[R-P] La Geopolítica de los Hidrocarburos

[INFOR-MET]

La Geopolítica de los Hidrocarburos 

Por Álvaro García Limera 
(publicada por www.info-moreno.com.ar y por Le Monde
Diplomatique edición boliviana).

El siguiente artículo de García Linera es quizá el más
claro de los escritos en el período de la lucha del
pueblo boliviano por recuperar sus recursos
patrimoniales. Señala los factores sociales y
políticos que están detrás de la lucha por la
nacionalización del gas y el petróleo y por impedir
que la renta se siga exportando. Mientras se mantiene
una sociedad explotada y casi sin destino. O se
nacionalizan los hidrocarburos o se deja de ser pueblo
y nación. Esta es la verdadera disyuntiva que ahora
tiene el pueblo boliviano.

Le Monde Diplomatique publicó originalmente esta nota
en su edición boliviana del mes de agosto de 2004.
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El referéndum y toda la política del gobierno en torno
a los hidrocarburos ha escondido o evitado el debate
sobre la nacionalización; medida que es exigida por
una buena parte de la sociedad boliviana. Álvaro
García Linera traza un mapa de las posiciones y los
sectores empresariales respecto a una posible
nacionalización de los hidrocarburos; así como también
explora las ventajas económicas que traería para el
país esta trascendental medida.

Hablar del Estado como ente productivo o proponer la
nacionalización de alguna actividad económica hace
dos, cuatro o diez años atrás, habría sido considerado
poco menos que un exabrupto de algún nostálgico del
estatismo, a quien se le hubiera podido recomendar
cobijarse en algún rincón de cualquier parque
jurásico.

Hoy, desde el Presidente de la República, pasando por
los empresarios más connotados, los académicos, los
medios de comunicación, los estudiantes, los
dirigentes sindicales y cualquier vecino de barrio,
tienen como eje central de sus debates a la
nacionalización, para apoyarla o rechazarla. Con
mucho, los hidrocarburos y la nacionalización de los
mismos actualmente han ocupado el centro del escenario
social y, se puede decir, que la nación entera se
halla crispada, polarizada y enfrentada en torno a la
discusión sobre la propiedad de los hidrocarburos.

  ¿Qué es lo que ha pasado para que la propuesta de
nacionalización hoy marque el centro del debate
público?

Básicamente, se debe a que estamos atravesando un
momento de inflexión histórica, de bifurcación o
quiebre de época que está echando por tierra aquel
paquete de ilusiones, de esperanzas, de ofertas y
expectativas sociales de modernidad, ascenso social y
bienestar fundadas en el protagonismo del libre
mercado, en lugar del proteccionismo; y en la
presencia de la inversión extranjera directa en
reemplazo del Estado productor. Durante 19 años, la
economía boliviana sufrió una serie de cambios
estructurales que si bien no modificaron el patrón
productivo primario-exportador (exportador de materias
primas), sí cambiaron radicalmente el modo de
regulación salarial y el modo de apropiación del
excedente económico del país.

La apropiación de la renta energética

  ¿Qué significó esto?

En primer lugar, se modificó sustancialmente la
composición del salario social al desmontarse el
pequeño Estado-social boliviano; esto es, el conjunto
de derechos colectivos del trabajo ya sea por la vía
del desasalariamiento de la fuerza de trabajo -
relocalización de 29.000 mineros, despido de 60.000
fabriles, etc.-, o por la vía de la conculcación de
beneficios sociales -reducción del contrato
permanente, flexibilización laboral, libre
contratación, etc.

  . Con el tiempo, los resultados de todo ello serán
el incremento de la informalidad urbana del 58% al 68%
del total de la fuerza de trabajo, el crecimiento del
desempleo del 5% al 13% en la última media década y la
precariedad y baja remuneración de 8 de cada 10
empleos (1) .

En segundo lugar, significó que la propiedad de
empresas públicas -cerca del 35% del producto interno
bruto nacional- pasara a manos de la inversión externa
vía capitalización y privatizaciones (fines de los 80
y 90) y, lo que es más dramático, la propiedad de la
renta hidrocarburífera que, se sabe hoy, fácilmente
bordea 10 veces el PlB. El efecto económico inmediato
de esta transferencia propietaria ha sido la
externalización (exportación) del excedente económico
con lo que el eje de la acumulación productiva se
desplaza de la geografía nacional , clave para
cualquier proceso de modernización expansivo, hacia la
economía internacionalizada; base del colonialismo
alimentado por una economía de enclave.

En pocos años, vía externalización del excedente,
Bolivia se ha convertido en un país receptor de
tecnología, en un puñado de áreas globalizadas de su
aparato productivo, y en un exportador incesante de
capitales que alimenta procesos productivos externos.
Esto no sería problema sino fuera porque estas pocas
áreas de inversión y ganancias intensivas se hallan
rodeadas por un mar de actividades económicas
premodernas, semimercantiles, artesanales, campesinas
y comunales que agrupan al 70% del empleo urbano y al
95% del empleo rural.

Esta dualidad de estructura económica no es reciente,
es algo que se arrastra desde la época de la
extracción de la plata al mando del virrey Toledo, lo
mismo que los vasos comunicantes entre estas
diferentes lógicas y sistemas económicos. Lo nuevo de
la época neoliberal radica en que al ser la inversión
extranjera la única locomotora de la economía moderna
y al caracterizarse por la externalización de su
excedente, los "enganches", los ensambles con los
vagones de estas mayoritarias economías
semimercantiles, tradicionales y familiares se han
roto porque no hay nuevos procesos de
industrialización expansiva, tal como lo venía
haciendo el Estado.

Hoy tenemos una locomotora modernizante y globalizada
a cargo de la inversión extranjera lanzada a todo
velocidad hacia los mercados externos y a la
exportación de ganancias. Por otro lado, unos
"vagones" económicos tradicionales casi estancados y
en proceso de degradación interna, y vinculados a la
acumulación moderna por mecanismos perversos de
sobreexplotación, extorsión y usura depredadora (la
llamada obrerización difusa de microempresarios y
campesinos , la llamada banca solidaria, etc.), que
descomponen más aún las fuentes productivas de estas
unidades productivas familiares.

Pues bien, es esta estructura productiva, este modelo
de regulación salarial y de apropiación del excedente
el que ha comenzado a colapsar en los últimos años,
generando procesos de desencanto social, de
movilización y disponibilidad a nuevas creencias, a
otras alternativas de modernización económica. La tasa
de desempleo y la precariedad se han incrementado; el
crecimiento económico promedio apenas alcanza a pasar
en uno o dos puntos porcentuales al crecimiento
demográfico; el ingreso promedio anual se halla
estancado al nivel de hace 20 años (950 dólares
anuales), en tanto que las promesas de empleo,
progreso y bienestar, obtenido de la mano de la libre
empresa, se quiebran en el imaginario popular ante la
evidencia brutal de una modernidad de escaparate en la
que unos pocos privilegiados pueden disfrutar de
salario y estabilidad en medio del cerco de una
inmensa mayoría de unidades productivas de autoempleo.

En correspondencia con este modo de acumulación, las
políticas de amortiguamiento de la pobreza, que en
otros países es un asunto de minorías desplazadas, en
Bolivia no sólo es un problema de mayorías sino que ha
buscado ser financiada mediante impuestos sobre esa
misma población carente de recursos.

El punto de inflexión económico-político vino en el
momento en que esta reconversión propietaria de la
riqueza pública comenzó a afectar la propiedad de los
recursos públicos no estatales: agua y tierra, o el
precio social del acceso a estos recursos; y, en
general, el precio social del acceso a recursos que
satisfacen necesidades básicas. La "guerra del agua"
en Cochabamba, los bloqueos de caminos en el altiplano
Aymará o las movilizaciones en El Alto contra los
impuestos y tarifas , que marcan los momentos
emblemáticos de la actual insurgencia social , son
precisamente luchas sociales de tipo defensivo contra
procesos de privatización de recursos públicos
(estatales o no) , que en poco tiempo devendrán en
luchas ofensivas por la recuperación de éstos y otros
recursos públicos asumidos como patrimonio social ,
capaces de garantizar una distribución más democrática
de la riqueza.

Cuando la estadounidense bechtel fue derrotada en
Sudamérica

El rechazo al alza de las tarifas del agua y la
posterior expulsión de la empresa extranjera Bechtel ,
en abril de 2000, puede ser considerado el primer caso
exitoso de "nacionalización" de riquezas públicas en
la época neoliberal. Luego vinieron el rechazo
indígena a la ley de aguas y la ley INRA en septiembre
de 2000, que culminará con la demanda de gobierno
indígena; el rechazo a la exportación de gas por Chile
en octubre de 2003, que madurará hacia la demanda de
nacionalización de los hidrocarburos .

Siguiendo estas huellas, diferentes sectores sociales
organizados urbano-rurales a nivel nacional han
comenzado a resignificar y a reconceptualizar el valor
social de los recursos y necesidades públicas, hasta
llegar a postular de forma generalizada una manera
distinta de gestionar la riqueza; esto es, de
direccionar la economía del país. Se puede decir
entonces que en pocos años la sociedad plebeya
organizada autónomamente en sindicatos, gremios,
comunidades, que es como decir la mayoría del país, ha
pasado de una actitud de recepción pasiva del proyecto
privatizador de los años 90, a una actitud, primero,
de resistencia a estos procesos expansivos de
expropiación transnacional, para luego incursionar en
una posición ofensiva, de conquista, de "expropiación
de los expropiadores" de los recursos colectivos
básicos (agua y tierra) y recursos naturales, entre
los que se halla el petróleo y el gas.

Estamos viviendo, por tanto, un momento histórico de
desprivatización -primero simbólica- de la propiedad
de la riqueza, por tanto de politización o, si se
prefiere, de conversión en asunto de debate y presión
social, el destino de las riquezas colectivas. La
denuncia empresarial de que hay 8 millones de
especialistas sobre el agua o el petróleo, es
precisamente la denuncia patética de esta
democratización de la definición de los destinos de
los patrimonios colectivos que posee la sociedad
boliviana y que en las últimas décadas pasaron a manos
privadas. Lo sintomático es que este proceso de
democratización de las decisiones abarca cada vez a un
mayor número de personas y está comenzando a tener
efectos prácticos, tanto jurídicos como económicos
(expulsión de la Bechtel, estatización de las empresas
mineras Huanuni y Caracoles, archivo de la ley de
aguas, convocatoria a referéndum, nueva ley de
hidrocarburos, etc.).

Posiciones sociales en torno al tema de los
hidrocarburos

La emergencia de movimientos sociales con proyectos de
modificación de los procesos decisionales de la vida
política del país y con exigencias de transformación
del sistema económico prevaleciente, ha modificado
drásticamente el escenario de las posiciones políticas
de los distintos grupos y clases sociales.

Durante poco más de una década el escenario político
monopolizado por los partidos políticos y el
Parlamento, pese a las disputas que podían existir
entre ellos, creó un centro político de consensos
básicos (economía de libre mercado, inversión
extranjera, democracia cuoteada), en el que las
disputas eran de forma y de tiempos en la aplicación
de las reformas estructurales aceptadas por todos.
Debilitado o desmontado el sindicalismo obrero y
condenadas a la marginalidad las propuestas
estatistas, el campo político no estaba escindido y se
movía en torno a un mismo horizonte mayoritario de
creencias y expectativas futuras. Fue el momento del
llamado "fin de las izquierdas y las derechas”, pues
sólo habían derechas que disputaban la recepción
pasiva del electorado.

A partir de 2000, el escenario político comienza
escindirse, primero regionalmente (Cochabamba, La Paz)
y, desde las elecciones de 2002, a nivel nacional.
Luego, la sociedad se polariza; esto es, surgen
propuestas y proyectos de economía y Estado
enfrentados y antagónicos al hasta entonces proyecto
gubernamental prevaleciente y, lo que es decisivo, se
trata de propuestas que no sólo tienen significativa
aceptación electoral -el 20% del MAS y el 6% del MIP-,
sino que, además, tienen fuerza de masa movilizable
capaz de paralizar las actividades económicas de
varios departamentos e, incluso, de inducir a la
renuncia del Presidente de la República. Surge
entonces una dualidad institucional (liberalismo
político-partidario versus comunitarismo deliberativo
y asambleístico de corte sindical-comunal), una
dualidad discursiva: izquierda indígena, moderada y
radical enfrentada a una derecha empresarial; y una
dualidad de proyectos de economía y sociedad:
conservadurismo liberal, que apuesta a los mercados e
inversión externas, contra el nacionalismo plebeyo que
prioriza el mercado interno.

Seguridad jurídica a las privatizadas o seguridad
jurídica a los pueblos

En torno a estos nuevos polos ordenadores de la
política boliviana, el debate respecto al destino de
la propiedad de los hidrocarburos también se ha
polarizado. Por una parte, están aquellos sectores que
usufructuaron directamente de los procesos de
privatización de los recursos públicos y que hoy
pelean para que nada se modifique, exigen que se
respete "la seguridad jurídica”, se mantengan en pie
los contratos y se moderen las presiones tributarias
del Estado. Son el polo conservador, que está
compuesto básicamente por las empresas petroleras
extranjeras "sindicalizadas" en torno a la Cámara
Boliviana de Hidrocarburos, coaligado con los partidos
políticos que administraron, y se vieron beneficiados
como socios minoritarios, de esta transferencia
propietaria . Nos referimos al MNR, a ADN y en parte
al MIR.

Junto con ellos, sin ser petroleros, pero compartiendo
el espíritu privatizador y externalizador del
excedente, se hallan agroindustriales -que no es lo
mismo que los medianos productores- del oriente,
empresarios mineros y los comités Cívicos de Santa
Cruz y Tarija, que han devenido en instrumentos
políticos de rearticulación de las elites regionales,
debido al desprestigio y faccionalización de los
partidos tradicionales que antes expresaron los
intereses empresariales.

Todos en su conjunto apuestan por vías electorales y
en algunos casos golpistas, dispuestos a preservar el
orden neoliberal, la propiedad de las empresas
extranjeras sobre los recursos naturales y la
continuidad remozada de esta lógica económica de
privatizaciones y diseño exportador. Los
nacionalizadores

En el otro polo, de los llamados renovadores o
"revolucionarios”, se hallan aquellos sectores
sociales desplazados de los beneficios de la
modernización liberal que propugnan por la
nacionalización, rápida o lenta, expropiadora o
negociada, de los hidrocarburos. Este polo
representativo de un bloque social emergente, tiene
una polaridad interna. Por un lado están aquellos que
propugnan una nacionalización inmediata de todos los
hidrocarburos -CSUTCB, COB, COR-El Alto/Fejuve,
Coordinadora del Agua y del Gas-, que pueden ser
considerados como los "radicales" del movimiento
plebeyo.

Por otro lado están los que proponen una
nacionalización gradual en base a una nueva ley de
hidrocarburos y una rescisión pausada de los contratos
de propiedad de los 53 TCF. Entre los que se pueden
calificar como renovadores moderados, se halla el
Movimiento al Socialismo (MAS), y los movimientos
sociales que lo conforman (CSUTCB-facción de Román
Loayza, colonizadores y las federaciones cocaleras).
En el fondo, este polo lo que propugna es una
modificación del orden neoliberal de la economía y la
política del país tomando como núcleo redistributivo
el excedente gasífero.

El apoyo del partido centroderechista Nueva Fuerza
Republicana (NFR) a la nacionalización modifica el
escenario de las fuerzas conservadoras, pues amplía el
espectro de los nacionalizadores hasta alcanzar
sectores empresariales locales y de clase media
regional. Sin embargo, más que una auténtica
irradiación hegemónica del bloque indígena-plebeyo en
partidos conservadores, como viene sucediendo desde
2002 con la consigna de Asamblea

Constituyente, es más una simulación temporal de
radicalismo mediante la cual NFR busca capturar una
mayor adhesión popular, para impedir una posible
debacle electoral en las siguientes elecciones en las
que, probablemente, se verá afectada por su
complicidad con el gobierno de Sánchez de Lozada en
las muertes de octubre de 2003.

Por último, entre esta polarización creciente, que
cada vez empuja a una mayor escisión del campo
político, por la fuerza de los hechos ha ido surgiendo
una posición que podríamos llamar reformista , cercana
a los moderados del bloque plebeyo, que propone una
flexibilización gradual de la ortodoxia neoliberal a
fin de garantizar la propiedad de la inversión
extranjera pero con una mayor intervención estatal en
el control de la producción hidrocarburífera, un
incremento impositivo y un papel más activo del Estado
en la asignación de recursos, aunque no en la
producción.

La nacionalización tiene nuevas bases sociales

Lo que en el fondo propugna este reformismo, es un
tipo de neoliberalismo con rostro social y está
encabezado por el presidente Carlos Mesa, el
empresario Samuel Doria Medina y segmentos del MIR,
MBL y NFR. Socialmente expresan la posición de
sectores empresariales y de clase media que,
adhiriéndose ideológicamente a las reformas
estructurales de los años 90, no están asociados
materialmente a éstas, pues no usufructuaron, al menos
no directamente, de los negocios y las prebendas que
se repartieron al momento de las privatizaciones.

Esta polarización social en torno a los hidrocarburos
puede leerse no sólo como una polarización de
posiciones ideológicas; sino también, en parte, como
una polaridad clasista, étnica y regional. Un hecho
relevante de la actual crisis estructural del Estado y
la economía boliviana es que ha escindido identidades
culturales (indios/q’ aras), clasistas
(trabajadores/empresarios) y regionales
(Occidente/Oriente), como tres caras simultáneas de un
mismo sujeto. De esta manera, la demanda de la
nacionalización aparece preponderantemente como una
demanda de indígenas y trabajadores con fuerza de
movilización en la zona del Occidente del país; en
tanto que la defensa de la propiedad extranjera de los
hidrocarburos aparece como una exigencia que tiene más
peso en el Oriente, y es sostenida por los sectores
empresariales.

Esto no quita que existan fuerzas empresariales en
Occidente o fuerzas sociales en Oriente que levanten
las banderas del respeto a la seguridad jurídica, en
unos casos o de la nacionalización, en otros. Se
trata, por tanto, de polarizaciones en constante
movimiento que si bien marcan un orden jerárquico de
discurso y de fuerza claramente delimitado por región,
también tienen fisuras internas, como en el caso del
Oriente, donde se está expandiendo un hecho
significativo que puede inclinar el resultado final de
esta disputa por la hegemonía nacional.

Este hecho relevante consiste en que la consigna de la
nacionalización de manera creciente está quebrando la
hegemonía regional de las elites empresariales y
cívicas, tanto en Santa Cruz como en Tarija, pues es
una consigna que comienza a expandirse en sectores
plebeyos e indígenas de ambas regiones.

En todo caso, lo que está claro es que de la forma
cómo se resuelva el tema de la propiedad de los
hidrocarburos, incidirá definitivamente en la manera
en cómo se reconstituya o se transforme la estructura
de los bloques de poder social, étnico y regional en
la sociedad boliviana.

Con todo, no deja de ser llamativa la nueva estructura
de fuerzas sociales en torno a la nacionalización, que
se diferencia de lo que aconteció en los anteriores
dos procesos nacionalizadores (1936 y 1969). Mientras
que antes la nacionalización vino desde arriba, en
base a una alianza de elites militares e
intelectuales; hoy la fuerza social nacionalizadora es
básicamente plebeya e indígena, articulada en torno a
movimientos sociales regionales y repartidos en toda
la geografía del país. De ahí las virtudes sociales de
este nuevo escenario nacionalizador, pero también sus
limitaciones en términos de poder de ejecución
gubernamental que hace que la demanda se canalice
directamente contra el gobierno, e incluso en contra
del Estado.

Implicancias económicas de la nacionalización

La nacionalización de los hidrocarburos somete a
modificación y transforma radicalmente una trama de
relaciones jurídicas, económicas, políticas y
geopolíticas que atraviesan y envuelven la vida social
del país.

En esta oportunidad voy a detenerme brevemente en las
implicaciones económicas y políticas que resultan de
las luchas por la nacionalización. En primer lugar,
está la disputa por el excedente económico (la
ganancia) de la renta gasífera resultante de los 54
TCF, que, a precios promedios, son un poco más o un
poco menos de 100.000 millones de dólares, que es 12
veces nuestro producto interno bruto anual. Si
prorrateamos este valor aproximado en 30 años, está
claro que la lucha por la nacionalización es una pelea
social por el control, la propiedad y el uso de cerca
de 3.000 millones de dólares anuales en los siguientes
30 años.

Si descontamos entre un 25% y un 30% de este total en
gastos de operación, lo que es un promedio razonable,
estamos hablando de algo más de 2.000 millones de
dólares anuales a futuro.

En el fondo, la nacionalización es una querella por la
propiedad de ese excedente económico; y para un país
que produce anualmente 8.000 millones de dólares, este
excedente gasífero es, con mucho, el excedente
económico más importante de su historia en los últimos
80 años, tanto o más importante que aquel que surgió
de la minería del estaño a principios del siglo XX.

Si suponemos que la nacionalización tendría que
enfrentar problemas de indemnización negociada de las
inversiones hechas por las empresas transnacionales, y
si, como señala el gobierno (2) , esta indemnización
inicialmente podría cubrir el 50% del total de los
ingresos brutos del negocio gasífero, es igualmente
claro que, este 50% de los ingresos brutos dedicados a
la indemnización se reduce al 25%, no bien hayamos
duplicado las actuales exportaciones y así
sucesivamente, reduciéndose la carga indemnizadora y
acrecentándose en la misma proporción -25% primero,
50% después, 63% luego- el ingreso neto que podría
tener el Estado del total del excedente gasífero
resultante de nuevas exportaciones que, con mucha
probabilidad, se concretarán con los mercados de
Argentina, México y Estados Unidos.

Las muchas puertas que solo se pueden abrir con la
nacionalización

Pero el problema no es sólo de volúmenes de excedente
económico, pues puede haber excedente sin acumulación
interna productiva, sin internalización real. Como
decía René Zavaleta, un óptimo histórico social capaz
de nacionalizar y cohesionar exitosamente a las
sociedades no sólo depende de los volúmenes del
excedente social disponible, sino, por sobre todo, de
la manera de disponerlo, de retenerlo, de utilizarlo
(3). Actualmente, y de no mediar nacionalización
alguna, el excedente económico gasífero será
externalizado sin ningún o con bajo impacto sobre la
acumulación productiva nacional.

  1. La nacionalización abre las posibilidades
técnicas y jurídicas, dependiendo de la capacidad de
control y presión social, de una internalización de
ese excedente económico a fin de convertirlo en
mecanismo de acumulación productiva; esto es, en medio
de inversión en otras áreas de propiedad pública de
generación de valor agregado y de industrialización
expansiva. Esta manera de internalización estatal del
excedente hidrocarburífero implicaría crear una base
industrial capaz de romper el circuito nefasto de la
exportación de materias primas sin valor agregado.
Además permitiría irradiar expansivamente una
plataforma industrial y de redistribución productiva
de recursos económicos que vuelva a enganchar a los
procesos económicos tradicionales, familiares y
campesinos que hoy se hallan abandonados a su suerte,
a una locomotora de modernización, protección y
fomento estatal que mejore las capacidades técnicas y
la producción de bienestar entre las millones de
personas encapsuladas en esas economías tradicionales.

  2. La nacionalización podría devolverle al país un
liderazgo económico expansivo y redistributivo por
medio de un Estado productor, en momentos en que la
inversión extranjera, que fue presurosa para hacerse
cargo de la riqueza pública, gustosamente abandonó el
papel articulador de los vagones de las economías
tradicionales urbano-rurales con las desastrosas
consecuencias que hoy estamos viviendo de un país sin
norte articulador de todas sus capas y sectores
sociales.

  3. Por otro lado, la nacionalización le permitía al
Estado disponer de recursos para una amplia política
de subvenciones hacia sectores económicos
imposibilitados estructuralmente de acceder a
servicios de energía a precios de mercado por su
productividad arcaica -600.000 familias campesinas que
tienen como principal herramienta a un arado egipcio,
a poco más de la mitad de las 700.000 unidades
productivas urbanas basadas en sistemas productivos
artesanales. El gas es energía, y es precisamente lo
que más escasea en estas unidades laborales
tradicionales que, a precios accesibles o totalmente
subvencionados, deberían contar con el medio
fundamental de cualquier modernización productiva,
comenzando por el gas domiciliario y la energía
eléctrica. Un tratamiento parecido podrían recibir
iniciativas empresariales capaces de generar empleo
estable en zonas de elevada densidad demográfica.

  4. Otro argumento económico que pone en juego la
nacionalización es la posibilidad de tener una
política soberana de precios de hidrocarburos de
consumo interno. Produciendo barriles de petróleo a un
precio de producción que se mueve entre 3 y 5 dólares,
el precio del mismo barril en el mercado interno
actualmente sobrepasa los 30 dólares, similar al
precio de una economía desarrollada cuyos habitantes
tienen como promedio un ingreso anual de 20.000
dólares, y no los 950 que tenemos los bolivianos. Ante
esta irracionalidad de precios, cerca del 80% de los
ingresos estatales por venta de gas a Brasil son
utilizados para pagar a las mismas petroleras la
subvención del precio de la gasolina y gas licuado en
el mercado interno. La posibilidad de una política
autónoma de precios respecto a los precios del mercado
internacional, decisiva para acompañar los procesos de
fortalecimiento productivo de unidades económicas
tradicionales, sólo puede ser llevada adelante por una
empresa estatal capaz de diferenciar, según las
necesidades sociales y no a partir de las exigencias
empresariales como sucede hasta ahora, el otorgamiento
de bienes y servicios.

  5. Por último, está claro que si bien el control de
la propiedad del excedente gasífero es un tema
básicamente económico, es a la vez una temática que
influye directamente en la propia estructura estatal y
en la cohesión social.

Los procesos de fraccionamiento social, étnico y
regional, que existieron desde el nacimiento de la
República, a raíz del abandono neoliberal del papel
redistributivo y de modernización expansiva que tenía
el Estado, se han intensificado y radicalizado hasta
amenazar la propia continuidad republicana de Bolivia.

Claro, ante la ausencia de un excedente social, ante
el debilitamiento o ausencia de mecanismos de ascenso
social estatalmente financiados ante una lógica de
capitalismo salvaje donde sólo sobreviven los más
aptos en términos de competitividad y productividad,
cada región, grupo e identidad social, ha comenzado a
replegarse sobre sí misma desestructurando los ya
débiles fines y valores comunes que habían mantenido
parcialmente cohesionada a la sociedad boliviana.

No hay procesos de construcción estatal-nacional
exitosos sobre la carencia de una retención exitosa
del excedente económico, y esto es algo que
precisamente lo comprueba, por la negativa, este
período de externalización del excedente económico.
Los nacionalismos indígenas, regionalismos
empresariales y la propia atomización social de
regiones, clases e identidades sociales son una
exacerbación de viejas divisiones promovidas por el
quiebre de viejos consensos conflictivos logrados en
torno a la gestión y distribución de excedente social
vía el Estado.

A futuro, la posibilidad de construir nuevos fines y
valores colectivos capaces de crear un techo común
respetando las diversidades culturales, lingüísticas y
regionales pasa obligatoriamente por la disposición de
un excedente económico y un modo de retención del
mismo, en torno a los cuales clases sociales,
identidades culturales y regionales acuerden un modo
de convivencia y de regulación de conflictos.

En ese sentido, la nacionalización del excedente
hidrocarburífero es el soporte material y económico de
la viabilización exitosa de los acuerdos y pactos
políticos resultantes de una Asamblea Constituyente.

Está claro por tanto que, en torno a la
nacionalización de los hidrocarburos, se pone en juego
la posibilidad de la base material y productiva de un
modelo económico alternativo al neoliberalismo y
también, el soporte financial de un modelo de Estado
con posibilidades técnicas que favorecerá a los
proyectos de superación de una buena parte de las
limitaciones estructurales que adolece el Estado
neoliberal-patrimonial y, en general, el Estado
republicano en Bolivia.

(1) Álvaro García Limera, "Reproletarización, Nueva
clase Obrera y Desarrollo Industrial en Bolivia”,
Muela del Diablo Editores. La Paz, 2000.

(2) Estas cifras fueron difundidas en los medios por
el delegado presidencial para la revisión de la
capitalización, Francesco Zaratti.

(3)René Zavaleta Mercado, "Lo nacional popular en
Bolivia”, Siglo XXI Editores, México, 1985.
 


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