[R-P] Aguas de Santa Fe: un nuevo cuco que muere

[Nestor Gorojovsky]

[Dos noticias sobre el mismo tema.

Dejamos de pagar la deuda y el mundo siguió andando.  Devaluamos y el 
mundo siguió andando.  Hicimos un acuerdo por la deuda que no nos 
dejó peor que antes y el mundo siguió andando.  Le metimos con todo 
al tema de las responsabilidades oficiales durante la represión 
infame del Proceso y el mundo siguió andando.  El Correo pasó a manos 
estatales y el mundo siguió andando.  En fin.

Parece que la dirigencia peronista no se da cuenta de la potencia que 
tiene su propio movimiento y doctrina, con lo cual todo es 
infinitamente más lento y doloroso de lo que podría ser.  Pero los 
cucos se van muriendo de a poco.

Ahora le tocó a Aguas de Santa Fe.

Espero que alguna vez podamos escribir "Reconstruimos Agua y Energía 
y el mundo siguió andando".  O, mejor aún, "Degradamos toda la 
legislación posterior a 1976, pronstitución del 94 incluida, al nivel 
de bando militar, y el mundo anduvo mejor que nunca".

Mientras tanto, como dice la propia presentadora del noticioso 
nocturno en el canal oficial, "esto es lo que hay.  Lo que no gusta 
se puede cambiar."

Luchemos para que así sea.  Cuanto antes, mejor.]

SANTA FE, 17(PSI).- LA PROVINCIA ESTÁ A CARGO DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS. 

El gobierno de Santa Fe se hizo cargo ayer formalmente del servicio 
de agua potable y cloacas en 15 ciudades de la provincia, tras la 
sorpresiva disolución de la empresa Aguas Provinciales, que 
encabezaba el grupo francés Suez. Mientras, se trabaja febrilmente en 
la conformación de la nueva compañía estatal Aguas Santafesinas SA 
(Assa).

La flamante prestataria quedará conformada por un paquete accionario 
donde el Estado provincial poseerá el 51 por ciento de las acciones, 
mantendrá el 10 por ciento para el programa de propiedad participada 
(con los trabajadores), y pondrá a disposición el 39 por ciento 
restante para los 15 municipios y comunas alcanzadas por el servicio.

Desde el gobierno provincial se piensa que, tanto Rafaela como 
Rosario, son los únicos municipios con la capacidad financiera para 
integrar accionariamente la empresa a través de la adquisición del 39 
por ciento del paquete accionario. De esta manera, los gobiernos 
municipales podrían convertirse en el segundo accionista después del 
Estado provincial, pero sin que esto implique soberanía para el 
servicio de su ciudad. Hay que tener en cuenta que el directorio 
previsto para la nueva empresa estatal estará conformado por cinco 
miembros: un presidente y dos miembros representantes del Poder 
Ejecutivo, uno por los municipios y otro por los trabajadores, 
teniendo el titular del mismo un fuerte perfil político y técnico, 
mientras que los otros dos tendrán un neto perfil técnico.

La respuesta del opositor Partido Socialista a la propuesta todavía 
no oficializada del gobierno, de invitar a los municipios a sumarse a 
Assa, se conoció a través del diputado provincial Raúl Lamberto: "No 
puede haber salida con una empresa centralizada manejada desde la 
capital (por la ciudad de Santa Fe) y nos parece que hace falta 
descentralizar el servicio en tres áreas metropolitanas, como por 
ejemplo, Santa Fe, Rafaela y Rosario, con la participación de los 
municipios y los usuarios". De esta manera, el socialismo ratificó su 
posición de descentralizar el servicio, con un retorno del poder 
concedente a los municipios, y desechar el regreso a una empresa 
manejada por el poder central provincial, como lo fuera la vieja 
Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos). El debate por la 
ahora posible inserción de representantes de los municipios en la 
dirección de Assa hizo que se reflotaran los antiguos pedidos del 
socialismo por la municipalización del servicio. Muchas de estas 
referencias fueron corporizadas por el propio intendente de Rosario, 
Miguel Lifschitz, y en su mayoría, por la voz del diputado Lamberto, 
quien fuera la espada de los socialistas sobre el tema Aguas en la 
Legislatura provincial. Así, Lamberto se inclinó por la 
descentralización y municipalización -algo que parece está en las 
antípodas de las ideas del gobierno y del Partido Justicialista-, al 
proponer la creación de tres áreas metropolitanas, y "hacer empresas 
a la medida del hombre común, mucho más manejables y mucho menos 
burocráticas y más eficientes que hoy evidentemente lo centralizado 
no garantiza".

Por su parte, el intendente interino de Rafaela, Luis Castellano, 
consideró que el gobierno de la provincia tiene una gran oportunidad 
histórica para poder "restañar en parte los errores cometidos en los 
últimos años" y pidió al Ejecutivo que tenga "la madurez para poder 
aprovechar plenamente esta nueva instancia". Sin embargo, el 
presidente del Concejo rafaelino -reemplazante del intendente Omar 
Perotti en uso de licencia- se mostró cauto a la hora de opinar sobre 
la participación del municipio en la nueva empresa a través de la 
compra de acciones y señaló: "Integrar una sociedad anónima tiene 
mucho que ver con comprometer jurídica y económicamente al municipio, 
y este es un tema que se tendrá que estudiar y muy bien". Castellano 
expresó la necesidad de que el gobierno provincial presente en forma 
urgente un plan de contingencia para este proceso hasta que se tomen 
las soluciones definitivas.

La demanda contra el grupo Suez. La Fiscalía de Estado,encabezada por 
Irmgard Lepenies, informó que tiene preparadas desde el sábado las 
demandas económicas contra el Grupo Suez por la forma en que se 
disolvió el vínculo con el Estado provincial, pero que también 
podrían ser de carácter penal por la potencial situación de abandono 
del servicio.

Los decretos poniendo en marcha el Plan B -de creación de una 
sociedad anónima con mayoría estatal- ya están concluidos, aunque no 
se puede poner en marcha hasta que no llegue la comunicación oficial 
de la disolución de Aguas Provinciales, anuncio que recién hoy se 
concretaría por ser el primer día hábil posterior a la asamblea.

AGUARDAN LA NOTIFICACIÓN OFICIAL SOBRE LA DISOLUCIÓN DE AGUAS. La 
provincia de Santa Fe esperaba ayer a mediodía la notificación 
oficial sobre la disolución de la empresa Aguas Provinciales de Santa 
Fe, resuelta el viernes pasado por sus accionistas, mientras avanza 
en la conformación de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa), 
informaron voceros oficiales. Las fuentes consultadas dijeron que 
hasta que el Estado no sea notificado oficialmente, el servicio de 
aguas y cloacas sigue siendo responsabilidad de Aguas Provinciales en 
las 15 ciudades donde la prestadora tiene la concesión. Mientras 
tanto, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se trabaja 
intensamente para delinear los aspectos operativos y legales de la 
nueva empresa que reemplazará en la prestación a Aguas Provinciales.

Por otra parte, otras fuentes dijeron que la provincia prepara 
demandas judiciales contra el Grupo Suez debido a que la disolución 
de la empresa obliga al Gobierno a considerar rescindido el contrato 
de concesión por culpa de Aguas Provinciales y nada menos que con 20 
años de contrato por delante.

En cuanto a Aguas Santafesinas SA, la provincia se quedará con 51 por 
ciento del paquete accionario, en tanto 10 por ciento seguirá en 
manos de los trabajadores por medio del programa de propiedad 
participada y 39 por ciento restante será ofrecido a los municipios y 
comunas. El directorio de la nueva empresa estatal será conformado 
por cinco personas: un presidente y dos miembros representantes del 
Poder Ejecutivo, uno por los municipios y otro por los trabajadores.

La asamblea de accionistas de Aguas de Santa Fe resolvió la 
disolución de la empresa el viernes pasado, después de varios meses 
de negociaciones entre el Estado provincial, la concesionaria 
encabezada por el Grupo Suez y Alberdi Aguas, que había acercado una 
propuesta para hacerse cargo del suministro de agua potable. Pero las 
negociaciones se empantanaron ante la negativa de los franceses del 
Grupo Suez y la catalana Aguas de Barcelona de desistir de los 
reclamos ante el organismo de resolución de controversias sobre 
inversiones del Banco Mundial, el Ciadi.

Aguas de Santa Fe confirmó la semana pasada que renunciaba a sus 
reclamos ante el Ciadi, pero los accionistas extranjeros no sólo 
rechazaron ese pedido de la provincia, sino que también se negaron a 
difundir los montos de sus demandas ante el organismo.

ROSARIO. EL INTENDENTE CONDICIONA SU INGRESO. El intendente rosarino, 
Miguel Lifschitz, aseguró ayer que está "predispuesto a analizar 
cualquier alternativa" para que la comuna de Rosario participe de la 
nueva empresa prestataria del servicio de agua en Santa Fe, pero 
reclamó a cambio una participación importante para los municipios en 
la conducción de la compañía y garantías para la realización de 
obras.

"Estamos totalmente predispuestos a analizar cualquier alternativa 
que garantice dos cosas: una participación importante de los 
municipios y, por otro lado, las inversiones y obras indispensables 
para la gente", señaló Lifschitz al reasumir sus funciones como 
intendente luego de dos semanas de vacaciones. El rosarino planteó 
sus condiciones a la hora de definir su incorporación a la empresa y 
reclamó poder de decisión para los municipios ya que el Directorio de 
la nueva empresa estatal estará conformado por cinco personas: un 
presidente y dos miembros representantes del Poder Ejecutivo, uno por 
los municipios y otro por los trabajadores.

"Nosotros hicimos una propuesta un año atrás, cuando la empresa 
estaba en otras condiciones", recordó el intendente, pero señaló que 
la situación actual de la compañía es muy diferente ya que pasó un 
año sin inversiones por la disputa entre el Estado provincial y el 
Grupo Suez por los incumplimientos en el contrato. Lifschitz explicó 
que "en aquel momento habíamos propuesto generar una empresa 
metropolitana, incorporando a las cinco localidades de la región de 
Rosario que están bajo la concesión, para tener una administración 
descentralizada del servicio". "Estábamos dispuestos a hacerlo en 
aquel momento; hoy creo que la situación se ha agravado, porque no se 
le escapa a nadie que hemos tenido un año sin inversiones. Por lo 
tanto, la situación de la red está mucho más complicada que antes".- 
XXX


ROSARIO, 17(PSI).- "EN EL AGUA, NEGOCIO ES SIGNIFICADO DE NEGOCIADO" 
(por Alberto Muñoz *). 

Hace 3 años en enero de 2003 después de una serie de conflictos entre 
la ciudad de Atlanta -Georgia, EE.UU.- y la empresa de servicios 
sanitarios United Water -subsidiaria de la francesa Suez-, se 
terminaba el contrato que debería haber sido la punta de lanza para 
el ingreso de las grandes transnacionales del sector en Estados 
Unidos, donde actualmente el 85% de los usuarios recibe agua y 
saneamiento de empresas públicas. En 1998 la ciudad de Atlanta firma 
un contrato por 20 años y 40 millones de dólares con la United Water, 
casi inmediatamente de iniciado el contrato la compañía comienza a 
pedir mayor dinero a la ciudad y el gobierno de la ciudad se niega 
pero paralelamente aparecen cartas con la firma del alcalde Bill 
Campbell autorizando los pagos. La empresa gira una y otra vez 
facturas a la ciudad por trabajos no realizados tratando de cobrar un 
monto extra de 37,6 millones de dólares por autorización de servicios 
adicionales, reembolso de capital y mantenimiento de costos de los 
cuales la ciudad paga 16 millones ya que el resto correspondía a 
trabajos que no estaban terminados o no habían comenzado.

La empresa reduce la planta de personal de 700 a 300 operarios con la 
consiguiente disminución en la calidad del servicio mientras 
aumentaba el costo de las facturas hasta que el gobierno de la ciudad 
gasta un millón de dólares en inspectores, (bastante menos de lo que 
gastamos en Santa Fe en el ENRESS) comprueba los incumplimientos y 
termina el contrato. Dos legisladores ultra conservadores de la 
ciudad de Atlanta que habían impulsado la privatización, Howard Shook 
y Claire Muller dijeron lo siguiente: "mi conservador interno ya no 
rinde culto al altar de la privatización", "yo pienso que nosotros 
nos escapamos hace cuatro años con la bala color de plata que iba a 
resolver todos nuestros problemas. Nosotros tomamos el camino malo".

Contamos este proceso porque la ciudad de Atlanta como la provincia 
de Santa Fe, sufrió del "síndrome del concedente" por el cual quien 
privatiza los servicios sanitarios está poco predispuesto a reconocer 
su "error", pero pudo sobreponerse a él y retomar el camino que la 
amplia mayoría de los ciudadanos estadounidenses surcan desde hace un 
siglo, el de la empresas públicas de saneamiento.

Recordemos que nuestro gobernador Jorge Obeid tardó 9 años en 
comprender que las inversiones nunca vendrían, que las obras de 
expansión de agua y cloacas nunca se realizarían, que los medidores 
nunca se colocarían y que las obras de infraestructura troncales o 
las plantas de tratamiento de efluentes menos, todo esto sin 
mencionar que la firma sobreendeudó la empresa llevándola al 
quebranto, que nos sobrefactura desde el 28 de abril del 1999 un 
13,85 % por obras que no realizó ni realizará y que previo a la 
devaluación fugó del país 32 millones de dólares según el informe de 
la Cámara de Diputados de la Nación.

Expresiones del gobernador en el sentido de que la empresa había 
"incumplido reiteradamente el contrato" y de que con su retirada 
"recobrábamos soberanía" o inclusive el hecho de que repitiera la 
consigna de los afiches de la APDA, "que se vayan", era solamente la 
expresión más fiel del doble discurso del gobierno provincial que 
mientras decía esto buscó permanentemente primero que la empresa se 
quedara y luego que un nuevo operador privado comprara las acciones 
de la Suez. El gobierno provincial justifica su decisión en el 
chantaje que representan los juicios en el CIADI iniciados por la 
empresa con motivo de la devaluación pero en este sentido hay que 
aclarar los siguientes puntos : -Las tarifas del contrato de Aguas 
Provinciales de Santa Fe son en pesos y nunca se dolarizaron como 
otros servicios. -La empresa renunció contractualmente a litigar en 
cualquier otro tribunal que no sea el de la provincia de Santa Fe. -
El único ítem del contrato que estaba en dólares era el régimen de 
garantías y la empresa pidió su pesificación por lo tanto no puede 
querer dolarizar la tarifa. -La decisión de endeudarse en el exterior 
tomada exclusivamente por la empresa entra dentro del principio de 
riesgo empresario que rige el contrato. -Los reiterados 
incumplimientos contractuales están debidamente comprobados ya que la 
empresa se retira sin haberlos cumplido y todas las actas de 
renegociación postergan los compromisos pero ninguna la autoriza a no 
realizarlos. -Los compromisos de inversión que la empresa fijó en el 
BID para gestionar y conseguir créditos en los años 1996 y 1997 por 
30 y 55 millones de dólares, no fueron cumplidos. -Los últimos 
créditos fueron pedidos días antes de la devaluación a empresas del 
mismo grupo Suez mientras aparece fugando 32 millones de dólares del 
país. -La venta del paquete accionario del grupo Suez - Agbar - 
Interaguas, 77,5% de APSF, a un tercero no garantizaba la 
finalización de los reclamos que pueden ser continuados por el 
conjunto del consorcio o por alguna de las partes.

Es de mencionar que "el complejo del concedente" nos privó a todos 
los santafesinos de las 15 ciudades concesionadas, de tener un 
correcto accionar frente a la retirada de la compañía Suez, esto es, 
un detalle administrativo y judicial del haber que nos deja la hoy 
extinta empresa como consecuencia de sus diez años de accionar: -
Deuda por las obras de expansión del servicio de agua no realizadas. -
Deuda por las obras de expansión del servicio de cloacas no 
realizadas. -Deuda por el cobro indebido a los usuarios del 13,85%. -
Deuda por la no realización de las obras del casco céntrico de 
Rosario. -Deuda por las obras no realizadas del acueducto Esperanza-
Rafaela. -Deuda por el incumplimiento del descuento previsto en la 
resolución 0078 del ENRESS, sobre niveles de presión de agua. -Deuda 
por el no cumplimiento adecuado del régimen de garantías de contrato 
y de operación entre muchos otros.

En suma el concedente en vez de defender los intereses de los 
usuarios y del Estado, amparado en el chantaje busca la continuidad 
jurídica del contrato a través de la venta de acciones a un tercero, 
así se presenta la alternativa de Latinaguas, una empresa que brinda 
el servicio en las provincias de Corrientes, Salta y La Rioja, 
prontamente descartada por las innumerables denuncias que realizan 
las asociaciones de usuarios de esas provincias en los medios de 
comunicación.

A esta le siguió el Grupo Emgasud, una empresa sin ningún antecedente 
sanitario y cuyo único mérito era estar ligada al ministro de 
planificación de la Nación Julio De Vido.

Más tarde se mencionó la posibilidad de que Agbar, Aguas de Barcelona 
controlada por la Suez siguiera con su actual porcentaje accionario, 
10,89 % quedándose con la operación técnica del servicio o el Grupo 
Taselli con mucha experiencia en desmantelar empresas.

Es de mencionar que las alternativas de municipalización o de 
empresas públicas metropolitanas presentadas por varios intendentes 
fueron sistemáticamente descartadas igual que la propuesta de la 
empresa 5 de Septiembre creada por los trabajadores del interior de 
la provincia de Buenos Aires después del retiro del grupo Asurix.

El último capítulo de esta novela lo constituye el Grupo conformado 
por el Banco de Galicia, actual operador financiero con la empresa 
Cerámica Alberdi de Rosario que traería como operador técnico la 
empresa Passavant del grupo alemán Bilfinger Berger en una obstinada 
decisión por continuar con el modelo fracasado. Así, en un inesperado 
giro de la historia quieren hacernos pasar del perfume francés al 
acento alemán, país que tiene servicios sanitarios eficientes, muy 
bien organizados y en su mayoría públicos desde fines del siglo XIX, 
en torno a las Stadtwerke, o plantas locales de agua. En la 
actualidad existen 6.700 plantas de tratamiento de agua y 7.000 de 
depuración, la mayoría en manos públicas, muchas de ellas han 
continuado así debido a la posibilidad que tienen los ciudadanos de 
influir en las políticas locales mediante el mecanismo de referéndum, 
un proceso que se divide en dos o tres pasos y que exige un 
cumplimiento obligatorio por parte de las autoridades locales.

En el 2001, en la ciudad Düsseldorf, aproximadamente un 90 % de los 
votos se opuso a la privatización de las Stadtwerke AG.

Además de este, se han celebrado una docena de referéndum sobre los 
servicios de aguas, y ninguno de ellos ha apoyado la privatización. 
El último tuvo lugar en Hamburgo, en agosto de 2004, con motivo de la 
posible privatización de la planta de agua potable más antigua de 
Europa Continental. Tras la votación, el 24 de noviembre de 2004, el 
ayuntamiento aprobó una resolución que prohibe todo tipo de 
privatización, decisiones similares adoptaron en Munich, Stuttgart, 
Aubsburg, Kassel y Viena, Austria en el 2003. De los 83 millones de 
alemanes sólo 27 millones reciben el suministro a través de empresas 
parcialmente privatizadas, o sea que aún estas mantienen una fuerte 
presencia de los estados comunales, inclusive en el 2002 la ciudades 
de Dortmund y Bochum adquirieron el 81% del paquete accionario de la 
gran empresa de multiservicios EON, con gestión en 138 comunas, 
demostrando en una iniciativa que criticaron los periódicos de 
derecha, que todos los procesos se podían invertir, aún en el país de 
la tercera trasnacional en el mundo de servicios sanitarios, la RWE, 
nacida en la zona de Renania-Westfalia.

En el consorcio que últimamente se nos ofreció como salvador de 10 
años de desinversión está el Banco de Galicia, hasta ayer poseedor 
del 12,5 % del paquete accionario y que fue traído al negocio por el 
grupo Soldati, Comercial del Plata, encargado de aceitar todos los 
mecanismos locales, antes, durante y después de la privatización. En 
1997, el grupo Soldati le vendió todas sus acciones a la Suez por U$S 
150 millones, tanto en Aguas Argentinas como en Aguas Provinciales de 
Santa Fe con una ganancia neta de U$S 100 millones, una situación 
parecida sucedió en la ciudad de Berlín en ocasión de la venta del 
49,9 % de la empresa proveedora de agua y alcantarillado BWB, con la 
empresa de seguros Allianz que a poco de entrar en el negocio vendió 
las acciones consiguiendo un pago garantizado del 9% de los intereses 
sobre el capital invertido.

Esta situación de transferencia de acciones y de poco compromiso con 
el servicio es consecuencia directa de considerar al agua como un 
negocio y no como un derecho humano universal.

La operadora técnica que se nos ofreció hasta pocos días atrás, 
Passavant España S.A. filial de la alemana Passavant Roediger es una 
proveedora de tecnologías para las empresas de servicios públicas y 
privadas aportando sus soluciones en el tratamiento de aguas potable 
y residuales, en la automatización y control del proceso, en la 
evaluación de los parámetros de calidad, y hasta en la explotación 
del inicio y/o el final del ciclo urbano del agua, pero tiene pocos 
antecedentes en cuanto a hacerse cargo del sistema completo.

Es aquí donde nuevamente se disparan las objeciones que planteamos al 
inicio del proceso de privatización: una entidad bancaria y una 
proveedora de soluciones tecnológicas que lógicamente buscan obtener 
una tasa de rentabilidad por sus servicios, ¿cómo van a hacer para 
resolver los problemas sanitarios de nuestras ciudades íntimamente 
ligados a los barrios más humildes incapaces de brindar esa 
rentabilidad, sin modificar las condiciones del contrato que se 
pretende continuar jurídicamente con esta transferencia? Si por el 
contrario el Estado provincial y una nueva concesionaria fueran a 
modificar las condiciones contractuales, aumentando las tarifas y 
transfiriendo los compromisos de inversión al Estado, estaríamos en 
presencia de un verdadero fraude administrativo que viola 
absolutamente el principio de igualdad entre los oferentes de la 
licitación que se hiciera en su momento y además tendríamos una doble 
imposición ya que pagaríamos por las obras en las tarifas de la 
empresa de agua y además a través de las erogaciones que haga el 
Estado.

En suma, si ahora el ejemplo que hay que imitar es el alemán le 
sugerimos que imite el de la alcaldía de Munich que en concordancia 
con los servicios de alcantarillado forma parte de la iniciativa 
nacional alemana contra la privatización llamada Wasser in 
Bürgerhand, el agua en manos de los ciudadanos, en vez de seguir 
apostando al fracaso. ( *El autor de la nota es dirigente de la 
Asamblea Provincial por el Derecho al Agua).- XXX


Este correo lo ha enviado
Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar
[No necesariamente es su autor]
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"La patria tiene que ser la dignidad arriba y el regocijo abajo".
Aparicio Saravia
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