[R-P] La nueva Aysa no podra privatizarse

[INFOR-MET]

Las acciones de Aysa no podrán salir del Estado

El Gobierno accedió a modificar el decreto de creación
de Aysa para aclarar que no habrá privatización y
conseguir la ratificación del Congreso.


La nueva empresa de agua y cloacas no podrá
privatizarse. El 90 por ciento de las acciones de Agua
y Saneamientos Argentinos (Aysa) en poder del Estado
serán “intransferibles”. 

El Gobierno accedió a incorporar esa palabra en el
decreto de necesidad y urgencia que dio origen a la
compañía para facilitar su ratificación parlamentaria.


La semana pasada, el bloque oficialista de la Cámara
de Diputados tuvo dificultades para conseguir el
dictamen favorable a la iniciativa. Por lo tanto,
abrió una negociación y ayer acordó con el peronismo
federal –ex duhaldistas– la fórmula para que esa
bancada dé su apoyo. Para hoy, entonces, se espera la
media sanción al proyecto.

El Gobierno buscó darle más solidez política a su
decisión de estatizar el agua, enviando al Congreso el
decreto que lo dispuso. Se encontró, sin embargo, con
la resistencia de la oposición, que con distintos
argumentos bloqueó la ratificación el último
miércoles. Fueron tantos los reparos que el tema ni
siguiera superó la instancia del despacho de comisión.
El peronismo federal reclamó que la norma dijera
expresamente que las acciones de la empresa son
“intransferibles”. Esto es porque Aysa es una sociedad
anónima y no una sociedad estatal. El ARI también
argumentó que bajo esa figura legal es más fácil
volver a privatizar la compañía.

La conducción del Frente para la Victoria aceptó ayer
hacer una modificación al decreto para establecer que
las acciones en manos del Estado son
“intransferibles”. “El bloque federal necesitaba algún
gesto para cambiar de postura, pero en realidad
aprobarán el decreto por la presión de los intendentes
del conurbano”, comentó a Página/12 un diputado
oficialista.

Aysa reemplazó a Aguas Argentinas, pero todavía hay
varios aspectos operativos que dificultan su
funcionamiento. Todavía no está claro, por ejemplo,
quién cobrará las facturas que había remitido la
empresa expulsada. Son cuestiones que se resolverán a
medida que se ordene la situación, pero para ello se
requiere, de entrada, que el Congreso ratifique la
creación de la empresa. Su área de servicios comprende
a la Capital Federal y a 17 partidos del conurbano
bonaerense. Los intendentes de la mayoría de esos
distritos apoyaron firmemente su creación. Ese sector
político es el que logró que el bloque federal
respalde el decreto.

El presidente de esa bancada, José María Díaz
Bancalari, insistió con que la condición es que se
modifique la norma para “evitar que las acciones sean
de libre disponibilidad”. “Nosotros queremos que el 90
por ciento de las acciones que pertenecen al Estado no
puedan ser transferidas, pero esta medida sólo la
puede tomar el Gobierno reformando el decreto de
necesidad y urgencia 304”, apuntó el diputado.

Para la mañana de hoy está previsto un plenario de la
Comisión de Obras y Servicios Públicos, con el fin de
emitir el dictamen, que será sometido por la tarde a
la sesión ordinaria del cuerpo. Allí se daría la media
sanción, con el agregado de que las acciones no podrán
venderse.

La oposición del ARI, del radicalismo y de PRO no
alcanzará para frenar la ratificación del decreto. Los
dos primeros bloques objetan que sea una sociedad
anónima y no una sociedad estatal, tanto porque de esa
manera habría menos controles sobre la empresa como
por la posibilidad de la reprivatización, aunque esto
último se salvará con la corrección al decreto. El
radicalismo, además, cuestiona que la Nación gaste
dinero para una compañía que presta servicios sólo en
el área metropolitana. Propone que en el plazo de seis
meses la empresa quede bajo la exclusiva
administración de la provincia y la Ciudad de Buenos
Aires.

El oficialismo sostiene que las acusaciones sobre la
debilidad de los controles son infundadas. “Aysa
tendrá un sistema de control doble. Por un lado, los
que corresponden a cualquier sociedad anónima. Pero
también los controles estatales como la Sigen y la
Oficina Anticorrupción”, señalan desde ese bloque.


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