[R-P] La crisis policial en Còrdoba le torciò el brazo a De la Sota

[ana graciela real]

EL RECLAMO POLICIAL en Còrdoba - Fuente: La Mañana de
Còrdoba
 
Los desencuentros en la negociación  
 
Fuerte choque entre los fiscales y el jefe de Policía
por la negociación en el predio de la CAP. 
Altamirano y Rodríguez en la cuerda floja,
responsabilizados de no contener a la tropa. 
El abogado Ortíz Pellegrini cumplió un papel clave en
el diseño de una solución. 
 
 
El acuartelamiento de más de 200 efectivos
pertenecientes al Comando de Acción Preventiva (CAP)
con sede en barrio Ampliación Cerveceros, sacudió la
impostada tranquilidad del Gobierno. 
Los anuncios unilaterales de una mejora salarial,
seguidos de una fuerte amenaza -el pasado viernes- por
parte del ministro de Justicia y Seguridad, Héctor
David, a los insubordinados, no lograron restaurar la
autoridad del Gobierno sobre la tropa policial.
En pocas horas, desde que el cabo Claudio Cisneros se
encadenara en la Plaza San Martín la semana pasada
hasta el acuartelamiento de la CAP, motorizado por las
esposas de los policías, la tormenta voló el techo del
Gobierno provincial.
David arremetió el pasado viernes con ímpetu, frente a
las cámaras de televisión, en un intento por devolver
al primer plano la administración provincial. En
realidad comenzó a moldear en sus años un conflicto
ajeno. 
El problema de fondo (de muchos meses atrás) en la
Policía provincial debió haber sido advertido en el
escritorio del secretario de Seguridad, Jorge
Rodríguez, hasta hace un par de meses, el férreo
conductor de la fuerza. 
Sin embargo esta vez los acontecimientos sobrepasaron
a la conducción de la institución. Sin reacciones en
el Gobierno y la Plana Mayor, los acontecimientos
marcharon descontroladamente. Un grupo de mujeres izó
la bandera de sus maridos y luego de los primeros
escarceos, obligó al Gobierno a negociar bajo presión.
Desde que Cisneros (al que combatieron con la inútil
descalificación de “borracho” desde el corazón del
Gobierno) se encadenó a la plaza hasta la rebelión de
barrio Cerveceros, las miradas apuntaron en dirección
al Palacio de Justicia. Como si se tratara de una
cuestión puramente legal.
José Alberto Mana, el fiscal de instrucción de mejor
cintura política, esquivó una medida contra Cisneros.
“Está a un pasito de resistencia a la autoridad”,
hacían saber en el teléfono del fiscal que prefirió
dejar correr el conflicto en la esperanza de una
solución. Nadie, Mana incluido, sospechaba a esa
altura que la situación se desbocaría en la torpeza de
los propios negociadores oficiales. 
Ciegos y sordos ante el inminente conflicto y su
gravedad, el final era tan previsible como la
imprevisión oficial.
Con las manos vacías y sin interlocutores, policías y
funcionarios entraron en un callejón sin salida. Como
una réplica de la negociación del motín del penal del
barrio San Martín en febrero pasado, comenzaron a
sonar los teléfonos de la Fiscalía General.
Otra vez Gustavo Vidal Lascano, recibió la voz mustia
de su amigo, el ministro de Justicia y Seguridad,
convocándolo a escena.
De nuevo la convocatoria para tres fiscales, que
permite licuar limitaciones, frente a un conflicto con
perspectivas mucho más graves que el trágico motín. 
La elección fue puntillosa. Rubén Caro reemplazó en el
turno a José Alberto Mana, además quedaron convocados
Alejandro Weiss y el prestigioso Juan Manuel Ugarte.
José Manuel de la Sota seguía la evolución (si a ello
puede llamarse evolución) desde Río Cuarto, donde
gozaba su descanso de fin de semana. Los consejos de
sus íntimos y asesores de campaña lo convencieron de
que se quedara lejos del fuego. De la Sota puso a Juan
Schiaretti para manejar políticamente la rebelión. Una
chispa puede ocasionar un incendio, justo antes de la
disputa de octubre con Luis Juez a la vista.
Además, cualquier zamarreo policial es mucho más grave
que el resto de los conflictos. No es para menos,
están en juego la autoridad del Gobierno y la
seguridad de la gente.
En medio del cuadro de desolación general, el jefe
policial Iban Altamirano, elegido como el sucesor de
Rodríguez, era desalojado de pergaminos (ganados todos
con la tropa callejera y el reconocimiento unánime en
la institución) por un grupo de mujeres que lo
sacudieron asidas de su solapa. Allí pareció el fin de
un jefe que no puede mandar a la tropa.
La aparición de Altamirano en el acuartelamiento del
barrio Ampliación Cerveceros, donde se concentraron
los uniformados que decidieron resistir las órdenes,
transparentó la ilusión política. 
Ni el Gobierno mandaba, ni la Policía obedecía. Todo
era entonces un mero juego de palabras,
grandilocuentes y exageradas. Una manera infantil y
paranoica de explicar lo inexplicable.
Altamirano llegó acompañado de los fiscales hasta el
predio rebelde y decidió jugar una carta propia. Un
acuerdo previo, nacido desde el propio Poder Judicial,
fijó la posición de la negociación.
Tal como sucedió en febrero pasado, cuando se paseaban
guardiacárceles por las cornisas del penal, la
Justicia prefirió dejar pasar, dejar hacer. Esta vez
corrían el riesgo de no poder hacer cumplir una orden
y ningún fiscal quiso llegar tan lejos.
Convinieron con el jefe policial que el traslado de
todos los fiscales al acuartelamiento de la CAP, para
acompañar la negociación, estaría signada por un
diálogo que comenzara a encontrar un punto de partida.
Grande fue la sorpresa (y disgusto) de los
funcionarios judiciales, cuando Altamirano bajó de su
vehículo y comenzó la lectura de un oficio de rigor
preparado por los titulares del Ministerio Público,
advirtiendo a los rebeldes los riesgo de permanecer en
esa situación. 
Pareció un balde de nafta sobre el fuego. Abucheado
por los uniformados y repudiado por las mujeres que
cortaron intempestivamente la salida del jefe
policial, éste pareció trastabillar sin remedio.
La indignación de los fiscales con Altamirano no tardó
en hacerse sentir. Ellos llegaron hasta el predio para
comenzar a conversar con los mismos hombres que
convocan todos los días para la investigación de
delitos. Las caras conocidas eran más de lo imaginable
y ello pesaba mucho. Teléfono en mano, cuestionaron a
Altamirano ante un superior común, que por esas horas
sacaba punta al lápiz con su colega de Finanzas. Ya se
perfilaba una negociación que había desbordado a la
cúpula policial y a la Secretaría de seguridad. Ni
Altamirano ni Rodríguez serían partícipes de peso,
como sellando su suerte cada vez más próxima a la
salida que a la permanencia. Una historia que se
repite obstinadamente para los funcionarios. La marea
del motín de barrio San Martín se llevó a la titular
del Servicio Penitenciario, Graciela Lucientes de
Funes, ajena al conflicto y a la solución. El mismo
camino siguió Daniel Corso, el ex director del penal,
por la responsabilidad de un problema que estalló en
sus manos. Altamirano y Rodríguez se parecen en todo a
los anteriores partícipes del juego de los siete
errores. Sus futuros también.  
  
 
Los festejos tuvieron sabor a conquista  
 
Luego de 72 horas de tensiones, policías y familiares
lograron la mejora salarial 
 
Gritos de júbilo, un abrazo masivo y compacto, cientos
de rostros llorando, fueron la coronación de una tensa
jornada tras cinco días de reclamo policial.
“Nosotros también somos seres humanos; esto es justo”
repetían efectivos del Comando de Acción Preventiva.
La tarde estalló cuando a las 16 de ayer se conoció la
oferta mejoradora, y uniformados y familiares
festejaron entusiasmados el resultado de la reunión
que se extendió por más de cuatro horas, y en la cual
se convino el aumento salarial.
De esta forma finalizaba una semana plagada de
tensiones y vericuetos, durante la cual la Plana Mayor
de la Policía fue puesta en jaque por los efectivos de
la misma fuerza.
Familiares y efectivos recibieron la confirmación de
Miguel Ortiz Pellegrini, representante legal del cabo
Claudio Cisneros, quien participó de las negociaciones
a pedido de los familiares de los uniformados. 
De esta forma manifestó que las autoridades habían
acordado un aumento salarial, además de
reconocimientos solicitados en el petitorio.
Cuando se comenzó a interpretar la noticia, se instaló
nuevamente la duda, y sonó por el altoparlante la voz
de uno de ellos: “hasta que no veamos algo escrito, de
acá no se mueve nadie, a las palabras se las lleva el
viento”.
Así comenzó una espera de otras dos horas hasta que
Ortiz Pellegrini llegó con el documento desde Casa de
Gobierno.
En la espera no faltaron los rumores, las denuncias
por lo bajo sobre presiones recibidas durante la
medida.
“Acá hubo mucho jefe traidor, ahora ellos van a cobrar
más plata gracias a nosotros, mientras hasta ayer nos
presionaban para salir a la calle y nos amenazaban con
echarnos a todos. Esas cosas tienen un costo”, decía
un policía enfurecido. “Están obligando a algunos
jefes de guardia a denunciarnos ante Asuntos Internos
por privación ilegítima de la libertad, por lo que no
salimos a la calle ni dejamos salir a los jefes, pero
no entienden que el reclamo era para todos”, manifestó
otro uniformado.
La comisión negociadora por fin llegó, y los gritos se
hicieron uno cuando confirmaron la firma del acuerdo.
Como verdaderos héroes nacionales fueron vitoreados
los negociadores, quienes tuvieron que sortear saludos
y abrazos estrechos hasta subir a la caja de una
camioneta del CAP, que ofició de escenario a los
improvisados oradores.
“Señores, han triunfado”, dijo Ortiz Pellegrini
envuelto en una imagen propia de actos de campaña.
Resaltando la importancia de la lucha y sus
resultados, se refirió a su defendido como “el
verdadero héroe de la jornada”. El cabo habría
resignado la consideración de su situación a cambio de
que se concrete el acuerdo salarial policial.
Finalmente, será juzgado por un Tribunal de Conducta
policial.
El abogado concluyó diciendo: “A partir de hoy los
policías no serán más empleados esclavos, serán
empleados ciudadanos, como cualquier otro”. 
A continuación, Cisneros tomó la palabra y entre
lágrimas manifestó que “esta lucha me deja un sabor
muy dulce, pase lo que pase conmigo, esto es una
victoria. Además hizo hincapié en cuánto dejó la
experiencia como aprendizaje. “Compañeros, quiero
pedirles que cuando vayamos a la manifestación de los
docentes, de los empleados judiciales o cualquier otra
lucha, recapacitemos porque hoy estuvimos del otro
lado. Estamos comprendiendo el justo reclamo de los
demás».
En último lugar, las mujeres entre sollozos se
dirigieron a sus familiares: “Les agradecemos a todos
por haber confiando en nosotras, por confiar en que no
los íbamos a abandonar en ningún momento. Este 7 de
agosto marcó la historia de la Policía, va a quedar
grabado a fuego en los jefes y en el Gobierno de
Córdoba”.  
Los aumentos serán para todo el personal hasta la
categoría de oficial principal y su similar
penitenciaria y alcanzará a 1.300 pesos para la
categoría de ingreso sin asignación familiar ni
antigüedad. Un policía de este rango escalafonario que
realice 15 adicionales al mes pasará a percibir 2.100
pesos, se indicó.
Otro de los puntos que destrabó el conflicto fue el
compromiso del gobierno de no sancionar a ninguno de
los amotinados, a excepción del Cabo 1º, Claudio
Cisneros, que seguirá sujeto a la resolución que
adopte el Tribunal de Conducta Policial que lo está
juzgando en el marco de la Ley 9120.
Sin embargo quedaron en firme las sanciones aplicadas
al jefe y subjefe del distrito Cinco, donde el viernes
se autoacuartelaron dos centenares de efectivos. En
tanto, el jefe de Operaciones, José Francisco Funes,
responsable del operativo que desalojó al cabo Claudio
Cisneros de la Plaza San Martín, tomó licencia.
Los beneficios ofrecidos en el acuerdo de ayer
quedaron supeditados a la inmediata reanudación y
normalización de todos los servicios policiales en la
ciudad de Córdoba por parte del personal que estaba en
estado de asamblea, lo que comenzó a efectivizarse
ayer a las 18.30 aproximadamente.
Asimismo, el Gobierno ratificó la decisión de la Plana
Mayor de la Policía, Servicio Penitenciario y del
Ministerio de Obras Públicas, de construir dos barrios
para personal policial y del servicio penitenciario de
500 viviendas cada uno en la ciudad de Córdoba, y la
inclusión de personal policial y penitenciario del
interior en barrios en construcción y a construir. El
ministro de Justicia y Seguridad aceptó constituir un
fondo de asistencia inmediata para las víctimas y/o
familiares del personal policial damnificados en actos
de servicio.
Ayer, el vicegobernador Juan Schiaretti pidió que se
aclare que nunca dijo que “los sueldos salariales son
buenos” sino que “hemos hecho una buena propuesta”.
En los cinco días de conflicto participaron dos
policías del sindicato de Santa Fe, Guillermo y Roque
Palermo, quienes fueron detenidos el viernes, luego de
tenderse delante de las camionetas de la CAP para
evitar su salida. Ayer, firmaron un comunicado
diciéndose “presos políticos del gobierno de De la
Sota”, y dejaron el germen para la conformación de un
sindicato policial en Córdoba, a pesar de que la
fuerza tiene prohibido sindicalizarse. 

LA NUEVA ESCALA SALARIAL

Sueldo anterior / Sueldo acordado - Aumento
Agente recién ingresado - 841,60 / 1299,45 - 427, 79 
Suboficial (4 años) - 934,17 / 1355,23 - 421,06
Sargento (13 años) - 953,91 / 1419,01 - 475,10
Suboficial mayor (25 años) - 1196,13 / 1727,44 - 531,
31
Jefes y Subjefes (30 años) - 2911, 12 / 3672, 82 -
761,67
 
  



	

	
		
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