[R-P] Info 118 Convergencia de las políticas energética y militar

[José María Cavalleri]

Convergencia de las políticas energética y militar:
Los puntos oscuros del informe Cheney
  Por Arthur Lepic*
  Resumen: este trabajo, publicado en la red de altercom.org,
señala la política de agresión militar del gobierno Bush,
malamente encubierta en el informe National Energy Policy
elaborado en 2001 bajo la dirección del vicepresidente Cheney.
Diversas vías de investigación demuestran que la administración Bush
parecía ignorar la crisis energética en ciernes e insinuar soluciones de 
fuerza
para garantizar el abastecimiento energético de EEUU.

Desde su llegada misma a la Casa Blanca, el vicepresidente Cheney creó un 
grupo de trabajo sobre la política energética de Estados Unidos. ¿Cómo 
aprovisionar la economía cuando las necesidades aumentan en momentos en que 
las reservas mundiales escasean cada vez más y se hacen más difíciles de 
explotar? Desplegando tropas en las zonas petrolíferas. Sin embargo, por ser 
el ejército de Estados Unidos el mayor consumidor de energía a nivel 
mundial, su despliegue implica nuevas necesidades. Primer blanco 
seleccionado por el grupo Cheney, según documentos recientemente 
desclasificados: el petróleo iraquí.

El 29 de enero de 2001, apenas instalado en sus nuevas funciones, George W. 
Bush crea el Grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional 
(National Energy Policy Development Group, NEPDG). El grupo se compone de 
altos miembros de la administración y lo dirige el vicepresidente Dick 
Cheney, ex presidente de Halliburton, la mayor empresa de equipamiento 
petrolero del mundo. Este grupo, que se reúne a puertas cerradas y rodeado 
del mayor secreto, publica finalmente un informe lleno de lugares comunes. A 
pesar de la legislación sobre la transparencia de las decisiones públicas, 
se negará posteriormente a revelar el contenido real de sus trabajos y la 
identidad de las personas que comparecieron ante sus miembros.

Como quiera que sea, parece que la prioridad de la nueva administración no 
era la «guerra contra el terrorismo» sino la independencia energética del 
país o, peor todavía, como sospecharán más tarde las víctimas del escándalo 
Enron, la satisfacción de ciertos intereses energéticos privados.

UN GRUPO DE TRABAJO SECRETO

Intitulado "Una energía confiable, poco costosa y respetuosa del medio 
ambiente para la América del futuro", el informe final del NEPDG presentado 
al presidente está más cerca del lenguaje en clave que del análisis 
estratégico. Probablemente no habría provocado más que burlas, pero apareció 
en pleno escándalo Enron y los dirigentes de la firma habían participado en 
los trabajos del NEPDG. Muchos se han interrogado, a partir de entonces, 
sobre las actividades reales de ese grupo de trabajo y, como una cosa lleva 
a la otra, el interrogante se va haciendo más amplio: ¿planificó la «Cheney 
Energy Task Force» inconfesables maniobras de Estados Unidos y guerras por 
el petróleo en el extranjero? [1].

El General Accounting Office (GAO), órgano encargado de la realización de 
investigaciones por cuenta del Congreso, pide entonces que le sean 
entregados los documentos correspondientes a las audiencias de las personas 
que comparecieron ante el grupo, los temas tratados y el costo de los 
trabajos. Ante la negativa de la Casa Blanca, se produjo una demanda 
judicial ante la Corte Federal, demanda que será rechazada luego de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, sin que el GAO intente interponer un 
recurso de apelación.

Más tenaz que el GAO, el grupo de interés público conservador Judicial Watch 
interpone, y prosigue, una acción similar contra la Cheney Energy Task 
Force, acusándola de haber infringido la ley sobre las reuniones públicas 
(Federal Advisory Act) y la ley sobre la libertad de información (FOIA, 
Freedom of Information Act). Meses después, el grupo de defensa del medio 
ambiente Sierra Club se une al anterior en calidad de co-demandante. Ambas 
asociaciones sospechan que la influencia de sociedades privadas como Enron, 
en la elaboración del informe puede haber llevado al grupo a aconsejar la 
adopción de medidas favorables a intereses privados.

Aquellos esfuerzos acabaron por arrojar resultados en julio de 2003. La 
Corte ordenó entonces al Departamento de Comercio la entrega de los 
documentos utilizados por la Cheney Energy Task Force [2]. Entre esos 
papeles se encuentran mapas de yacimientos petrolíferos en Irak, en los 
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como listados que enumeran las 
empresas extranjeras que han concluido acuerdos reales o que han establecido 
acuerdos de principio con vistas a la explotación petrolera en Irak.

Los documentos confirman, por un lado, que el informe de la NEPDG no 
reflejaba integralmente los trabajos del grupo y, por el otro, que el tema 
del cambio de régimen en Irak estaba en la agenda desde mucho antes de los 
atentados de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y la «guerra 
contra el terrorismo». Para obtener más documentos y más información, los 
demandantes recurrieron entonces a la Corte Suprema. Desgraciadamente, el 
asunto se estanca. Los demandantes piden en vano que se le retire el caso al 
juez Antonin Scalia, cuya imparcialidad ponen en tela de juicio. El 
magistrado viaja en el Air Force Two, el avión oficial de Dick Cheney, y 
pasa un agradable fin de semana cazando patos con el vicepresidente [3].

UN CONTEXTO DE CRISIS ENERGÉTICA

Para poder entender por qué el informe del NEPDG no constituía más que una 
pantalla detrás de la cual se esconde la verdadera estrategia estadounidense 
en materia de energía, que implica el dominio militar global, debemos 
estudiar el contexto que dio lugar al nacimiento de un grupo de trabajo tan 
sui generis.

Los años 2000 y 2001 fueron para Estados Unidos sinónimos de minicrisis 
energética. El precio del barril había subido a más del doble, el petróleo y 
el gas natural escasearon en varios lugares del país y los californianos 
sufrieron cortes eléctricos esporádicos. Hecho simbólico, aunque tan 
importante como los anteriores, el país importaba ya más del 50% del 
petróleo que consumía, lo cual provocó una verdadera conmoción sicológica 
entre las elites político-económicas. Bill Richardson, secretario de Estado 
para la energía durante los dos últimos años de la administración Clinton, 
emprende entonces todo un trabajo para hacer un balance de la situación 
energética del país. Para ello organiza en febrero del 2000 una gira por 
todos los países miembros de la OPEP, con excepción de Irak, Irán y Libia.

MATT SIMMONS

Matt Simmons, consejero ante el Council on Foreing Relations, analista, 
gerente de un fondo de inversiones en el sector de la energía basado en 
Houston, e individuo con la reputación de hablar con franqueza (cuando se 
aconseja a inversionistas en el sector de la energía, las mentiras cuestan 
caro), recuerda en una entrevista su contacto con una ayudante de 
Richardson, justo antes de aquella gira [4]: «Cuando leí que irían a todos 
los países de la OPEP, le mandé un e-mail a esa persona diciéndole: «Si yo 
estuviera en su lugar o en el del secretario Richardon, lo que de verdad 
trataría de averiguar es la capacidad de producción extra de que disponen, 
ya que es inútil incitar a esos países a producir si no tienen la 
posibilidad de hacerlo».

Después del viaje, recibí una llamada de la asistente: «Caracoles, 
demonios», en realidad utilizaba un lenguaje un poco diferente, pero decía 
«Es simplemente terrible. Ya no queda prácticamente en ningún lugar». 
Después tuvimos una conversación muy austera durante alrededor de media 
hora. Yo iba a una recepción aquella noche y vi a uno de mis buenos amigos, 
primo de quien era en aquel entonces el gobernador Bush. Me lo llevé aparte 
y le expliqué: "Oye, acabo de tener una conversación muy interesante con 
alguien que acaba de visitar todos los países de la OPEP, exceptuando Irak, 
Irán y Libia. ¿Sabes cuál es la conclusión? Probablemente tengamos una 
crisis energética y, créeme, espero que alguien trabaje sobre eso en Austin 
ya que sería realmente algo que tu primo... y lo que me inquietaría 
verdaderamente sería que... ninguna gran compañía tiene conciencia de esos 
problemas. Si creen verdaderamente que vamos a tener... que no son más que 
problemas temporales." Y recuerdo que le oí decir: "Bueno, voy... No estoy 
seguro de lo que hemos previsto para eso porque era un problema que no 
preocupaba a nadie en la primavera del 2000".

Matt Simmons servirá de justificación técnica para los discursos de la 
campaña de George Bush dedicados a la cuestión energética. Más tarde, 
después de las elecciones y, por ironía de la vida, después de un corte de 
electricidad sin precedentes en California, la víspera de la entrada de Bush 
a la Casa Blanca, el NEPDG recurrirá regularmente a los consejos de Simmons. 
Éste ofrecerá su opinión sobre la importancia de los temas planteados por 
los numerosos cabilderos que querían participar y ejercer influencia sobre 
el grupo. No participó en los trabajos porque, según dice, ya había hecho lo 
que tenía que hacer.

EL INFORME CON DOBLE FONDO

La lectura del informe público del NEPDG, conocido bajo el nombre de 
National Energy Policy o «Informe Cheney» [5], revela un contraste 
significativo con el discurso alarmista de Matt Simmons. El informe comienza 
haciendo un balance del aprovisionamiento energético de Estados Unidos y 
formula recomendaciones que, teóricamente, tienen como objetivo reducir la 
dependencia del país de los principales Estados proveedores de petróleo.

Los siete primeros capítulos insisten en la importancia de la conservación 
de la energía, de la eficacia y el desarrollo de las energías renovables. Si 
se toman al pie de la letra, esas recomendaciones implicarían un cambio 
total en correspondencia con la política existente, cuya tendencia al 
crecimiento del consumo de energía no renovable y a la dependencia hacia los 
principales países productores de petróleo, es evidente. Teóricamente, la 
aplicación de esas recomendaciones tendría consecuencias sin precedentes 
para la economía estadounidense e implicaría una profunda reestructuración 
de la economía y del modo de vida estadounidenses, que absorben más de la 
cuarta parte de la producción mundial de petróleo.

El hecho es, por supuesto, que ninguna de las medidas propuestas en la 
primera parte del informe permite reducir la dependencia de las 
importaciones, con excepción, quizás, de la apertura del Artic National 
Wildlife Refuge (ANWR), en el norte de Alaska, a la exploración y la 
explotación, que implica graves repercusiones para el medio ambiente con 
perspectivas de producción finalmente modestas. Tomemos también el ejemplo 
del etanol, o carburante vegetal. Aparentemente ecológico y económico, este 
procedimiento exige en realidad un amplio consumo de energía fósil nada más 
que para garantizar el funcionamiento de la maquinaria agrícola, así como la 
cantidad de nutrientes químicos y de pesticidas necesarios para las 
plantaciones que se transformarían después en carburante.

El sector nuclear es presentado también como una fuente de electricidad que 
debe desarrollarse, pero este no representa más que una pequeña parte de la 
producción energética de Estados Unidos y se necesitarían, por consiguiente, 
inversiones considerables para garantizar su desarrollo. Sin embargo, 
ninguna medida de tal envergadura ha sido puesta en práctica durante los 
últimos años.

Si se analiza con calma, es posible comprobar que el único proyecto real 
verdaderamente emprendido ha sido el de «la economía del hidrógeno», un 
soberano engaño que desde el punto de vista científico no puede resolver en 
lo más mínimo los problemas de aprovisionamiento energético ya que el 
hidrógeno es vector y no fuente de energía. Como subraya Michael Klare [6], 
profesor sobre cuestiones ligadas a la paz y la seguridad mundial en el 
Hampshire Collage, el último capítulo -que contiene un tercio de las 
recomendaciones- es el único que aporta elementos concretos, pero no en 
cuanto a la manera de reducir la dependencia de las fuentes extranjeras, 
sino sobre cómo asegurar el aprovisionamiento creciente a partir de dichas 
fuentes.

El octavo capítulo, que se intitula «Strengthening global alliances» 
(«Reforzar las alianzas globales»), insiste más bien en la necesidad de 
eliminar los obstáculos, políticos y económicos al acceso a los recursos 
petroleros y al gas natural con el objetivo de garantizar los 7,5 millones 
de barriles diarios suplementarios que el país consumirá de aquí a 2020, o 
sea el equivalente del consumo actual total de China y la India. Como los 
países que podrían desempeñar ese papel son en su mayoría proclives a una 
gran inestabilidad política y social, la garantía del aprovisionamiento 
exige de manera implícita un creciente despliegue de tropas estadounidenses.

LA SOLUCIÓN QUE REALMENTE SE PLANTEA ES DE TIPO MILITAR...

El informe toma nota de la creciente dependencia del petróleo proveniente 
del Medio Oriente y formula la siguiente recomendación: «El NEPDG recomienda 
que el presidente estimule las iniciativas de Arabia Saudita, Kuwait, 
Argelia, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y los demás proveedores a favor 
de la apertura de sus sectores energéticos a las inversiones extranjeras» o 
también «(...) trabajar para mejorar el dialogo entre los países productores 
y los países consumidores.»

Las importaciones de petróleo proveniente de Medio Oriente no constituyen 
por el momento más que el 18% del consumo nacional estadounidense, pero esa 
cifra aumentará rápidamente debido a la caída acelerada de la producción en 
la mayor parte de las demás regiones del mundo, entre ellas los propios 
Estados Unidos, caída que comenzó en 1970. El interés estratégico que 
presenta la región es aún más importante si se tiene en cuenta que Asia y 
Europa Occidental dependen enormemente de ella para garantizar su propio 
aprovisionamiento.

Resulta extraño ver que el caso de los países que disponen de reservas 
significativas pero que son objeto de sanciones económicas, está tratado en 
un capítulo muy corto y particularmente ambiguo [7] que aconseja la revisión 
del régimen de sanciones en función de la seguridad energética. Después de 
analizar documentos suplementarios que obtuvo el Judicial Watch, uno puede 
preguntarse de qué manera fue tratado en el seno de la Cheney Energy Task 
Force el problema de las sanciones que pesaban entonces sobre Irak. En 
efecto, el levantamiento del embargo contra Irak que impuso la ONU, 
implicaba la puesta en marcha de los contratos y acuerdos congelados por las 
sanciones, en detrimento de las compañías estadounidenses marginadas de las 
negociaciones por el régimen de Saddam Hussein. La intervención militar 
quedaba entonces como la única opción posible para abrir el acceso a la 
segunda reserva mundial de crudo, con bajos precios de producción, sin 
parangón en parte alguna del mundo.

Como lo demuestra la creciente inestabilidad de Arabia Saudita, único país, 
aparte de Irak, que podría aumentar significativamente su producción para 
responder a la demanda mundial, la presencia creciente de tropas en la 
región es una necesidad estratégica para Estados Unidos. No es por tanto 
sorprendente que aparezcan proyectos de bases permanentes en Irak [8], a 
pesar de las declaraciones que parecen indicar que la presencia militar de 
la coalición allí es temporal.

Tomemos otro ejemplo, el de África occidental: el informe subraya el 
importante potencial de Estados como Nigeria y Angola en términos de aumento 
de la producción sugiriendo igualmente estrechar con ellos los lazos 
diplomáticos y comerciales. Ambos países confrontan, sin embargo, graves 
disturbios internos, como lo demuestran las manifestaciones de violencia 
étnica de la primavera del año 2003 en la región del delta, en Nigeria, 
donde se encuentran la mayoría de los yacimientos terrestres. Al no poder 
desplegar tropas allí sin despertar la indignación de la comunidad mundial, 
Estados Unidos aumenta regularmente su ayuda financiera a los regímenes 
amigos en esa región.

Habiendo llegado al poder en medio de un período decisivo para el porvenir 
energético de Estados Unidos y en momentos en que una desregulación caótica 
de ese sector amenazaba con dejar al país en la oscuridad mientras que las 
importaciones de petróleo se disparaban, la administración Bush presentó el 
público un informe hueco, vacío de soluciones reales para remediar la 
dependencia del país ante sus principales proveedores de petróleo. Mientras 
tanto, la Cheney Energy Task Force estudiaba en secreto los yacimientos y 
contratos petroleros de Irak, en espera de una justificación para invadir 
ese país y desplegar sus fuerzas armadas allí donde la producción de 
petróleo está llamada a concentrarse durante las próximas décadas.

La Casa Blanca acostumbra afirmar que los terroristas odian el American way 
of life. En realidad, es al revés: la preservación de su modo de vida, 
devorador de energía, obliga a Estados Unidos a un despliegue militar 
mundial con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Se trata, además, 
de un círculo vicioso, ya que el ejército estadounidense es el mayor 
consumidor de energía del mundo.

Notas
[1] Sobre este tema, ver nuestro artículo Odeurs de pétrole à la 
Maison-Blanche, Reseauvoltaire.net, 14 de diciembre de 2001.
[2] Esos documentos pueden ser consultados en el sitio 
http://www.judicialwatch.org/071703.c_.shtml
[3] «Scalia explains decision to hear Cheney case», International Herald 
Tribune, 20-03-2004
[4] Entrevista de Matt Simmons, febrero de 2003, www.Globalpublicmedia.org
[5] Los interesados pueden obtener el informe en el sitio 
http://www.whitehouse.gov/energy/
[6] Cf.The Bush/Cheney energy strategy: implications for U.S. foreign and 
military policy, mayo de 2003.
[7] National Energy Policy, capítulo 8, p.132
[8] Ver "14 bases permanentes sont à l´étude en Irak", réseauvoltaire.net, 
24 de marzo de 2004, y leer "Les confessions du général Garner", 
réseauvoltaire.net, 25 de marzo de 2004.

*Periodista francés, miembro de la sección francesa de la Red Voltaire

_________________________________________________________________
MSN Amor: busca tu ½ naranja http://latam.msn.com/amor/