Mayo 2005). Investigador del Instituto de
Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO-USAL).

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Este correo lo ha enviado
Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar
[No necesariamente es su autor]
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"La patria tiene que ser la dignidad arriba y el regocijo abajo".
Aparicio Saravia
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