[R-P] Editorial: El peronismo, a medio siglo del golpe de 1955 (Verbitzky)

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Mie Sep 21 12:28:33 MDT 2005


Salvo la introduccion, un interesante analisis
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El peronismo,a medio siglo del golpe de 1955

A medio siglo del golpe de 1955, el peronismo pasa por
una nueva metamorfosis. Kirchner derrotará a los ex
compañeros de la fórmula presidencial de 1989 y los
relegará a sus respectivos feudos provinciales. Para
ello debió aliarse con los gobernadores menemista de
La Rioja y duhaldista de Buenos Aires, Maza y Solo. La
agenda argentina en la ONU sobre el FMI y la política
internacional se aproxima a la de Perón y Cámpora e
implica una severa crítica a la de Bush.

Horacio Verbitsky

En su “Crónica interna de la Revolución Libertadora”,
publicada pocos años después de los hechos, Bonifacio
Del Carril incluyó una observación fundamental para la
historia argentina del siglo pasado: “Los capitanes y
mayores de 1930 eran los coroneles de 1943 y los
coroneles y generales de 1955”. Lo mismo podría
decirse de los golpes siguientes, tanto exitosos como
frustrados, uno por década hasta 1990. Esos oficiales
formaban parte del Partido Militar, que fue la
principal fuerza política durante seis décadas,
instrumento de los sectores sociales y económicos que
a partir de 1852 organizaron el país y lo insertaron
en la globalización de entonces pero fueron incapaces
de hacer valer sus intereses por medios democráticos
dentro del sistema institucional. La superación de ese
ciclo que cubrió de dolor y vergüenza a la Argentina
es el logro principal de las últimas dos décadas y no
tiene un protagonista único, es obra del conjunto de
la sociedad y de su maduración cívica.
Los marginales

Por eso es alarmante la reivindicación del golpe de
setiembre de 1955 que publicó en su edición del
viernes el matutino La Nación. Con la pluma del papá
de María Martha García Belsunce, el diario consideró
legítimo el derrocamiento del gobierno electo de Juan
D. Perón porque encarnó el derecho de resistencia a la
opresión. Horacio García Belsunce (no confundir con su
hijo homónimo Horacito o El Pituto García Belsunce)
presidió hasta el año pasado la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Lo
sucedió este año Alberto Rodríguez Galán, quien fue
Inspector General de Justicia de la dictadura
instaurada por el general Pedro Aramburu, ministro de
Educación y Justicia del golpe que derrocó a Arturo
Frondizi, Procurador del Tesoro de la Nación del
dictador Alejandro Lanusse y Conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación del dictador Jorge
Videla. Junto con García Belsunce y Rodríguez Galán
integran esa Academia entre otros el ministro de
Educación del ex dictador Juan Onganía, Dardo Pérez
Guilhou; uno de los delegados militares en la Corte
Suprema de Justicia durante la última dictadura, Pedro
J. Frías; el ministro de justicia de Videla, Alberto
Rodríguez Varela, su embajador en la Unesco, Víctor
Massuh y el canciller del dictador Benito Bignone,
Juan Aguirre Lanari. Esa Academia es la que el mes
pasado consideró inconstitucional la decisión de la
Corte Suprema de Justicia que declaró nulas las leyes
de punto final y de obediencia debida y negó la
vigencia de los tratados internacionales y de las
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Lo mismo dictaminó el Colegio de Abogados de
Buenos Aires, presidido por el viceministro de
Rodríguez Varela durante la última dictadura y asesor
de Juan Carlos Blumberg en su cruzada represiva,
Roberto Durrieu. No es casual que La Nación exalte
como una gesta republicana el golpe que destruyó por
tres décadas la perspectiva democrática y la contaminó
de odios y rencores.

Un programa razonado

La intacta beligerancia del matutino se proyecta hoy
contra el gobierno de Néstor Kirchner, cuyo
derrocamiento postuló aun antes de que asumiera,
cuando su subdirector Claudio Escribano le presentó el
pliego de condiciones de esos sectores marginales pero
poderosos: alineamiento incondicional con Estados
Unidos, reivindicación del desempeño de las Fuerzas
Armadas en la guerra sucia militar contra la sociedad
argentina y fin de cualquier revisión sobre sus
crímenes, estrechamiento de relaciones con los
empresarios, oposición a Cuba en los organismos
internacionales y medidas excepcionales de seguridad
que lleven tranquilidad a las fuerzas del orden. No
fue sólo un exabrupto senil, sino parte de un programa
razonado que se ha ido desarrollando en estos dos años
y que ha incluido una defensa sin pudor de las
empresas extranjeras que discuten cuestiones de
intereses con el gobierno argentino. El ejemplo de
esta semana fue el de Aguas Argentinas, la
concesionaria de Obras Sanitarias cuyos accionistas
europeos protagonizaron escandalosas privatizaciones
en varios países de la región. Como condición para
conseguir el servicio los franceses asociaron a una
empresa testaferro del gobierno del presidente Carlos
Menem, el Grupo Meller. Sin experiencia en el negocio
su única función era percibir la tajada política en el
expolio, bajo la protección de la mayoría automática
en la Corte Suprema de Justicia. El último de sus
integrantes enfrenta hoy el juicio político debido a
esa colusión de intereses. 
Aguas Argentinas ganó la licitación porque ofrecía
cobrar la tarifa más baja, que no cesó de aumentar
aunque el contrato lo prohibía por una década. Tampoco
cumplió el detallado plan de inversiones que había
presentado, lo cual creó serios problemas en el Gran
Buenos Aires, con el ascenso de las napas freáticas.
Sus tasas de ganancia sobre activos e inversiones
fueron mucho más elevadas que las que obtiene en el
mismo sector en los países de origen de sus
principales accionistas y que las de las principales
empresas industriales que operan en la Argentina. Las
distribuyó en generosos dividendos a sus accionistas y
para financiar sus actividades se endeudó en el
mercado internacional. Luego de la devaluación
pretendió que se le mantuviera la tarifa dolarizada y
que el Estado se hiciera cargo de sus deudas. Como
esas aspiraciones fueron rechazadas, denuncia que no
hay seguridad jurídica y amenaza con retirarse. La
Nación omite todos los datos mencionados y se limita a
advertir que por no acceder a ese reclamo extravagante
la Argentina no conseguirá las inversiones que
necesita, como si ese esquema de explotación colonial
tuviera alguna utilidad para alguien más que sus pocos
beneficiarios.

Desarrollo y derechos

Esta semana, Kirchner mostró durante su paso por las
Naciones Unidas cuán lejos está de esa agenda que
intentaron imponerle. Sus presentaciones ante la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad definieron
una posición propia, que también se expresó en el
discurso que en representación del Grupo Río leyó el
canciller Rafael Bielsa. Inicialmente debía
pronunciarlo Kirchner y por eso pasó por la
conveniente pluma de su secretario legal y técnico
Carlos Zannini. Lejos del alineamiento incondicional
con Estados Unidos, el gobierno argentino cuestionó
los supuestos básicos de su política unilateral. Tanto
Kirchner como Bielsa objetaron la actuación de los
organismos multilaterales de crédito y sus
consecuencias, el desempleo, la informalidad y la
brecha de ingresos entre los trabajadores calificados
y no calificados. El canciller diferenció entre el
crecimiento de los indicadores macroeconómicos y el
desarrollo, que incluye necesariamente la idea de
equidad, entre los países y dentro de cada sociedad.
Reclamó la reforma de la “anacrónica e ineficaz
arquitectura financiera internacional” mediante una
nueva conferencia de jefes de Estado como la que
sesionó en Breton Woods en 1944, de modo de
privilegiar el apoyo a la economía real y no la
especulación financiera. Sobre el FMI dijo que en
forma irresponsable presionó a los países menos
desarrollados para que aplicaran políticas que “los
sumergieron en una miseria mayor de la que partieron.
Todo esto en nombre del crecimiento económico y de la
apertura internacional”, cuando uno de los grandes
obstáculos que aún se oponen al crecimiento son las
barreras y subsidios proteccionistas erigidos por los
países que predican el libre comercio.

La retórica y los hechos

Kirchner denunció “el componente ideológico en las
políticas de los organismos internacionales de
crédito”, cuyo enfoque ortodoxo “ha agravado las
condiciones de pobreza en el mundo en desarrollo”.
Luego de enumerar los impresionantes datos de la
recuperación, expansión y transformación argentina
conseguidas sin escuchar ese enfoque, lamentó que “no
contamos con la ayuda del FMI, que sí apoyó y
financió, hasta semanas antes del colapso, el régimen
de convertibilidad”. También denunció “esa visión
arcaica del tema de la deuda” y “un sistema de
comercio internacional injusto para los productos
agrícolas donde los subsidios y medidas
paraarancelarias de los países desarrollados continúan
impidiendo que nuestros países puedan crecer
plenamente con sus recursos genuinos”. Con una
claridad inusual en esos foros, que fue señalada en
los encuentros bilaterales con algunos jefes de
gobierno, dijo que las finanzas internacionales
estaban “en manos de intereses concentrados” que
afectan a los países más débiles y propuso liberar a
los organismos multilaterales del lobby financiero.
Mencionó la “estrategia de reducción de la deuda”
diseñada por su gobierno “con la finalidad de ganar
grados de libertad para la aplicación de planes de
desarrollo y crecimiento de la economía” y adelantó
que el pago de los compromisos asumidos “no debe
hacerse a expensas de los recursos comprometidos para
áreas sociales, tales como educación, salud, vivienda
y promoción del empleo”. Ese es el tema en el que
Kirchner está trabajando junto con el ex asesor de
Bill Clinton, el Premio Nobel de Economía Joseph
Stiglitz y del que habrá novedades después de las
elecciones. Stiglitz recomienda aplicar a las cuentas
del Fondo una quita similar a la impuesta a los
acreedores particulares. Kirchner mencionó incluso las
consecuencias de las políticas de ajuste estructural y
de la deuda externa para el pleno ejercicio de los
derechos humanos, según la resolución que la Argentina
copatrocina en las Naciones Unidas.

Seguridad y desarrollo

En el Consejo de Seguridad, Kirchner impugnó las
concepciones que el gobierno de George W. Bush engloba
bajo la consigna infantil de “guerra contra el
terrorismo”. Rechazó el asesinato de civiles
inocentes, que ninguna razón racial, religiosa o
ideológica puede justificar, y recordó la herida
abierta en la sociedad argentina por los atentados en
la Embajada de Israel y en la mutual judía de Buenos
Aires. Pero precisó que enfrentar con éxito al
terrorismo requiere “contar con legitimidad de
respuesta y tener el respaldo de la comunidad
internacional”, lo cual contraría la lógica
estadounidense. Para Kirchner “no puede haber
liderazgos culturales impuestos por la fuerza” sino
respeto de la diversidad religiosa. En forma explícita
cuestionó el carácter “puramente militar o
preponderantemente unilateral” de la respuesta.
Vinculó la paz con la justicia y el desarrollo y
reclamó el respeto a los derechos humanos en la lucha
contra el terrorismo. Para su gobierno, las
violaciones a los derechos humanos son tan amenazantes
para la paz como el terrorismo. Sólo le faltó decir
Abu Ghraib o Guantánamo Bay. La prevención del
conflicto “requiere brindar respuestas justas a
disputas de larga data, a prolongadas situaciones de
injusticia, a la pobreza más profunda y abierta, al
hambre, a las pandemias más atroces como las que
atraviesa Africa y a las desigualdades profundas como
las que enfrenta América latina”. Por eso “la paz se
construye y se preserva con participación de todas las
naciones y pueblos”. Ninguna nación puede refugiarse
“en su propia seguridad” porque “las nuevas amenazas
nos hacen entender finalmente el verdadero concepto de
la solidaridad de las naciones”. Tal como reclamó la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Kirchner
sostuvo que la lucha contra el terrorismo “debe
respetar el derecho internacional, los derechos
humanos, el derecho internacional humanitario y el
derecho de los refugiados” y que las extradiciones
sólo deben realizarse a través de la justicia. (Esto
constituye una refutación directa a la doctrina
Gonzáles –por el actual ministro de Justicia
estadounidense– quien sostuvo que la ley internacional
no se aplica a los “terroristas” y a la política del
secuestro y la entrega de los detenidos a terceros
países, como ocurrió en Milán, desde donde la
inteligencia estadounidense remitió un grupo de
detenidos-desaparecidos a Egipto para que allí fueran
interrogados bajo tortura.) También reivindicó “la
proporcionalidad en la respuesta y el respaldo de la
opinión pública internacional”, es decir aquello que
Washington no ha tenido en cuenta. Para combatir con
posibilidades de éxito al terrorismo el Consejo de
Seguridad deberá “encarar con energía la solución de
los conflictos no resueltos, las situaciones de
profunda injusticia, de exclusión social y de pobreza
extrema, así como el hambre y el analfabetismo”, con
“una voluntad política concertada y colectiva”. Su
insistencia en los mecanismos multilaterales y el
fortalecimiento del derecho internacional, la
democracia representativa y los derechos humanos
apuntó a la reforma de las Naciones Unidas y su
Consejo de Seguridad, de modo que su “acción y
legitimidad no sean puestas en duda”. Estos temas
serán tratados pasado mañana en un seminario que
organizará en Washington el Woodrow Wilson Center con
el sugestivo título “Seguridad Nacional y la relación
bilateral Argentina-Estados Unidos”. Según los
organizadores, la guerra contra el terrorismo domina
las discusiones de política exterior estadounidense,
pero su gobierno tiene grandes dificultades para
convencer a los países vecinos de la justeza de su
planteo y uno de los más reacios a acompañar ese curso
es la Argentina. En un panel participará la asesora de
la cancillería estadounidense sobre Contraterrorismo,
Deborah McCarthy y en otro el secretario de Seguridad
Interior, Luis Tibiletti y el ex embajador del
presidente Carlos Menem ante las Naciones Unidas,
Emilio Cárdenas.

De Perón a Kirchner

La incursión de Kirchner por Estados Unidos no deja
dudas de que su agenda se parece a la que sostuvo la
Cancillería durante los primeros gobiernos peronistas
y durante la fugaz gestión de Héctor J. Cámpora, por
completo diferente de la de los otros gobiernos
justicialistas, de Menem y Eduardo Duhalde. Este
deslinde tan ostensible aporta mayor claridad a la
diferenciación del actual gobierno respecto de las
administraciones anteriores. Menem y Duhalde son los
dos objetivos electorales definidos por Kirchner para
este año, para lo cual ha debido establecer alianzas
con menemistas riojanos, como Angel Maza y duhaldistas
bonaerenses, como Felipe Solo, a riesgo de que su
proyecto aparezca desdibujado. El mismo efecto produce
el discurso crítico a las políticas neoliberales de la
década pasada, pronunciado en compañía de otros de sus
paradigmas, como Carlos Reutemann o José De la Sota.
Caben por lo menos dos interpretaciones para este
fenómeno. Según la primera la presencia de Maza, Solo,
Reutemann, De la Sota cuestiona la sinceridad del
planteo del presidente y su esposa, la
senadora-candidata Cristina Fernández de Kirchner. En
la segunda visión, la pareja patagónica ha sabido
imponer el cambio de posición a funcionarios de
quienes no esperan sinceridad y cuyos mandatos
terminan en un par de años. El único que parece tener
alguna proyección nacional futura es el gobernador de
Santa Fe. De este modo, las elecciones de 2007 serán
decisivas no sólo por la renovación presidencial
(cumpla o no Kirchner su difusa afirmación de que no
buscará un segundo mandato) sino también por la
elección de gobernadores en las principales provincias
del país, cuando entre los adversarios a batir estén
algunos de los socios de hoy. La campaña duhaldista no
atina a elaborar una respuesta eficaz ante el desafío
planteado por Kirchner y CFK. Esta semana Hilda
González de Duhalde decidió levantar el tono,
incluyendo desafíos personales de los que su rival no
se dio por enterada. Para ello HGD acentuó el cariz
provincial de su candidatura. También profundizó
alianzas sociales regresivas al pronunciarse en contra
de las retenciones a las exportaciones agropecuarias,
que son uno de los ejes de la política económica
vigente. En el mismo sentido se pronunció la Sociedad
Rural, cuyo gerenciador, Francisco de Narváez, es
candidato en la boleta duhaldista. Es prematuro saber
si este guiño a los grandes exportadores y el reclamo
de fondos adicionales para la provincia de Buenos
Aires le rendirá alguna ventaja electoral. Pero desde
ya es notable su efecto político de más largo plazo:
el matrimonio Duhalde, que siempre tuvo severas
dificultades de comunicación con las demás provincias,
se repliega como última defensa a Buenos Aires y
abandona incluso la intención de actuar en una escala
más amplia. ¿Duhalde 2007 en Lomas de Zamora?

La otra Buenos Aires

Horacio Verbitsky
El escenario más complejo para Kirchner es la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde ni el jefe de gobierno
ni el candidato cabeza de lista expresan el cambio que
su irrupción implicó en la escena nacional. Aníbal
Ibarra languidece con tácticas dilatorias ante el
juicio político por las 194 muertes de República
Cromañón. Su intención inicial era acortar esa agonía
y forzar una pronta decisión de la Legislatura, pero
el gobierno nacional no estaba dispuesto a pagar el
costo de blanquearlo en plena campaña. Los
legisladores kirchneristas le hicieron saber que si la
decisión debía adoptarse antes del 23 de octubre,
votarían por su alejamiento del gobierno. Otra cosa
será entre el 24 de octubre y el 10 de diciembre,
antes de que asuma la nueva Legislatura. La defensa de
Ibarra pasó a basarse entonces en chicanas
irrelevantes respecto de las responsabilidades que se
discuten pero idóneas para perder tiempo, con
recusaciones y un elevado número de testigos
propuestos. También se apoya en una estrategia de
comunicación en la que intervienen especialistas del
grupo Hadad-Moneta, en particular una consultora que
antes prestó servicios a Fernando de la Rúa y Eduardo
Duhalde. Esto implica una dura puja con la agencia que
concentra la cuantiosa inversión publicitaria porteña
y que es manejada por el esposo de una altísima
funcionaria de la jefatura de gabinete de la Ciudad.
Ocluidas a razón del escándalo de Cromañón las
arterias que desde los boliches nocturnos irrigaban su
corazón, el gobierno ibarrista se mantiene con vida
gracias a esta agencia a través de la que se canaliza
toda la gráfica oficial, como un oportuno by-pass.
Luego del episodio de Cromañón la secretaría de
Seguridad clausuró el boliche Chicharrón porque la
seguridad privada que contrató no era aceptable. Pero
la secretaría de Justicia, cuyo manejo se reservó el
ibarrismo puro, anuló la clausura, lo cual permitió
que uno de los matones contratados estropeara la
columna vertebral de un adolescente farrista.
El sentido de la realidad del gobierno porteño volvió
a ponerse a prueba esta semana, cuando un denominado
“Foro por la democracia y la Justicia Social” invitó a
“ciudadanos, vecinos y compañeros” a una marcha “en
apoyo del gobierno progresista de Aníbal Ibarra, al
cumplirse dos años del triunfo popular sobre la
derecha”. La cita era el jueves 15 a las 18 en Avenida
de Mayo y 9 de Julio, y el aviso ya preparado decía
“Con Aníbal la Ciudad es de Todos”. Según su notable
texto, Ibarra cumple “con el mandato popular de
priorizar la inversión social y garantizar educación,
salud, alimento y techo para los sectores populares,
sin apartarse del objetivo estratégico de lograr una
Ciudad más integrada y solidaria, más equitativa y más
justa. Para ello emprendió un arduo proceso de
desmantelamiento del viejo estado porteño, corroído
por prácticas que lo pusieron al servicio de los
grandes grupos privados, y avanzó con decisión hacia
su democratización abriendo canales de participación y
protagonismo de los colectivos sociales”. La
contraorden llegó a sugerencia del gobierno nacional,
que entendió el riesgo de una confrontación con los
familiares de Cromañón. Tampoco había entusiasmo entre
las ONG favorecidas por donaciones de edificios o
dinero a las que se reclamó que firmaran.
Pese a todo, la imagen personal de Ibarra es todavía
algo mejor que la del gobernador bonaerense Felipe
Solo. Pero mientras la candidatura de CFK remonta ese
y otros lastres, Bielsa no tiene la misma entidad. Al
intentar diferenciarse de Kirchner serruchó la rama
que lo sostenía y se alejó de las candidaturas que hoy
parecen favoritas, las del hombre de negocios con el
Estado Maurizio Macri y la ex diputada radical Elisa
Carrió. A más de un mes de las elecciones esto todavía
puede revertirse. El último sondeo que consultó el
gobierno coloca a Bielsa a menos de cinco puntos de
distancia de los primeros y es difícil imaginar que en
la Ciudad de Buenos Aires no haya uno de cada cuatro
electores dispuesto a acompañar la propuesta del
presidente más popular de la historia de las encuestas
argentinas. Aun así, cargar al mismo tiempo con Ibarra
y con Bielsa es una tarea mayúscula, cuyo resultado
depende también de imponderables como la eventual
decisión del juez Julio Lucini que podría procesar al
jefe de gobierno y de la capacidad de escándalo de la
fauna que acompaña al canciller. Si quedara en la
ingrata posición de elegir entre un candidato
reaccionario, con fortuna propia y fuertes intereses
que lo sostienen, como Macri, y un epifenómeno del
progresismo porteño y de dudosa proyección nacional
como Carrió, que no implica competencia sino control,
el gobierno no debería tener dudas. 


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