[R-P] Nota de Actualidad AMIA: LA IMPUNIDAD ACTIVA

[Hugo Presman]

LA IMPUNIDAD ACTIVA
                                Por Hugo Presman
Los detritus de la última década infame inscripta en treinta años de
retroceso feroz, siguen azotando la vida cotidiana y lo seguirán haciendo
por  tiempo indeterminado. El mayor atentado terrorista de la historia
argentina camina hacia la impunidad, después de haber recorrido ese
territorio durante diez años.
Lo que ha caído es "la historia oficial". En nuestro país el relato
institucionalizado es generalmente una construcción para ocultar la verdad.
No es la cronología de lo que pasó, sino lo que el poder considera que debe
ser conocido.
La sociedad despertó sorprendida que después de diez años y de un juicio
oral de tres, los culpables son tan ignotos como a las 9 horas 54 minutos
del 18 de julio de 1994.
Sin embargo, hubo formas de interiorizarse de otras hipótesis. Voces
solitarias que investigaron y cuestionaron "LA HISTORIA OFICIAL". Jorge
Lanata, Joe Goldman, Juan Salinas, Gabriel Levinas, el mensuario Nueva Sión,
Horacio Lutzky entre otros, buscaron caminos diferentes y patentizaron en
forma dramática el encubrimiento perpetrado por el juez Galeano que instruyó
la causa.
En 1997, Laura Ginsberg gritó en la calle Pasteur que la conexión local del
atentado era el Estado Argentino. Como Emile Zolá, cien años atrás, afirmo:
"Yo acuso al gobierno de Menem - Duhalde de encubrir a la conexión local que
sirvió para matar a nuestros familiares". Las autoridades comunitarias
corrieron a pedirles perdón a los principales artífices del encubrimiento.
En años siguientes, asociaciones de familiares como Memoria Activa y Apemia
clamaron con distintos tonos y modulaciones que la investigación era un
gigantesco fraude.
 A la vista y con la indiferencia de una sociedad que vivió una fiesta
ficticia y padeció la resaca, se plantaron pruebas, se borraron otras, se
destruyeron elementos vitales, se desecharon senderos  que podían complicar
al poder como la llamada "pista siria", se buscaron culpables ficticios,
enmarcados en el despiadado conflicto  Menem - Duhalde.
En una confluencia de azarosas circunstancias históricas a Israel y a Menem
le convenían desechar la pista siria. Al primero porque estaba negociando un
acuerdo de paz con Siria. Al riojano porque posiblemente sabía que el
atentado era la represalia de promesas impagas efectuadas con liviandad
durante la campaña electoral de 1988/ 1989, regadas con generosos fondos de
Oriente. Algunos de los sospechosos de la pista desechada estaban vinculados
a personajes significativos de su entorno. Como emblema individual  de esta
alianza estratégica, el embajador Avirán terminó asociado a negocios poco
claros con el gobierno. El mismo gobierno que según declaraciones del
Brigadier Antonietti en el juicio oral, nunca trató la investigación del
atentado en reunión de gabinete.
Se le pagó a un imputado, Tellerdín, para acusar a policías bonaerenses,
siendo  Ribelli el de mayor graduación, como traslado de los culpables del
atentado al territorio de Duhalde. Las escenas fueron grabadas por el propio
juez sobornador y difundidas por Jorge Lanata ante el horror de las
autoridades comunitarias y de muchos "progresistas" que consideraban que el
alejamiento del juez encubridor derrumbaba la causa por la magnitud de la
misma.
En diez años, hubo un encubrimiento poderoso y gritos contra ese
encubrimiento. Hubo familiares que denunciaron el accionar de los sucesivos
gobiernos, de Galeano,  de la DAIA, los que se quedaron afónicos clamando
por una justicia inexistente. Y hubo quienes en su dolor confiaron en una
representación comunitaria sin comprender que los traicionaban o se canjeaba
su dolor y sus muertos por redescuentos y salvatajes bancarios.
UNA SENTENCIA ALECCIONADORA
La sentencia del tribunal número 3 revela, en principio y con la salvedad de
estar pendiente las fundamentaciones, equilibrio y valentía. Los inculpados
son en su inmensa mayoría impresentables. Pocos hubieran llorados por su
suerte. De manera que un fallo que los condenara hubiera atenuado la presión
social y merecidos elogios. Pero no había pruebas o las obtenidas  se habían
realizado contra todas las prescripciones legales.
El tribunal optó por las garantías constitucionales. Eligió la justicia. Esa
que se extravió en los laberintos de la impunidad instrumentado por Galeano
con el apoyo de la SIDE, la Policía Federal, y otras fuerzas de seguridad
nacionales y extranjeras. Todo con la instigación activa de Carlos Menem y
sus muchachos (Corach, Ruckauf, Anzorregui, Franco, Antonietti). Continuados
magníficamente en  el entramado de la impunidad por De la Rúa y Duhalde.
Pero por primera vez en diez años se acierta claramente, evitando perejiles
y enfocando la luz sobre la cúspide del poder. En un lenguaje descarnado
traza una síntesis de una década inolvidable por sus consecuencias
depredadoras. La conclusión más categórica es que entre el gobierno de
Carlos Menem a través del ex Ministro del Interior Carlos Corach, el ex jefe
de la SIDE Hugo Anzorreguy, el juez Juan José Galeano, los fiscales Eamon
Muller y José Barbachia, el más importante dirigente de la colectividad
judía Rubén Beraja construyeron una pista falsa, para lo cual pagaron a un
imputado con el objeto de entregar a la sociedad  casi dos docenas de
culpables, con  el fin de dejar la impresión que la masacre quedara
aclarada. En otra parte de la sentencia se afirma: "El doctor Galeano se
apartó de la búsqueda de la verdad real, incurriendo en comportamientos
contrarios al ordenamiento legal, proceder en que colaboraron, sea por
acción u omisión, distintos organismos de los tres poderes del Estado,
otorgándole sostén político y/o encubrimientos a su actuación irregular e
ilegal". Se solicita que se sortee un juez que investigue a Corach y
Anzorregui por haber sido parte del plan mediante el cual se arregló con
Tellerdin y se le pagó.
Lamentablemente, el fallo no extiende la investigación a Menem, Ruckauf,
Duhalde y De la Rúa. Pero resulta evidente que una investigación seria
llegará hasta ellos. Para lo cual Néstor Kirchner debe abrir todos los
archivos.
La sentencia da por cierto la Trafic de las que dudan casi todas las
investigaciones periodísticas exteriorizadas en libros.
En cuanto a los absueltos, sería conveniente que junto a sus abogados no se
presenten como émulos virginales de la Madre Teresa de Calcuta.
LA ARGENTINA DESCONCERTANTE
Los jueces federales constituyen una calamidad similar a los jueces
desplazados de la Suprema Corte. El juez que tiene que investigar a Juan
José Galeano es Claudio Bonadío que fue segundo de Corach y a quien le debe
su promoción a magistrado. Canicoba Corral a cargo de la causa AMIA, es una
versión muy parecida a la de Galeano. Por eso una Comisión Independiente,
con figuras insospechadas, sin que quede obviada la responsabilidad del
Estado y del gobierno,  con todo el apoyo de las instituciones estatales, es
una alternativa posible. Debería hacer lo que Galeano no hizo. Investigar,
ahora partiendo desde el encubrimiento. Tirar de ese hilo hasta determinar
quienes y porque lo hicieron. Y lo que debe quedar claro, absolutamente
claro, es que el primer responsable es el Estado Argentino.
En medio del desconcierto y desconocimiento de buena parte de la población,
las instituciones comunitarias con la bandera de la solicitud de los
familiares  realizan una confusa convocatoria a la Plaza de los Dos
Congresos.
La DAIA está en manos de los herederos de Rubén Beraja. Su vicepresidente,
en reemplazo de Gilbert Lewi con licencia por tiempo indeterminado, es Jorge
Kizerbaum un ex abogado del Banco Mayo. La abogada de la DAIA y de Beraja,
la Dra Marta Nercellas acudió hace dos semanas al Consejo de la Magistratura
para alegar a favor del juez Juan José Galeano. Fue la misma institución que
se opuso oportunamente a la petición de la apertura de los archivos de la
Side.
Muchos de los cómplices del encubrimiento y una parte importante de los
familiares de las víctimas convocan a un acto por la justicia, contra la
impunidad y según algunos de los convocantes en rechazo al fallo absolutorio
del juicio oral.
Este último argumento es un mal camino que sólo es funcional para el intento
de blanqueo de los cómplices comunitarios del encubrimiento.
Nadie mejor que un judío, para saber que nunca se deben buscar chivos
expiatorios. Hay milenios de experiencia acumulada, hay inagotables
historias reiteradas, para infringir a otros, sin las pruebas suficientes,
las injusticias padecidas en otros contextos, en otras geografías.
Deben encontrarse a los ejecutores y encubridores reales, más allá del
enorme vacío y angustia que significa estar a diez años del atentado con las
manos vacías.
El fallo del tribunal oral número 3, destapó para todos los argentinos que
quieran ver la impunidad de una década.
Los paraguas que intentan recrear la escenografía del multitudinario acto
del  21-07-1994, son la instrumentación de un símbolo, el dolor de los
familiares, debajo del cual intentan cubrirse los dirigentes que traficaron
con su dolor.
La colectividad judía debe desembarazarse de los dirigentes que fueron
socios de la impunidad activa. Debe movilizarse para cambiar la forma
precaria de elección de sus autoridades. Que sea por ciudadano y no por
institución. Y mientras tanto convocarse por Justicia, admitiendo que la
sentencia del tribunal oral es un buen punto de partida.
Los familiares deben superar algunas divisiones absurdas, reconociendo las
legítimas, y coincidir en tres o cuatro puntos básicos que permitan un
accionar en común al margen de las instituciones de la comunidad, hasta
tanto estas se depuren.
Como bien lo ha afirmado el periodista Ernesto Tenembaun, la colectividad
debe proceder como lo hizo en la década del treinta con la Zwi Migdal, un
grupo dedicado a la prostitución de mujeres. Los apartó al punto que les
negó la posibilidad de ser enterrados en sus  cementerios.
Hay demasiadas miserias en ésta historia. Hay demasiados canallas libres. El
principal imputado social es un ex presidente, prófugo de la Justicia.
Mientras los encubridores, difícilmente los ejecutores, estén lejos de la
sentencia de la justicia, mientras no reciban las penas que merecen,  los
ochenta y cinco muertos de la AMIA, permanecerán insepultos. Sus familiares
padecerán un duelo eterno. Y la Argentina estará sometida a ser víctima de
la impunidad activa.

8-09-2004

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