[R-P] Se acuerdan de la inundacion de Santa Fe

[silvio ansaldi]

A TRES AÑOS DE LA CATASTROFE 



La Justicia procesó a 3 ex funcionarios por la trágica
inundación de Santa Fe 


Son el intendente, el ministro de Obras Públicas y el
director de Obras Hidráulicas provincial de entonces.
Los acusan de estrago culposo agravado por la muerte
de 18 personas, aunque en total murieron 150. 

 
UN SIMBOLO DE LA TRAGEDIA. En la plaza 25 de Mayo de
Santa Fe, ayer fueron plantadas 150 cruces de madera
para recordar a las víctimas de la inundación. 


Sibila Camps 
scamps en clarin.com


Entre las 150 cruces plantadas ayer en la plaza 25 de
Mayo, en memoria de las personas que murieron durante
o como consecuencia de la inundación, los vecinos de
Santa Fe recordarán hoy el tercer aniversario de la
catástrofe que dejó bajo el agua un tercio de la
ciudad. Llegan a esta fecha con un consuelo que tiene
gusto a poco: la Justicia acaba de reconocer la
responsabilidad de las autoridades en la tragedia,
pero sólo procesó a tres ex funcionarios.

El ex intendente Marcelo Alvarez, el ex ministro de
Obras Públicas, Edgardo Berli, y el ex titular de la
Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, Ricardo
Fratti, están acusados de estrago culposo agravado por
la muerte de 18 personas. El juez en lo penal Jorge
Patrizzi consideró que la muerte de otras 5 personas
no se debió al desastre. Nada dijo acerca de otras 127
que, según la documentación presentada por los
organismos de derechos humanos, fallecieron por la
misma causa (ver El sufrimiento...).

Varios días antes, intensas lluvias en el norte de la
provincia habían provocado grandes anegamientos en
áreas rurales, como también el desborde del río
Salado, que fue inundando poblaciones. Al llegar el
pico de la crecida a Santa Fe, el agua entró por el
noroeste, por no haberse concluido la obra de defensa.

Unos 130.000 habitantes debieron dejar su casa por sus
medios en medio del pánico, con el agua a la cintura o
en botes, la mayoría en plena oscuridad. Centenares
resistieron la noche del 29 de abril en los techos. En
el sur, el agua superó los 4 metros; allí fue donde
murió la mayoría de las 23 víctimas "oficializadas"
por el gobierno provincial. Ni éste ni las autoridades
comunales admitieron jamás su responsabilidad en el
desastre, algo que acaba de desmentir el juez
Patrizzi.

"Es insuficiente, pues debería estar procesada la
figura de máxima responsabilidad, el entonces
gobernador Carlos Reutemann", señaló Ricardo Hase,
abogado de Milagros Dermiyi y Jorge Castro, impulsores
de la acción penal. "Salió impune, y las mismas
pruebas contra los tres funcionarios sobraban para
procesarlo a él también", protestó Dermiyi.

Según dijo a Clarín el titular del Ente de la
Reconstrucción, Carlos Dallafontana, "sin contar la
obra de infraestructura, la provincia desembolsó unos
250 millones de pesos" para reparar unas 40.000
viviendas (también en otras localidades), arreglar más
de 2.000 vehículos, asistir a más de 2.000 pequeños
comercios y talleres no formales, y apuntalar
instituciones afectadas.

Pero las cifras mencionadas por el juez en su escrito
son muy superiores: 233,3 millones por daños y
pérdidas en unas 22.000 viviendas sólo de la capital,
y 1.088,9 millones en el sector industria, comercio y
servicios. "El promedio de lo recibido es de $ 4.015
por vivienda —dijo José Acosta, representante de los
afectados—. Y para cobrarlo tuvimos que firmar que no
reclamaríamos indemnización, lo que es
anticonstitucional. Nos hicieron renunciar a nuestros
derechos".

"Se aprovecharon de la situación de necesidad", se
indigna Iván Cullen, abogado patrocinante de la mitad
de los 10.000 afectados. "A las grandes empresas les
ofrecieron mucho dinero; al Club Colón, 3 millones. Y
a los que perdieron todo —los más necesitados de la
ciudad— no les cubrieron ni el 30% del daño", agrega
Cullen.

Después de alquilar durante 16 meses, Acosta y su
familia pudieron volver a su casa. "Hubo que cambiar
aberturas, revoques, cielorrasos, instalación
eléctrica y sanitarios. La pérdida de muebles y
electrodomésticos fue total —cuenta—. La recuperación
de la infraestructura del barrio es muy lenta, pero
más rápida en comparación con otras zonas". Barrios de
emergencia que debían ser provisorios, siguen
albergando a centenares de familias, denuncia la
Organización Carpa Negra de la Memoria y la Dignidad.
En los inaugurados hace poco no hay agua potable ni
cloacas.

"El daño mayor es la impunidad —concluye la directora
de la Escuela de Psicología Social de Santa Fe,
Mercedes Martorell—, pues cuestiona la relación
verdad-justicia-salud mental".



El sufrimiento de los que perdieron todo "sigue
intacto"


La Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe, que
cobija a tres organizaciones, fue la responsable de ir
informando al juez Jorge Patrizzi acerca de las
personas que murieron como consecuencia de la
inundación, en los dos años posteriores. "Ya suman
150, la mayoría en los primeros cuatro meses", señaló
Julia Gaitán.

Se pide abundante documentación y se analiza caso por
caso con médicos, psiquiatras y psicólogos. "Se busca
conocer si tenían o no patologías previas. En los
diabéticos, enfermos cardíacos y renales, es muy
fuerte ver cómo se agravaron a partir de la inundación
y terminaron falleciendo", contó. Estos casos, ni
siquiera mencionados en el auto de procesamiento del
juez, fueron informados a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.

Esas presentaciones también incluyen la documentación
de los más de 100 "secuelados", término adoptado en
Santa Fe para designar a quienes enfermaron como
consecuencia de la catástrofe. "Hay muchas patologías
sobre todo en chiquitos y ancianos", precisó Gaitán.

Las organizaciones de afectados afirman que los 25
psicólogos ubicados en los barrios no alcanzan para
revertir cuadros de depresión, pánico y angustia.
Demandan además "psicopedagogos para adolescentes y
niños con traumas".

"La salud mental de los inundados aún está bajo los
efectos del daño producido por el arrasamiento de sus
pertenencias y sus proyectos de vida truncados, por
saber que fue una inundación evitable, por comprender
su vulnerabilidad, y por la manipulación de sus
necesidades. El sufrimiento sigue intacto", dijo la
directora de la Escuela de Psicología Social, Mercedes
Martorell.

Sin obras ni previsión 


Al fundar el procesamiento de los ex funcionarios, el
juez Jorge Patrizzi detalla los principales motivos
por los que se inundó un tercio de la ciudad:


La Provincia no había construido el último tramo de la
obra de defensa Circunvalación Oeste; por allí entró
el desborde del río Salado. Sin embargo, el juez no
plantea investigar por qué no se concluyó la obra,
pese a que se contaba con el dinero.


La falta de un sistema de alerta hidrológico, lo que
habría permitido adoptar medidas de contingencia.


El puente carretero sobre la autopista Santa
Fe-Rosario, al sur de la ciudad, tenía un ancho de 150
metros, insuficiente para el normal escurrimiento del
agua.


"La falta de un plan de contingencia para la
evacuación masiva de la población".


Unos días antes, cuando ya se esperaba el pico de la
crecida, tampoco se hicieron obras provisorias que
retardaran y atenuaran el ingreso del agua.


El ex intendente Marcelo Alvarez afirmó a los medios
que los barrios del sur "no van a tener ningún tipo de
inconveniente"; fue donde hubo más muertes.

Enviado por
Silvio Ansaldi



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