[R-P] El DESAFIO SUDAMERICANO. Integración social y desarrollo (1 de 2)

[Nestor Gorojovsky]

Gentileza de Carlos "Chino" Fernández

El DESAFIO SUDAMERICANO
   Integración Social y Desarrollo 

Manuel Figueroa

Febrero 2006 

¿Por qué la ALADI, el PACTO ANDINO O EL MERCOSUR  nunca pudieron 
alcanzar sus fines y dejaron ya de constituir una esperanza para el 
progreso de nuestra región? Antes de poner en marcha una Comunidad 
Sudamericana de Naciones ¿no será necesario debatir nuevas ideas de 
integración y desarrollo? 

1. Inconsistencias en la base teórica que sustentó la integración 
comercial 

La construcción de la integración en América Latina y más 
específicamente de América del Sur no es una idea reciente. Como 
dimensión política nació junto a los gritos de independencia 
pronunciados por nuestros próceres hace ya dos siglos. 
Lamentablemente, esta dimensión nunca pudo prosperar y quedó 
fulminada al poco de nacer dando origen a la extrema división de 
nuestra región inducida, según lo corrobora el análisis histórico, 
por los mismos países hegemónicos que controlaban las llaves del 
comercio internacional en los primeros años del siglo XIX.

En la década de los 40, el gobierno de Perón propuso la integración 
de Chile, Argentina y Brasil bajo criterios de unidad política y 
económica. Tampoco pudo prosperar y otras iniciativas similares 
también fracasaron. Por último, en la segunda mitad del siglo XX, fue 
la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de 
Chile, la agencia que formalizó las ideas de la  integración 
latinoamericana en su dimensión económica aunque reconociendo que,  
en el futuro, los países podrían ampliarla hasta cubrir los aspectos 
de orden social y político institucional.

A comienzo de los 50, la CEPAL propuso un conjunto de políticas 
estratégicas para el desarrollo de América Latina. Entre ellas, la 
industrialización vía substitución de importaciones, las reformas 
estructurales, la planificación y la integración económica. Junto a 
otros organismos internacionales patrocinaron el nacimiento de 
instituciones especializadas como el SELA, ALADI e INTAL y apoyaron 
los procesos de  integración en países andinos, centroamericanos y 
del Caribe. A partir de los últimos  20  años, los países del Plata 
instituyeron el MERCOSUR como instrumento de integración en cuanto 
los EEUU, México y Canadá pusieron en marcha el tratado de libre 
comercio, NAFTA. 

A pesar de los esfuerzos realizados, los acuerdos de integración no 
lograron transformar  el tejido social latinoamericano y aunque 
amplificaron los flujos de su comercio exterior no lograron deshacer 
la imagen de que este proceso, como instrumento para el progreso 
social, continúa distante de los pueblos de América Latina. Entre las 
razones por las cuales el espíritu de integración no pudo plasmarse 
en América Latina tendremos que reconocer un hecho esencial: aunque 
públicamente se proclamó que la integración debía configurarse como 
un proceso multidimensional, en la práctica, sus pasos concretos 
transitaron, exclusivamente, por la dimensión económica. Este hecho 
fue, sin dudas, un crítico error de los organismos internacionales y 
de nuestros gobiernos pues trataron de reproducir, por mera 
imitación, la exitosa experiencia realizada entre países de la Europa 
Central.

En esta voluntarista imitación, se olvidaron que aquellos países 
fueron, en diversos períodos históricos, naciones imperiales, de 
elevadas manifestaciones culturales, sin extremos desniveles de 
bienestar entre sus sectores sociales y que, por las fuerzas del  
desigual desarrollo de sus países, venían saliendo de una cruenta 
guerra mundial que había destruido, casi por igual, sus bases de 
sustentación económica aunque sin afectar la fuerza cultural de sus 
clases medias y el instinto de sus sectores empresarios. 

Al final de la II Guerra Mundial, la percepción de que el socialismo 
podría consolidarse en la URSS y extenderse hacia los países del este 
europeo, Asia y resto del mundo, configuró un fuerte determinante 
estratégico para que la potencia victoriosa, los EEUU, aportara 
recursos y energía política para consolidar las bases económicas de 
la integración europea dentro de concepciones políticas y militares 
que proclamaban a los cuatro vientos las ventajas de un mundo libre 
sustentado en el capitalismo y en la democracia. Por su parte, la 
propia sociedad europea había pagado, en carne propia, un alto precio 
por la barbarie cometida por regímenes totalitarios del este y del 
oeste y necesitaba canalizar sus energías para impulsar el progreso, 
la equidad y la democracia como forma de vida. 

América Latina, como región dependiente, no contenía ninguna de las 
claves que sustentaron los avances de la experiencia europea y a 
partir de tales carencias, deberíamos haber percibido que la 
dimensión económica, por si sola, como eje central del proceso de 
integración, no podría resolver las múltiples distorsiones 
estructurales que caracterizaban a nuestros países desde su tiempo 
colonial. Los teóricos de la integración no asignaron la debida 
importancia al hecho de que en un sistema capitalista, la economía no 
integra las riquezas reales o potenciales de las naciones, sino que 
tan solo integra los negocios reales o potenciales que puedan 
formalizarse sobre tales riquezas. 

No percibieron o no quisieron creer que los resultados sociales de la 
integración económica tendrían que ser directamente funcionales a los 
sistemas de gestión empresaria y de propiedad privada dominante. Como 
en nuestra región los grandes negocios pertenecieron y pertenecen, 
básicamente, a empresas trasnacionales que operan con lógicas 
centradas en el poder económico, en la maximización de la ganancia y 
en la concentración del excedente, la exclusiva dimensión económica 
de la integración nunca pudo ser funcional a las necesidades de 
bienestar y equidad que reclaman nuestras sociedades.     

El proceso de integración en la Comunidad Europea fue estructurado, 
principalmente, en base a recursos públicos aportados por los propios 
gobiernos para crear la infraestructura física necesaria y reducir 
las diferenciaciones sociales más extremas mediante la asignación de 
fondos para ejecución de importantes programas de equipamiento 
estructural y de cohesión social. En este contexto, los aportes 
adicionales realizados por el Plan Marshall y capitales privados 
trasnacionales multiplicaron la riqueza y el bienestar social.    

Los estudios de evaluación realizados en relación a los procesos de 
integración comercial en América Latina concluyen, inexorablemente, 
en reconocer el hecho concreto de que la lógica que conduce las 
operaciones de las empresas multinacionales dentro del espacio 
integrado se guía por la racionalidad del cálculo económico más 
conveniente para su gestión patrimonial y esta evidencia no se 
corresponde, evidentemente, con la lógica que nuestras sociedades 
necesitan aplicar para resolver sus principales entrabes a un 
desarrollo con equidad. El territorio integrado se transforma, 
gradualmente, en simple zona de generación de excedentes que 
electrónicamente se transfieren a las casas centrales para ampliar el 
proceso de acumulación de las grandes empresas trasnacionales.    

Sin nuevas ideas en materia de integración y desarrollo, el reiterado 
fracaso de las experiencias existentes en nuestra región está 
llevando a algunos países a negociar, separadamente, acuerdos de 
libre comercio con los EEUU sellando así el destino de sus naciones 
al cumplimiento de roles signados por la dependencia económica,  
subordinación política y enajenación cultural. De hecho, excluyendo a 
Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia, el resto de los países 
sudamericanos cuenta ya o está en vías de formalizar acuerdos de 
libre comercio con los EEUU desterrando de su horizonte inmediato 
cualquier posibilidad de acoplarse a los moribundos acuerdos de 
integración que persisten en sobrevivir en la región andina y entre 
los países del plata.   

2. Integración y Desarrollo en la Comunidad Sudamericana de Naciones 

Hacia mediados del 2005, en las alturas del Cuzco, alumbró la 
Comunidad Sudamericana de Naciones. Su carta natal expresa anhelos 
contenidos durante 500 años de sometimiento y penurias sociales. Pero 
no es una hoja de ruta. Tampoco contiene nuevas ideas ni metodologías 
de acción que acerquen lo deseable a lo posible. En los actuales 
momentos políticos, sus generalidades amplifican el  desconcierto 
entre los gobiernos de la región vapuleados ya por las 
contradicciones del MERCOSUR y por el miedo a lo desconocido que 
provoca el despertar del pasado en los países andinos. Son tiempos de 
cambio que impiden construir el futuro con esquemas de integración ya 
agotados por la fuerza de las contradicciones sociales. 

En tiempos de globalización, las limitadas dimensiones demográficas, 
económicas, tecnológicas, militares y políticas que representan   
cada uno de los países sudamericanos, son razones objetivas que 
explican su intrascendencia en la escena mundial del poder. Por tales 
circunstancias, la integración sudamericana, lejos de configurar una 
opción de política, representa el único camino posible para que el 
conjunto de sus naciones pueda ganar masa, densidad y existencia real 
en el universo  actual caracterizado por el predominio de los EEUU y 
la participación de grandes núcleos regionales de poder surgidos 
entre países de América del Norte, Europa y Asía.  

Después de 500 años de la conquista y de 200 años de vida 
independiente, nuestros gobernantes tendrán que comprender cuan 
estériles serán los escenarios del futuro para cada uno de nuestros 
pueblos si pretenden continuar, con miopía y espíritu mezquino, 
ignorando las potencialidades regionales y los avances 
extraordinarios que otras naciones   del mundo vienen logrando como 
resultado de sus programas de cooperación e integración. 

La tesis que aquí presentamos asume la forma de dos consignas para 
orientar el desarrollo de cada país sudamericano. Por la primera se 
afirma que la decisión política de avanzar hacia la formación de una  
CSN será requisito esencial para que cada país de la región pueda 
concretar metas objetivas de progreso, bienestar, equidad y 
democracia política en sus respectivas sociedades. Por la segunda se 
entiende que para alcanzar aquellos propósitos, los gobiernos tendrán 
que adoptar la firme determinación de comenzar su construcción a 
partir de la integración desde lo social. A juzgar por las 
manifestaciones públicas de sus gobernantes, Argentina, Venezuela, 
Brasil y Bolivia podrían constituir, desde ahora, la expresión 
pionera de esta voluntad política. El resto de los países de la 
región podrá sumarse cuando así lo determinen.  

Desde el punto de vista teórico, la segunda consigna expuesta 
significa entender la economía de la integración como un espacio 
construído con dos tipos de precios y mercados articulados entre sí: 
aquellos esencialmente privados y de libre competencia entre empresas 
donde las fuerzas de la demanda y de la oferta determinan los precios 
de equilibrio y aquellos de naturaleza social donde predominan 
precios políticos definidos exógenamente, es decir desde fuera de los 
mercados, por parte del poder político. Tal situación existe, desde 
hace ya mucho tiempo, en infinidades de mercados de países ricos y, a 
pesar de este hecho, el capitalismo no dejó de ser capitalismo.

¿Qué sentido tendría la intervención del estado y hasta cuando 
debería mantener su presencia en los mercados? En nuestros países 
precisamos entender que el fracaso del liberalismo como vía para el 
bienestar colectivo radica, básicamente, en la estructural 
insuficiencia de mercados transparentes; en las extremas 
desigualdades existentes entre los operadores del mercado en cuanto 
se refiere a dotación patrimonial y manejo de la información y en la 
severa exclusión de millones de personas que por su extrema pobreza y 
falta de calificaciones apropiadas no logran ni integrarse en la 
sociedad como ciudadanos ni participar en los mercados como 
consumidores y asalariados. En cuadros tan profundos y evidentes de 
subdesarrollo estructural, la participación del estado será 
imprescindible para reconstituir las naciones y eliminar las 
limitaciones referidas. 

Hasta el presente, en todo proyecto de integración, lo social, aunque 
fue también un declarado propósito, fue siempre una insustentable 
esperanza pues los gobiernos solo avanzaron negociaciones para 
facilitar acciones del sector privado sin ninguna conexión directa 
con el mejoramiento del bienestar social. Los beneficios logrados por 
el intercambio entre privados beneficiaron directa y exclusivamente a 
las empresas que en ellos participaron pero las sociedades de 
nuestros países muy poco recibieron de tales resultados. El 
mejoramiento social, en todas las experiencias de integración, fue un 
simple slogan formal, apendicular y su incumplimiento no afectó, 
legal ni penalmente, a ningún responsable por la conducción de los 
gobiernos.   

El camino está trazado y para asegurar el cumplimiento de una agenda 
de integración para la resolución de los problemas sociales solo será 
cuestión de aunar la voluntad de los gobiernos realmente interesados 
para expresar tales objetivos en la forma de una estrategia política  
que comprometa su acción conjunta y solidaria. La historia ha 
demostrado que las energías de los gobiernos de un solo país 
dependiente  no alcanzan para superar las barreras de la pobreza y la 
exclusión. ¿Porque? 

Talvez por la misma explicación que China no pudo construir su 
industrialización pesada en base a la suma de fundiciones instaladas 
en pequeñas y aisladas comunas rurales. La industrialización, al 
igual que el progreso de cambio social, requieren masa y energía y la 
integración debería ser el camino para la fusión de las ideas que 
multipliquen la energía comunitaria que asegure condiciones de 
progreso y equidad.    

Fluye como conclusión relevante que el destino de progreso para 
nuestras sociedades está condicionado a la creación de un macro  
poder sudamericano que, en representación de todas sus naciones, 
ejercite sus facultades de participación a escala mundial para mejor 
defender sus intereses como bloque regional integrado. Como 
contracara de este poder regional, la CSN podrá inyectar en sus 
gobiernos la sustentación política necesaria para luchar contra el 
desempleo y la pobreza acelerando los procesos de transformación y 
desarrollo. Crear esta sinergia hacia afuera y hacia adentro de la 
propia región será la mayor contribución que la CSN podrá aportar al 
destino de nuestras sociedades. 

Para  la configuración de este macro poder regional será 
imprescindible que cada país se comprometa a realizar, 
simultáneamente, un doble trabajo destinado a consolidar, por un 
lado, sus procesos internos de integración económica y social para 
eliminar el desempleo, la pobreza y la exclusión. Por el otro, un 
proceso multidimensional de integración con otras naciones 
sudamericanas para potenciar las fuerzas del conjunto y de cada una 
de las naciones. 

La plena realización de las dos responsabilidades referidas exigirá 
ingentes esfuerzos de nuestras sociedades para impulsar, en cada 
país, procesos políticos de transformación y cambio que posibiliten 
pasar de los estados coloniales-dependientes de cuño oligárquico, 
hasta ahora vigentes, hacia los Estados Soberanos de Responsabilidad 
Social. Este proceso ya está en marcha en algunos países 
sudamericanos y los recientes acontecimientos políticos en Chile, 
Bolivia, Perú y Uruguay alientan la posibilidad que pueda extenderse 
en el próximo futuro. 

La acción conjunta de los gobiernos unidos en la CSN podrá liberar 
fuerzas sociales con extraordinario potencial de cambio, hasta ahora 
no aprovechadas: las fuerzas de la cooperación entre sociedades y 
gobiernos y las fuerzas de la sana competencia económica dentro de 
los sectores privados empresariales. Hasta el presente, nuestros 
gobiernos despreciaron las potencialidades de la cooperación entre 
pueblos  envolviéndose, tan solo, en los sopores de la vana 
competencia comercial entre empresas y mercados que solo hicieron 
posible la segmentación, concentración y polarización de economías y 
sociedades. Craso error.

No percibieron que la cooperación para el desarrollo social abre 
perspectivas insospechadas de progreso colectivo y configura el 
eslabón perdido para potenciar, más adelante, la competencia 
productiva y comercial entre empresas privadas. Entre ambos extremos, 
los caminos del desarrollo y la equidad requieren, inexorablemente 
atravesar  etapas intermedias que aseguren la gobernabilidad del 
sistema social, la formación de ciudadanía para potenciar la vida 
política, la participación de consumidores con poder de compra para 
expandir los mercados y la sustentabilidad financiera del estado para 
cooperar en la construcción de la infraestructura pública comunitaria 
que viabilice, finalmente, el progreso económico de las manos del 
sector privado. 

En síntesis, tras años de experimentación frustrada, ya quedó 
verificado que la integración comercial, per sé, no hace milagros y 
nunca será posible sustentar aspiraciones de negocios, sin ciudadanos 
y sin estado. La transformación de pobladores en ciudadanos de vida 
digna y de Estados Oligárquicos en Estados de Responsabilidad Social, 
serán los frutos de un proceso de integración modelado desde lo 
social. 

Son las tres etapas inexorables que la región tendrá que atravesar 
para posibilitar el progreso y la equidad: Cooperación para la 
integración desde lo social, cooperación entre gobiernos para crear 
la infraestructura comunitaria necesaria y finalmente, competencia 
empresarial privada para la producción y el comercio. Las tres etapas 
no serán siempre secuenciales. También podrán acontecer en sincronía. 
El no haber entendido esta necesaria dialéctica entre las etapas 
referidas, por desconocimiento, por intereses de clase o por simple 
negligencia, propagó las ideas de que el mercado y las empresas, en 
cuanto ganaran dinero, podrían resolver, mecánicamente, los problemas 
sociales e institucionales. Este cuento terminó como todo cuento: un 
final feliz, pero solo para las grandes empresas multinacionales en 
cuanto los estados y las sociedades pagaron los precios del abuso del 
poder.

La rectificación teórica a que aludieron los párrafos precedentes, 
situando la primera etapa de la integración en la resolución de la 
cuestión social, permitirá aprovechar la insospechada creatividad de 
las personas y organizaciones comunitarias. La ampliación de escala 
que puede generar la participación coordinada de todos los países en 
la formulación y ejecución de los programas sociales, juega en 
beneficio de todos  asegurando economía de recursos. De adoptarse 
este enfoque, las investigaciones básicas necesarias de realizar para 
vertebrar los programas sociales podrán desarrollarse coordinadamente 
entre los diversos países compartiendo entre todos los costos y los 
beneficios resultantes. Idénticos procedimientos podrían seguir los 
países en la producción de insumos y materiales de consumo que 
requieren los diferentes programas, en la formación de cuadros para 
la gestión de los programas sociales, en la adopción de sistemas 
homogéneos de administración pública en materia de educación o salud, 
etc.    
 
Mientras que las fuerzas de la cooperación marcarán la tónica de las 
actividades de los sectores públicos y de las organizaciones sociales-
comunitarias de los países para  enriquecer los campos de la 
política, de lo  institucional, de la infraestructura pública y del 
desarrollo social, cultural, tecnológico y científico, la esfera de 
la competencia económica, centrada en la economía de libre mercado, 
se desplegará plenamente entre los sectores privados que gravitan en 
cada país. La acción complementaria de las dos fuerzas referidas 
determinará la dinámica de los procesos económicos y sociales de la 
integración en el seno de la CSN.    


3. La Integración a partir de lo social

Para dimensionar con realismo las magnitudes de los problemas 
sociales en cada país será preciso generar un consenso sobre 
metodologías de medición a aplicarse en todos los países. A 
posteriori, cada gobierno informará a la CSN su decisión respecto a 
los plazos y metas posibles para resolver los principales problemas 
referidos en cada variable social fijando presupuestos, cronogramas 
de ejecución, esquemas operativos y mecanismos verosímiles de 
verificación. Entre los problemas más acuciantes que deberían 
integrar una Agenda Social de la Integración, figuran los siguientes: 
desempleo, pobreza, extrema inequidad en las relaciones de ingresos 
entre estratos sociales, previsión social, déficit en alimentación, 
viviendas, educación, agua potable, cloacas, salud, etc.  

En la práctica de un proceso de integración a partir de lo social, se 
trataría de aplicar en los países de la CSN el mismo esquema 
coercitivo y cooperativo que aplican los países europeos para regular 
los niveles de sus respectivas economías. Los acuerdos de Maastrich, 
por ejemplo, determinan las superficies de máxima desviación para las 
principales variables macroeconómicas: déficit fiscal, inflación, 
monetización, tasas de cambio, etc. Fuera de los bordes establecidos 
por el acuerdo, operan los mecanismos regulatorios y los países están 
obligados a retornar a situaciones de equilibrio. Paralelamente, una 
cadena de indicadores posibilita asignar, mecánicamente, recursos 
comunitarios en las regiones de menor desarrollo relativo para 
impulsar sus procesos de inversión, transformación y desarrollo. En 
el ámbito de la CSN, este mecanismo permitirá controlar la resolución 
de los problemas sociales que aquejan, desde largo tiempo, a cada uno 
de los respectivos países. Todo incumplimiento, cuando no fuera el 
resultado de factores aleatorios, imprevisibles, de naturaleza 
incontrolable, obligará a los gobiernos a adoptar inmediatas 
correcciones. 

El proceso de integración desde lo social debe iniciarse al interior 
de cada gobierno utilizando la cooperación técnica de equipos 
especializados articulados por la propia CSN. Los organismos 
competentes definirán las metas, cronogramas e instrumentos que el 
país se propone adoptar para resolver cada uno de los principales 
problemas sociales asegurándose de  su consistencia técnica y 
factibilidad política, administrativa y financiera. Va de suyo que 
tales definiciones tendrán que ser acordadas al interior de cada 
sociedad y que los plazos no deberían superar los 10 años. A 
posteriori, tendrán que ser compatibilizados, consensuados y asumidos 
en el ámbito de la CSN. A partir de su difusión, las decisiones de 
cada gobierno definirán la magnitud de los  compromisos instituidos 
por los países frente a sus sociedades tomando en consideración que 
el cumplimiento de las metas podrá requerir de tiempos que exceden la 
normal duración de los gobiernos. En cada país integrante de la CSN, 
estaríamos asistiendo a la formulación consistente de su respectivo 
Proyecto Nacional. 

En el caso del  desempleo, por ejemplo, cada gobierno analizaría sus 
alternativas de resolución y, en función de tales evaluaciones, 
definirá tanto los períodos mínimos necesarios para   su resolución - 
10 años, por ejemplo - como el conjunto de políticas instrumentales a 
ser utilizadas, los requerimientos anuales de inversión y 
financiamiento público necesario para cubrir la creación de puestos 
de trabajo y los programas asistenciales que tendrán que aplicarse 
para que ninguna familia dejara de percibir un ingreso social básico 
de vida digna. 

La mecánica expuesta introducirá en la cultura institucional de 
nuestros países un cambio profundo en la gestión pública incorporando 
la Planificación como método de gobierno. De hecho, cada 
administración tendrá que explicitar sus planes, políticas, programas 
y proyectos para alcanzar los objetivos sociales poniendo en 
evidencia sus implicaciones económicas y financieras y señalando las 
reformas de carácter legal que serán necesarias para su plena 
institucionalización. Sobre los mismos temas, los partidos políticos 
tendrán que competir entre sí presentando ante la sociedad sus 
respectivas propuestas para conseguir su adhesión. El espacio para la 
ignorancia, la mentira y la improvisación se reduciría 
significativamente forzando, en la clase política,  mensajes de 
coherencia y responsabilidad institucional.

Como es natural, el esfuerzo financiero anual de crear los empleos 
necesarios para cumplir la meta de eliminar este flagelo en los 
próximos 10 años, por ejemplo, variará de país a país, según sean las 
dimensiones del desempleo en cada país y los costos unitarios de 
creación de cada puesto de trabajo.  Si la meta propuesta fuese 
inviable por insuficiencia de capacidad operativa o de recursos 
financieros, los gobiernos podrán  evaluar, como alternativas 
posibles, reducir los costos unitarios de cada puesto de trabajo 
alterando la tecnología, adoptando modelos comunitarios de 
organización del trabajo en mercados sociales; ampliar el número de 
años para resolver este problema o, por último, desechar la meta de 
eliminar completamente el desempleo y aceptar, en cambio, un objetivo 
menor de reducirlo hasta un 5 %, nivel considerado como desempleo 
estructural.  

(sigue en parte 2 de 2 partes)

Este correo lo ha enviado
Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar
[No necesariamente es su autor]
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"La patria tiene que ser la dignidad arriba y el regocijo abajo".
Aparicio Saravia
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