[R-P] Infomoreno Sectores reaccionarios de Bolivia pretenden parar la nacionalización

[José María Cavalleri]

Sectores reaccionarios de Bolivia pretenden parar la nacionalización


  Cuando una Nación retoma la propiedad del Subsuelo, cuando las regalías 
suben del 18 al 50%, cuando la renta que recibe el Estado aumenta al 82% (la 
más alta de Sudamérica después de Venezuela), cuando todas las concesiones 
se reconvierten en empresas mixtas con mayoría estatal y mayoría en el 
directorio, cuando renace la gestión del gas y petróleo con YPFB, que había 
sido denostada y puesta en el altillo de los recuerdos (como su modelo, 
aunque la YPF argentina fuera entregada con sigla y todo), y cuando, más 
allá de opiniones exquisitas, la mayoría del pueblo vive la fiesta de la 
alegría y del jolgorio porque tiene dirigentes nacionales dignos, los 
sectores de la derecha económica que vivieron entregando los recursos 
naturales bolivianos parecen despertarse para luchar contra este proceso en 
marcha de la nacionalización.

La reunión de la Asamblea Constituyente , donde la mayoría la tienen hombres 
y partidos que acompañan la política recuperadora del gobierno, pone más 
nerviosos a los sectores minoritarios, viendo cómo cada vez más se alejan 
del poder, de un poder reconvertido en servidor de la voluntad popular y no 
de la voluntad de las empresas petroleras.

Siempre hay algún motivo por el que se disimula la intención principal y en 
este caso se actuó condenando un error en la aceptación de un contrato que 
realizara la renaciente YPFB. Los argentinos conocemos bien el sistema de 
golpear las políticas de fondo criticando hechos formales.

Pero el complot salió mal a los partidos antinacionalizadores. Tan es así, 
que ahora, tardíamente, se ven obligados a presentar una Ley de 
Nacionalización del Gas y del Petróleo (que no se necesita porque el 
gobierno ya dictó el Decreto Soberano) para disfrazar el pedido de la misma 
bancada de diputados para un proyecto de ley pretendiendo todo lo contrario: 
la anulación de las normas de nacionalización.

Los objetivos de detener el proceso nacionalizador y de echar del gobierno 
al prestigioso ministro de Hidrocarburos, el doctor Andrés Soliz Rada, 
salieron como un tiro por la culata. La respuesta nacional de Evo Morales no 
tardó mucho en darse:

a) Frente a la medida de censura de los legisladores, el presidente Morales 
ratificó inmediatamente a Soliz Rada como ministro del área.

b) El viernes 24 Bolivia nacionalizó el Parque Nacional y Área de Manejo 
Integrado Medidí, en el Departamento (provincia) de La Paz , en el marco del 
Plan de Recuperación y Protección de las Reservas Forestales. En el Parque 
Medidí, a pesar de ser parque nacional, tenían permisos de exploración las 
petroleras Repsol y Petrobrás, ambas complicadas en el negocio de la 
exportación del gas boliviano. Obviamente, el permiso y concesión 
hidrocarburíferas de estas empresas quedaron sin efecto.

c) La nacionalización de la riqueza forestal, que limita la explotación 
hidrocarburífera, se ha extendido a 20 áreas de recuperación, en especial en 
áreas de frontera cercana al Perú, donde desde ese país actuaban empresas 
sobre los recursos naturales bolivianos.

d) La Justicia , de hecho, adhirió a la política nacionalizadora cuando la 
Fiscalía nacional allanó la empresa Repsol (Andina) para hacerse de la 
información que no facilitaba, también respecto de otros contratos de 
"exportación" de gas de Bolivia. El hecho es que si bien el pedido de 
prisión de los funcionarios principales de Repsol y Petrobrás en Bolivia no 
ha sido otorgado plenamente, el juez dictó la prisión domiciliaria, 
demostrando que ahora las petroleras no las tienen todas consigo.

Hay dos respuestas al poder petrolero extranjero: allanarse y hacer lo que 
siempre hicieron, o resistir con mayor decisión, con medidas coherentes y 
con mucha inteligencia, acompañando la voluntad popular. Esto es lo que está 
haciendo el gobierno boliviano, al que debemos apoyar, aún con nuestros más 
humildes medios.


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NOTAS Y DOCUMENTOS
Dan arresto domiciliario a síndico de Andina-Repsol

  por El Mundo*

La nota describe la nueva estafa gasífera realizada por Repsol y Petrobrás 
contra la población boliviana. La denuncia de la Fiscalía y la Justicia 
boliviana fue ampliamente respaldada por el ministro de Hidrocarburos, 
Andrés Soliz Rada.

El síndico de la compañía petrolera Andina-Repsol, Saúl Carlos Encinas 
Miranda, guardará arresto domiciliario sin custodia con libertad irrestricta 
sólo para asistir a su fuente de trabajo, además del compromiso de 
presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de 
evitar “su fuga” para no obstaculizar el proceso investigativo de un 
presunto contrato lesivo al país, entre la firma Andina y la brasileña 
Petrobrás, por un monto cercano a los 200 millones de dólares.

Así dio a conocer su conclusión el juez de turno de este sábado, Jimmy López 
Rojas, en la audiencia cautelar realizada en la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (FELCC) donde los representantes del Ministerio Público 
encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, solicitaron al juez López 
la detención preventiva del imputado (es decir acusado) Encinas Miranda, por 
participar en la firma del señalado contrato que causó daño al Estado 
boliviano.

Sin embargo, el juez López Rojas, luego de escuchar la audiencia de las 
partes que presentaron sus respectivos cargos y descargos documentados entre 
las 17:30 y 18:30 de ayer, encontró que el síndico por el Estado, Saúl 
Encinas, no había participado en la firma del contrato lesivo el 30 de 
octubre de 2002, que fue la causal de la imputación, sino que había 
ingresado en su calidad de fiscalizador (síndico) a Andina el año 2003.

Y por ello, pese a la apelación del fiscal Centenaro Cardozo quien insistió 
en la detención preventiva del síndico-fiscalizador de la petrolera por no 
haber denunciado el daño económico al país cuando se exportaba gas al Brasil 
por un precio menor (entre 1,12 y 1,25 dólar el millar de BTU) a lo 
establecido en el mercado internacional, el juez López Rojas determinó dejar 
en libertad al acusado aplicando las medidas sustitutivas señaladas.

De esa manera fue decidida una de las instancias del proceso de 
investigación del acuerdo entre Andina-Repsol y Petrobrás, que fue 
calificado como lesivo al Estado boliviano por parte del Ministerio Público, 
que a través de sus representantes, señaló ayer en la audiencia cautelar, 
que ninguno de los ejecutivos de Andina se encontraba en la empresa el día 
del allanamiento que fue el viernes, cuando secuestraron documentación para 
verificar y acumular pruebas sobre la presunta estafa al país que 
desencadenó los operativos del Ministerio Público desde el viernes último.

DATOS DE LA DENUNCIA

Este último mes el actual síndico de la petrolera Andina (Repsol), Gabriel 
Camacho Cuéllar, denunció la existencia de un contrato “lesivo” al país por 
161 millones de dólares desde 2002.

OPERATIVO

El viernes último cerca del mediodía seis fiscales del Ministerio Público, 
encabezados por el fiscal José Centenaro Cardozo, allanaron las oficinas de 
la firma petrolera Andina-Repsol, secuestrando documentación para comprobar 
la denuncia de estafa al país, y determinaron la aprehensión del síndico 
Saúl Encinas.

IRREGULAR

La Fiscalía señaló que el día del allanamiento ninguno de los ejecutivos fue 
visto en instalaciones de la petrolera Andina, y que de acuerdo al extracto 
de migración, se había comprobado que habían salido del país.

FISCALÍA ASEGURA CONTAR CON INDICIOS SUFICIENTES PARA PROCESAR A PETROLERA

Todos los argumentos esgrimidos, señaló la Fiscalía , permiten al Ministerio 
Público tener la certeza que los firmantes del acta 08/2002 y el “Contrato 
de Volatilidad de Precio de Gas”, actuaron en conjunto de manera dolosa para 
perjudicar al Estado boliviano y obtener jugosos beneficios económicos en 
desmedro del país.

Ello habría demostrado, según el Ministerio Público, que los acusados 
adecuaron sus conductas al tipo penal previsto y sancionado en el artículo 
335 con relación a los artículos 346 y 13; toda vez que los administradores 
y síndicos de la empresa petrolera Andina SA, tenían la obligación de velar 
y cuidar los intereses de todos sus representados, pero se asociaron con 
pseudo representantes legales de Petrobrás, y “actuando de manera engañosa y 
fraudulenta para provocar el error de todos los bolivianos... les permitió 
no sólo labrar un contrato amañado, sino, mantenerlo a espaldas de los 
dueños naturales del producto para sacar provecho de tal situación”, señaló 
con énfasis el Ministerio Público en su imputación, que será presentada este 
fin de semana.

Sin embargo, continuó el Ministerio Público, no sólo son responsables 
penales los que dieron vida al contrato irregular, sino también todos los 
directores de Andina que estuvieron aprobando de manera constante la 
vigencia del falso contrato en diferentes Actas de Reunión de Directorio de 
Andina SA; “tal es el caso de los directores Sergio Argento Maradei, Miguel 
Cirbian Krutzfeldt..." (ver I Textual), los cuales no sólo respaldaban el 
“ilegal” contrato, sino que estuvieron en las reuniones de directorio que 
avalan las Actas 5 del 29 de octubre 2003, 2 del 18 de marzo 2004, 3 del 06 
de mayo 2004, Acta 5 del 16 de junio de 2004, 6 del 16 de julio 2004 y Acta 
8 del 21 de septiembre de 2004.

Finalmente la Fiscalía dijo que todas las “bondades” del Contrato de 
Volatilidad que había permitido conseguir vender mayor volumen de gas a 
Petrobrás, olvidaron que dichas ventas estaban dentro de lo programado en el 
Contrato real y verdadero celebrado entre el Estado Boliviano a través de 
YPFB y Petrobrás SA; extremos que “nos permiten sostener con absoluta 
convicción que participaron y prolongaron el engaño a los bolivianos para 
saquear el país y beneficiar a las empresas transnacionales del petróleo, y 
por consiguiente la conducta de todos y cada uno de ellos se ajusta al tipo 
penal ya descrito líneas arriba”, concluyeron los fiscales.

TESTIMONIO I: IMPUTACIÓN

En la investigación que practica el Ministerio Público, dentro del caso 
signado con el número Proceso Fiscalía 01/2006, iniciado a denuncia del 
señor Herman Gabriel Camacho Cuéllar, en su condición de director de la 
empresa petrolera Andina SA, y el señor ministro de Hidrocarburos y Energía 
de la Nación boliviana, contra los responsables del daño económico al Estado 
de Bolivia y la sociedad en su conjunto, por la suscripción del contrato de 
‘Reducción de Volatilidad de Precios de Gas Natural' celebrado entre los 
“representantes legales” de Petrobrás SA, y la empresa petrolera Andina SA, 
se desprende que contra los investigados Rubén Patritti Leiva (presidente), 
José María Moreno Villaluenga (vicepresidente), Oscar Orona (director 
secretario), Ernesto López Anadon (director vocal), Hugo Tormo Albino 
(director vocal), Alfredo Leigue Urenda (director vocal), Enrique Herrera 
(director vocal), Cristian Joffre (síndico titular), Jorge Piñeiro (sindico 
titular), Antonio Luiz Silva de Menezes, Luis Rodolfo Landim Machado, Sergio 
Argento Maradei, Miguel Cirbian Krutzfeldt, Francisco Moreno Schnietz, Mario 
Moreno Rivero, Juan Carlos Aguilar Perales, Saul Encinas Miranda, Selenita 
Céspedes Saucedo, Luis Ignacio Guzmán Suárez, Hugo Tormo Albino, Gonzalo 
López Fanjul, Julio Gavito Omaña, Pedro Sánchez Capomagi, Ernesto López 
Anadon, Daniel Horacio Bustos, Miguel Angel Vukelic Fernández y otros, 
existen sobrados indicios de que pueden ser autores y partícipes del delito 
tipificado como Estafa Agravada, tipo penal, que es de orden público y 
sancionado con privación de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a 
dos años y que también pueden ocultarse, fugarse, ausentarse del lugar u 
obstaculizar la averiguación en la comisión de los delitos investigados.

TESTIMONIO II: IMPUTACIÓN

El 16 de agosto de 1996, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y 
Petrobrás SA celebraron el contrato de venta de Gas por 30 millones de 
metros cúbicos por día como máximo, vigente hasta el 2019 y con un precio 
establecido inicialmente a 0.9075 dólares americanos, y ajustable de acuerdo 
al precio internacional del petróleo. Desde la celebración del contrato 
Petrobrás SA-YPFB, el precio del petróleo estuvo en alzada y obviamente el 
valor del gas vendido a Brasil tuvo un considerable incremento, tal como lo 
refleja la tabla internacional de precios que se adjunta.

El 28 de octubre de 2002, el directorio de Andina SA, reflejado en el Acta 
08/2002, acordó de forma unánime aprobar el Acuerdo de Reducción de 
Volatilidad de precios con Petrobrás. El Acta referida se aprobó el 30 de 
octubre de 2002, se firma el Contrato de Volatilidad del Precio del Gas 
entre los “Representantes Legales” de Petrobrás, Antonio Luiz Silva de 
Menezes y Luis Rodolfo Landim Machado con el Gerente General de Andina José 
María Moreno Villaluenga. En el contrato se fija el precio del siguiente 
modo:

a) para el tercer trimestre del año 2002, dólar 1,15 el millar de BTU;

a)  a) para el cuarto trimestre 2002, dólar 1,125 el millar de BTU;

b)  b) para los años 2003 y 2004, dólar 1,125 el millar de BTU, más el 
índice de inflación de EEUU.

En el acta 08/2002 del 28 de octubre, menciona como presidente a Rubén 
Patritti Leiva, sin embargo, éste había dejado de ser por haberse revocado 
el Poder que tenía para fungir como tal, y estaba en su lugar Eduardo Rucci 
Tur y José María Moreno Villaluenga, tal como acusa el Instrumento 271/2001, 
además no se encontraba en Santa Cruz - Bolivia, tal como refiere el informe 
de Migración.

TESTIMONIO III: IMPUTACIÓN

Para celebrar el Contrato de Volatilidad de precio del Gas, no se hizo 
ningún estudio técnico que refiera la tendencia de baja del precio del 
petróleo y por ende del gas; por el contrario el precio estaba en constante 
alzada y las proyecciones internacionales así lo reflejaban por el momento 
de confrontación armada que vivía el mundo en los centros de mayor 
producción del petróleo. En la fecha que se celebró el contrato se fijó un 
precio de u$s 1,15 el millar de BTU, para el primer trimestre en forma 
retroactiva, pese a que el precio del gas era en ese momento de u$s 1,6474 
por MMBTU.

El “Escenario” que utilizó Andina para negociar el Contrato de Volatilidad, 
establecía “presión de precios a la baja” y posibles acciones de Petrobrás 
en el “GSA”; estos fundamentos eran falsos e irreales. La firma del Contrato 
de Volatilidad de Precio del Gas, tuvo un alto costo económico desde el 
primer día de la firma del leonino contrato, tal es así que Bolivia ha 
devuelto a Petrobrás a través de Andina por el contrato mencionado decenas 
de millones de dólares americanos .

Por último, el Contrato de Volatilidad de Precio del Gas, estaba sujeto a la 
más alta “confidencialidad”, esto indudablemente para asegurar el engaño al 
pueblo boliviano .

Andina había suscrito con YPFB el Contrato “Back to Back” al igual que los 
otros proveedores de gas, con el único y claro objeto que YPFB cumpla con su 
compromiso de venta de gas a Petrobrás SA. En el Contrato Back to Back , 
claramente se señalaba que la relación vinculante era entre YPFB y 
Petrobrás, no teniendo Petrobrás relación vinculante con Andina en su 
calidad de proveedor. De ello se deduce que Andina actuó de forma desleal y 
a espaldas de YPFB en perjuicio de los bolivianos.

*Diario El Mundo, La Paz, Bolivia. 27-08-2006.

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