[R-P] Info 86 Durmiendo con el enemigo

[José María Cavalleri]

Durmiendo con el enemigo
  Por Facundo Taboada
  Resumen: el autor de este artículo es miembro del Consejo Directivo de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Es representante del claustro de los estudiantes e integrante de la 
agrupación independiente NBI.
Su artículo pide el debate frente al esperpento jurídico de que un organismo 
internacional como el BID
junto con empresas beneficiadas por las privatizaciones y los entes 
reguladores que las deberían controlar,
haya instalado en la Facultad de Derecho el centro de estudios C.E.A.R.E,
favorable a las privatizaciones y al descontrol de los servicios públicos de 
las
actividades estratégicas de la energía argentina.
Facundo Taboada inició una tarea de debate y esclarecimiento que es 
fundamental que se conozca.
En el Consejo Consultivo de ese centro de estudios
constituido en la facultad de Derecho de la Universidad Pública, aparecen 
representantes
de las empresas privatizadas
que manejan el petróleo, como Repsol, Pérez Companc y Petrobrás,
el gas natural, como TGS y Gasnor y la electricidad, como Edesur.

En la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Buenos Aires, existe una 
sucursal del BID. Sí, del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los 
acreedores financieros del país. Dicha sucursal, o Centro de Estudios de la 
Actividad Regulatoria Energética (CEARE) se dedica a enseñar, encargar 
trabajos, estudiar y, sobre todo, legitimar -como objetivo declarado- la 
regulación, e implícitamente, el desprestigiado modelo argentino de la 
privatización de empresas de servicios públicos.

La actividad de este "centro de estudios" no se reduce al gas natural ni a 
la electricidad, como cabría suponer, pues sus fundadores son el Ente 
Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (Enre). Inexplicablemente su campo de acción se extiende a 
todas las actividades de la energía, como señala el nombre del centro creado 
por un quinteto de instituciones (cuatro organismos públicos, de los cuáles 
dos son entes reguladores y los otros dos facultades de la UBA, y un 
financista internacional), acoplado con las empresas petroleras, gasíferas y 
eléctricas que se han beneficiado de las privatizaciones y de la falta de 
control que muestra, sin solución de continuidad, el Estado argentino.

PARAGUAS ACADÉMICO DEL BID

Legitimar desde la Universidad Pública la explotación privada de los 
servicios públicos, de las actividades energéticas y la apropiación de 
recursos naturales estratégicos y su renta, constituye el verdadero objetivo 
del Centro. Para lograrlo acepta, sin el espíritu crítico que debería reinar 
en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, el proceso privatizador 
y de desregulación. Ademásno ignora que la mayor parte de su financiamiento 
proviene del BID y desconocemos (aunque no sería de extrañar), si las 
participaciones de ese organismo multilateral de crédito contribuyen al 
sistemático aumento de la deuda externa del país. No pudimos desentrañar si 
el BID da créditos duros o blandos, o subsidios al CEARE: en cualquiera de 
los casos es malo que ese organismo financiero beneficie las fracasadas 
actividades neoliberales. Como no sabemos (aunque tampoco sería de extrañar) 
si las empresas petroleras, gasíferas y eléctricas del exterior que 
participan en el Consejo Consultivo del centro de estudios también lo 
financian.

Así es que este centro de estudios funciona como "paraguas académico". El 
BID impulsa un acuerdo entre dos desprestigiados entes reguladores (el del 
gas natural y el de la electricidad, cuyo balance de gestión está seriamente 
sospechado de cooptación empresarial y de no favorecer a los usuarios ni al 
interés general de nuestra sociedad), y las facultades de Derecho y de 
Ciencias Económicas, ambas de la UBA. Por dicho acuerdo, el BID financia al 
Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética.

Si se analizan los objetivos declarados y algunos de los estudios 
disponibles, así como la orientación ideológica y la participación por demás 
conocida de sus directores y funcionarios, se observa con preocupación cómo 
se ha introducido el pensamiento único del neoliberalismo en una universidad 
pública nacional. Es este el pensamiento ideológico en crisis, que tanto el 
Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, han impuesto al mundo desde finales de la década de 
los ochenta. Aún cuando este fundamentalismo está en retirada en el país y 
en el mundo, desde la Facultad de Derecho se insiste en mantenerlo o 
recuperarlo para revivirlo con un subsidio del exterior.

Pero no se trata solo del BID, las principales empresas extranjeras del 
sector energético que se han enriquecido con las privatizaciones y la falta 
de control del Estado son las que figuran, sin timidez alguna, garantizando 
y brindando ideología al CEARE. Así aparece en los propios documentos de ese 
centro y, como autoridad, un Consejo Asesor Consultivo conformado por 
funcionarios de empresas transnacionales (las "ganadoras" del proceso 
privatizador y desregulador), más propio de una cámara empresaria que de un 
consejo académico. Figura en ese consejo la Transportadora de Gas del Sur 
(TGS) que está enjuiciando a la Argentina en el CIADI del Banco Mundial. 
También participan Gasnor, Edenor (otra enjuiciante), Repsol, y Pérez 
Companc (ahora Petrobras) junto a un representante del BID(1).

LA UNIVERSIDAD DEBE ESTUDIAR Y EXPONER OBJETIVAMENTE

Llama la atención esta configuración, pero se hace coherente cuando en las 
posturas de algún trabajo del CEARE aparecen, indirectamente, muchas de las 
críticas que esas empresas hacen cuando demandan en el CIADI (más allá de 
ser formalmente tribunales arbitrales), centradas en la pesificación, en la 
suspensión de indexaciones extranjeras, y la devaluación ocurridas en el 
país, a pesar de que dichos fenómenos, más allá de sus variadas 
características en el tiempo y en el espacio, pueden y han debido ser 
aceptados por muchos Estados del mundo y emanan de la soberanía económica de 
los países, sin que nadie discutiera acerca del ejercicio normal de un país 
económica y socialmente en dificultades.

Ahora bien, la Universidad Pública encuentra el fundamento de su existencia 
no solo en la posibilidad de garantizar a todos su derecho a la educación 
superior, sino que tiene la obligación de producir los conocimientos 
necesarios para mejorar las condiciones de vida de la sociedad que la 
sustenta. Ese es el fundamento principal de su existencia, la generación de 
los saberes que van a permitir vivir mejor a los ciudadanos que con su 
esfuerzo la sostienen. Así lo impone el Estatuto Universitario de la 
Universidad de Buenos Aires cuando señala: "la Universidad estudia y expone 
objetivamente conclusiones sobre los problemas nacionales".

Por eso, resulta por demás repugnante a la esencia misma de la Universidad 
Pública la existencia en su seno de un centro de estudios dedicado a 
profundizar las causas de las circunstancias dramáticas por las que 
atraviesa el pueblo argentino. En vez de estudiar cómo maximizar los 
beneficios de las empresas prestatarias de los servicios públicos 
privatizados, el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética 
tendría que dedicarse a investigar qué debe hacerse para que los recursos 
energéticos sean accesibles para aquellos que están privados de satisfacer 
sus necesidades básicas. El CEARE tendría que analizar de qué manera debe 
explotarse el gas para que nadie más muera de frío en nuestro país o cómo 
lograr que todos los argentinos puedan gozar de las ventajas de la energía 
eléctrica. Sin embargo, lo que se busca desde hace más de una década, es 
maximizar los beneficios de unos pocos.

Cuando hablamos de espíritu crítico, cuando decimos que la Universidad de 
Buenos Aires se hizo grande albergando a todas las corrientes de 
pensamiento, no nos olvidamos que los proyectos subvencionados por empresas 
monopólicas y organismos financieros atentan directamente contra este 
ejercicio de la libertad intelectual que la Universidad y nuestra facultad 
deben asegurar. No es con el dinero proveniente de los grandes centros 
económicos concentrados que los alumnos y profesores de la Universidad 
Pública podrán ejercer el derecho a la verdad. Estos centros de poder no 
tienen interés en la investigación a secas sino que solamente están 
interesados en difundir el conocimiento que les es funcional a sus 
privilegios. Estas doctrinas, como pudo comprobarse, son visceralmente 
opuestas a las necesidades de las mayorías desplazadas durante la década 
neoliberal. Es por ello que no deberían originarse en la Universidad 
Pública. Para su producción existen innumerables universidades privadas y 
fundaciones bien dispuestas a generar "conocimiento" a cambio de 
"financiamiento".

Es necesario comenzar a debatir e investigar cómo un organismo internacional 
asociado con las grandes transnacionales del petróleo, el gas y la 
electricidad, se ha incrustado en la Facultad de Derecho creando una especie 
de ínsula que, como la de Barataria, le resulta absolutamente gratis desde 
su origen. Porque, ¿cuáles son los beneficios que recibe la Facultad de 
Derecho de la UBA, es decir, sus alumnos, egresados y profesores? Ninguno, 
todos lo beneficios se los llevan las grandes empresas beneficiadas con las 
privatizaciones. Es curioso, pero entre los profesores contratados por el 
Centro de Estudios para la Actividad Regulatoria Energética son pocos los 
graduados en la propia facultad. La mayoría de los profesores y funcionarios 
del CEARE son tan extraños a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, como lo es el financiamiento de un centro a favor del proceso 
de desregulación y privatización que el país ha sufrido.

Un debate amplio y con argumentos -que no se reduzcan a los eslóganes 
también traídos de otros lugares con procesos neoliberales en decadencia-, 
que debe realizarse en nuestra facultad como en todos los ámbitos del país 
donde se ha sufrido esa política que provocó la pérdida de la renta y de los 
recursos nacionales del país. Los millones de argentinos presos del hambre y 
la desocupación así nos lo exigen...

(1) Los integrantes del Consejo Directivo del CEARE son Eduardo Ojea 
Quintana, Vittorio Orsi, Fernando Ponasso, José M. Romero
Díez, Jaime Sajoy y Oscar Vicente.

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