[R-P] Zona franca a medida de Botnia

[Daniel Herranz]

Otra vez las papeleras...

Hay vida más allá del pérfido de Busti, nota de la
periodista uruguaya Maru. 
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La semana pasada se conocieron (¿se conocieron?) dos
decisiones del gobierno que aceleran la construcción
de las plantas de celulosa en nuestro país, haciendo
cada día un poquito más irreversible su instalación en
nuestro territorio: el Ministerio de Transporte y
Obras Publicas aprobó el proyecto ejecutivo de
construcción de la terminal portuaria de Botnia y su
cronograma de ejecución, y el Ministerio de Economía y
Finanzas habilitó el funcionamiento de la Zona Franca
de Botnia, pese a que dicha empresa no finalizó aún
las obras de construcción de la infraestructura física
imprescindible para establecer lo que no es otra cosa
que una zona territorial "cercada y aislada
eficientemente", como dice la ley, y libre de la
tributación nacional. 

La zona todavía no está cercada ni aislada (la empresa
goza de nuevos plazos), pero era necesaria la
habilitación legal de la Zona Franca para que Botnia
pudiese comenzar la construcción de la planta de
celulosa propiamente dicha. 

En otras palabras: el Poder Ejecutivo decidió echar
aceite en todos los mecanismos burocráticos del Estado
a fin de facilitar los movimientos de la empresa
finlandesa Botnia, que es la que lleva la delantera en
el tema. 

Alguien podría pensar que se trata de una actitud
eficiente; tomada una decisión (autorizar las plantas
de celulosa) lo mejor para el país es facilitar su
rápida concreción, aún a riesgo de violentar la
legalidad vigente. Pero razonar de esa manera puede
llevarnos a que en lugar de un problema los uruguayos
nos compremos dos: uno de incalculables consecuencias
ambientales y otro de imprevisibles repercusiones
institucionales. Porque uno de los cimientos
ineludibles de una institucionalidad democrática es (y
debe serlo cada día más en un gobierno autodefinido de
izquierda), la igualdad de todos ante la ley. 

El tema de las Zonas Francas, explotación concedida
tanto a Ence como a Botnia por el gobierno de Batlle,
es de por si discutible. Empezando por lo más obvio:
una y otra están a pocos kilómetros de distancia y
existe además una tercera en la región, la Zona Franca
de Río Negro, también privada. ¿Por qué no haber
elegido esta última como sede tanto de la planta de
celulosa de Botnia como de la de Ence?. 

Pero esa decisión heredada, de conceder una panacea
fiscal, se vuelve más discutible si además termina
volviéndose una ficción legal y territorial, como va
camino de serlo en el caso de Botnia. 

La ley de Zonas Francas está pensada para que exista
un explotador de la Zona, es decir alguien que sea el
propietario del lugar (pensemos en un shopping), y
dentro de ese lugar, usuarios directos de la
infraestructura física (inquilinos), y hasta
indirectos, locatarios de los anteriores inquilinos.
Todo el texto de la ley habla de personas físicas o
jurídicas diferentes, que cumplen roles diferentes:
uno explota la Zona, otros la utilizan para producir
su mercadería o servicio, y hasta existen terceros que
pueden almancenar o depositar en los lugares
alquilados por los anteriores. Hasta tal punto se
supone que se trata de agentes económicos diferentes,
que la ganancia del Estado es un porcentaje de sus
transacciones de "libre mercado". 

Pues bien: tanto en el caso de Botnia como en el de
Ence el Poder Ejecutivo anterior aceptó que fueran
todos una misma y sola empresa, desnaturalizando el
sentido original del instrumento Zona Franca, y
minimizando así el famoso beneficio que esas empresas
dejarían al país. ¡Eramos tan pobres! 

Ahora vemos que el actual Poder Ejecutivo sigue la
misma lógica y no solamente está dispuesto a ignorar
las obvias violaciones a la letra de la ley, fingiendo
que son empresas distintas las que se llaman igual y
por acta de directorios se declaran solidarias en
todo, sino que incluso está dispuesto a aportar su
granito de arena en esa peligrosa tendencia
latinoamericana de volver un chicle la
institucionalidad, concediendo excepción tras
excepción. La pregunta es: ¿en qué momento la
excepción se vuelve ilegalidad? (¿Será que el Tribunal
de Cuentas continuará con su triste papel de florero
inútil?) 

Yo soy de las que cree que el tema de la legalidad y
de la institucionalidad del aparato de Estado es uno
de los grandes desafíos para la izquierda en el
gobierno (y no sólo la uruguaya), porque los aparatos
burocráticos no son neutros, como pretenden y
pretendieron siempre los que los hicieron a su medida,
sino que se fueron construyendo al servicio de
intereses particulares y minoritarios. El presidente y
su equipo llegaron al gobierno y no tuvieron más
remedio que ponerse un traje hecho a otra medida y,
parafraseando al Pepe, también a otra ética y hasta a
otra estética. 

El problema para la ciudadanía es saber si el equipo
de gobierno asume políticamente ese desafío, es decir,
si llama a las cosas por su nombre y transparenta lo
contrahecho del Estado, o si finge como sus
predecesores- cumplir lo que no cumple, tratando de
tironear la vestimenta a su actual medida, y zurciendo
o retocando allí donde debería innovar. Tal vez ese
sea el concepto capaz de enamorar a la ciudadanía; la
capacidad de innovar, allí donde todo parece hecho a
una sola medida. Innovar para construir una legalidad
diferente, al servicio de las mayorías, asumiendo que
la hegemonía política debería traducirse en una nueva
institucionalidad (¿para qué, sino, la mayoría
parlamentaria?) y desterrando el estilo de tapar lo
real con lo formal. Es decir: las empresas Botnia S.A
y Botnia Fray Bentos S.A. sólo se diferencian por dos
palabras. 


	


	
		
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