[R-P] Bolivia: Una opinión sobre la nueva política económica y el MAS

[Nestor Gorojovsky]

Gentileza de Carlos Carvajal Nava

LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA Y EL GOBIERNO DEL MAS

A pesar que la convocatoria a elecciones generales fue una salida de 
la oligarquía para frenar las movilizaciones encaminadas a recuperar 
los hidrocarburos, la otra era el golpe militar, elpueblo asistió a 
definir con su voto entre dos opciones diferenciadas: de un lado el 
continuismo neoliberal representado por PODEMOS de Jorge Quiroga 
R.,el único candidato presidencial sobreviviente después de las 
jornadas de octubre de 2003 y mayo-junio de 2005, y de otro lado la 
alternativa de cambio representada por el líder campesino Evo 
Morales, en representación del Movimiento al socialismo (MAS), como 
la mayor fuerza política de oposición a la "partidocracia".

 El triunfo contundente con poco más del 53 % de la votación obtenida 
por el MAS, constituye un hecho trascendental no solo porque es el 
primer indígena que accede a la presidencia de la República por vía 
electoral, sino porque representa el rechazo a la política vigente en 
los últimos veinte años. Es indudable que el elemento fundamental 
para esta votación que dio al traste con el más conspicuo 
representante del neoliberalismo, después de Sánchez de Lozada, fue 
la toma de conciencia del pueblo a partir de las jornadas de octubre 
de 2003, demandando la recuperación de la propiedad de los 
hidrocarburos de manos de las petroleras y la industrialización del 
gas natural. En perspectiva este resultado significa una especie de 
consenso social en favor de la candidatura que podríamaterializar 
esas demandas y paralelamente convocar a la Asamblea constituyente 
para reconstituir el Estado nacional y fortalecer la unidad nacional, 
frente al intento de dos gobiernos del exterior para dividir a 
Bolivia, en complicidad con la oligarquía nativa, y continuar con el 
saqueo de nuestros recursos.

 Por el contrario las propuestas de los candidatos neoliberales 
significaba profundizar el modelo privatizador y la sumisión a los 
dictados de las petroleras determinando la inviabilidad del Estado 
Nacional, el abandono de la industrialización y el mayor 
empobrecimiento y marginación de la mayoría de los bolivianos. La 
opción del pueblo era clara y en esa perspectiva cabe destacar el 
apoyo otorgado por amplios sectores de la clase media a la opción de 
cambio, en identidad con las demandas de octubre y de rechazo a la 
política neoliberal.

 La composición política del MAS y el cambio del modelo económico.- 
Si el MAS quiere dar solución a las demandas del pueblo y consolidar 
el Estado Nacional - sin esperar como tabla de salvación la Asamblea 
Constituyente - requiere dos requisitos: En lo político asumir la 
condición subjetiva del proceso de transformación trastocándose, con 
base en el importante apoyo social, en un gobierno patriótico y de 
unidad nacional con proyección de largo plazo, dotándose de un 
profundo contenido ideológico de izquierda que actualmente no lo 
tiene La heterogeneidad de clases existentes en el MAS requiere la 
consolidación de una estructura partidaria que lidere la 
transformación que exige el momento con doctrina revolucionaria y 
patriótica. En segundo lugar,cambiar las bases sustantivas del modelo 
neoliberal en función de las favorables condiciones objetivas 
existentes

A partir de ambas condiciones puede determinar medidas que 
signifiquen la recuperación de la soberanía nacional, a través del 
control efectivo de sus recursos hidrocarburíferos y mineros, 
incluyendo la refinación, el transporte y la comercialización a cargo 
de YPFB y la COMIBOL respectivamente, en el marco de la CPE; la Ley 
3.058 de hidrocarburos, el referendum sobre política petrolera y la 
Ley 2.400 de restitución de la Corporación minera de Bolivia. Esta 
decisión deberá ser asumida de manera inmediata por el Poder 
ejecutivo, quedando en manos del Estado el control de sus recursos 
estratégicos, anulando cualquier posibilidad de vigencia de los 
contratos de riesgo compartido; postergar las licitaciones en curso 
caso del Mutún; modificar los precios solidarios de exportación de 
gas natural, así como revisar el TLC con Chile. Todo ello en el marco 
del cambio de la política económica vigente desde 1985.

 En el programa de gobierno y declaraciones de los responsables del 
MAS se señala que la nacionalización de hecho está contemplada en la 
actual Ley de hidrocarburos y que los actuales Contratos de riesgo 
compartido deberán convertirse en Contratos de servicios en el marco 
de la Ley 3.058. Esta aseveración no solo no es evidente sino, para 
que el Estado recupere el dominio y la propiedad de sus recursos, el 
Poder ejecutivo debe promulgar uno o dos decretos supremos amparado 
en la Carta magna; en la ilegalidad de los contratos y la no 
migración de los mismos, restituyendo a YPFB como empresa autárquica 
la cual, en representación del Estado boliviano, asuma la propiedad 
de los hidrocarburos y los contratos de exportación actuales y 
futuros..

 Es indudable que la transición al nuevo modelo de desarrollo 
económico y social requiere cambiar los parámetros fundamentales en 
los cuales se sustenta el modelo neoliberal y que se resumen en la 
libertad de los mercados de bienes, de trabajo y financiero; la 
apertura comercial irrestricta; el sector privado como motor del 
desarrollo en reemplazo de las empresas públicas; la privatización y 
la desregulación de precios, los que precisan ser desmantelados.

 En consecuencia el nuevo patrón de desarrollo a instaurarse por el 
grupo hegemónico debe plantear la concepción de un nuevo Estado y una 
nueva sociedad que, sin vulnerar la actual Constitución política del 
Estado signifique el inicio de la construcción de la nueva Bolivia y 
la base u orientación de la futura Asamblea constituyente. Las 
medidas y los lineamientos de la política de Gobierno deben servir al 
mismo tiempo de marco referencial para la elaboración de una 
estrategia de largo plazo que permita cumplir etapas y procesos de 
transformación de corto y mediano plazo en la estructura económica 
política e institucional

La implementación de esa estrategia de desarrollo será posible una 
vez que el Estado tome el control de sus recursos y sus empresas, 
permitiéndole fijar metas de inversión y producción sectorial y 
regionalincluyendo el problema de la tierra; las políticas de precios 
internos y externos, la distribución, el transportey la 
comercialización de bienes y servicios; el comercio exterior, la 
deuda externa así como la infraestructura, la educación, la salud y 
la vivienda en el marco de un sistema deplanificación que regule la 
política económica nacional.

 Paralelamente la Ley de hidrocarburos requiere ser modificada en 
función de la estrategia de desarrollo nacional, estableciéndose un 
nuevo Código del petróleo. Para el sector minero se precisa un nuevo 
Código de minería que promueva la explotación y refinación de 
proyectos mineros como San Cristóbal, San Bartolomé y otros, con una 
nueva tributación, regalías y condiciones modificándose los contratos 
negociados inconstitucionalmente por los gobiernos anteriores.

 En materia de precios, una vez que el Estado tenga el control sobre 
el petróleo y el gas natural será factible rebajar los precios de los 
combustibles en el mercado interno en función de sus verdaderos 
costos de producción, favoreciendo el consumo y el poder adquisitivo 
de los salarios; eliminar las subvenciones que son pagadas a las 
petroleras para mantener precios bajos del diesel, el GLP y otros 
combustibles, así como posibilitar la reducción de los costos de 
producción de la agricultura oriental, la industria y el transporte, 
además de permitir la disminución del principal alimento del pueblo: 
el precio del pan.

 La política financiera y fiscal al servicio del modelo neoliberal 
debe ser modificada en función del desarrollo productivo y la 
distribución y redistribución del ingreso. Los costos fiscales 
emergentes del esquema de ahorro forzoso (AFPs), deberán ser 
revertidos a partir de la revisión y/o anulación del proceso de 
capitalización, para posteriormente reiniciar el Sistema de pensiones 
de carácter solidario. La constitución de una Comisión de política 
monetaria, fiscal y de pensiones puede lograr metas inmediatas en el 
incremento del ahorro interno, la reducción de gastos innecesarios en 
el sector público y particularmente la modificación de las tasas de 
interés bancario en concertación con los propietarios de bancos. El 
plan de desarrollo deberá programar la creación de bancos o 
Instituciones de fomento sectorial en función de las metas de 
desarrollo productivo.

 En materia salarial, actualmente los salarios están indexados a la 
inflación interna o lo que curiosamente se denomina UFV, mientras 
rige el salario mínimo de 440 bolivianos y existe el artículo 55 del 
DS 21.060 que regula el mercado de trabajo en favor de los 
empresarios o patrones. El DS 21.060 puede ser abrogado de manera 
inmediata y retomar la Ley general del trabajo, la cual 
posteriormente puede ser modificada. El Gobierno en lugar de 
pantallazos intrascendentes sobre posibles reducciones de las 
remuneraciones del Presidente de la República y los ministros, 
manteniendo el resto inalterado, requiere establecer una nueva 
estructura funcional y salarial para todo el sector público, quedando 
la implementación de la política económica en un Consejo económico y 
social, encargado además de plantear políticas de renegociación del 
servicio de la deuda externa e interna con países y organismos 
internacionales, así como de la deuda contraída por el Tesoro general 
de la Nación con las Administradoras de fondos de pensiones, en tanto 
se determine su situación.

 El poder adquisitivo de los salarios inicialmente podrá ser mejorado 
a través de la reducción de precios de los combustibles y otros 
bienes y servicios,para posteriormente encarar la reactivación 
económica vía incremento de la demanda mejorando los salarios 
mínimos, una vez se incrementen los ingresos fiscales mediante el 
establecimiento de impuestos al patrimonio e ingresos elevados; el 
aumento de la productividad, la reducción de gastos superfluos la 
eliminación de superintendencias y la reducción de las remuneraciones 
del cuerpo diplomático, ejercito, policía, poder legislativo y 
judicial, además de la eliminación de los sobresueldos, consultorías 
y gastos reservados. La cara del hambre, el desempleo y la 
desesperación no tiene color ni origen por ello el futuro Gobierno 
deberá dar señales claras para solucionar estos acuciantes problemas.

 En materia de convenios internacionales existe la posibilidad de 
establecer procesos de integración conpaíses de la región, de acuerdo 
a las conversaciones efectuadas por el Presidente electo, lo que 
puede permitirla obtención de materias primas, maquinarias y equipos 
a cambio de productos energéticos y excedentes agrícolas 
posibilitando la reactivación del aparato productivo y la reapertura 
de centros industriales -cerrados por el modelo neoliberal- con el 
consiguienteincremento de fuentes de empleo de carácter permanente. 
El contrabando, así como la introducción ilegal de bienes, ropa y 
vehículos debe ser suprimida a través del control fronterizo por 
parte del ejercito para avanzar en el proceso de industrialización a 
partir de nuestros recursos agropecuarios y energéticos.

 En conclusión, está latente en la conciencia social la perspectiva 
de construir un nuevo Estado soberano participativo y equitativo que 
además de brindar oportunidades de trabajo y perspectivas de 
mejoramiento de la situación actual, permita el desarrollo de su 
capacidad productiva vía industrialización del gas natural. Esta 
importante tarea debe estar a cargo de YPFB con toda su capacidad 
autárquica anterior. La conducción de este sector deberá estar a 
cargo de un Consejo de energía encabezado por un Ministro de 
hidrocarburos con visión y conciencia patrióticas, al margen de las 
prebendas y compadreríos. Se trata de una responsabilidad tan grande 
que trasciende los límites de un determinado movimiento o fracción 
política así sea del partido que ganó las elecciones.

 La política neoliberal ha demostrado que no es suficiente hacer 
buena letra con el FMI a través de algunos indicadores 
macroeconómicos como el crecimiento del Producto interno bruto a 
tasas del 4 %, niveles que ya fueron obtenidos en años anteriores sin 
percibir beneficios a favor del puebloEl nivel de reservas 
internacionales por encima de los mil seiscientos millones de dólares 
es insuficiente para encarar un proceso de reactivación sostenido y 
sólo refleja la política contractiva neoliberal. Esas reservas 
podrían haber estado cerca a los cinco mil millones de dólares de no 
haberse entregado nuestros hidrocarburos a las petroleras. La baja 
tasa de inflación sólo significa deflación y reducida capacidad de 
consumo de la población. El crecimiento de las exportaciones y el 
bajo déficit fiscal, corresponden a la exacción de nuestro gas 
natural y minerales como materia prima con destino a los mercados del 
Brasíl, Argentina, Chile y Estados Unidos. Los más de dos mil 
millones de dólares exportados benefician a las transnacionales 
petroleras y otras empresas extranjeras asentadas en la minería y la 
agroindustria. En cuanto a la reducción del déficit es producto del 
malabarismo en el manejo de las cuentas fiscales y si bien existe un 
aumento poco significativo de los ingresos, producto de la 
exportación de materias primas, implica mantener las condiciones 
depauperantes en salud y educación, frente al incremento de las 
remuneraciones de la elite gobernante y el pago del servicio de la 
deuda, postergando las perspectivas de generación de fuentes de 
empleo, mejores salarios y mayores asignaciones para educación, salud 
e infraestructura básica.

 Si bien la Ley 3.058 ha incrementado el pago de impuestos y regalías 
al 50 %, distribuidos a las prefecturas, alcaldías, universidades y 
el gobierno central, por el otro lado se paga a las petroleras por el 
petróleo que nos pertenece y por las subvenciones del diesel oil y el 
gas licuado. Sin embargo, a pesar de las supuesta situación económica 
favorable no existen recursos para pagar salarios justos a los 
trabajadores, más aún cuando existen diferencias aberrantes entre un 
salario mínimo de 440 bolivianos y remuneraciones de más de veinte o 
treinta mil bolivianos para la tecnocracia neoliberal.

 Otros países están en el camino de la independencia económica 
manteniendo sus empresas estratégicas en manos del Estado. Sin 
embargo el pueblo boliviano es ejemplo de conciencia nacional y 
patriótica -para el resto de Latinoamérica- al plantear su lucha por 
reivindicar sus derechos sea en elecciones o la movilización popular. 
El proceso electoral ha configurado un nuevo escenario económico 
político y social en el que las mayorías excluidas han dado su 
veredicto por el cambio. A partir de sus resultados es necesario 
organizar en todos los niveles sectoriales, regionales, provinciales, 
pueblos y comunidades indígenas comités de defensa de los recursos 
naturales, de la tierra y territorio. Es necesario impulsar el nuevo 
proceso social dotándole de contenido ideológico, en una visión 
global de desarrollo dejando de lado los intereses gremiales y 
regionales, para enfrentar los resabios oligárquicos que pretenden 
mantener sus prebendas y hacer fracasar las perspectivas de 
transformación revolucionaria Es hora de defender aquello que por 
derecho pertenece al pueblo.

 La Paz, Enero 12 de 2006 


Este correo lo ha enviado
Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar
[No necesariamente es su autor]
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"La patria tiene que ser la dignidad arriba y el regocijo abajo".
Aparicio Saravia
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