[R-P] ENARSA: Horas de Biblias y no de orfebrerías

José María Cavalleri ingcavalleri en hotmail.com
Jue Nov 18 15:56:21 MST 2004


ENARSA: Horas de Biblias y no de orfebrerías


Por Teodoro Boot


Resumen: Bajo el seudónimo de T. Boot se silencia el autor de algunos de
los escritos de un periodista, que actualmente vive la tranquilidad de una 
ciudad del sur entrerriano,
alejado del "mundanal ruido porteño".
InfoMORENO reproduce este artículo difundido por Infor-MET 
(rmermet en yahoo.com.ar),
considerando que su análisis, escrito con el muy particular estilo del 
autor,
es un aporte al debate de la nueva empresa ENARSA.
Finalmente, después de tres meses de discusiones, en los próximos días sería 
aprobada la ley que establece la creación de la Empresa Nacional de Energía 
(Enarsa). La iniciativa gubernamental mereció, desde un principio, las más 
variadas objeciones desde casi todos los ángulos de la oposición, a las que 
se sumaron -a medida que se conocía el contenido del proyecto, se 
desarrollaba el debate y se introducían modificaciones al original- las de 
asociaciones de mayor idoneidad en la materia y más preocupadas por la 
recuperación de la soberanía energética, al calor de diferenciarse del 
gobierno mediante el recurso de descartar -de antemano- que sus intenciones 
puedan ser serias.
Así, el grupo MORENO, que había considerado auspiciosa la creación de una 
empresa estatal de energía, centró sus críticas en la figura jurídica que 
ésta adoptaría: primero, la sociedad anónima estatal y luego de sociedad 
anónima "a secas", una enmienda del Senado que el ministro De Vido hizo suya 
y defendió, sin argumentos convincentes, ante los diputados. Va de suyo que 
si una empresa es propiedad de una sociedad anónima, no es estatal, y que la 
capacidad decisoria del Estado se mantendría sólo en tanto y en cuanto éste 
conservara en su poder la mayoría accionaria, cuyo traspaso no estaría bajo 
el control de ningún organismo oficial.
Al parecer, las razones por las que el Senado introdujo la reforma y el 
Ejecutivo la aceptó con tanto entusiasmo, pasarán a formar parte de los 
insondables misterios que rigen el comportamiento de los seres humanos, y le 
hacen un flaco favor a la credibilidad de un gobierno cuyas intenciones son 
diaria y casi deportivamente puestas en duda por una oposición tan 
variopinta como por una uniforme "opinión pública", que viene a ser aquello 
que los grandes medios de comunicación entienden que debe opinar "la gente".
Tal vez, la modificación del Senado obedezca a que -como había objetado el 
MORENO- una sociedad anónima del Estado es un invento jurídico fácilmente 
anulable mediante cualquier procedimiento judicial.
Como sea, el compromiso del ministro de enviar a diputados un proyecto 
modificatorio, prohibiendo al Estado nacional vender sus acciones o perder 
la mayoría mediante aumentos de capital, así como de variar el porcentaje 
accionario de las provincias, estableciendo asimismo el control de la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre las actividades de la 
empresa, vuelve irracional -y sospechosamente arbitraria- la figura de 
sociedad anónima "a secas" que sería finalmente adoptada.
Ninguna de las dudas, ambigüedades y omisiones del proyecto de creación de 
Enarsa serán aclaradas y/o precisadas en la ley que surgirá del Congreso, 
tanto en lo atinente a su objeto (tan amplio y difuso que puede ser 
cualquiera o ninguno) como a los recursos con los que contará o a la 
valoración de los activos que reciba.
Sin embargo, resulta extravagante la presunción de que el propósito "real" e 
inconfesable que persigue el Gobierno nacional sea enajenar los pocos 
recursos naturales que nos quedan: según ya se ha visto, para eso no es 
necesario tomarse el trabajo de crear una empresa, ni anónima ni estatal ni 
comandita por acciones. Alcanza con una asociación ilícita.
La compulsión gubernamental al secreto, la letra chica o directamente 
escrita con tinta invisible, así como a esconder cartas en la manga y sacar 
elefantes de la galera, es ya proverbial y habilita las conjeturas más 
tremebundas o entusiastas, según sea el caso y quien las haga. Para la 
oportunidad: la actual discusión sobre el presupuesto 2005 y los poderes 
especiales solicitados para el Jefe de Gabinete Alberto Fernández, que 
vuelven relativas las precisiones del presupuesto en discusión y, por lo 
tanto, ociosa la discusión en sí.
No hay que ser muy imaginativo para concluir en que lo único que merece la 
clase dirigente argentina, sin distinción de banderías o pertenencia social, 
es ser engañada. La "oficialista" exhibe un entusiasmo asombroso en 
borronear con la lengua lo que con igual entusiasmo durante más diez años 
tachó con el codo, mientras la "opositora" abusa del doble discurso para 
acusar al gobierno de practicar... el doble discurso.
Sin ir muy lejos, quienes objetaron la ley de responsabilidad fiscal por 
considerarla una odiosa imposición del FMI harían bien, en función de un 
elemental decoro, en abstenerse de acusar al gobierno de incumplirla. 
Asimismo, los que parten para cualquier análisis de que el actual es un 
gobierno engañabobos, que dice una cosa y hace otra, no deberían cuestionar 
el presupuesto por no contemplar aumentos en los salarios públicos y 
presumir que las superatribuciones del Jefe de Gabinete serán utilizadas 
para aumentar inconsultamente los pagos a los acreedores externos.
Si lo importante es lo que se hace y no lo que se dice, debería por lo menos 
admitirse que en lo que respecta al año en curso, las modificaciones de 
partidas presupuestarias -vale decir, lo que se hizo- tuvieron por destino 
aquello que ellos mismos exigen: obras de infraestructura, incremento de 
jubilaciones y aumentos de salarios a los empleados públicos.
Existe una gran incoherencia y cinismo en eso de criticar prospectivamente 
al gobierno basándose en conjeturas y al mismo tiempo disimular que, 
retrospectivamente, las anteriores conjeturas en base a las cuales se lo 
criticó en su momento no resultaron corroboradas por los acontecimientos. A 
primera vista, más coherente parece ser la crítica a la compulsión 
gubernamental por el engaño y a la acumulación de facultades basada en 
principios político-filosóficos. Es incuestionable que de esta manera se 
lesiona gravemente el adecuado funcionamiento de "las instituciones", que es 
como se acostumbra denominar a la división de poderes (y a la que se suele 
confundir con "democracia", término que en modo alguno refiere a ningún 
sistema político en particular sino que significa "gobierno del pueblo", un 
concepto un tanto más amplio que el de "régimen republicano representativo y 
federal").
Los principios son principios y no necesitan demostrarse, pero, mirando las 
cosas con alguna objetividad, no puede decirse que el funcionamiento de las 
instituciones suponga necesariamente una efectiva democracia, un "gobierno 
del pueblo", aunque debe reconocerse que lo contrario también es cierto: el 
no funcionamiento de las instituciones en modo alguno implica una defensa de 
los intereses populares.
Sin embargo, el excesivo hincapié en las formas, en la creencia de que éstas 
determinan los contenidos, remite al mismo principio de razonamiento de 
aquellos que piensan que con los adecuados afeites, implantes de siliconas y 
minifalda se obtiene mágicamente una mujer. En ese sentido, que hagan su 
experiencia, pero que no pretendan que la compartamos.
Es verdad que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera y que no hay 
diferentes maneras de hacer la misma cosa, pero no por conservar las maneras 
adecuadas arribaremos a las cosas deseadas.
Pero así parecen creerlo numerosos legisladores de la oposición que 
cuestionan la concentración de poder en manos del Ejecutivo, proponiendo en 
cambio un estricto control parlamentario de todos los actos de gobierno.
Es por lo menos curioso pretender que los actos de gobierno sean controlados 
por el mismo parlamento que mayoritariamente vota la cesión de sus 
atribuciones de control a otro poder del Estado.
Y si a esta rareza le sumamos que en tanto esos legisladores de la oposición 
consideran que la mayoría de sus colegas oficialistas son venales, no 
representativos y hasta mafiosos, se da la paradoja de que, según sus 
reclamos, en aras de la trasparencia pondríamos los asuntos públicos en 
manos de lo más turbio de la clase política. Y luego hay quien se asombra de 
que no haya una verdadera opción opositora.
Más delicado resulta que tampoco parece haber una "opción" oficialista. 
Huelga aclarar que no aludimos con eso a una opción desde el justicialismo 
al actual presidente. Dios nos libre y guarde de algo semejante.
Tampoco a la pretensión de que legisladores o dirigentes oficialistas 
aporten alguna luz a la incoherencia opositora. Unos y otros han 
transformado el necesario debate en torno al rumbo y destino nacional en 
artículo de fe. Se trata de "creer" o "no creer" en "las intenciones" del 
presidente.
Y si en tren de no creer la oposición llega al disparate, para lo contrario 
los oficialistas se valen del cinismo más ramplón. No cabría esperar otra 
cosa, habida cuenta los antecedentes.
Algo muy serio ocurrió en el país tres años atrás cuando Fernando De la Rúa 
-símbolo por excelencia de una Argentina hipócrita, oportunista, braguetera 
y mediocre- se eyectaba en helicóptero. El poeta y sacerdote Mujica lo 
definía en su oportunidad como "el comienzo del final de la dictadura 
militar", el momento en que empezaban a morir los valores sociales que 
fueron causa y consecuencia de la época más negra de nuestra historia.
El final de una era no implica el principio de otra, pero hay algo 
innegable: a partir de entonces, la mirada, los requerimientos y las 
expectativas de los argentinos, son otras.
Es otro el rumbo general del país, y es mucho mayor la decisión del actual 
gobierno que la del anterior de avanzar por un camino diferente al recorrido 
durante las últimas décadas. La suposición de que es todo "jarabe de pico" 
habla muy mal de la percepción que muchos opositores (y no menos 
oficialistas) tienen de las expectativas populares, de cómo la palabra 
oficial las alimenta y, mucho más significativo aún, de hasta qué punto esas 
expectativas modelan y ciñen la acción gubernamental.
Sin embargo...
Sin embargo muchas cosas. La enumeración de los peros, de los asuntos 
pendientes, de la deuda social y humana con millones de excluidos, con 
jóvenes sin futuro y adultos transitando sin dignidad la última recta, sería 
casi interminable y ni falta hace.
La destrucción de nuestro país tuvo una extensión y una profundidad que a 
veces cuesta concebir.
Cualquier arquitecto o albañil sabe que resulta más simple y rápido 
construir una nueva casa que reconstruir una en ruinas, pero cuando esa 
ruina es donde uno vive, no hay más remedio que optar por lo difícil y 
tratar de reconstruirla.
Todo está por hacerse y lo que hay, hasta los escombros, a la vez molesta y 
sirve, porque es con lo que contamos. Pero hay un sin embargo: la nueva casa 
no puede hacerse como la que se vino abajo, porque volvería a caerse.
Y es en este punto donde el gobierno no atina a concebir una opción a ese 
país que fuimos y que resulta insensato tratar de ser nuevamente. Y si bien 
los escombros son necesarios, es preciso usarlos para construir una 
estructura diferente.
Gran parte de las dificultades "de gestión" obedecen al empecinamiento 
gubernamental en ignorar, en los hechos, que la causa del derrumbe fue una 
estructura de poder económico que permanece incólume y de la que los 
sistemas de poder político, jurídico, institucional, cultural, social y 
comunicacional -hoy colapsados- son sus excrecencias.
El colapso mayor es el sufrido por el aparato del Estado, que no es solo 
raquítico, desarticulado e inoperante. Tras décadas de labor paciente y 
sistemática, la clase dirigente ha logrado una hazaña digna de Ripley: 
aunque usted no lo crea, en la Argentina, la burocracia estatal es... 
antiestatal.
Si alguna vez los proyectos privatizadores de Martínez de Hoz se vieron 
frustrados en todos sus alcances por la resistencia ofrecida por la 
burocracia del Estado (razonablemente estatista), hoy sucede exactamente lo 
contrario. A lo que debe sumarse que el conglomerado empresario que parasitó 
al Estado apoderándose de gran parte de su renta (particularmente la 
petrolera), engordó con los contratos leoninos y la más lucrativa "industria 
del juicio" de que se tenga memoria y de la que poco se habla, se apoderó de 
sus activos durante las privatizaciones y multiplicó su poder adquisitivo 
tras la devaluación, será la principal beneficiaria de las imprescindibles 
obras de infraestructura para las que el Estado aportará la financiación y 
correrá los riesgos.
Es indudable que, por razones de escala y habida cuenta la inexistencia de 
instrumentos estatales adecuados, determinadas obras sólo pueden ser 
llevadas a cabo por grandes empresas, pero no es inevitable que sea así en 
todos los casos. Y si a algunos funcionarios, para no caer en manos de los 
de siempre, se les da por "inventar" empresarios amigos, será más de lo 
mismo.
Hay algunos intentos, más o menos exitosos, de alterar el sistema de 
contratación de la obra pública. En numerosas localidades del interior del 
país y algunas áreas del Gran Buenos Aires, la rara eficiencia municipal y 
la activa participación de las organizaciones sociales dan lugar a procesos 
que, dicho sea de paso, apuntalan mejor una democracia que el mero 
funcionamiento de las instituciones: la construcción de viviendas mediante 
cooperativas de trabajo. Con fondos provistos por el Ministerio de 
Planificación, gestión municipal, en terrenos provistos por los municipios, 
cooperativas integradas por ex desocupados construyen viviendas con 
materiales comprados en los corralones locales, lo que incrementa, 
exponencialmente, la reactivación que esas pequeñas obras provocan.
Sin embargo (hay muchos, pero este de ahora es el mismo de antes) tanto el 
diseño de las casas y barrios, como el sistema de construcción y los 
materiales utilizados son exactamente los mismos que si la obra fuera 
ejecutada por la más grande y concentrada de las empresas.
Es así, que ocasionalmente los trabajos se ven interrumpidos por falta de 
materiales, siendo que con frecuencia se dispone a la mano de materiales 
alternativos o podrían aprovecharse ventajas comparativas de ciertas 
particularidades regionales, para lo que sería preciso, como primera medida, 
no sólo ejecutar las obras en forma descentralizada y con la más activa 
participación popular, sino concebirlas de la misma manera.
Es cierto que hay urgencias, demasiadas, y estas suelen llevar a repetir lo 
conocido, y falta de imaginación y pereza intelectual, pero en la base de 
repetir lo mismo, por conocido y no por bueno, existe un problema 
conceptual: la tendencia generalizada a pensar en los mismos términos, con 
la misma escala y semejante sistema de prioridades que nos llevaron al 
colapso.
Hoy, como diez años atrás, el principio y fin de todas las cosas parece ser 
el económico, ayer, en la versión de un "modelo" de mágica abundancia y 
eterna prosperidad; hoy, con una reactivación que tendría esas mismas 
consecuencias.
Desmintiendo a Bill Clinton: No es la economía, estúpido. Es la sociedad.
Aun con toda su debilidad, el Estado es la principal palanca de 
transformación de que hasta el momento dispone la sociedad, y debería ser 
utilizada para fortalecer, para promover la organización social y 
desarrollar su poder, que va mucho más allá del control: es acción y es 
gestión.
Cuando lo urgente nos impide ocuparnos de lo importante, el resultado será 
repetir una y otra vez los mismos errores.
Volviendo al principio: el núcleo central de la propuesta del grupo MORENO 
habla de una empresa cogestionada sujeta al control social.
Cogestión y control social. Nadie parece haberle dado la mínima bolilla, 
siendo que es la sociedad la propietaria básica de los recursos energéticos 
y su beneficiaria última, y los trabajadores, sus representantes activos en 
la gestión.
Unos y otros están ausentes del proyecto oficial y de la empresa que será 
resultado de un debate parlamentario donde nunca se discute lo que se 
discute.
Tendremos una empresa nacional de energía que nadie sabe qué es ni qué se 
propone, navegando en la estratosfera de las grandes empresas. El gobierno 
vuelve así a transformar en artículo de fe lo que debería ser una creación 
colectiva.
Mucho mejor le iría, mucho más fácilmente se salvarían los obstáculos y se 
vencería la resistencia de quienes están cómodos en su abundancia y 
omnipotencia, de tener confianza en la capacidad de creación popular, por 
más tumultuosa y desprolija que pueda parecer.
Tal vez vengan a cuento las palabras de Raúl Scalabrini Ortíz: «Estas no son 
horas de perfeccionar cosmogonías ajenas sino de crear las propias. Horas de 
grandes aciertos y grandes yerros, en que hay que jugarse por entero a cada 
momento. Son horas de Biblias y no de orfebrerías» .
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