[R-P] “Usted ya votó...”

[José María Cavalleri]

Agenda de Reflexión

Número 255, Año III, Buenos Aires, jueves 10 de febrero de 2005

“Usted ya votó...”

El 10 de febrero de 1912 se sancionó la Ley Nacional de Elecciones Nº 8.871 
(conocida como “Ley Sáenz Peña”), que desechó el voto calificado y 
estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de 
lista incompleta (con lo que se daba representación legislativa a la 
minoría). Su aplicación resultó una herramienta política fenomenal que llevó 
al gobierno en 1916 a Hipólito Yrigoyen y permitió por primera vez el acceso 
de las clases populares al poder.

Desde el siglo XIX el fraude electoral fue una práctica habitual en la 
Argentina. La Constitución Nacional de 1853 no había fijado el sistema 
electoral y esta responsabilidad cayó en la Ley Electoral. Con la llegada 
del siglo XX se hizo común también la compra del voto: el presidente Carlos 
Pellegrini defendió públicamente esta práctica al afirmar: “no hay voto más 
evidentemente libre que el que se vende”. Todas las pautas electorales 
estaban diseñadas para que los sectores dominantes se eternizaran en sus 
funciones. Los padrones se confeccionaban sin exigir a las personas sus 
documentos de identidad. En los comicios las autoridades de mesa no tenían 
ninguna posibilidad de identificar al votante. Así fue como se produjeron 
todo tipo de irregularidades, y muchos ciudadanos se presentaban ante las 
mesas para ser sorprendidos con un lacónico: “Usted ya votó”.

La Ley Joaquín V. González de 1902 (con la que fue electo el primer diputado 
socialista de América, Alfredo Palacios) dividía a los distritos en partes 
equivalentes a las bancas de legisladores en juego. De esta manera se elegía 
uno por cada sección electoral. Esta práctica, llamada voto uninominal por 
circunscripciones, se aplicó sólo en los comicios de 1904 y enseguida se 
derogó.

En 1890, con el descontento de la población a su favor, la Unión Cívica (UC) 
–el primer partido orgánico y moderno argentino- se propuso derrocar al 
presidente Miguel Juárez Celman, que había privatizado las empresas del 
Estado por considerarlo un mal administrador. La revolución cívico-militar 
fracasó [cf. Artículo Nº 91 en www.agendadereflexion.com.ar], pero el 
titular del Poder Ejecutivo renunció, y asumió el vicepresidente Carlos 
Pellegrini. Al año siguiente la UC se partió en la Unión Cívica Nacional 
(UCN) liderada por Bartolomé Mitre y la Unión Cívica Radical (UCR) dirigida 
por Leandro N. Alem. El movimiento revolucionario no se había calmado del 
todo: Alem quería derrocar también al presidente Luis Sáenz Peña. Los 
estallidos fueron contestados con una fuerte represión hasta que en el 95 
otra vez el presidente renunció.

En 1905 el líder radical Hipólito Yrigoyen intentó evitar la segunda 
presidencia de Julio A. Roca, pero la revolución nuevamente fracasó. Fue 
recién Roque Sáenz Peña –al asumir como presidente en 1910-, quien buscó un 
acuerdo con Hipólito Irigoyen, jefe de la llamada tendencia abstencionista o 
intransigente de la UCR, opuesta a la tendencia concurrencista. A partir de 
ahí, la reforma electoral de 1912 adoptó un sistema de lista incompleto que 
reconocía a la primera minoría un tercio de los cargos. La Ley Sáenz Peña 
también ayudó a amortiguar el fraude electoral al establecer el voto secreto 
y obligatorio.

            En efecto, se ordenó la confección de un nuevo padrón electoral 
sobre la base del registro de enrolamiento del padrón militar (el listado de 
las personas que tenían que cumplir el servicio militar obligatorio), tarea 
a cargo del Poder Judicial. La identificación del votante se aseguró con las 
impresiones digitales y con una foto. Con el uso del padrón militar se hizo 
más difícil la adulteración de los registros. Así, la Libreta de 
Enrolamiento se convirtió en el principal instrumento de ejercicio cívico.

            Sin embargo, el Peludo seguía resistiéndose a participar de los 
comicios presidenciales porque consideraba, con razón, que si bien se 
aplicaría la Ley Sáenz Peña, el poder real quedaría en manos de los 
conservadores que dominaban el Senado, la mayor parte de las gobernaciones y 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gran caudillo radical pensaba 
que para poder realizar su “programa de reparación nacional” se debía llegar 
al poder por medio de una revolución que permitiera remover a la totalidad 
de la clase dirigente, heredera del patriciado oligárquico. Pero finalmente 
la UCR –por presión de dirigentes como Ricardo Caballero y Leopoldo Melo, 
que bregaban por levantar la abstención y querían ocupar bancas, ministerios 
y cargos en la judicatura- se presentó y ganó los comicios de 1916, aunque, 
en efecto, el gobierno radical al principio se vio asediado por el Senado 
conservador y por la Corte Suprema presidida por el liberal Antonio Bermejo. 
Muchos de los proyectos de reforma social de radicales y socialistas 
murieron en los fallos de aquella Corte, formada por grandes juristas, pero 
con concepciones técnico-jurídicas ultra-conservadoras y retrógradas.

Suena parecida a la situación actual. Frente a los “representantes” caducos 
y venales que se niegan a irse, de lo que se trata es de recuperar el poder 
político para el pueblo y que, en un momento decisivo de la historia, el 
mismo pueblo (siguiendo la táctica del agua, que siempre pasa, enseñaba un 
viejo maestro) sea quien tome en sus manos su destino, sin las mediaciones 
ni representaciones que ya han fracasado.

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