[R-P] Resarcimiento a las víctimas de la AMIA

[Julio Fernández Baraibar]

El autor del siguiente artículo es un buen periodista que tiene el defecto
de coquetear con los servicios, razón por la cual sus notas y noticias
muchas veces deben ser pasadas por un tamiz crítico.
Pero en esta nota comparto totalmente sus reflexiones.
La presión del lobby sionista suele ser un insoportable para ciertos
sectores de la clase media bienpensante. Y muchas veces el gobierno pretende
el aplauso de ese sector.
No sea cosa que tengan razón los mal pensados y haya que hacerle un juicio
por daños y perjuicios a la Mosad y al estado sionista de Israel.

Julio Fernández Baraibar
fernandezbaraibar en yahoo.com.ar

Muy cuestionable 2do. resarcimiento en el caso AMIA

El Estado argentino (todos los argentinos) pagaron una indemnización de US$
50.000 más daños materiales por víctima del atentado contra la AMIA, pero
ahora, por una triquiñuela entre CELS (Horacio Verbitsky) y abogados que ni
siquiera representan a todos los familiares de AMIA están negociando con el
gobierno de Néstor Kirchner una nueva indemnización por un monto total de
US$ 300 millones, en el bochorno.
POR EDGAR MAINHARD

Hugo Alconada Mon, corresponsal del diario La Nación, afirma que el Estado
argentino ofrecerá a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA
un resarcimiento económico por la denegación de Justicia, el encubrimiento y
las vejaciones que debieron afrontar por parte de jueces, fiscales y
funcionarios durante los últimos 10 años.

Esto ocurre en días en que el ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Horacio Rosatti, afirma a ciertos periodistas que lo entrevistan que debe
buscar detener a un par de ex funcionarios de Carlos Menem, uno en marzo
(Carlos Corach) y otro en junio (Hugo Anzorreguy), a pedido del presidente
Néstor Kirchner, quien así busca superar satisfactoriamente las
conmemoraciones de los 2 atentados terroristas ocurridos en la Argentina en
los '90.

Una interrupción: ¿No es denegación de Justicia afirmar que se pretende
procesar a ciertas personas por conveniencia política, sin considerar si
existen o no la documentación probatoria?

En este marco, Kirchner quiere convertir al caso Amia en otro Museo de la
Memoria, con la diferencia que éste es un disparate inmobiliario y el otro
será un aquelarre monetario.

Ocurre que el fallo sobre el caso AMIA no se encuentra firme, es decir que
ha provocado apelaciones en evalúa la Cámara de Casación y que,
inevitablemente, terminarán en la Corte Suprema. ¿Quién puede ser el demente
que pague indemnizaciones cuando un fallo ni siquiera fue confirmado? En
verdad son varios dementes, uno de ellos es Rosatti, el ministro de
Justicia, pero él tiene jefes, ya se sabe.

Luego, la denegación de Justicia es una grave figura que no explica por qué
durante años Memoria Activa y su inefable abogado Pablo Jacoby, continuaron
obstaculizando la instrucción de la causa y, luego, el juicio oral y
público.

El Estado argentino afirmará que cometió denegación de Justicia en un fallo
que es polémico y que no se encuentra firme cuando, a la vez, ha promovido
nuevas acciones, tal como se deduce del comentario, contradictorio por
cierto, del propio presidente Kirchner en su discurso ante el Legislativo,
explicando que toda la documentación en poder de la Side será enviada a una
fiscalía especial.

¿No estará la sociedad argentina, en verdad, en presencia de un descomunal
negocio de abogados especialistas en litigar contra el Estado, ahora en un
tribunal extranjero sobre puede darles background el Centro de Estudios
Legales y Sociales que consiguió descomunales resarcimientos hasta para
exiliados en los '70?

¿Cómo será recordada la causa AMIA en el futuro? ¿Como un vil acto
terrorista que mató a decenas de argentinos, o como una canallesca maniobra
para quitarle dinero a los contribuyentes argentinos?

Funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Cancillería llegaron a
Washington DC para presentarse el viernes ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), donde se comprometerán, además, a promover el
juicio político de todos los funcionarios que hayan encubierto pistas o
entorpecido la investigación.

¿Cómo explicar este disparate cuando abogados reconocidos como Ricardo Gil
Lavedra, y aún hoy funcionarios como León Carlos Arslanián, evaluaron en
forma positiva la investigación realizada en el caso?

¿Verbitsky o Jacoby son fuentes más confiables que ellos a la hora de
evaluar si hubo o no impunidad?

Sorprende, además, el rol en este acontecimiento de un personaje como
Alejandro Rúa, conocido por copiar literalmente las fojas insruídas por Juan
Galeano, y luego atribuirse la investigación como propia. Entonces, Galeano
se encuentra en la instancia del juicio político por mal desempeño de sus
funciones y Rúa es un funcionario elogiable, con la misma información que,
además, no la generó él. ¿Es posible que toda esta estupidez junta ocurra
hoy en la Argentina?

En el centro de la escena se encuentran los querellantes: Memoria Activa, el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (Cejil).

Memoria Activa ni siquiera representa a más de tres famliares directos de
muertos en el ataque terrorista.

CELS es Verbitsky pero, además, CELS se ha negado a que en la Argentina se
defina qué es terrorismo y que exista una legislación antiterrorista luego
de lo ocurrido en Amia. ¿Cuál es, entonces, el valor moral de su reclamo
financiero?

En cuanto a Cejil, es de Washington DC, desconocida por cierto para la
mayoría de los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en la ciudad.

Ahora, el Estado nacional ya le pagó una indemnización a los familiares de
las víctimas y a los heridos, que se extendió hasta a los daños materiales
que hubieran sufrido. La indemnización por muerte fue de US$ 55.000 y por
los daños materiales se estableció una escala.

¿Por qué Kirchner enviará al Congreso un proyecto de ley similar a los
aprobados para las familias de los desaparecidos durante la dictadura, que
la Corte Suprema extendió meses atrás a los exiliados?

Más allá del despilfarro del dinero de los contribuyentes, no se entiende el
motivo de la doble indemnización. ¿Para que en las ceremonias de recordación
de los muertos nadie chifle a los funcionarios? ¿Es tal el desprecio de los
funcionarios hacia la verdad y la justicia que creen que con dinero se
oculta todo? ¿Es tal la voracidad de los familiares y amigos de los muertos
que con dinero callan su conciencia?

La Argentina debe definir muchas cuestiones de su ética pública antes que
sea tarde porque confunde a propios y extraños, en especial a las futuras
generaciones de dirigentes.

Hoy día se habla de un reclamo global de US$ 300 millones. ¿Por qué ese
monto? Nadie logra explicarlo.

Pero parece que a nadie le importa, tampoco, pagarlo. Como si la Argentina
no tuviera otras necesidades, un país empobrecido a niveles que no ha podido
afrontar el pago de su deuda externa, y recién ahora sale del default.

En fin, hay que debatir, y los legisladores de la Nación deben pedir
información al Ejecutivo acerca de qué está ocurriendo, más allá de la
estupidez que parece haber invadido nuevamente a los bloques oficialistas,
humillando a la democracia que intentamos construir.




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