[R-P] La carta secreta de Kirchner
ana graciela real
educba2003 en yahoo.com.ar
Dom Oct 9 15:33:57 MDT 2005
LA CARTA SECRETA DE KIRCHNER.
Frente a este panorama, y dada la imposibilidad de
acceso a la información financiera fiscal (los fondos
de la Provincia de Santa Cruz) y a las sentencias
judiciales que no toman estado público (como, en este
caso específico, el archivo de la causa por parte del
Juez Lozada, de Santa Cruz) se abre el interrogante
complementario de cuál es el motivo o razón que
explica semejante grado de impunidad pública cuando,
desde todos los ángulos (incluso el gubernamental)
sentimos a diario justamente el discurso de la lucha
contra la Corrupción. Ocurre que aquí el Presidente
no aclara el pasado de su administración provincial en
un tema tan sensible como es el manejo de los fondos
públicos y no permite esclarecer los hechos vinculados
al tema, que podrían tener una obvia repercusión
política. Y ello, pese a la proximidad de algo que él
mismo calificó de “plebiscito de su gestión” a través
del “test” electoral de Octubre.
Surge entonces, paralelamente a la duda central sobre
la forma de manejo de los fondos de Santa Cruz, la
lógica pregunta adicional sobre por qué no se puede ir
adelante con las investigaciones del caso bajo un
régimen teóricamente democrático-republicano y sus
instituciones. Porque frente a este caso importante y
concreto denunciado sobre potencial corrupción en el
manejo de los fondos públicos resulta que, en la
práctica, nadie interviene en los hechos - por lo
menos hasta la fecha y salvo pocas excepciones – salvo
por medio de declaraciones.
El Juez Federal Montenegro (reiteramos, designado por
el Dr. Kirchner) deriva la causa a la Provincia de
Santa Cruz, pese a que el problema está planteado a
raíz de los dichos falsos del Presidente, que fueron
expresados en su condición de tal en una reunión
internacional; y no solamente por el esclarecimiento
de su gestión en materia de fondos públicos
provinciales. El Juez Lozada o Losada, de Santa Cruz –
sobre quien pesa una fundada duda por conflicto de
intereses debido a la vinculación sentimental que se
le atribuye con una sobrina del presidente; y también
a ciertos antecedentes de parcialidad que habría
tenido anteriormente en su gestión – resulta que
archiva la causa derivada por el fuero federal sin que
se pueda tener acceso al contenido del fallo.
El Defensor del Pueblo de la Nación se excusa de
intervenir, respaldado en el hecho que existe una
causa judicial por el medio; pero no se expide acerca
del problema de la falta de acceso a las sentencias
judiciales. La Oficina Anticorrupción – encargada
precisamente, entre otras cosas, de analizar los
antecedentes de los funcionarios públicos – demora su
participación por razones administrativas en un tema
que toca directamente nada menos que al Jefe del
Estado.
La Justicia – a través de los organismos superiores de
supervisión de orden Federal y Provincial – todavía no
se plantea o expide frente al problema de fallos
cuestionables o secretos. Las Organizaciones no
Gubernamentales, muchas de las cuales se muestran
activas para estudios y análisis genéricos, se
abstienen en cambio de meterse en un tema flagrante de
falta de acceso a la información y potencial
corrupción (como el caso concreto de Poder
Ciudadano, representante en la Argentina de
Transparency International). De la misma manera, y
pese a que algunos grandes medios de prensa le han
dado cabida muy concreta a la cuestión, el tema no ha
podido instalarse aún en la Opinión Pública.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA)
tampoco se mezcla en el asunto pese a que, a través de
la Superintendencia de Bancos y dado el carácter
“nacional” de las transferencias al y desde el
exterior, posee la Base de Datos y el acceso a todas
las informaciones bancarias en que desee entrar,
incluyendo lógicamente las transacciones realizadas a
través del Banco de Santa Cruz (antes y después de su
privatización a favor del grupo Eskenazi). Y, por
último, está el Congreso, donde se supone que
convergen las inquietudes de los distintos partidos
políticos en materia de información y transparencia,
frente a los dichos falsos de un Presidente que tocan
a un aspecto tan delicado de sus antecedentes de
gestión; un ámbito legislativo dónde, salvo mínimas
excepciones, el asunto no se ha perfilado siquiera
como tema de debate.
Qué es, entonces, lo que explica esta aparente
“conspiración del silencio” relativa? Y decimos
“relativa” porque se hacen menciones o declaraciones
circunstanciales o genéricas, pero muy pocos entran de
lleno en el problema y asumen la responsabilidad de
denunciantes, como sí lo hicieron – en cambio -
Salbuchi y Romero, con el patrocinio de los Dres.
Labaké e Iglesias. Cuál es la “carta secreta” que
puede tener el Gobierno Kirchner para frenar, al menos
hasta ahora, esta pesada sospecha fundada en su
contra? En lo personal, creemos que la respuesta a
este interrogante es simple: la extorsión frente a las
irregularidades o los delitos – efectivos o
potenciales – de los demás; los de toda la Clase
Política.
Porque la amenaza - ya sugerida por el presidente -
pudiera estar en develar que todas o casi todas las
provincias hidrocarburíferas habrían hecho poco más o
menos lo mismo que Santa Cruz; que todas las
administraciones provinciales habrían manejado con la
misma discrecionalidad, falta de transparencia y
control sus fondos públicos (como está demostrado en
el manejo de los gastos públicos, los déficits
fiscales, y sobre todo, en la impunidad de las Deudas
Provinciales, que son tanto o más ilegítimas que la de
la Nación pero ahora han sido “federalizadas”); que
todos los bancos provinciales (muchos de ellos
fuertemente comprometidos en irregularidades
investigadas) habrían manejado de la misma forma sus
operaciones como agentes financieros de las
provincias; etcétera.
En definitiva, que la explicación de esta “no
intervención” de la Clase Política, tanto en este caso
de los fondos de Santa Cruz como en el de otros temas
graves de las Finanzas del Estado en general, estaría
siempre ligada – directa y estrechamente – al temor de
una contraofensiva gubernamental sobre las gestiones
de administraciones nacionales precedentes y
administraciones provinciales que hayan incurrido en
el mismo esquema de manejo discrecional y no
transparente de los fondos públicos.
Y ello es lo que ataría, en el fondo, las manos de la
Partidocracia a la impunidad de los gobiernos de
turno, porque así se cumple la regla básica de la
CORRUPCIÓN: TODO ES NEGOCIABLE.
(*) NOTA: MD significa siempre Millones de Dólares
que, en la época de la Convertibilidad, se tomaban a
paridad 1:1 con el Peso, de modo que aquí se
consideran indistintamente las sumas de ese período
como equivalentes entre las dos monedas ($=US$).
Juan Gabriel Labaké: jglabake en telviso.com.ar
Adrián Salbuchi: salbuchi en fibertel.com.ar
Enrique Romero; quique en romero.net.ar
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“A aquellos argentinos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a la Patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española; una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer."
(Carta de San Martín a Rosas. 10 de Junio de 1839).
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