[R-P] 10 de Febrero de 1912: Aniversario Ley Saenz Peña (A.de Reflexion A.Pandra)

[INFOR-MET]

No para dar por pensado,sino para dar en qué pensar

Agenda de Reflexión Número 255, Año III, Buenos Aires,
jueves 10 de febrero de 2005

“Usted ya votó...”

El 10 de febrero de 1912 se sancionó la Ley Nacional
de Elecciones Nº 8.871 (conocida como “Ley Sáenz
Peña”), que desechó el voto calificado y estableció el
sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema
de lista incompleta (con lo que se daba representación
legislativa a la minoría). Su aplicación resultó una
herramienta política fenomenal que llevó al gobierno
en 1916 a Hipólito Yrigoyen y permitió por primera vez
el acceso de las clases populares al poder.

Desde el siglo XIX el fraude electoral fue una
práctica habitual en la Argentina. La Constitución
Nacional de 1853 no había fijado el sistema electoral
y esta responsabilidad cayó en la Ley Electoral. Con
la llegada del siglo XX se hizo común también la
compra del voto: el presidente Carlos Pellegrini
defendió públicamente esta práctica al afirmar: “no
hay voto más evidentemente libre que el que se vende”.
Todas las pautas electorales estaban diseñadas para
que los sectores dominantes se eternizaran en sus
funciones. Los padrones se confeccionaban sin exigir a
las personas sus documentos de identidad. En los
comicios las autoridades de mesa no tenían ninguna
posibilidad de identificar al votante. Así fue como se
produjeron todo tipo de irregularidades, y muchos
ciudadanos se presentaban ante las mesas para ser
sorprendidos con un lacónico: “Usted ya votó”.

La Ley Joaquín V. González de 1902 (con la que fue
electo el primer diputado socialista de América,
Alfredo Palacios) dividía a los distritos en partes
equivalentes a las bancas de legisladores en juego. De
esta manera se elegía uno por cada sección electoral.
Esta práctica, llamada voto uninominal por
circunscripciones, se aplicó sólo en los comicios de
1904 y enseguida se derogó.

En 1890, con el descontento de la población a su
favor, la Unión Cívica (UC) –el primer partido
orgánico y moderno argentino- se propuso derrocar al
presidente Miguel Juárez Celman, que había privatizado
las empresas del Estado por considerarlo un mal
administrador. La revolución cívico-militar fracasó
[cf. Artículo Nº 91 en www.agendadereflexion.com.ar],
pero el titular del Poder Ejecutivo renunció, y asumió
el vicepresidente Carlos Pellegrini. Al año siguiente
la UC se partió en la Unión Cívica Nacional (UCN)
liderada por Bartolomé Mitre y la Unión Cívica Radical
(UCR) dirigida por Leandro N. Alem. El movimiento
revolucionario no se había calmado del todo: Alem
quería derrocar también al presidente Luis Sáenz Peña.
Los estallidos fueron contestados con una fuerte
represión hasta que en el 95 otra vez el presidente
renunció.

En 1905 el líder radical Hipólito Yrigoyen intentó
evitar la segunda presidencia de Julio A. Roca, pero
la revolución nuevamente fracasó. Fue recién Roque
Sáenz Peña –al asumir como presidente en 1910-, quien
buscó un acuerdo con Hipólito Irigoyen, jefe de la
llamada tendencia abstencionista o intransigente de la
UCR, opuesta a la tendencia concurrencista. A partir
de ahí, la reforma electoral de 1912 adoptó un sistema
de lista incompleto que reconocía a la primera minoría
un tercio de los cargos. La Ley Sáenz Peña también
ayudó a amortiguar el fraude electoral al establecer
el voto secreto y obligatorio.

            En efecto, se ordenó la confección de un
nuevo padrón electoral sobre la base del registro de
enrolamiento del padrón militar (el listado de las
personas que tenían que cumplir el servicio militar
obligatorio), tarea a cargo del Poder Judicial. La
identificación del votante se aseguró con las
impresiones digitales y con una foto. Con el uso del
padrón militar se hizo más difícil la adulteración de
los registros. Así, la Libreta de Enrolamiento se
convirtió en el principal instrumento de ejercicio
cívico.

            Sin embargo, el Peludo seguía
resistiéndose a participar de los comicios
presidenciales porque consideraba, con razón, que si
bien se aplicaría la Ley Sáenz Peña, el poder real
quedaría en manos de los conservadores que dominaban
el Senado, la mayor parte de las gobernaciones y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gran
caudillo radical pensaba que para poder realizar su
“programa de reparación nacional” se debía llegar al
poder por medio de una revolución que permitiera
remover a la totalidad de la clase dirigente, heredera
del patriciado oligárquico. Pero finalmente la UCR
–por presión de dirigentes como Ricardo Caballero y
Leopoldo Melo, que bregaban por levantar la abstención
y querían ocupar bancas, ministerios y cargos en la
judicatura- se presentó y ganó los comicios de 1916,
aunque, en efecto, el gobierno radical al principio se
vio asediado por el Senado conservador y por la Corte
Suprema presidida por el liberal Antonio Bermejo.
Muchos de los proyectos de reforma social de radicales
y socialistas murieron en los fallos de aquella Corte,
formada por grandes juristas, pero con concepciones
técnico-jurídicas ultra-conservadoras y retrógradas.

Suena parecida a la situación actual. Frente a los
“representantes” caducos y venales que se niegan a
irse, de lo que se trata es de recuperar el poder
político para el pueblo y que, en un momento decisivo
de la historia, el mismo pueblo (siguiendo la táctica
del agua, que siempre pasa, enseñaba un viejo maestro)
sea quien tome en sus manos su destino, sin las
mediaciones ni representaciones que ya han fracasado.

 


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