[R-P] El Ciadi es el nuevo cuco que usa el imperio para asustarnos

[INFOR-MET]

Casi todo el suplemento económico del "Gran diario
argentino" de hoy esta dedicado hoy a agitar el
espantajo de "los fallos del CIADI" contra los
latinoamericanos, para atemorizarnos,
desinformarnos...y buscar paralizar cualquier arresto
nacionalista que intentemos en defensa de nuestros
intereses.

En la década del 90 fue la criolla " moratoria" o el
más afrancesado "default", el cuco con que nos
amedrentaban, bajo amenaza del averno de "caernos del
mapa" porlossiglosdelossiglosamén, o con "el riesgo
país", nueva torah, predicada por Neustad, Grondona,
Esper, el FMI y otros demonios , íncubos y súcubos por
el estilo.

El pais entró en default, y sabemos que no nos fue tan
mal, al contrario, a partir de allí, comenzamos a
transitar un rumbo distinto. El país no estalló, ni
los planetas salieron de sus órbitas.

Hoy el nuevo cuco es el CIADI. Como casi todos los
fantasmas y aparecidos, el temor desaparece ni bien
comprendemos su lógica, su inconsistencia, y se esfuma
ni bien decide uno mirar al enemigo de pie, y no de
rodillas. Ello dá un fantástico resultado, mejor aún
que las ristras de ajo, o los gualichos de misia
Pancha.

La batalla contra el CIADI, como la de la deuda, debe
ser Causa Nacional .

Rolando
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Entrevista con el abogado que enfrentó a la Argentina
en el caso CMS 
 
"El fallo del Ciadi sienta precedente para otros
juicios"  
 
Un país no puede cambiar las reglas, dijo Nigel
Blackaby, del estudio Freshfields
 
 
 
PARIS.- A los 38 años, el abogado Nigel Blackaby es
responsable del departamento América Latina de uno de
los cinco estudios jurídicos más importantes del
mundo: Freshfields Bruckhaus Deringer. Desde hace 15
días, el especialista en arbitrajes se ha convertido
en una de las pesadillas del gobierno de Néstor
Kirchner. 

Patrocinando a la empresa norteamericana CMS Gas
Transmission, Blackaby logró hace un par de semanas
que el tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi,
condenara a la Argentina a pagar US$ 133,2 millones.
"El laudo del Ciadi se apoya en principios muy sólidos
y la decisión fue tomada por unanimidad", dijo el
abogado, para quien "este laudo servirá seguramente de
referencia" en el resto de las demandas que afronta la
Argentina. 

Blackaby y sus colaboradores utilizaron dos argumentos
frente al Ciadi: que CMS -accionista minoritario de
Transportadora de Gas del Norte- había sufrido una
expropiación indirecta por parte del Estado al no
permitirle ajustar sus tarifas, y que había sido
víctima de trato discriminatorio. El Ciadi desestimó
esos argumentos, pero le dio la razón al admitir que
la devaluación había deteriorado los ingresos de la
compañía al no ajustar las tarifas en la misma
proporción. 

Este es sólo el primer arbitraje de una cascada de 34
demandas presentadas contra el Estado argentino por
empresas de servicios públicos privatizados. Los
reclamos totalizan unos US$ 20.000 millones. No todos
ellos serán tratados por Freshfields. Pero, a juzgar
por el laudo del Ciadi, la situación general se
presenta particularmente delicada para la Argentina. 

El argumento del fallo fue que "un Estado no puede
cambiar las reglas de juego a mitad de camino",
explicó Blackaby a LA NACION en su bufete de París,
mientras prepara su estrategia para enfrentar
nuevamente al país en el caso Aguas Argentinas. 

"Cuando un Estado atrae inversiones extranjeras lo
hace a través de un régimen jurídico que permitirá a
los inversores evaluar lo que gastarán y lo que van a
poder hacer, sabiendo que, gracias a cierto flujo de
ingresos previsible, obtendrán préstamos para
invertir, y podrán pagar esos créditos a lo largo del
proyecto", explicó Blackaby. "Si a una empresa le
cortan dos tercios de los ingresos previstos, se verá
en serias dificultades para poder saldar las deudas
contraídas", agregó. 

-¿Qué ocurre si no se tomaron en cuenta los problemas
de los usuarios? 

-El derecho internacional se ocupa del respeto de los
contratos firmados. Cuando una empresa extranjera
viene a tratar con un Estado, no puede ponerse a
examinar si el contrato que firmará es conforme a los
intereses generales de la nación. Son los gobiernos
quienes tienen la responsabilidad de vigilar el
bienestar de sus propios ciudadanos. La decisión de
dolarizar las tarifas nunca es adoptada por una
empresa: son los gobiernos los que firman contratos
estableciéndolo. 

Responsabilidad del Estado 

Según el especialista, no se puede sostener durante
mucho tiempo el argumento de "crisis grave en el
país", que invocó la Argentina ante el Ciadi. "En
derecho internacional -señaló-, hay una figura
denominada «estado de necesidad», que permite a un
Estado evitar sus obligaciones internacionales. Pero
según el Ciadi, en este caso no se reunían los
requisitos para contemplar ese argumento. Aun cuando
existieran esas razones excepcionales, una vez
terminada la extrema crisis, vuelven a aplicarse las
obligaciones contractuales. Además, para que ese
argumento prospere, la causa del problema debe ser
ajena a quien dejó de cumplir. Es decir, la Argentina
no tenía que haber contribuido a crear esa situación
de crisis. Para un tribunal internacional, no se trata
de la responsabilidad del gobierno de turno, sino del
Estado argentino", aclaró. 

-¿Si la Argentina sigue utilizando esos argumentos
perderá los juicios que vienen? 

-Los juicios no están vinculados y cada tribunal tiene
libertad para decidir. Pero el laudo se apoya en
principios muy sólidos y la decisión fue tomada por
unanimidad; hasta el árbitro nombrado por la Argentina
falló en su contra. Este tribunal tiene mucho
prestigio y esos son elementos que otros tribunales
deberían tomar en cuenta. Este laudo servirá
seguramente de punto de referencia. 

Si la Argentina cae en mora, quedaría al margen de la
comunidad internacional, advierte Blackaby: "CMS es
una empresa norteamericana. La Argentina firmó el
tratado bilateral con Estados Unidos, que se utilizó
como base del reclamo. Si Buenos Aires decidiera no
pagar a CMS, sería como romper brutalmente ese
acuerdo. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos y
la Argentina forman parte del Banco Mundial, es fácil
imaginar lo que sucedería". En la historia del Ciadi,
sólo dos países se negaron a pagar la indemnización
decidida por el tribunal: "Ambos, africanos". 

Por Luisa Corradini 
Para LA NACION 


Un bufete que defiende a empresas y gobiernos   

Los juicios de una empresa contra un Estado se
parecen, por lo general, a la lucha de David contra
Goliat. En algunos procesos iniciados por las empresas
privatizadas, sin embargo, la Argentina tendrá que
lidiar con un coloso: la firma que patrocina a algunas
de las compañías extranjeras, Freshfields Bruckhaus
Deringer, es uno de los mayores bufetes
internacionales de abogados. Su staff permanente tiene
más de 2400 juristas con oficinas en 27 países. El
inglés Nigel Blackaby es uno de los 42 asociados
basados en París. Los honorarios de Freshfields, que
se calculan por hora, siempre alcanzan cifras
millonarias. 

Como todos sus asociados, Nigel Blackaby vive entre
avión y avión. En mayo pasó sólo seis días en su
lujosa oficina, ubicada en el primer piso de un
flamante edificio high tech recién estrenado por
Freshfields en la capital francesa. Allí, 400 personas
-entre abogados y administrativos- trabajan en un
marco de inimaginable confort: salas amplias y
silenciosas, despojados muebles, paneles de cristal y
maderas exóticas, profusión de obras de arte y
orquídeas blancas completan un decorado decididamente
zen. El edificio, de siete pisos, tiene -entre otras
cosas- restaurante, gimnasio y un sistema interno de
seguridad que lo asemeja bastante a la caja fuerte de
un banco suizo. 

Un bufete de esta magnitud no sólo defiende a
empresas. En numerosos casos también patrocina a
Estados. Uno de los casos que los abogados de
Freshfields recuerdan con mayor satisfacción es la
disputa fronteriza entre Bahrein y Qatar: "Ante el
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya,
logramos salvar el 30 por ciento del territorio de
Bahrein, el Estado más pequeño del Golfo Pérsico",
recordó Blackaby. 

Lunes 30 de mayo de 2005
Noticias | Economía | Nota 
 
Otras causas en la región  
 
Posibles conflictos con Bolivia y Venezuela
 
 
 
Nigel Blackaby no sólo se ocupa de litigios arbitrales
con la Argentina. Su equipo analiza en estos momentos
la situación de la industria de los hidrocarburos en
Bolivia, una cuestión que podría desembocar en una
serie de juicios internacionales. 

"La nueva ley votada la semana pasada afecta muchísimo
a las petroleras que operan en ese país, porque
aumenta paulatinamente las regalías que hay que pagar
al Estado. Cambia además la propiedad de esos
hidrocarburos en boca de pozo: antes eran de las
empresas y ahora serán del Estado. Las empresas se
preguntan si pueden continuar en Bolivia y, sobre
todo, seguir invirtiendo allí", explicó el abogado. 

Freshfields y Nigel Blackaby también tienen clientes
en Venezuela: los propietarios extranjeros de campos
que están siendo ocupados por el Estado para
redistribuirlos, en el marco de la ley de reforma
agraria votada por el gobierno de Hugo Chávez. 

"Esas tierras producen o tienen ganado, no están
abandonadas. Los dueños, entonces, asimilan esas
ocupaciones a una expropiación. En consecuencia, si la
aplicación de esa ley no es conforme a los acuerdos
internacionales firmados por Venezuela con respecto a
la protección de los extranjeros, el gobierno podría
comprometer su responsabilidad internacional por las
pérdidas ocasionadas a los dueños de esas propiedades.
En este momento, estamos analizando con abogados
locales cuáles son las posibilidades de hacerle
cambiar al gobierno la decisión de ocupar esas
tierras." 
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/708451

 



	


	
		
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