[R-P] YPF: acción de oro Info 114

[José María Cavalleri]

YPF: acción de oro
  Por Mariano Ramírez*
  Resumen: El diario Uno de Mendoza publicó esta nota
del Dr. Ramírez en la que reafirma conceptos
-ya expresados por G. Calleja en un artículo del Infomoreno-
acerca de la" acción de oro" como herramienta del Estado
para controlar y actuar en una empresa privatizada.
Es el caso emblemático de YPF SA,
en el cual señala la falta de acción del Estado
-a través de sus directores y síndicos en la empresa-
para enfrentar las numerosas irregularidades y violaciones a las leyes
que consolidaron su apropiación por Repsol y sostienen su rentabilidad.

Esta facultad le permite al Estado, entre otras atribuciones, pedir 
explicaciones si se indexan los precios y designar funcionarios que 
defiendan sus intereses. La acción de oro, a la que hice referencia en una 
nota publicada en este diario el 3/03/2005, tiene como único titular al 
Estado nacional, como bien lo sostiene el doctor Gustavo Calleja (ex 
secretario de Combustibles de la Nación) en su trabajo "Repsol, la acción de 
oro de YPF, España y Argentina, dos conductas"(1) , al señalar que "en 
Argentina, Repsol es poseedora del 99% del capital de YPF SA, pero el 1% 
restante pertenece a diversos pequeños accionistas, dentro de los que se 
cuenta el Estado nacional con 1.000 acciones, equivalentes al 0,02% del 
mismo. YPF SA es una sociedad anónima especial, creada por la Ley de 
Privatización de YPF Nº 24.145, con una participación minoritaria del 
Estado", representada a fines de 1999, por la acción de oro.

"La acción de oro es, pues, institucional e intransferible, ya que no forma 
parte del activo transferible de YPF; y de haberse cumplido con la razón de 
ser y su finalidad, para controlar que los objetivos tenidos en cuenta para 
su privatización se cumplieran y debió emplearse, no se hubieran producido 
las graves consecuencias que conocemos" ("¿Crisis energética en Argentina?", 
De Dicco, página 16) . En concreto, la acción de oro (golden share) es una 
facultad propia del Estado, que lo faculta y le da el derecho de controlar y 
accionar, en su caso, la privatización de servicios públicos, a fin de que 
el adquirente cumpla con los objetivos tenidos en cuenta por el Estado 
transferente, para que se lleven adelante y se respeten los derechos 
acordados al pueblo de la Nación por los artículos 42, 14 bis, 27, 28 de la 
Constitución Nacional, sin perjuicio de los que prevén su control y 
vigilancia por intermedio de la Auditoría General de la Nación y de los 
organismos creados por las leyes de Defensa de la Competencia y del 
Consumidor (artículos 85 y 86), sin perjuicio de las demás atribuciones 
acordadas al Congreso de la Nación en su artículo 75, al Poder Ejecutivo en 
el Capítulo XIII, artículo 99 y ccdtes, al Poder Judicial por vía de 
apelación con la reserva establecida en el artículo75 inciso 12, y las 
atribuidas al jefe de Gabinete y demás ministros en el Capítulo IV (artículo 
100 y ccdtes).

El doctor Calleja (trabajo citado) finaliza ratificando que "la acción de 
oro es la potestad que han conservado algunos Estados, en ciertas sociedades 
privatizadas -especialmente las petroleras y prestadoras de servicios 
públicos esenciales- consistente en la participación obligatoria y 
aceptativa en determinadas e importantes decisiones empresariales, y así es 
que la Ley 24.145 y su modificatoria Nº 24.474 (artículo 1, apéndice 8) 
establecen que 'mientras el Estado nacional conserve al menos una (1) acción 
de la clase A, se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para: 1) 
decidir su fusión con otras sociedades; 2) aceptar que YPF SA sufriera una 
situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la 
posesión del 51% del capital social; 3) transferir a terceros la totalidad 
de los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley 17.319 de 
modo que ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de 
explotación de YPF SA; 4) la disolución voluntaria de YPF SA. Para tomar las 
decisiones referidas en los incisos 3 y 4 se requerirá, además del voto 
afirmativo de las acciones clase A, la previa aprobación por ley'".

La prueba es que, desde el inicio de la privatización de YPF, el Estado 
designó un director y un síndico con sus respectivos suplentes, siendo los 
síndicos propuestos por la SIGEN, pero no se conocen casos donde los 
representantes del Estado hayan planteado, en las reuniones del directorio 
de YPF SA o en las asambleas, discrepancias con medidas violatorias de las 
leyes de la Nación, como por ejemplo con la indexación del precio de los 
combustibles, según las variaciones del precio internacional, expresamente 
prohibidas por las leyes de Convertibilidad y Emergencia Pública vigentes, 
ni tampoco impugnación alguna a las obligaciones impuestas en los pliegos de 
las correspondientes licitaciones, o sobre la prórroga de la concesión del 
yacimiento Loma de la Lata, con 17 años de anticipación, o por el uso 
comercial e industrial por la sociedad adquirente, Repsol, de la sigla YPF 
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que por cierto no puede confundirse con 
un nombre comercial.

Considero que es legítimo que los organismos estatales correspondientes se 
informen sobre el particular y procedan como corresponda. Como el Estado 
nacional, al día de la fecha, todavía continúa siendo propietario de la 
acción de oro de YPF SA, ello le permite designar en esta petrolera a 
funcionarios que representan al PEN con cargos de director o síndicos, para 
defenderlo. Sin embargo, las facultades especiales que le otorga al Estado 
nacional la acción de oro, no han sido aplicadas por los directoresnombrados 
en cada gobierno de turno entre 1999 y 2004, faltando así a su obligación 
pública y profesional, de la que deberán rendir cuenta, ya que está de por 
medio el patrimonio nacional. Así lo recuerda el doctor Calleja cuando en el 
trabajo precitado, señala sobre el tema que "hace dos meses volvieron a 
cambiar los directores (falta designar al suplente y a los síndicos). El 
director titular se llama Ernesto Dardis, el síndico titular es Carlos Vidal 
y Javier Siñeriz el suplente, etcétera".

Esas facultades, cuyo cumplimiento no se exigieron, le permitían al Estado 
nacional nada menos que: 1) pedir explicaciones a YPF SA de por qué se 
indexan los precios de los combustibles cuando se viola la Ley de Emergencia 
Nacional (Ley 25.561); 2) analizar los balances y pedir rendición de cuenta 
de los impuestos (35% de impuesto a las ganancias, 12% de regalías, 21% de 
impuesto al valor agregado y menos del 2% de ingresos brutos, no se perciben 
ingresos brutos por exportación); 3) controlar dónde y cuánto se invierte 
por cada una de las cuencas sedimentarias del país, pues se está evadiendo 
un porcentaje significativo de las regalías provinciales, porque tanto el 
Estado nacional como las provincias desconocen cuánto es lo que se extrae, 
se desperdicia y se contamina; 4) en relación a las exportaciones, exigir a 
las empresas que respeten las obligaciones impuestas por las leyes (17.319 y 
24.076) ya que primero deben satisfacerse las necesidades energéticas del 
mercado interno y únicamente exportar el excedente de producción; 5) revisar 
todos los contratos firmados en calidad de concesiones de explotación y 
permisos de exploración de yacimientos hidrocarburíferos (petróleo y gas 
natural), ya que la gran mayoría son violatorios de la Ley Nº 17.319.

Concluyendo, los años transcurridos y la experiencia recogida han demostrado 
que, en realidad, el fin político que se tenía en vista -y que constituía el 
verdadero objetivo político-económico de la Ley 24.145 y sus precedentes 
23.696 y 23.697- de refederalizar el dominio del petróleo, y de la 
Transformación y Privatización de YPF, no eran sino los instrumentos legales 
previos que permitirían al PEN, mantener y manejar a su conveniencia el 
dominio del petróleo existente en las áreas "probadas", mediante la entrega 
de todas las existentes y en explotación, en esa época en cabeza de YPF, a 
empresas privadas. Utilizaron la transformación de YPF en una sociedad 
anónima, regida por la Ley de Sociedades 19.551 y la subsiguiente 
adjudicación a empresas privadas transnacionales en licitaciones públicas, 
en violación de normas legales expresas y en absoluto perjuicio de los 
derechos de dominio de las provincias sobre importantes yacimientos, todos 
ellos ubicados en zonas probadas en las que no se les dio participación 
alguna, las que perdieron así todos los beneficios propios de la 
desregulación de la industria, incluso, por ejemplo, el de permitirles 
intervenir en la fijación del precio del petróleo, no sólo en su posterior 
venta como combustible sino también en su incidencia con el derecho de 
regalía y otras contribuciones, además, la determinación de las "reservas" 
de cada yacimiento y su importancia en las futuras concesiones, todos 
determinantes de la distribución equilibrada de la colosal renta petrolera 
que, en definitiva, es un factor inescindible en la política destinada al 
bienestar de la ciudadanía nacional.

* Profesor Emérito, Facultad de Derecho, Universidad de Mendoza
(1) Ver InfoMoreno Nº 83 del 19 de enero de 2005

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