[R-P] Bolivia: interesantes análisis del CEDIB

[Nestor Gorojovsky]

[Las notas del CEDIB y los análisis que hace este grupo de 
intelectuales y periodistas bolivianos no solo muestran -una vez más- 
que Bolivia es el laboratorio donde se pueden observar con la mayor 
claridad procesos que en alguno de sus vecinos quedan opacados porque 
aún existe "algo para repartir".  Señalan también algunas de las 
opciones que puede llegar a enfrentar cualquier gobierno que, llegado 
al poder a hombros del retroceso parcial de un alzamiento popular 
inorgánico, intente pactar contra la Nación más allá de lo que el 
pueblo -que no ignora quién lo elevó a la primera magistratura- está 
dispuesto a conceder.]

Bolivia Press 2005, Nº 4 (17 de marzo) 
Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e 
Información Bolivia (CEDIB) afiliado a las redes UNITAS y UNIBAMBA.

----------------------------------------------------------------------
LOS ELEMENTOS DE LA NUEVA CRISIS GUBERNAMENTAL 
----------------------------------------------------------------------


1. DEL "ACUERDO NACIONAL" A LA PROPUESTA DE CONVOCATORIA A ELECCIONES 


LOS HECHOS. La renuncia del Presidente (comentada en nuestro último 
boletín especial) se resolvió con el rechazo congresal a la misma. 
Tras largas reuniones de los jefes de bancadas parlamentarias con el 
Poder Ejecutivo se llegó a la convicción unánime de que Carlos Mesa 
debía seguir gobernando. Además se redactó un documento de "Acuerdo 
Nacional" que consignaba el compromiso de inmediata aprobación de una 
ley de Hidrocarburos que al mismo tiempo beneficiara al país y no 
desalentara la inversión externa, y de viabilizar el referéndum 
autonómico, la elección de prefectos, la convocatoria a Asamblea 
Constituyente y el levantamiento de los bloqueos de caminos. Pero a 
la hora de firmar el acuerdo se retiraron el MAS y el MIP y se 
dividieron las posiciones en el MIR. Con el apoyo parcial de éste y 
el apoyo total del MNR, NFR, ADN y UCS (más el amplio apoyo social 
demostrado en las ciudades, y también el amplio respaldo 
internacional) el Presidente dio por resuelto el conflicto. Sin 
embargo, exactamente 9 días después (la noche del martes 15) volvió a 
sorprender a la nación con una propuesta de convocatoria adelantada a 
elecciones generales (Presidente y Vice­presidente, Senadores y 
Diputados) para el próximo 28 de agosto. El Presidente presentó datos 
estadísticos que demuestran que el apoyo social a su gestión se ha 
incrementado en todas las ciudades, superando en algunas el 80 %, y 
culpó de la inviabilidad de la misma al Congreso Nacional que no 
apoya su proyecto de Ley de Hidrocarburos, a los movimientos sociales 
que tienen el país bloqueado, y a los Fiscales que no quieren 
enjuiciar a los bloqueadores. Queda en manos del Congreso la 
aprobación o no de dicha propuesta de ley.

COMENTARIO. Al resolverse (aparentemente) la crisis planteada por la 
renuncia del Presidente, llamaba poderosamente la atención la 
tranquilidad y convicción con que los diversos actores del Acuerdo 
(Mesa y sus voceros, los partidos tradicionales, los empresarios 
privados y la Iglesia Católica) daban por hecho que se había re-
unificado "la nación" y empezaron a mirar con optimismo el futuro 
inmediato, ignorando a la Bolivia profunda que no había participado 
del tal acuerdo. Era la imagen de lo que fue siempre esta sociedad 
escindida, donde la Bolivia señorial decide los destinos del país, 
ignorando y despreciando a las mayorías indígenas, marginadas y 
empobrecidas. Resultado: la crisis no sólo no se había resuelto sino 
que se agravaba, por un lado con una masificación de los bloqueos y 
movilizaciones, por otro con la renovada agresividad (que el propio 
Presidente calificó de racista) de las capas medias urbanas que 
claman por estabilidad y tranquilidad, sin proponer soluciones a los 
males del país. El "acuerdo de papel", como lo ha llamado un 
analista, no podía durar. Ahora, una vez más, la palabra la tienen 
los "representantes nacionales" que a muy pocos representan y que 
probablemente tendrán más en cuenta el peligro de perder sus 
prebendas que la mejor vía para resolver los problemas nacionales, y 
que además tienen a su favor la muy escasa constitucionalidad de la 
propuesta presidencial.

2. LOS EXECRADOS BLOQUEOS 

LOS HECHOS. Las movilizaciones subsiguientes a la firma del "acuerdo 
nacional" fueron varias (marchas, huelgas de hambre, paros laborales, 
decisión en El Alto de no pagar las facturas de Aguas del Illimani), 
pero entre ellas sobresalieron por su fuerza, y por los problemas que 
causaban, los bloqueos de caminos. La prensa ha reseñado más de 
setenta, y pese a los esfuerzos gubernamentales y a la dura campaña 
social en su contra, llegaron a cortarse casi todos los accesos a las 
ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, 
Trinidad y Tarija. La prensa dio amplia cobertura a las quejas de los 
empresarios damnificados, de los transportistas perjudicados, de los 
pasajeros dramáticamente varados en las terminales, y por supuesto a 
las pérdidas producidas. El presidente Mesa se ha llegado a declarar 
"bloqueado" en su gestión de gobierno por esos movimientos sociales y 
por su expresión política más visible que es el MAS. Finalmente, la 
mañana del día 16 los movimientos sociales decretaron un "cuarto 
intermedio" hasta que la ley de Hidrocarburos pase a ser tratada en 
el Senado, y los bloqueos empezaron a levantarse.

COMENTARIO. En primer lugar merece comentario la reacción que produjo 
en la Bolivia profunda la actitud colonial de quienes firmaron el 
mencionado "acuerdo", que fue una reacción instintiva de unir fuerzas 
(pasando por encima de viejas animadversiones) para defender 
intereses comunes (y nacionales); ahí se destaca la decisión de El 
Alto de postergar su lucha por el agua para sumarse a la lucha por la 
recuperación de los hidrocarburos. En segundo lugar merece comentario 
la dura y extendida crítica contra los "bloqueadores", a los que se 
acusa de causar todos los males del país, que así "no se puede 
desarrollar", cuando en realidad es exactamente al revés: Los 
bloqueos no son causa sino efecto de la pobreza creciente; nadie 
bloquea por gusto o conveniencia, los primeros que se perjudican son 
los propios bloqueadores, y cuando se deciden a asumir ese perjuicio 
(dejar de trabajar, agotarse cargando piedras y tumbando árboles, 
afrontar las inclemencias climáticas y las agresiones de los 
damnificados) es porque han llegado a niveles de desesperación y no 
tienen otra forma de hacerse escuchar. La mayoría que compone la 
Bolivia profunda está harta de ser ignorada, no tiene recursos 
económicos ni mediáticos, lo único que tiene es el control del 
territorio, y lógicamente hace uso de él. Y por cierto, en cuanto se 
le da el más mínimo motivo para levantar los bloqueos (como es en 
este caso la aprobación de la ley de Hidrocarburos en Diputados), los 
levanta.

3. LA ACTITUD DE LOS FISCALES 

 LOS HECHOS. Tras la ratificación del presidente Mesa, los sectores 
empresariales y las capas medias le pedían "mano dura" con los 
bloqueos, a lo que el Presidente (consecuente con su decisión de no 
reprimir) respondió con la promesa de "mano justa", es decir 
aplicación de la ley y no la fuerza bruta. En consecuencia el 
ministro de Justicia hizo llegar al Ministerio Público (fiscales) una 
Resolución Administrativa (Nº 8) recordándoles su obligación de 
enjuiciar a los responsables de los bloqueos por atentar contra el 
derecho de libre tránsito (apoyándose para ello en los Art. 6-7-8-19-
124) de la Constitución. Sin embargo el Fiscal General y los fiscales 
de distrito respondieron acusando al Poder Ejecutivo de ingerencia en 
el Ministerio Público y aclarando que no se puede penalizar las 
protestas sociales que también son un derecho constitucional. Parece 
que esta reacción fue la que dejó desarmado al Presidente y lo llevó 
a la decisión de convocar a elecciones. Ahora el presidente de los 
empresarios privados (el Sr. Mustafá) anuncia que enjuiciará los 
fiscales.

COMENTARIO. Para empezar llama la atención que el presidente Mesa no 
recuerde que si está sentado en la silla presidencial es gracias a 
los bloqueos más intensos que ha vivido el país en su período 
republicano. Pero la consideración más importante es que detrás de la 
argumentación legal de los fiscales está la percepción de que resulta 
jurídica y prácticamente monstruoso pretender enjuiciar a grandes 
masas de población (un fiscal preguntó si a la hora de detener a los 
bloqueadores se podría utilizar los estadios de fútbol). Cierto que 
en estricta aplicación literal de la norma constitucional se puede 
afirmar que cortar el derecho de libre tránsito de personas y 
mercancías es un "delito"; pero los fiscales van al fondo de la 
cuestión, y no se atienen a la mera letra de la ley, cuando observan 
que una forma de protesta social no puede ser criminalizada aunque 
tenga efectos secundarios perjudiciales (que en todo caso están muy 
lejos de asemejarse a los "efectos colaterales" de que hablan el Sr. 
Bush y sus amigos, y que nuestros gobernantes nunca han denunciado).

4. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 LOS HECHOS. Como no ocurría hace mucho tiempo, se ha dado la 
conformación de un solo bloque social en torno a la defensa de los 
recursos naturales. En estos momentos el "Pacto de Unidad" agrupa a 
prácticamente a todos los movimientos sociales que están activos en 
el país (incluyendo a dirigentes que llevaban mucho tiempo 
descalificándose mutuamente) y que según el Presidente son los que 
han "bloqueado" su gobierno. Dentro de dicho bloque destaca el 
conjunto de pueblos indígenas/originarios que el pasado día 12 
publicaron una carta al Presidente (firmada por más de 12 
organizaciones de tierras altas y bajas) en la que acusan al primer 
mandatario de ambigüedad y falta de decisión, de una práctica 
política racista, de buscar la confrontación social, y de defender 
intereses privados y foráneos; y añaden que si no quiere aceptar el 
50% de regalías,ni respetar la demanda popular de Asamblea 
Constituyente, ni cumplir el compromiso de rescindir el contrato con 
Aguas del Illimani, entonces es mejor que se vaya. Fuera de este 
bloque unitario, realmente social, no ha dejado de jugar un papel 
importante el gremio del auto-transporte, que en Santa Cruz ha 
llegado a protagonizar auténticas batallas campales con la Policía, 
con heridos y sangre en ambos bandos, exigiendo un incremento en el 
precio de los pasajes. Fuera de la represión policial y el repudio 
popular, la otra respuesta que han obtenido, de parte del alcalde 
Percy Fernández, ha sido la autorización municipal para el 
"transporte libre".

COMENTARIO. En primer lugar se confirma la creciente madurez de los 
pueblos indígenas que han sido el núcleo inicial del actual Pacto de 
Unidad y que vienen mostrando creciente capacidad de organización y 
de comprensión de los problemas nacionales. En segundo lugar esa 
unidad (que evidentemente es todavía muy frágil) se está empezando a 
extender a los sectores populares urbanos, básicamente a través de la 
Fejuve - El Alto, y más limitadamente a través de la Coordinadora de 
Cochabamba. Finalmente se constata que el amplio y poderoso sector 
del Transporte está cada vez más lejos de integrarse a un bloque 
social, y no porque sus bases no pertenezcan en gran medida a los 
sectores populares y pobres, sino porque esa masa de pobres está 
dirigida por una élite de ricos y corruptos, y porque su actividad 
social está intensamente marcada por el arribismo individualista 
(basta leer los letreritos que suelen pegar detrás de sus vehículos); 
de ahí que su conducta sea errática y oportunista, un día parecen 
sumarse a la gran lucha nacional contra el alza de los precios de los 
combustibles, o plantean consignas acertadas como la supresión de los 
mayoristas, pero al otro muestran que lo único que les interesa es 
ganar más (ahí la batalla de Santa Cruz por la subida de los 
pasajes). Definitivamente se trata de un sector peligroso y al que 
nadie logra poner en su lugar.

5. QUÉ PASA CON LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 LOS HECHOS. Simultáneamente con las sacudidas políticas causadas por 
cada mensaje presidencial, en todas partes del país se organizan 
talleres, paneles y debates sobre la Asamblea Constituyente, una 
demanda que, planteada inicialmente por los Pueblos Indígenas de las 
Tierras Bajas el 2002, llegó a convertirse en parte de la llamada 
Agenda de Octubre, y por la que hoy se interesan las más variadas 
instituciones y organizaciones civiles, y también diferentes agencias 
internacionales. Sin embargo, mientras la sociedad civil y la 
sociedad política debaten sobre su convocatoria, sus alcances y sus 
contenidos, el presidente Mesa pretende establecer una definición a 
través de su proyecto de ley de convocatoria a elecciones; lo que 
concretamente plantea es que los próximos diputados y senadores (a 
ser elegidos el 28 de agosto) sean automáticamente constituyentes, 
durante el primer año de su gestión.

COMENTARIO. El Presidente, contra lo que parecía en su discurso de 
aquel 17 de octubre, definitivamente no ha entendido la demanda 
social de Asamblea Constituyente, que los pueblos indígenas y otros 
muchos sectores sociales consideran una instancia representativa de 
toda la sociedad, auténticamente soberana, llamada a "refundar" el 
país, es decir a cambiar todo lo que crea necesario en la estructura 
misma de este estado neo-colonial, anti-campesino y subordinado. Es 
por eso que ahora se interesan por la Asamblea quienes antes la 
consideraban superflua e inviable (desde los poderes constituidos 
internos hasta los poderes externos como el Banco Mundial y USAID). 
Objetivamente hablando es una jugada sucia intentar desvirtuar la 
Constituyente poniéndola en manos de diputados y senadores que van a 
ser elegidos según los cánones del viejo estado que es precisamente 
lo que se pretende cambiar. Para colmo se presupone que esos 
"constituyentes", una vez cumplida su tarea, seguirán actuando como 
diputados y senadores, es decir como si nada hubiera pasado.

----------------------------------------------------------------------
El tema de fondo: 
LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS APROBADA EN DIPUTADOS 
----------------------------------------------------------------------


Decíamos en el boletín anterior que éste es el ombligo de todos los 
problemas. El Presidente acaba de acusar al Congreso Nacional de 
obcecación y deslealtad porque se niega a aprobar la ley que él había 
propuesto (una ley que con ocasión del Referéndum ya analizamos a 
fondo y que en lo fundamental no difiere de la ley de Sánchez de 
Lozada); cierto que acusa también a los movimientos sociales de que 
bloquean su gobierno, y a los fiscales de que no los enjuician, pero 
esos bloqueos se dan precisamente en defensa de la recuperación de 
los hidrocarburos, concretamente por la vía de cobrarles a las 
empresas petroleras un 50% de regalías. Ahora bien, los diputados que 
interrumpieron su sesión para escuchar el mensaje presidencial, en 
cuanto éste terminó volvieron a reunirse y aprobaron la ley hasta su 
último artículo. ¿Una forma de responder a lasdiatribas 
presidenciales? Puede ser. En todo caso la ley pasó ayer mismo al 
Senado y fue la excusa para declarar un cuarto intermedio en los 
bloqueos "hasta que el Senado se reúna".

Pros y contras de la nueva ley 
A pesar de la falta de información oficial, a continuación ampliamos 
el resumen de nuestro boletín anterior respecto de los puntos que 
pueden considerarse como positivos: El estado ejercerá el "derecho de 
propiedad sobre la totalidad de los hidrocarburos" (Art. 5 y15) y 
podrá participar en toda la cadena productiva mediante sí o mediante 
contratos con particulares (Art. 16).

Las empresas tendrán 180 días para migrar al nuevo modelo de 
contratos (Art. 5) y entregarán a YPFB la totalidad de los 
hidrocarburos producidos (Art. 66), de los que el estado retendrá el 
50 % (Art. 8).

El Gobierno definirá las políticas de exportación (Art. 7) y de 
consumo interno (Art. 9), y fomentará la industrialización (Art. 11 y 
13), que tendrá prioridad (Art. 98) y gozará de varios incentivos 
(Art. 102).

Se refunda YPFB como empresa estatal autárquica, con todas las 
atribuciones respecto de los hidrocarburos (Art. 6-13-15-21), que 
podrá reservar áreas para sí (Art. 35), y pagará regalías e impuestos 
como cualquier empresa (Art. 79).

No habrá concesiones a empresas extranjeras dentro de los 50 km de la 
frontera (Art. 18).

Los precios los fijará el Ministerio de Hidrocarburos, tanto para 
regalías y participaciones como para el mercado interno (Art. 20).

Las controversias se resolverán según la Constitución (Art. 24-135-
228) y las leyes nacionales (Art. 69).

Las empresas tendrán que utilizar un sistema uniforme de cuentas 
aprobado por YPFB (Art. 75).

Devolución de concesiones otorgadas en áreas protegidas y respeto de 
la ley de Medio Ambiente (Art. 99 y todo el Título VIII).

Derechos territoriales de los pueblos indígenas (Título VII), como 
consulta vinculante (Art. 113), compensaciones (Art. 119), 
indemnizaciones (Art. 120) y servidumbres (Art. 128).

Entre las innovaciones negativas, o al menos cuestionables, se puede 
anotar las siguientes YPFB se refunda drásticamente descentralizada 
(Art. 23): Dirección y Presidencia en La Paz; Vicepresidencia de 
Administración y Contratos en Tarija; Vicepresidencia de Operaciones 
en Santa Cruz; Gerencia de Fiscalización e Información en Gran Chaco; 
Gerencia de Exploración y Explotación en Camiri; Gerencia de 
Industrialización en Cochabamba; Gerencia de Ductos en Sucre. Un 
disparate forzado por las movilizaciones localistas (ver boletín 
anterior).

No se prevé control social de YPFB.

La Superintendencia sigue teniendo importantísimas atribuciones (Art. 
24-25-110) pese a la inconstitucionalidad de su existencia (y de la 
ley SIRESE como tal).

Falta de claridad respecto de los criterios de fijación de precios. 
El Art. 87 dice textualmente que "el precio de exportación del Gas 
Natural podrá enmarcarse en los precios de competencia gas líquido, 
donde no exista consumo de gas, y gas-gas en los mercados donde 
exista consumo de gas". Pero añade que "en ningún caso los precios 
del mercado interno para el gas natural podrán sobrepasar el 50 % del 
precio mínimo del contrato de exportación". Mientras el Art. 89 
establece que la fijación de precios para el mercado interno tomará 
como referencia para el petróleo crudo y el GLP "la paridad de 
exportación del producto de referencia" y para el gas natural "los 
precios de contratos existentes y de oportunidad del mercado". Hasta 
ahora no hemos logrado obtener una explicación concreta de parte de 
los autores de la ley.

El polémico Artículo 52 
Es el que se refiere a regalías e impuestos. El Referéndum aprobó que 
entre un concepto y otro se debe llegar al 50 %. El proyecto de ley 
del Poder Ejecutivo preveía 18 % de regalías y 32 % de Impuesto 
Complementario a los Hidrocarburos (sólo para campos grandes, 
cobrables gradualmente en un proceso de 12 años, y acreditables o 
deducibles de otros impuestos como "Utilidades" y "Transacciones"). 
El proyecto de la Comisión Económica de Diputados preveía simplemente 
50 % de regalías (aparte de los impuestos señalados por ley, y que 
sabemos que no se pagan). Según las noticias de prensa (el texto del 
artículo no lo hemos encontrado publicado), parece ser que se ha 
aprobado una variante intermedia (sobre la base de la propuesta del 
presidente de la Cámara) que es la de mantener el 18 % de regalías e 
innovar un "impuesto directo" del 32 % a la producción bruta! 
(calculable en el "punto de fiscalización", es decir descontando sólo 
lo que se va en inyección, quema y venteo, Art. 17), pero además sin 
que dicho impuesto pueda ser acreditable ni deducible, ni su cobro 
sea paulatino o limitado a los campos grandes. De ser así, la 
ganancia para el país puede ser considerable, aunque de todos modos 
inferior a la que proponía la Comisión.

Críticas desde arriba, amenazas, y perspectivas de la ley 
Tanto el Presidente y su ministro de la Presidencia, como el ministro 
de Hidrocarburos, han señalado básicamente tres puntos inaceptables 
en esta ley que califican de "suicida": el referido al impuesto 
directo (que provocará reacciones negativas de las transnacionales), 
el referido a los derechos de los pueblos indígenas, y el referido a 
la absurda dislocación de YPFB. En este mismo sentido el presidente 
de la Comisión Económica del Senado (Óscar Zamora) ha advertido que 
dicha cámara cambiará precisamente esos artículos, y que por tanto la 
ley deberá ser discutida nuevamente en sesión de Congreso Nacional; o 
sea que faltan meses para su aprobación, tiempo en el cual se podrá 
seguir incrementando el volumen de gas que el país exporta a precios 
ridículos y para beneficio casi exclusivo de las transnacionales 
(acaba de informarse de un nuevo incremento de 1,2 millones de metros 
cúbicos por día que se sumarán a la sangría de recursos que Bolivia 
ya está sufriendo en beneficio de Repsol-Petrobrás en Argentina).

Se debe tener en cuenta que al principio había dos propuestas 
extremas: la de mantener todos los privilegios ya concedidos a las 
transnacionales (Poder Ejecutivo) y la de "nacionalización" inmediata 
de todos los hidrocarburos (COB y otros). Entre una y otra se sitúa 
como auténtica "tercera vía", la propuesta de la Comisión Económica 
de Diputados. Las variantes introducidas en dicha Cámara, sobre todo 
la del Art. 52, suponen un nuevo compromiso entre la tercera vía y la 
propuesta favorable a las transnacionales (podemos decir 3/4 de la 
propuesta del Ejecutivo). Si encima el Senado logra introducir más 
variantes en esa misma dirección, nos encontraremos con una ley de " 
7 / 8 ", no es de extrañar que nada menos que Petrobras haya 
anunciado que no tiene objeciones a la nueva ley. Y cuando British 
Gas declara que sí las tiene, sólo puede interpretarse como una 
amenaza para intentar quedarse con todo.

Cambios políticos a la vista 
Parece seguro que el día de hoy el Congreso Nacional rechazará la 
propuesta presidencial de convocatoria a elecciones y le "ratificará 
su confianza" a Carlos Mesa (sabiendo que ello llevará a la renuncia 
del Presidente, según información oficiosa de sus portavoces). Por 
tanto probablemente asumirá la presidencia Hormando Vaca Díez 
(presidente del Senado). Su impopularidad podría intensificar la 
crisis política que vive el país, y no se solucionaría con una nueva 
sucesión a favor de Mario Cossío (presidente de Diputados); por lo 
que los analistas no descartan que el Presidente de la Corte Suprema 
tenga que asumir la Presidencia y convocar a elecciones, pero sólo de 
Presidente y Vicepresidente (hasta el 2007), con lo que los 
parlamentarios se quedarían en sus curules treinta meses más, que es 
cabalmente lo que ellos desean.


Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
"Sí, una sola debe ser la patria de los sudamericanos".
Simón Bolívar al gobierno secesionista y disgregador de 
Buenos Aires, 1822
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _