[R-P] El grito por el petróleo: El decálogo energético de Fox

[José María Cavalleri]

El grito por el petróleo: El decálogo energético de Fox

  Por Cuauhtémoc Cárdenas*

Resumen: en este artículo publicado en La Jornada de Méjico,
el Dr. Cárdenas señala las maniobras privatistas del actual gobierno 
mejicano,
que pretende reformar la Constitución, abriendo al capital trasnacional
la explotación de los yacimientos de gas y de los medios
de almacenamiento y transporte de hidrocarburos.
Mientras se pretexta falta de recursos públicos,
se impide a Pemex invertir la cuantiosa renta
que hoy hace posible el alto precio del petróleo.


En la propuesta energética dada a conocer por Vicente Fox el lunes pasado, 
trata de pasar algunas reformas mayores presentándolas en una lista junto 
con cuestiones de una importancia evidentemente menor. En el medio de una 
explicación llena de cifras sobre los precios del gas natural y de 
declaraciones de apoyo a las empresas pequeñas y medianas, se encuentran 
planteamientos para abrir a la inversión privada la explotación de gas 
natural no asociado a petróleo, se dice, y la infraestructura de 
almacenamiento y ductos para transportar petróleo y sus derivados.

La razón que ofrece para requerir la aprobación de estas medidas es la falta 
de recursos de su gobierno. La razón que da no es otra vez sino pretexto. El 
fondo, lo que desesperadamente busca, cuando ve que el sexenio se acerca a 
su fin, es quitarse las presiones de sus amos y cumplir con quienes hicieron 
posible que llegara al poder, para seguir así debilitando la industria 
estratégica y desmantelando las defensas estratégicas de la Nación.

Si se llegara a reformar el artículo 27 constitucional, como lo pretende 
Fox, para permitir la inversión privada en la explotación de gas natural no 
asociado a petróleo, se estaría dando un primer paso muy firme para abrir la 
posibilidad de que hubiera inversión privada en la explotación de 
hidrocarburos en general, en su exploración, extracción, etcétera, esto es, 
en actividades que la Constitución reserva con exclusividad al Estado 
mexicano.

Por cierto -y no debe dejarse pasar-, debe reiterarse que los contratos de 
servicios múltiples son violatorios de la norma constitucional, que es muy 
clara al señalar que corresponde a la Nación -y sólo a la Nación- la 
explotación de los hidrocarburos que el gobierno, tramposamente, ha 
entregado a consorcios extranjeros, pasando por encima incluso, de una 
resolución expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pretender, además, que las redes de ductos para el transporte de 
hidrocarburos se entreguen a empresas distintas a Pemex, es ir en contra de 
los intereses de este organismo productivo, pues con ello se debilitaría más 
su economía. Las empresas petroleras más importantes en el mundo manejan 
corporativamente, en lo general a través de filiales, las redes de ductos 
para transportar petróleo y sus derivados, que es como Pemex debiera llevar 
a cabo estas actividades.

Por otro lado, se insiste en que no hay dinero, pero el Presidente veta las 
reformas para modificar el régimen fiscal al que se tiene sometido a 
Petróleos Mexicanos, impidiendo con ello que disponga con menos apretura de 
recursos de inversión. Además, el Presidente no quiere ver que, con el 
aumento de los precios del petróleo en los mercados internacionales, Pemex 
dispone este año de alrededor de 4.500 millones de dólares, que bien podrían 
destinarse a las necesidades prioritarias del sector petrolero, sector clave 
para el desarrollo del país.

En la cuenca de Burgos, por ejemplo, el conjunto de contratos de servicios 
múltiples representan una promesa de inversión, en este caso a realizarse en 
varios años, de 3.000 millones de dólares. Por qué no destinar entonces una 
porción de ese dinero excedente a perforar más pozos de gas en esa zona, en 
la que ya se sabe que hay recurso abundante, y se reduce así la necesidad de 
importar gas.

Por qué, por otro lado, no se destina otra parte de esos fondos, con los que 
no se contaba cuando se formuló y aprobó el Presupuesto de Ingresos del 
país, a la construcción de refinerías cuya producción substituiría 
combustibles que ahora se importan. Si se destinaran mil 500 millones de 
dólares anualmente, durante tres años, se podría contar con la capacidad de 
refinación suficiente para evitar las importaciones que están resultando 
cada vez de mayores volúmenes y en
cada vez más onerosas a las finanzas del país.

Pretender entregar a intereses extranjeros -que es donde existe capacidad de 
inversión- la explotación de gas natural no asociado y las redes de ductos 
para el transporte de productos petrolíferos, y negarse a utilizar el 
excedente petrolero en la propia industria que lo genera y lo necesita, no 
es sino seguir traicionando a la patria.-

*Ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

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