[R-P] Narcoejércitos

[jorge tribo]

ESTIMADOS:

Con este artículo de Verbitsky publicado en Pagina12
coincidirá hasta el amigo Edgar Smith.
En efecto, el neoliberalismo impone el concepto de la
privatización de los servicios públicos,reemplazando
al Estado y considerando a estos como meros
"productos", sin percatarse la "gilada" (Edgar
dixit)que esta forma jurídico empresarial permite a
los servicios de inteligencia extranjeros desembarcar
en los países periféricos inclusive en actividades tan
sensitivas como es la "seguridad", cuyos efectos serán
mas letales que el provocado por el neoliberalismo al
alzarse con la propiedad de los medios de
comunicación.
Justo es destacar que, mientras se busca justicia
tratando de juzgar a la internacional negra vinculada
a la CÍA(Red Gladio, bloque europeo de la OTAN), por
otra parte, los embajadores Americanos se llenan la
boca en elogios acerca de los acuerdos logrados en
materia de "seguridad" en la lucha contra el
"terrorismo internacional" (eufemismo referido a la
represión de toda oposición al saqueo imperial, ya
aplicado en estas latitudes a través del Plan Cóndor),
el Ministerio de Interior firmó convenios de seguridad
con el estado sionista (Ídem el gobernador de La Sota
y otros), y el Ministro de Seguridad Arslanian envió
en el año 2003, a oficiales de la bonaerense a
formarse en la lucha contra secuestros con el Estado
Colombiano, emulando así al propio Ripley (¡Aunque
Usted No Lo Crea!), no está de mas recordar que el
presidente Alvaro Uribe figura en los listados del
pentágono como miembro del Cartel de Medellin, ante
esta "renovación", cabe preguntarse si las purgas
masivas de la bonaerense impulsadas por Arslanian
apuntan a depurar las instituciones del estado o a
"dotar" de cuadros "formados" a estos organismos de
"seguridad" privados.

Jorge A. Tribó


Narcoejércitos
    
Por Horacio Verbitsky
El gobierno de la provincia de Buenos Aires se propone
conseguir hoy la sanción de una ley de agencias de
seguridad privada que en el mejor de los casos
permitirá la equiparación de los sistemas público y
privado de seguridad y en el peor el establecimiento
de verdaderos narcoejércitos. El sistema que se
pretende aprobar a la disparada suprime restricciones
al origen de los capitales y límites al número de
efectivos y privilegia la sociedad anónima o la
sociedad de responsabilidad limitada como forma
societaria, lo cual oscurecerá la propiedad y
disminuirá el control.

La autoridad de aplicación será un directorio de
cuatro integrantes con diez años de estabilidad, es
decir hasta dentro de dos o tres gobernadores. La
difusión oficial presentó la ley como un mecanismo de
control de patovicas, luego del asesinato de un
adolescente en una discoteca de Lanús, y de
habilitación de guardias vecinales desarmados. Sin
embargo, suprime la exigencia actual de que los
patovicas lleven uniforme y no porten armas.

Desde hace años se afirma la sospecha de que empresas
de seguridad privada extranjeras, vinculadas con los
servicios de informaciones de sus respectivos países,
además de vender protección e inteligencia
empresarial, realizan inteligencia política. El año
pasado la estadounidense Kroll fue acusada de espiar a
dos ministros del Brasil y en la Argentina el
escribano Raúl Juan Pedro Moneta usó esos servicios
para denigrar a quienes cuestionaban su estilo de
hacer negocios. Así se abre la puerta también al
modelo colombiano, brasileño o mexicano de los
narcoejércitos.

El proyecto autoriza a las empresas de seguridad
privada a fabricar su propio material, a instalar
dispositivos electrónicos y transmitir señales, aunque
formalmente siga prohibida la intercepción de
comunicaciones. El gobierno sólo contaba el año pasado
con quince personas para controlar a cerca de 800
agencias con 45 mil hombres. Aún así encontró
irregularidades en el 94 por ciento de las que
inspeccionó, con sofisticados armamentos y equipos de
comunicación sin declarar.

Sumada a la reforma procesal penal que también podría
tratarse hoy, esta ley constituiría el más grave
retroceso en cuestiones de seguridad, justicia y
derechos humanos desde la gestión del ex gobernador
Carlos Rückauf y sus inolvidables ministros Jorge
Casanovas, Aldo Rico y Ramón Orestes Verón. Esto hace
injustificable el vertiginoso trámite que le imprimió
el gobierno, con el propósito de evitar cualquier
debate, sobre un tema que afectará la vida y la
libertad de las personas.


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