[R-P] Un buen anàlisis

[ana graciela real]

 Los terratenientes y los exportadores son los
principales beneficiados
 
LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
 
Las principales medidas económicas adoptadas por el
gobierno de Néstor Kirchner desde su asunción
favorecen al conjunto de los sectores capitalistas del
país. 
Sin embargo no todos los sectores explotadores han
recibido beneficios inmediatos en la misma proporción.

Esta doble determinación signa los alineamientos de
las distintas franjas del capital con el equipo
gobernante, desde el apoyo activo de algunos hasta la
critica despiadada de otros. 
Las declaraciones sectoriales confusas, y a veces
contrapuestas, no deben ocultar el acuerdo más
profundo que unifica a la burguesía: el apoyo a la
reestructuración capitalista después de la crisis.
 
Desde el punto de vista de los intereses generales de
la burguesía, el gobierno está teniendo éxito en su
gestión económica. 
Es cada vez más evidente que el gobierno Kirchner está
realizando una serie de tareas que interesan al
conjunto del capitalismo argentino, con las
inevitables divergencias que surgen de intereses
encontrados entre las distintas fracciones burguesas.
Al margen de la demagogia declarativa, los hechos
demuestran que lo está haciendo no contra el
imperialismo sino sobre la base de un acuerdo con el
imperialismo, aunque no ejecute todas las medidas que
quiere imponer el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y en las condiciones que sus burócratas hubiesen
preferido. 
Pero también es cierto que en el marco político
regional de avance de la lucha antimperialista y de
masas, el imperialismo necesita “flexibilizarse” en
algunos aspectos, en función de salvar acuerdos
estratégicos más relevantes. 
 
El plan Lavagna

El eje del plan Lavagna, surgido en plena crisis bajo
la presidencia de Duhalde, es simple y de estricta
prosapia liberal ortodoxa. 
Consiste en generar superávit fiscal por la vía de
mayores exportaciones que importaciones y afectar
parte importante de ese superávit a dos objetivos
prioritarios. 
Por una parte recomponer los activos del Banco Central
para poder tener caja (las reservas), ejerciendo un
control sobre la moneda y reconstituir el sistema
bancario, evitando que tanto el Estado como el
conjunto de los sectores económicos queden inermes
frente a las permanentes presiones y chantajes del
sector financiero, tal como ocurrió en los momentos
más agudos de la crisis de 2001 y 2002. 
En este sentido, representa un objetivo del conjunto
del capitalismo argentino.
El segundo objetivo consiste en derivar parte
importante de ese superávit para pagar deuda
-renegociando lo máximo posible, pero evitando la
ruptura con los múltiples organismos que controlan el
mercado financiero internacional, y preparando el
terreno para lograr nuevas inversiones de capital,
detenidas desde los tiempos del corralito de Cavallo. 
En este sentido también cuenta con el aval del
conjunto de la burguesía local y el visto bueno de los
centros imperialistas mundiales. 
En esta dirección los aliados estratégicos del
gobierno son los exportadores. Esta alianza la heredó
el gobierno del acuerdo de Duhalde y Alfonsín con esos
sectores, que empujaron la devaluación que necesitaba
el sector exportador, tanto de materias primas como
industrial, para competir en el mercado mundial.
Las exportaciones crecieron, particularmente las del
sector agrícola, sobre la base de un incremento
extraordinario de la producción de soja, y una
recuperación de la producción ganadera. 
La producción de granos que estaba en las décadas
pasadas en el orden de los 30 millones de toneladas
anuales, pasó a 80 millones y la expectativa es llegar
a 100 millones a corto plazo. 
Todo el arco productivo ligado al sector agrario
(semillas de las transnacionales, agroquímicos,
tractores, etcétera) se ve favorecido en amplia escala
por este crecimiento. 
Su punto central de conflicto con el gobierno es el
costo de los impuestos que se les exige pagar –entre
ellos las retenciones a las exportaciones– para
generar el superávit comprometido con el FMI. 
Por otro lado creció el valor de los campos (y con
ello la renta agraria diferencial que absorbe el
sector terrateniente del conjunto de la burguesía), lo
que compensa sus cargas impositivas al no aplicarse
impuestos al valor potencial de la tierra. 
Pero también gana el sector exportador industrial,
tales como Techint y las automotrices o las petroleras
como Repsol, por los altos precios internacionales del
crudo. 
Este sector es el principal interesado en mantener el
dólar cerca de los $ 3, por la simple razón que con un
dólar alto que recibe en el exterior por sus productos
paga los impuestos y otros gastos (sueldos entre
ellos) más fácilmente al convertirlos en moneda local.
Así, tenemos un gobierno seudo “montonero” asentado en
una alianza objetiva con la gran burguesía agraria y
terrateniente, la gran burguesía industrial
exportadora y la principal multinacional petrolera que
opera en el país por un lado, a lo cual suma a la
corrupta burocracia sindical cegetista, ahora en su
nueva versión moyanista. 
Los gestos de “izquierda” del gobierno, destinados a
cooptar piqueteros, familiares de desaparecidos y
residuos del progresismo tienen los límites que este
bloque burgués es capaz de tolerar. 
 
Transferencias de plusvalía entre sectores del capital

El aumento tanto del volumen de lo exportado como la
situación favorable de precios internacionales de soja
y crudo contribuyeron en forma importante a recuperar
divisas y recomponer las reservas, que en el pico de
la crisis eran inferiores a 9000 millones de dólares y
ahora están en 23.000, con lo cual el gobierno puede
cumplir con sus aliados y mantener el dólar en ese
nivel de 2,90$, comprando moneda desde el Banco
Central cuando su valor tiende a la baja. 
O sea incidiendo desde el Estado para nivelar la tasa
media de ganancia a favor de los grandes tenedores de
divisa fuerte.
Se trata de una medida de transferencia de renta, del
pool general de plusvalía, de un sector burgués a
otro. 
En este caso los perdedores son los que deben comprar
dólares (los importadores) que los por encima de su
valor real y los tomadores de créditos, porque al
comprar dólares el Banco Central debe lanzar más papel
moneda a la circulación que el que se requiere en base
a los valores reales generados en la economía, lo cual
es un factor inflacionario, que devalúa la moneda.
Para equilibrar ese “efecto no deseado” se aumentan
las tasas de interés (lo cual también necesita de la
intervención del Banco Central vía el circuito
bancario), estimulando la inversión especulativa por
el encarecimiento del crédito, el alza artificial de
los precios inmobiliarios que inciden directamente en
el costo desmedido de los alquileres, y finalmente
terminará por trasladarse a todos los precios de la
canasta. 
Los argentinos ya aprendimos hacia donde conduce y en
que desemboca este circuito especulativo que, con
distintos artificios técnicos de manejo monetario, las
diversas fracciones burguesas practican desde la época
de la dictadura militar.
El conflicto con las empresas de servicios públicos
privatizadas es porque al tener precios fijos (que
originariamente fueron fijados en dólares) el gobierno
no los permite trasladar a los consumidores por
razones obvias: evitar una crisis social abierta. 
 
La deuda

Una doble operación le permitió al gobierno Kirchner
“reinsertarse en el mercado financiero internacional”.

Por un lado el reconocimiento de los bonos basura que
habían entrado en default, y que mayoritariamente
estaban en manos de grandes grupos financieros o
fondos buitres, a un valor que les permitió a sus
tenedores recuperar más de un tercio del valor nominal
de esos bonos, y que pagarán intereses mucho más altos
que la media del mercado financiero. 
La resultante es que el país tiene el mismo o aún más
nivel de endeudamiento que antes de la crisis del
2002, medido en términos de PBI, y compromisos por más
de 30 años a tasas altas por los nuevos bonos
canjeados, atados al dólar. 
El cumplimiento de estos compromisos es casi con
certeza inviable, porque exigirá un sostenido
crecimiento del PBI nacional, en una magnitud que en
el último medio siglo el sistema capitalista argentino
no demostró capacidad de lograr. 
Lo que se obtuvo es un diferimiento de parte de la
deuda por más largo plazo.
En todos estos años nunca se dejó de pagar al FMI ni
al Banco Mundial y la renegociación de los
vencimientos de la deuda que se tiene con ese
organismo imperialista para este año y los inmediatos,
y que significan desembolsos muy importantes, es la
segunda parte de la operación que está en curso. 
La presión que el gobierno está recibiendo del FMI
para acceder a las condiciones de éste (entre ellas
generar mayor superávit en términos de porcentual del
PBI nacional y aumentar las tarifas) supone
directamente mayor aumento de la miseria, una
condición que resulta inaceptable para el gobierno por
dos razones: una de orden político, vinculada al
próximo proceso electoral; otra económica, ya que
ceder implicaría activar un factor recesivo para el
consumo interno. 
Hasta que se negocie, el gobierno espera enfrentar los
pagos recurriendo a reservas del Banco Central y a
nuevo endeudamiento emitiendo más bonos de deuda del
país. 
En un gesto solidario y para presionar al gobierno
hacia una política de integración opuesta a los
intereses yanquis, el gobierno bolivariano de
Venezuela se comprometió a comprar bonos de deuda
argentina por un valor equivalente a 500 millones de
dólares. 
Por otro lado, sin que medie solidaridad alguna,
también está creciendo la compra de bonos argentinos
por los fondos de inversión, ya que su rentabilidad
real medida en dólares es muy superior a la de otros
mercados. Sin embargo esto está lejos de garantizar
que se vaya a reiniciar un nuevo ciclo de inversiones
productivas. Todo lo contrario. 
 
Límites de la reactivación

El conjunto de los datos demuestran que la
reactivación después de la crisis y el crecimiento
importante del PBI de estos dos años no está
sustentado en la disminución de las cargas financieras
del país y en el ingreso de inversiones productivas
importantes (salvo el sector agrario que aceleró la
mecanización) sino en negociar deuda vieja por nueva,
y utilizar el parque industrial desactivado por la
crisis. 
De mucha menor importancia es la acción desde el
Estado que prácticamente carece de capacidad de
inversión, aunque en el último período, repitiendo
esquemas tradicionales de los gobiernos burgueses, y
en acuerdo con las grandes empresas constructoras
favorecidas, derivó fondos de la recaudación fiscal
para la construcción de viviendas y obras de vialidad.

En una nota publicada recientemente en Clarín el
economista Julio Sevares señaló: “No obstante todo
esto, los capitales vuelven a las inversiones
aventureras. Un síntoma de esto es la vuelta de
capitales especulativos a la Argentina. El país salió
del default y no se espera que vuelva al
incumplimiento, pero vive en una región con graves
problemas políticos y es socia de Brasil, cuyo
endeudamiento sigue en niveles alarmantes. Es decir,
están dadas las condiciones para futuras
incertidumbres, salidas de capitales y caídas de
cotizaciones, que afectarán a quienes no escapen en
primer lugar.” 
Más cerca de la realidad que las argucias
publicitarias montadas desde las esferas
gubernamentales, este párrafo del comentarista demuele
la visión oficialista que busca asociar los actuales
índices de crecimiento económico al salto hacia una
economía de producción. 
 
Conflictos salariales

Controlada la crisis económica en el corto plazo y con
una negociación salarial cerrada en sectores
importantes (metalúrgicos, automotrices, mercantiles,
camioneros, subte) que de alguna manera imponen un
“standard” de negociación para los sectores que aún
restan, y que en todo caso ha desactivado la
posibilidad remota de un reclamo salarial global en el
que coincidiesen sectores importantes de la
producción, el punto crítico para el gobierno se
reduce a algunos conflictos en sectores de los gremios
estatales y del interior del país. 
Por su parte los recientes aumentos salariales, no
recompusieron el poder adquisitivo perdido sino solo
cumplieron un papel paliativo. 
Además de intentar desactivar la protesta social,
tienen la función económica de reactivar el consumo
interno y por eso ciertas cámaras empresarias lo
apoyaron, en función directa de sus intereses.
En este marco el gobierno Kirchner enfrentará el
proceso electoral de octubre. 
Para el gobierno es decisivo que este equilibrio
inestable de la economía se prolongue por lo menos
hasta las elecciones, en su primer intento por
afianzar una fuerza propia dentro de lo que queda del
aparato del PJ.
Si el ala derecha del peronismo –el menemismo–
invocando la necesidad de insertarse en el mundo
globalizado consumó la entrega de las principales
riquezas al imperialismo, respaldado por los más
importantes sectores capitalistas locales, ahora su
ala “izquierda” pretende convencernos que la visión
nacional de la política consiste en pactar acuerdos
con quienes nos ven como una gran factoría de materia
prima y mano de obra barata. 
En su versión de los 90 y en la actual, los rezagos de
un movimiento que quiso ser nacional reproducen las
condiciones para que las acciones del gran capital y
el imperialismo se perpetúen.

Norberto Bacher
 



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