[R-P] Sobre la política militar del presidente Kirchner- Gabriel Fernandez

[INFOR-MET]

Sobre la política militar del presidente Kirchner

Cambios
Por Gabriel Fernández

La determinación de la Agrupación Quebracho de
realizar una resonante protesta frente al Edificio
Libertador merece una consideración especial. 

El tema no es sencillo: de hecho, la actitud de los
militantes que se dieron cita en el predio de Paseo
Colón encarna el sentir de una parte del campo popular
argentino, asentado en una visión cristalizada de
nuestra historia reciente.

Y tiene su derivación. Pues da cuenta de la
importancia de efectuar un diagnóstico acertado sobre
el sentido del proceso en marcha, así como de la
esencia de las políticas militar y de derechos humanos
llevadas adelante por el gobierno nacional.

Vamos, entonces, hacia uno de los debates más fieros
que hemos enfrentado. Mas como no hemos rehuido la
discusión acerca de otros asuntos peliagudos, nos
sentimos con el ánimo adecuado para desplegar una
concepción contrastante con el sentido común de una
faja importante de la militancia popular argentina.

 

Hasta el presente, el Ejército argentino mantuvo una
firme orientación liberal conservadora acompasada por
un accionar de corte fascista. Si bien la
configuración hegemónica merecería una investigación
específica, podemos aseverar que este “Ejército
liberal” fue constituido a partir del golpe de Estado
de 1955.

A partir de esa interrupción del orden constitucional,
dos grandes trazos delineados por el poder oligárquico
e imperialista modelaron a las Fuerzas Armadas, y
específicamente al Ejército: la adscripción al
liberalismo en el plano económico y al conservadurismo
en el orden político. 

Esta precisión no parece trascendente si no efectuamos
algunas observaciones: el primer punto se logró a
través de la incorporación de los altos mandos de la
fuerza a una línea del empresariado que usufructuaba
directamente los beneficios de una economía pujante
(paradójicamente pujante a pesar de los
beneficiarios). El segundo, haciendo pie en una
formación tilinga y un deseo de pertenecer a otros
estratos sociales que derivaba en el gorilismo y,
claro está, en el racismo.

Así, liberalismo conservador y antiperonismo se
conjugaron en el pensar y el hacer del Ejército
argentino entre 1955 y el año en curso. La fuerza en
cuestión se constituyó, de ese modo, en una maleable
organización a disposición de los intereses económicos
antinacionales y antipopulares. 

 

(Como se verá, estamos lejos de asumir la
interpretación tradicional de la izquierda acerca de
las Fuerzas Armadas como brazo castrense del sistema
de dominación imperial. Si la expansión de ese
criterio en nuestro país encuentra fundamento en el
comportamiento militar de las últimas décadas, la
realidad presente nos obliga a relativizar su vigencia
y a considerar que la orientación de esas armas está
ligada al sistema capitalista local con vinculación
internacional, lo cual no es lo mismo.

Es decir, al igual que en el análisis que vamos
efectuando, día a día, sobre todas las instituciones,
consideramos que en el período presente las Fuerzas
Armadas están en discusión, que no se ha consolidado
una hegemonía que permita aseverar cuál será su rumbo
seguro y que pueblo y gobierno están ejerciendo una
presión sostenida y positiva para encuadrarlas dentro
de lineamientos eslabonados con los intereses
geoeconómicos regionales.

Hemos enfrentado a la dictadura militar con energía en
los momentos más complejos, y hemos combatido la
impunidad cuando la misma se propagó cual oropel sobre
los criminales. No tenemos vocación castrense. Pero la
única verdad es la realidad, y las modificaciones en
la misma han forzado una mirada dúctil para aprehender
las nuevas situaciones y valorar las batallas
triunfantes de vastos sectores del campo popular
argentino, siempre devaluadas por quienes prefieren
perder para concluir que nada sirve para nada.)

 

El golpe de 1976 mostró la ofensiva feroz de estos
espacios con el objetivo de frenar el hasta entonces
imparable crecimiento de la economía industrial
argentina, así como de aplastar un movimiento popular
conciente y en proceso de maduración. El Ejército
operó como una eficaz herramienta en esta dirección y
desplegó una metodología represiva netamente
articulada con tales intereses.

El retorno de la democracia institucional, fruto de la
combinación de resistencia popular --otro de los
factores ocultos de nuestra historia--, la derrota de
Malvinas y el agotamiento de las perspectivas
políticas de un gobierno debilitado por su propia
inflexibilidad, entre numerosos elementos, permitió la
difusión de la catástrofe dictatorial y la evaluación
parcial de sus consecuencias.

El gobierno alfonsinista, que a través de la gestión
económica de Bernardo Grinspun buscó orientar
gradualmente el panorama productivo hacia un
desarrollismo tenue, fue rápidamente puesto en caja
por el poder concentrado. Y así, después del
importante Juicio a las Juntas, llegaron las
instrucciones a los fiscales y, más tarde, las leyes
de impunidad. Estas últimas disposiciones se
ensamblaron con el advenimiento de Juan Vital
Sourrouille como ministro de Economía para adoptar, en
los dos planos mencionados, los rumbos conocidos. 

El menemismo se constituyó, económica y militarmente,
en un intérprete cabal del bloque de poder
concentrado. De hecho, operó como el ariete de la
transnacionalización y el deterioro de los más
variados aspectos productivos locales, completando el
accionar dictatorial en ese flanco. Como hilván, los
indultos serenaron la inquietud de los cuerpos
dirigentes de las Fuerzas Armadas que, a su vez,
participaron con porciones menores de la entrega del
patrimonio nacional. Fernando De la Rúa no obturó en
plano alguno esa tendencia.

Los levantamientos populares del 19 y el 20 de
diciembre marcaron una ruptura profunda de la sociedad
con el neoliberalismo. En cierto modo, esa conciencia
implicó un quiebre con las políticas represivas que lo
posibilitaron. El 19 por la noche podía entenderse que
el país ya no sería el mismo. Hay sectores que aún hoy
no lo pueden comprender. El enfrentamiento callejero
con las fuerzas policiales durante todo el día 20 y
los crímenes contra los manifestantes que se
registraron esa jornada, terminaron por profundizar
una mirada sobre los derechos humanos concretos que
venía creciendo entre la población.

 

El desplazamiento de los altos mandos, la anulación de
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el
enjuiciamiento y encarcelamiento de todos los
comandantes de la represión, el establecimiento de una
política de Derechos Humanos profunda como epicentro
gubernamental, la realización de un acto popular y
explícitamente militante en la ESMA, la condena
abierta del presidente Néstor Kirchner a lo actuado
durante la dictadura, son datos centrales de una nueva
política de Defensa, relacionada con una concepción
nacional y popular.

Por primera vez desde 1983 un gobierno genera un
quiebre efectivo entre la comandancia del Ejército
liberal y las nuevas generaciones militares. De ahí la
energía con que los medios de comunicación
neoliberales cuestionaron el acto de la ESMA: están
muy preocupados e indignados ante la perspectiva de
perder la influencia tradicional sobre las Fuerzas
Armadas. Cuando el jefe del Ejército, general Roberto
Bendini descolgó los cuadros de los presidentes de la
dictadura, percibieron que la fuerza en cuestión podía
dejar de ser una herramienta utilizable para cualquier
emprendimiento y empezaba a constituirse en una
institución estatal disciplinada al poder político
dispuesto electoralmente. 

Y cuando el mismo militar reivindicó una política
industrial desde el Estado tomando como referencias
históricas a los generales Enrique Mosconi y ¡Juan
Domingo Perón! –con todo lo que este último implica en
tanto símbolo intolerable para la cosmovisión liberal
en sus más variadas facetas—tuvieron la certeza de la
existencia de un rumbo hostil a sus intereses. Allí
lanzaron la nueva etapa de su campaña propagandística
sobre la “inseguridad” y la relacionaron forzadamente
con la política oficial de derechos humanos. Para
poder entrarle a la cuestión de algún modo, aunque más
no fuera –por ahora—colateral.

 

Kirchner, con sus actos, dijo sin declamar –curiosa
interpretación ¿no?—a la joven oficialidad: ustedes no
son los responsables de esta situación, ¿porqué van a
hacerse cargo de la misma defendiendo a criminales y
corruptos? Vengan, podemos construir un país distinto
con ustedes. Podemos elaborar una política en la cual
el Ejército no sea el eterno repudiado. Para eso deben
diferenciarse efectivamente de los viejos generales
gorilas.

La no comprensión de esta situación, de la movida
audaz e innovadora concretada por el presidente,
conlleva a la realización de acciones profundamente
erróneas como la generada por Quebracho, que sólo
contribuye a prefigurar un nuevo emblocamiento entre
generales gorilas y nuevos cuadros militares; es
decir, tiende a la desarticulación del accionar
oficial y a ofrecer la argumentación que necesita el
conservadurismo antinacional y antipopular para
retomar la amalgama más nefasta de nuestra historia
política.

En este momento hay tres sectores que combaten
firmemente este avance político popular innegable, con
futuras derivaciones en el plano económico: el poder
concentrado, que está empezando a perder un bastión
insustituible, la izquierda tradicional –que
radicaliza su discurso antimilitar, también, por no
haber participado hondamente en las luchas
antidictatoriales—y los segmentos cívicos promilitares
–que suelen pretender una economía nacionalista
llevada adelante por militares
liberales—caracterizados limpiamente por Arturo
Jauretche como pelotudos. 

El primero de ellos, al controlar buena parte de la
economía nacional y casi todos los medios de
comunicación de vasto alcance, es el que tiene en sus
manos la posibilidad de deteriorar la esperanza
nacional y sumir al país en un nuevo y brutal ajuste
continuo asentado en la reconstitución de un
generalato reaccionario. Los otros dos, pueden operar
involuntariamente como complemento propagandístico
destinado a prestigiar las añejas políticas
oligárquicas en zonas reacias a admitir la corrección
de las iniciativas oficiales.

 

GF/

26 de junio de 2004



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