[R-P] Del Proceso a la devaluación duhaldista (J.Barat)

[INFOR-MET]

Otra buena descripción de los primos.

La pregunta que se impone, luego de su atenta lectura,
o de la del artículo de Calello es: Y entonces ????
Y ahí, surgen los problemas. Nada es suficientemente
bueno, y no hay desde donde ubicarse para pelearla.
En fin, como dice Nestor, Veremos....

Rolando
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CLASE MEDIA Y POLÍTICA

Del Proceso a la devaluación duhaldista 
por Juan Barat

El estallido de Diciembre de 2001 y la inmediata
devaluación pusieron en crisis al bloque de poder que
impuso su ley desde el Proceso, hegemonizado por el
capital bancario extranjero y la oligarquía financiera
nativa, que trastocó los presupuestos de la
acumulación del capital, para realizarla
principalmente en base a un modo que sateliza el
proceso de producción de mercancías y en abierta
contradicción con éste. 
La “tablita” de Martínez de Hoz y el 1 a 1 de Menem,
fueron los instrumentos monetarios emblemáticos que al
subvencionar importaciones condujeron a la
desindustrialización, al desempleo y a la pobreza
masiva.

A la vez, esta política monetaria implicó un gravamen
oculto a la exportación, con lo que el desbalance
comercial y el despilfarro en el exterior de millares
de compradores de dólares baratos, fue en parte
conjurado con el ingreso de “dinero golondrina”,
atraído por ganancias financieras exorbitantes, y
luego con la privatización extranjerizadora de las
empresas públicas.
Pero la curva de crecimiento de la deuda externa
pública –7.000 millones de dólares en los inicios del
Proceso, 45.000 a la llegada del alfonsinismo, 65.000
en los comienzos de Menem, 150.000 en los finales,
180.000 al final del breve paso de De la Rúa- es
demostrativa de la consistencia de un patrón de
acumulación financiera que demolió la estructura
productiva y dislocó el tipo de equilibrio social
heredado del ciclo nacional burgués clausurado en
1955. A la masa de recursos transferidos por la
economía fuertemente extranjerizada, la oligarquía y
la burguesía argentinas sumaron una fuga de capitales
de magnitud, que colocaron en el exterior, donde
actualmente mantienen no menos de 130.000 millones de
dólares, si aceptamos la estimación que admite el
propio Estado y consultoras privadas.

Al sobrevenir la devaluación de 2002, inevitable en sí
misma y necesaria, fue implementada de forma tal que
el principal perdedor fue la clase de los trabajadores
y los jubilados, es decir, el sector de ingresos
fijos, que quedaron congelados por largo tiempo, y
soportaron, por ende, la abrupta caída de su capacidad
de compra, con el hundimiento de millones por debajo
de la llamada “línea de pobreza”. Los precios
mayoristas se incrementaron hasta más del 140 % y los
precios minoristas hasta más del 40 %, en tanto la
canasta básica de alimentos y otros productos
inevitablemente imprescindibles, creció en alrededor
del 100 %.
La clase media, otrora estrella del consumo, que llegó
a equivaler a más de un 50 % de la población, hoy no
supera el 20 %, evaluada en términos económicos, según
casi unánimes estimaciones oficiales y privadas. Unos
pocos consultores, quizá interesadamente optimistas,
alcanzan a ver un dudoso 30 %.
En el bloque dominante la situación fue diversa. La
ruptura del 1 a 1 conmovió las bases del patrón de
acumulación dominante y el reparto impuesto por su eje
hegemónico y desató una pugna sectorial en la que
intervinieron desembozadamente Estados Unidos, el G 7
y el FMI.
El capital bancario extranjero recibió fuertes
compensaciones que acentuaron la asimetría de la
devaluación, en paralelo con la decisión de pagar sin
quita los vencimientos de obligaciones contraídas con
organismos internacionales de crédito (FMI, BID, Banco
Mundial), y la de diseñar un presupuesto
superavitario, base 3 % del PBI, que esteriliza moneda
circulante, a la espera de un acuerdo con los bonistas
privados. La deuda externa constituida inicialmente
por el gobierno del Proceso, conserva así toda su
potencialidad condicionante y su función de aspiradora
financiera hacia el exterior.
Los exportadores, con epicentro en la oligarquía
propietaria de grandes extensiones de tierra y la
burguesía extranjera, apropiada del petróleo,
resultaron principales ganadores, al beneficiarse
directamente con la nueva paridad monetaria, e
indirectamente con un período de altos precios
internacionales, sobre los que pesan muy modestas
retenciones, lo que anula la posibilidad de volcar un
diferencial transitorio a la recomposición de la
producción y del mercado interno, impulsa al alza los
precios de la canasta básica y de los combustibles y
acentúa la pobreza.
La polarización social sigue imprimiendo su sello a la
sociedad argentina.
El 10 % de la población concentra poco menos que el 40
% del ingreso, y el piso salarial está dado por los
150 pesos del Plan Jefas y Jefes, lo que coloca a sus
beneficiarios, considerados como ocupados por la
estadística oficial, en típica indigencia.
Que esto se corresponde con la ideología que predomina
en el nivel de gobierno, lo prueba una declaración de
sorprendente claridad de Patricia Vaca Narvaja,
Subsecretaria de Defensa de la Competencia y el
Consumidor: “Es difícil” intervenir en el proceso de
formación de precios, ya que estamos en “una economía
de mercado”; el límite a los aumentos que se
verifican, como el de la carne, “es el bolsillo de la
población”.

Los desplazamientos políticos

El terrorismo de Estado aplicado para imponer la
alineación de la economía del país a las necesidades
del capital financiero, bajo las banderas del
neoliberalismo, golpeó masivamente a la clase obrera.
Las fábricas se convirtieron en cárceles potenciales,
los cuadros representativos fueron diezmados y la
política económica dirigida por Martínez de Hoz puso
en marcha la desindustrialización y recondujo la
fuerza de trabajo hacia empleos de baja calificación
en los servicios y al cuentapropismo de subsistencia
en tareas de reparación, construcción, etc.
Directamente agredida, la masa de trabajadores se
atrincheró defensivamente en el peronismo.
Contrariamente, amplias franjas de clase media
accedieron al dólar barato, a los productos de consumo
importados y a Miami.
La “tablita” les había traído perfumes franceses,
embutidos alemanes y Disney World a bajo precio.
La dictadura contó con su apoyo o neutralidad, hasta
que las sucesivas devaluaciones de Sigaut y la derrota
en Malvinas, la llevaron a “descubrir” los crímenes de
la represión, que, por supuesto, “ni sospechaban”.
Los grandes grupos económicos que se fortalecieron
mediante la especulación fomentada por la política
oficial y las contrataciones leoninas con el Estado,
fugaron miles de millones de dólares que desde el
exterior fraguaron como préstamos, endeudando los
balances empresarios y constituyendo una deuda externa
privada que se sumó a la deuda pública, clave de la
gestión económica de la dictadura, a través de
Martínez de Hoz, Sigaut y Roberto Alemann.
En medio de la tormenta, con el dólar ajustado en 140
% en 1981, los deudores privados hallaron en Domingo
Cavallo un servidor arquetípico, que desde el Banco
Central les otorgó un seguro de cambio que les
permitió pagar a la paridad de origen, pasando la
diferencia a engrosar la deuda externa pública.
Con humor, Cavallo llamó a esta operación: “Salvataje
de la industria nacional”. Culminó así la constitución
de una deuda externa a la vez fraudulenta e impagable.
En estas condiciones, las franjas “procesistas” y
neutrales de la clase media restauraron su “fé” en la
democracia y prestaron su concurso para el ascenso del
Dr. Alfonsín, enfrentando al bloque popular, carente
ya a esa altura de una dirección consecuente con sus
necesidades.
Alfonsín, que había prometido ir con los gerentes de
los bancos a reabrir las fábricas cerradas, distinguió
su gobierno con la caja PAN (Plan Alimentario
Nacional), símbolo de la expansión de la pobreza y del
continuismo “democrático”.
Intentó allanarse a requerimientos fundamentales de la
“doctrina” de la globalización neoliberal, que ya
exigía privatizaciones, valiéndose del arma de la
deuda externa y del corte del crédito internacional.
Aerolíneas Argentinas fue la prueba piloto motorizada
por su ministro Terragno. La resistencia sindical y el
rechazo popular fue todavía suficiente para impedir
transitoriamente el inicio del desguace.
Derrotado electoralmente en 1987, las fuerzas
constituyentes del poder real prepararon el cambio,
desataron la hiperinflación y paralizaron al gobierno.
Apoyado en la base popular, con seis meses de
anticipación, llega Menem, para desarmar finalmente
toda forma de resistencia nacional que pudiera aún
albergar el justicialismo.
Dos gerentes de Bunge y Born y Erman González, hasta
encontrar en Cavallo la sintonía justa. Devaluación a
10.0000 australes, cambio de moneda y dólar 1 a 1.
Caída abrupta del salario y congelamiento indefinido.
Al apagarse la última protesta sindical, domesticada
la mayoría de sus dirigentes, el bloque popular queda
huérfano de expresiones políticas o reivindicativas de
peso, compatibles con sus intereses.
Pero el 1 a 1 renueva fantasías de la clase media con
mayor poder adquisitivo. Con la generalización del uso
de la tarjeta de crédito, promovida por los bancos, no
sólo vuelve a acceder a importados baratos, sino al
crédito automático, que escondía una trampa que en los
años “felices” menospreció : la tasa de interés más
baja que esos bancos le cobraron para financiar sus
consumos, con inflación tendiente a cero, fue del 25 %
anual en dólares. Un negocio poco común.
El endeudamiento del sector, tanto en tarjetas de
crédito como en fáciles préstamos para la compra de
automóviles e inmuebles, lo hizo cómplice objetivo del
milagroso 1 a 1, que, mientras tanto, liquidaba la
industria, endeudaba al país y preparaba su propia
ruina.
En mayo de 1995, con el 18 % de desempleo,
principalmente industrial, sectores obreros y
populares empezaron a abandonar al justicialismo, pero
esto fue compensado con creces por la menemización de
clase media, que otorgó a Menem una victoria aún mayor
que en 1989.
Fue un progresivo proceso de empobrecimiento y
polarización social, que concentró el ingreso en
sectores minoritarios de la población, degradó el
mercado interno y desembocó en recesión abierta a
partir de 1988, el que impulsó un nuevo giro de la
clase media, en la medida en que la alcanzó con
creciente severidad en su calidad de vida.
Pasó entonces a ser lugar común el concepto “nuevos
pobres”, para significar pobres de clase media, o
caídos desde allí.
El reagrupamiento estuvo centrado, esta vez, en la
centro izquierda, con el FREPASO como aglutinador, y
sesgado a derecha por sus dirigentes para constituir
la Alianza promovida por Alfonsín. La Alianza impuso
la Presidencia de De la Rúa, con un discurso
anticorrupción que indicaba la absurda postura “todo
está bien, salvo por unos cuantos delincuentes en el
poder”, y delataba un microcefálico reformismo
conservador.
Diciembre de 2001 determinó que franjas de clase media
volvieran a girar, esta vez con un discurso de
izquierda, democracia y horizontalidad organizativa,
contenido en las que fueron “asambleas barriales,
vecinales o populares”, que durante meses evidenciaron
una significativa y espontánea capacidad de
movilización y un consignismo exuberante.
La inexistencia de un movimiento obrero combativo, la
lucha interna desatada por partidos de la izquierda
tradicional, con obvio propósito de copamiento, y la
propia limitación de clase de las “asambleas”,
agotaron la experiencia de esta suerte de “mayo
porteño”.

De las “asambleas” a Juan Carlos Blumberg

Desde la caída de De la Rúa hasta el ascenso de Néstor
Kirchner, discurrió el gobierno de Duhalde.
Durante su transcurso se manifestaron características
centrales de la economía post devaluación y en
“default”: se generó un abultado saldo positivo en el
balance comercial, la industria comenzó a producir en
sustitución de importaciones, partiendo de una mayor
utilización de la capacidad ya instalada, empezaron a
recuperarse reservas internacionales y el presupuesto
del Estado se tornó superavitario.
Todo ello en un marco social de marginalidad y
desempleo que llevó a la gestación del Plan Jefas y
Jefes, y de otros, provinciales y municipales, amén de
ayuda alimentaria, para erigir una línea de contención
y alejar el riesgo de estallidos.
En el plano específicamente político, centralmente se
jugó en la interna justicialista, que llevó a la
elección presidencial tres candidatos de ése origen,
Menem, Kirchner, Rodríguez Saa, que cosecharon dos
tercios de los votos válidos.
El fraccionamiento inusual de los resultados,
impulsado por el sistema de “ballotage”, desapareció
no bien fueron conocidos: fue inocultable que la
derrota de Menem, por cifras abultadas, era segura. Se
puede decir que sobre este único punto, el
antimenemismo, se forjó un consenso general.
Sin embargo, a poco de iniciar su mandato, Kirchner
logró atesorar un respaldo pasivo (de encuestas), que
parece haber llegado, por momentos, a superar el 80 %.
El pánico por la crisis, la necesidad de experimentar
expectativas positivas, el estilo “directo” del
Presidente, el avance contra la impresentable Corte
Suprema, los descabezamientos de cúpulas militares y
policiales sospechadas, apelaciones reiteradas contra
la corrupción y la represión, discusiones
promocionadas con el FMI y los acreedores privados, la
relativa tirantez con las empresas de servicios
privatizadas, el aumento de la actividad económica,
pese a que no altera la regresiva distribución del
ingreso del “modelo”, obraron el milagro.
La clase media ha sido un componente significativo de
este respaldo, que permitió al gobierno avanzar sin
demasiados sobresaltos en el diseño de una política,
en primer término adecuada a los intereses de las
clases dominantes y del capital extranjero, pero en
condiciones en que una nueva hegemonía no está aún
consolidada, con lo que dispone de mayor margen de
maniobra que si esta cuestión estuviera resuelta.
Es a raíz de ello que fracciones del poder actúan en
el sentido de estrechar ese margen de maniobra, en
especial porque un gobierno con sólo apoyo pasivo y
carente de una estructura solidificada de sustento
político, es menos predecible que los aparatos de la
partidocracia con los que objetivamente no concilia en
forma plena.
Esto explica la utilización mediática de los
piqueteros, construyendo una imagen de desorden
dirigida a los prejuicios de buena parte de la clase
media, obviando su carácter de víctimas, y de
tragedias familiares e individuales producto de
delitos que prosperan gracias a la impunidad que
transformó en hábito institucional la política
criminal que se implantó para fijar los actuales
parámetros de la Argentina semicolonial.
Estos “ nuevos miedos” colectivos han logrado
instalarse socialmente, y están provocando un nuevo
giro en sectores de la clase media, que claman por
orden y castigo para las consecuencias de aquélla
política criminal y, por extensión potencial, para las
expresiones de resistencia al statu quo establecido.
Esta operación se desarrolla en dos planos.
En primer lugar, busca empujar a un gobierno en
conflicto objetivo con “su” aparato, a volver al redil
y hacerse así definitivamente predecible.
En segundo lugar, se pretende reconstituir una base
social dispuesta a aprobar la represión, si un período
de renovada lucha de clases moviliza a los
trabajadores.
Y encuentra contradictoriamente un cauce, porque la
clase media, en proporción mayoritaria, percibe
también que la distribución del ingreso es un mito y
que no sólo no se recompone numéricamente, sino que el
residual económicamente subsistente continúa
amenazado.
Pero también es cierto que un nuevo período de lucha
de clases, con un papel político consistente de la
clase trabajadora, puede modificar todo el panorama. 




	
	
		
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