[R-P] [Andrés Soliz R.] Bolivia: crónica de un despojo
Nestor Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar
Vie Sep 23 15:29:32 MDT 2005
BOLIVIA: CRONICA DE UN DESPOJO
Por: Andrés Soliz Rada
El Presidente de la República y ex Presidente de la Corte Suprema,
Eduardo Rodríguez Veltzé (ERV), ha declarado que las empresas
estratégicas del Estado, "capitalizadas" por Gonzalo Sánchez de
Lozada (GSL), son ahora sociedades anónimas, totalmente privadas. Tal
afirmación no tiene fundamento. En efecto, si las "capitalizadas" son
privadas, ¿por qué Hugo Banzer (1997-2001) convirtió los paquetes
accionarios de estas sociedades en "acciones populares"? ¿Por qué
Carlos Mesa (2003-2005) consultó al país, mediante referéndum, el
traspaso de las acciones de Transredes, Chaco y Andina al ente
petrolero estatal? ¿Por qué el Parlamento determina el monto del
Bonosol, que se paga con la rentabilidad de las acciones? ¿Por qué
las "capitalizadas" no cotizan en bolsa? ¿Es concebible semejante
ingerencia en verdaderas sociedades anónimas como la Maxus o la
Cervecería Boliviana Nacional? Lo cierto es que las "capitalizadas" ,
debido a los vacíos jurídicos existentes, son "sociedades
irregulares", como prevé el artículo 134 del Código de Comercio.
En el contrato de administración y de suscripción de acciones
suscrito entre el Estado y la Euro Telecom. Internacional (ETI), que
"capitalizó" la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), se
indica que el "capitalizador" debe demostrar, mediante auditoria, el
monto de las inversiones comprometidas, las que debían llegar a 610
millones de dólares, lo que elevó el patrimonio de la empresa a 1.220
millones de dólares. Sin embargo, no se especificó qué entidad
estatal debía evaluar ese informe, en el que, a modo de ejemplo,
figura la compra de fibra óptica a25 dólares el metro, en tanto su
precio es de 5 dólares en el mercado internacional.
Mesa, mediante Decreto Supremo, 28172, de 19/05/05, determinó que
suMinistro de Desarrollo Económico, Walter Kreidler, cumpla esa
tarea, quien es dirigente de los empresarios privados, hermano de
Alfonso Kreidler, ex Ministro de GSL y miembro del directorio de la
Cooperativa de Teléfonos de Santa Cruz (COTAS), interesada en
adquirir ENTEL, y hermano también de José Kreidler, Vicepresidente de
YPFB y gerente de la empresa de Servicios Petroleros (Serpetrol).
El decreto de Mesa es un abuso contra el país y un absurdo legal. No
se entiende cómo un Ministro puede determinar la validez de una
auditoria en que se hallan en juego 1.200 millones de dólares,
prescindiendo del Parlamento, la Contraloría, el Servicio de
Impuestos Internos y la Superintendencia del sector. Tal disposición
fue ejecutada por el actual Ministro de Desarrollo Económico, Carlos
Melchor Díaz Villavicencio, gerente de la poderosa empresa de
servicios petroleros Helmerich & Payne Rasco, quien aprobó la
auditoria de ETI sin observación alguna. La aprobación implica que el
contrato de ETI con el Estado ha terminado, de manera que el
consorcio italiano puede disponer de sus acciones sin restricción
alguna.
La auditoria nunca fue publicada.
El directorio de ENTEL "capitalizada· está integrado por 4 directores
designados por ETI y 3 por las AFPs, en representación delos
ciudadanos bolivianos. Las AFPs han nombrado, como representante de
los ciudadanos bolivianos en ENTEL, a Carlos Alberto López, quien es,
al mismo tiempo, vocero de las petroleras que operan en Bolivia. Otro
representante es Walter Núñez Rodríguez, ex Presidente de la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO) y ex Ministro de Jorge Quiroga Ramírez
(2001-2002). Las AFPs fueron representadas, al iniciar sus gestiones,
por Gonzalo Bedoya, de la Compañía aseguradora, CIA Cruz, que vendió
seguros al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), entidad que aporta acciones
para el mismo sistema de pensiones, y por Raúl Garafulic, quien
también cometió el delito de tráfico de influencias al comprar
acciones del LAB en su propio beneficio. Las AFPs están controladas
por Bancos españoles y suizos.
Después de la aprobación clandestina de la auditoria, los accionistas
de ENTEL (50 % de ETI, 47 % de las AFPs que se apropiaron ilegalmente
de las acciones de los bolivianos) procedieron a distribuir entre los
accionistas un tercio del paquete accionario, que disminuyó de 1200
millones de dólares a 800 millones de dólares. ETI, luegode recuperar
sus inversiones, gracias a que gozó de un mercado monopólico, anunció
que abandonará el país, ya que venderá las acciones de su propiedad.
Entre los interesados en comprarlas se halla COTAS, que, con el
respaldo de las petroleras, ofrecerá pagar por las acciones sólo
parte de su valor, dentro de una operación financiera que también es
"confidencial".
Este correo lo ha enviado
Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar
[No necesariamente es su autor]
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