[R-P] Tensa situación en Bolivia por la ley petrolera

[INFOR-MET]

Mesa tiene 10 días para hacer observaciones, un
eventual veto puede provocar estallidos sociales de
imprevisibles consecuencias 
La nueva Ley Petrolera está en manos de Mesa 


 
 La sancionada nueva ley de Hidrocarburos está en
manos del presidente Carlos Mesa. Las presiones del
gobierno, cuyas observaciones eran coincidentes con
las que tenían las transnacionales petroleras,
obligaron a recortarla al mínímo aceptable para los
sectores sociales, aunque aún así el gobierno cavila
en promulgarla o vetarla, los empresarios pidieron
vetarla y los sectores sociales se reorganizan para lo
que podría ser una nueva etapa en las movilizaciones
tendientes a recuperar el control de los bolivianos
sobre sus recursos energéticos. 
La nueva ley, sancionada en la víspera con el voto de
los partidos que mantuvieron a Sánchez de Lozada en el
poder (MIR, MNR, NFR y ADN), tiene 143 artículos que
imponen nuevas condiciones a la actividad petrolera,
entre ellas la obligación a adecuar los contratos (un
artículo que es considerado como "legalizador de los
contratos axistentes"), la aplicación de un nuevo
impuesto del 32 por ciento, la distribución de
recursos y la refundación de YPFB.

Sin embargo, las nuevas condiciones establecidas no
son del agrado de las empresas petroleras que días
atrás amenazaban con llevar al país a arbitrajes
internacionales, aunque su posición fue debilitada
después que el Tribunal Constitucional dijo que sus
contratos deben ser ratificados por el Congreso.

Tampoco son del agrado de los empresarios que pidieron
vetar la ley, una posibilidad antes ya anunciada por
el entorno presidencial muy cercano a los intereses de
las transnacionales que operan en Bolivia.

Según la Constitución Política del Estado, Mesa tiene
diez días para promulgar la norma, la misma que
entraría inmediatamente en vigencia, pero también
puede observar la norma, bajo el riesgo de provocar
una conmoción social de consecuencias imprevisibles.

Si Mesa opta por el veto, el Congreso puede
reconsiderar la ley o también puede declarar
"infundadas" las observaciones presidenciales, caso en
el cual Mesa tendría otros 10 días para promulgar la
ley , aunque esta vez también puede ser promulgada por
el presidente del Congreso, caso en el cual a Mesa y a
las petroleras no les quedaría otra opción que el
acatar la decisión del Congreso.

Un mesa atrás, Mesa había intentado una serie de
movidas políticas, incluida la amenaza de renuncia,
para obligar a que el Congreso suavice la norma para
ponerla a tono con los intereses de las petroleras.
 



	

	
		
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