[R-P] Reportaja a Galasso sobre la Deuda Eterna

[INFOR-MET]

NORBERTO GALASSO, HISTORIADOR

Nacimiento y reproducción de la deuda externa Autor de
una obra que va desde la primera libra comprometida
hasta la explosión menemista, Galasso encuentra un
patrón de conducta: siempre la negocian los mismos, el
que la toma es empleado del que presta y se
descontrola en dictaduras. El resultado es gran peso
“que comprometerá a varias generaciones”.   
 
 
Por David Cufré 

 Antes del golpe de Estado de 1976, el estudio
jurídico de Guillermo Walter Klein era apoderado en la
Argentina de dos bancos extranjeros. El número de
clientes creció a más de veinte cuando Klein se
convirtió en la mano derecha de José Alfredo Martínez
de Hoz en el Ministerio de Economía. Desde ese puesto,
tomaba créditos para el país con los mismos bancos a
los que representaba. “Fue una de las tantas veces en
que el gobernante y el prestamista estuvieron sentados
del mismo lado de la mesa, enfrentados a los intereses
del país”, reflexiona el historiador Norberto Galasso
en su atrapante relato sobre el nacimiento y la
reproducción de la deuda argentina. En el estudio de
Klein-Mairal trabajaban los hijos de Mariano Grondona
y de Martínez de Hoz, quienes en 1985 “se fugaron con
valijas repletas de documentación que probaba la
ilegitimidad de la deuda” contraída por la última
dictadura.
Galasso utiliza la anécdota de Klein para dar cuenta
de un patrón que se repite a lo largo de la historia,
con personajes que pasaron de tomar decisiones claves
en nombre del Estado, aumentando el endeudamiento, a
trabajar para los acreedores. “Daniel Marx fue
negociador de la deuda con Alfonsín, Menem, Cavallo y
De la Rúa, y en el medio fue socio de Nicholas Brady”,
señala el autor de Historia de la deuda externa
argentina, de la banca Baring al FMI. Brady fue el
secretario del Tesoro de Estados Unidos que en 1992
diseñó un plan de reestructuración de la deuda
latinoamericana muy ventajoso para los bancos
acreedores, al que Menem y Cavallo adhirieron con
fervor.
La lista es mucho más amplia, arranca con Manuel
García en 1824 y pasa por Norberto de la Riestra,
Lucas González, Alvaro Alsogaray, Adalbert Krieger
Vasena, Martínez de Hoz y Cavallo, por mencionar sólo
a los más “célebres” ministros de Economía.
Una de las conclusiones a las que llega Galasso es que
la deuda fue –y es– un instrumento de dominación,
verificable desde el primer empréstito con la banca
inglesa hasta los acuerdos con el FMI. “La deuda da
derechos al acreedor para imponer condiciones”,
explica el historiador, quien además enseña que en el
caso argentino existe un drama adicional: en muchos
casos la deuda no tiene contrapartida, porque el país
toma préstamos, pero no se capitaliza sino que utiliza
los fondos para enriquecer a una clase social, incluso
mediante guerras o represión, financiadas con esos
mismos créditos. “La prueba está en que la plata de
argentinos en el exterior es hoy casi tanta como lo
que debe el Estado”, argumenta.
–¿Cuándo arranca la historia de la deuda?
–En 1824, con el empréstito de la Baring Brothers.
Para la misma época el imperio británico concede
financiamiento a varios países latinoamericanos
(México, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica) que
estaban saliendo de su vinculación con España y
querían presentarse como independientes. Canning, el
primer ministro, los reconoce. Pero al mismo tiempo
Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad
recíprocos, que otorgaban beneficios a los
comerciantes ingleses que dominaban en la región. Para
la Argentina esa deuda no fue requerida, sino
impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico
nos enganchó económicamente.
–Pero aquí alguien lo aceptó.
–Claro, y fue un escándalo. El primer negociador fue
José Manuel García, ministro de Hacienda de Martín
Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824.
Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz.
Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a
negociar el empréstito a un comerciante inglés,
llamado Robertson, y a otro comerciante que hacía
negocios con los ingleses, llamado Félix Castro.
–¿Para qué se quería el dinero? 
–En teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el
puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1
millón de libras, pero a la provincia llegaron sólo
140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por
el riesgo que implicaba prestarle a un país
latinoamericano, otras 150.000 fueron la coima que se
quedaron los negociadores por Buenos Aires y los
hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que
hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la
banca Baring cobró dos años de intereses por
adelantado, más un 1 por ciento de amortización de
capital: 130.000 libras. La comisión (blanca) por la
operación fue de 25.000. Y 400.000 libras quedaron en
Londres como pago de regalías de comerciantes
británicos radicados en Buenos Aires a sus casas
matrices, aceptado por el gobierno.
Al tercer año de la colocación de los títulos, el
gobierno no pudo seguir pagando. El default –relata
Galasso, sentado en su estudio que es un altillo
repleto de libros, recortes de diarios y papeles
desplegados por donde se mire– duró hasta 1857, cuando
Norberto de la Riestra aparece en escena como el
sucesor histórico de García, bajo el gobierno
bonaerense de Valentín Alsina. En reconocimiento de
los intereses caídos y de los pagos no realizados
todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2,5
millones de libras, contra 140.000 que fueron
efectivamente usufructuadas. “El representante inglés
que negocia con De la Riestra les comunica a los
tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena
que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque
era muy superior a sus pretensiones originales”,
detalla Galasso.
Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto.
Primero transfiere los compromisos de la provincia de
Buenos Aires a la Nación, legitimando lo actuado por
Alsina y De la Riestra. Y después acuerda otro
empréstito con la banca inglesa por 2,5 millones de
libras adicionales, para lanzarse a la guerra con
Paraguay. Pero, nuevamente, de los 2,5 millones de
libras asumidos como deuda, el país recibe sólo 1,9
millón debido a los descuentos por el “riesgo país y
las comisiones”.
Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para
continuar la guerra y “para armar fuerzas militares
para reprimir el levantamiento de Entre Ríos”, cuenta
Galasso. “Posiblemente Sarmiento también haya
utilizado parte del dinero para construir escuelas.
Sería una de las pocas veces en que existiría
contrapartida, porque el drama de la deuda argentina
es que la plata se usó para cualquier cosa, sobre todo
para robarla, en lugar de ir adonde se suponía. En
Brasil, al menos, se ven las fábricas. Se endeudaron,
pero se capitalizaron”, describe Galasso. Al final del
gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba los 14,5
millones de libras.
Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se
repite a lo largo de la historia, con intereses y
condiciones cada vez más perjudiciales para el país.
En ese sentido, Lucas González, ministro de Hacienda
de Nicolás Avellaneda, es identificado por Galasso
como el continuador de García y de De la Riestra. Pero
en 1890, el gobierno del ultraliberal Juárez Celman no
puede cubrir más los compromisos generados con la
banca Baring, por más que quisiera. “Hay dos versiones
sobre las consecuencias de este hecho. Una es que la
caída de la banca Baring se produce a raíz del default
argentino. A mí me parece un poco exagerado. Considero
que los problemas se agravaron, pero que ya venían
desde 1888”, estima Galasso. 
Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman,
termina renegociando la deuda, para lo que consigue
que un grupo de empresarios locales financien al
Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados.
Al final del gobierno de Sáenz Peña la deuda ya está
en 78 millones, nivel que se mantiene durante la
gestión de Roca, quien incorpora a Francia como
prestamista. En cambio, se desboca con la
administración del también ultraliberal Manuel
Quintana: llega a 120 millones de libras. 
–¿En algún momento se detiene el ascenso?
–Con Yrigoyen. Cuando aparecen gobiernos que son
expresión popular, más allá de todos los defectos,
contradicciones y debilidades que hayan tenido, la
deuda baja. Lo mismo ocurre con Perón, Illia y
Cámpora. En su primer gobierno Yrigoyen disminuye la
deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el
poder con obligaciones por 142 millones, y él vuelve a
achicarlas a 135 millones. Es cierto que la primera
vez se vio ayudado por el freno a las importaciones
por la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre con
Perón con la Segunda Guerra. 
“Con Perón es el único momento en que se llega a la
deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones
(pero ya de dólares, porque a partir de entonces
Galasso hace la conversión) que quedaban”, afirma el
historiador. Igualmente, hay un debate respecto a este
tema, porque Perón tenía una deuda comercial flotante
de unos 700 millones de dólares. “Pero el que la
transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburu
y Krieger Vasena en 1957. Fuentes peronistas dicen que
la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones”,
sostiene el investigador.
Aramburu adhiere al FMI y Krieger Vasena asume en el
Club de París como deuda financiera aquella deuda
comercial flotante de 700 millones de dólares. “Desde
ese momento empieza a tener peso el FMI y Estados
Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal
prestamista de la Argentina”, indica Galasso. “Con
Frondizi –continúa– la deuda pasa a 1200 millones de
dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Vasena y
Alvaro Alsogaray. La deuda sólo desciende durante el
gobierno de Illia. Guido le había entregado el poder
con compromisos por 2000 millones de dólares y él los
achica a 1700 millones. Pero se produce el golpe,
pasan Onganía, Levingston y cuando Lanusse entrega el
poder la deuda está en 3700 millones de dólares.”
Krieger Vasena, después de ser funcionario, pasa a
ocupar un alto cargo como ejecutivo de la
multinacional alimentaria Deltec Internacional, de
capitales estadounidenses. Y más tarde recae en el
Fondo Monetario. “El breve gobierno de Héctor Cámpora
reduce la deuda a 3400 millones de dólares, después
viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca”,
sostiene Galasso. Cuando se produce el golpe de Estado
la deuda se ubica en 5300 millones de dólares. Pero
con la dictadura se convierte en el principal problema
económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de
dólares. “Se tomaban préstamos supuestamente para las
empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para
sostener el aparato represivo y para la bicicleta
financiera, que enriqueció a unos pocos”, remarca
Galasso.
Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo,
impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso
de liquidez por los depósitos de los jeques árabes,
que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo
de 1973. “Ese dinero necesitan colocarlo en algún
lado. La tasa de interés es de 4 por ciento anual y
los bancos cargan con los costos de las comisiones,
con tal de poder prestar el dinero”, ilustra el
historiador. Martínez de Hoz, desde el Palacio de
Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros.
“Hay contratos de deuda donde está negociando por las
dos partes la misma persona”, puntualiza Galasso,
haciendo referencia a los negocios del estudio
Klein-Mairal relatados al comienzo.
–¿Qué impacto tuvo el seguro de cambio que implementó
el Banco Central en 1982?
–Fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron
González del Solar y Cavallo. Tuvo un costo de 15.000
millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la
deuda de 5300 a 45.000 millones. Cavallo les dijo a
las empresas más beneficiadas, como Celulosa, Pérez
Companc, Citibank, Acindar, Bridas, Alpargatas, Banco
Ganadero, Fortabat y Techint, que refinanciaran sus
deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central
les vendería dólares al precio de ese momento. De esa
forma, les licuó la deuda, en medio de un período de
alta inflacionario. Alfonsín aceptó la continuidad del
seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986.
Alfonsín, _evalúa Galasso, intentó pelear para
demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985.
“Incluso logró rescatar las valijas con documentación
que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez
de Hoz del estudio Klein-Mairal. Esa información se
encuentra hoy en el Congreso”, revela. Sin embargo, el
gobierno radical no pudo sostener su posición.
“Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del
apoyo de Europa y Estados Unidos”, recuerda. En 1988,
ocho meses antes del golpe de mercado que lo derribó
del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la
deuda. Carlos Menem “arregló las cosas, a favor de los
acreedores, con el Plan Brady de 1992, tomando a valor
nominal títulos que valían en el mercado un 18 por
ciento”.
“Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones
de dólares, y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó
la capitalización de bonos en la privatización de
empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el
Estado, que condiciona el futuro de varias
generaciones”, interpreta Galasso. De la Rúa terminó
con 132.000 millones. “Ahora está en 180.000 millones.
Con la última propuesta del Gobierno quedaría en
140.000 millones. Implica un peso tremendo para las
generaciones futuras. Habrá que obtener un superávit
fiscal que representa un porcentaje muy alto del
presupuesto nacional. Habrá pocos recursos para
educación, salud y obra pública. Es someterse a una
especie de esclavitud permanente”, advierte el
investigador. Su conclusión, tras estudiar casi 200
años de historia de la deuda, es que “América latina
en algún momento deberá inclinarse por el no pago.
Para eso se requiere mucha fuerza política y apoyo
popular. A este gobierno no se le puede pedir el no
pago”, concluye.
 
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MAS DE UNA VEINTENA DE LEYES Y DECRETOS FUNDAMENTALES
“MADE IN WASHINGTON”

Un país con leyes mirando al Fondo El Fondo Monetario
reclama al Gobierno la aprobación de dos leyes: la
llamada ley de Responsabilidad Fiscal y una nueva ley
de Coparticipación. Página/12 relevó el increíble
inventario de leyes y decretos aprobados en los
últimos años a pedido del FMI. Desde la ley laboral de
los sobornos a una ley de “Responsabilidad Fiscal” ya
votada.   

Por Maximiliano Montenegro 

Transcurrían los primeros meses del gobierno de la
Alianza, y Carlos “Chacho” Alvarez lucía nervioso e
irascible cada vez que desde el bloque de diputados
del Frepaso le respondía que la llamada ley de
flexibilización laboral chocaba con los principios de
la agrupación. “Si no sacamos esta ley, se rompe el
acuerdo con el Fondo, y se nos cae el gobierno”,
exageraba –lo admitió después, cuando estalló el
escándalo de los sobornos– el entonces vicepresidente.
Un año antes, en una austera oficina en la calle 19 en
Washington, sede del Fondo Monetario, Roque Fernández
“negociaba” con un equipo de funcionarios del
organismo cuando una secretaria le acercó un papelito
que lo dejó helado: “Se cayó el Beto”, decía la nota.
Desconcertado, el ministro discó de inmediato a Buenos
Aires para saber si el secretario general de la
Presidencia, Alberto Kohan, permanecía en su cargo.
Después de unos minutos, alguien reparó en el precario
castellano de la secretaria, y en que el veto en
cuestión era una de las condiciones exigidas por el
FMI para frenar una ley que iba en contra de los
lineamientos de Washington. Por estos días, el
gobierno de Kirchner lucha en el Congreso por apurar
otra conflictiva ley a pedido del Fondo: la denominada
de Responsabilidad Fiscal. Un relevamiento de
Página/12 revela que en los últimos años se aprobó más
de una veintena de leyes y decretos fundamentales –el
listado completo es mucho más largo– por encargo de
Washington. 
Una vez, Rudiger Dornbusch, el excéntrico profesor del
M.I.T, propuso que la política económica argentina
fuera dirigida por un “comité de notables”
extranjeros, algo que causó indignación y revuelo en
la dirigencia política, reacia a esa forma de
“subcontratación” del poder, pero proclive a votar
leyes “made in Washington”. 
Sólo dos proyectos de ley fueron, hasta ahora,
rechazados sistemáticamente por el Congreso: la
privatización del Banco Nación y la reforma de la ley
de coparticipación, que hoy forma parte del menú
legislativo que, en la última carta de intención, se
comprometió a despachar la administración Kirchner. 
El inventario de leyes o decretos que llevan el sello
del FMI, en orden cronológico empezando por las más
recientes, es el siguiente:

Era Kirchner

- Ley de compensación a los bancos: incluida en la ley
de Presupuesto 2004.

- Ley de Reforma de la ley de Entidades Financieras y
de la Carta Orgánica del Banco Central: contiene la
polémica inmunidad judicial para los funcionarios del
Central –una exigencia histórica del Fondo– y mayores
potestades a la entidad para cerrar, fusionar y
reestructurar bancos.

- Ley Antievasión I: es una de las condiciones de la
carta de intención firmada en septiembre.

- Proyecto de ley Antievasión II: Idem anterior.

Era Duhalde

- Ley de Subversión Económica: modificó la ley que,
según Washington, no ofrecía “seguridad jurídica” a
los hombres de negocios, quienes temían ser
perseguidos por los jueces con esa figura legal ante
la quiebra, cierre y/o vaciamiento de entidades
financieras o empresas.

- Ley de Quiebras: modificó la ley vigente, en línea
con los intereses de los acreedores. Ante la enorme
cantidad de empresas locales deudoras que cayeron en
default tras la devaluación, el Fondo asumió la
representación de los acreedores –en su mayoría
extranjeros– y logró posicionarlos mejor en la
renegociación de sus acreencias.

Era Alianza

- Ley de Déficit Cero: “Argentina no tiene otra opción
que el déficit cero”, afirmaba Thomas Dawson, director
de Relaciones Institucionales del FMI el 15/9/2001, al
defender públicamente una de las últimas medidas
instrumentadas por Domingo Cavallo antes de la
debacle. 


- Ley de Competitividad: en ella, además de algunos
incentivos impositivos a los sectores productivos,
figuraba la creación del impuesto al cheque, como una
respuesta a las presiones del Fondo para cerrar la
brecha fiscal. “El Gobierno reafirmó su compromiso con
las metas fiscales para el 2001 en el contexto de la
ley de Responsabilidad Fiscal (ver más abajo)”, decía
el FMI en el memorándum de junio de 2001.


- Ley de Superpoderes: En inglés, Special Emergency
Powers. Una pata de la estrategia llevada adelante por
el ministro Cavallo ha sido “reestablecer el liderazgo
de Gobierno al obtener mandato legislativo para
legislar por decreto”, aplaudía el Fondo, al aprobarse
una ley que exigía hace rato. 


- Decreto de Desregulación de las Obras Sociales
(junio 2001). 
- Ley de Reforma del Mercado Laboral (mayo de 2000):
“Es de esperar que la reforma tenga en el tiempo un
impacto significativamente positivo en la
competitividad y el empleo”, pronosticaba el Fondo. 


- Decreto de recorte de salarios públicos (mayo 2000):
entre el 12 y 15 por ciento.


- Ley de Emergencia Fiscal: a principios del año 2000,
impulsada por José Luis Machinea y Chacho Alvarez para
llegar a un entendimiento con el organismo. Respondía
a las llamadas “reformas estructurales”: apuntaba a la
“Reforma del Estado” y concedía al Ejecutivo, entre
otras cosas, la potestad de eliminar organismos y
relocalizar empleados públicos, entre otras medidas. 


- Ley de Reforma Tributaria: Dispuso el polémico
“impuestazo” de Machinea (incrementando la carga,
entre otros, del impuesto a las Ganancias), en línea
con el reclamo del Fondo.


- Ley Antievasión: Estableció, entre otras medidas,
que los pagos de más de 10 mil pesos debían realizarse
con cheque, como parte del “paquete fiscal” diseñado
en Washington para achicar el déficit fiscal.


- Ley de Pacto Federal: Fijó un techo a las
transferencias a provincias y determinó el
congelamiento de los gastos provinciales por 5 años,
en el contexto de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Era Menem

- Ley de Responsabilidad Fiscal (septiembre de 1999):
Ese es textualmente el nombre utilizado en los
documentos del FMI, curiosamente el mismo nombre del
proyecto enviado días atrás por el gobierno al
Congreso. Aquí se llamó ley de “Administración Federal
de los Recursos Públicos” o “Régimen de
Convertibilidad Fiscal”. A poco de abandonar el poder
Menem, el FMI quería asegurarse el compromiso del
nuevo gobierno con las metas fiscales fijadas por el
organismo. Establecía la elaboración de un presupuesto
plurianual, metas de gasto y la creación de un fondo
fiscal anticíclico. 
La década menemista está plagada de leyes y decretos a
medida del Fondo. De hecho, la segunda oleada de
privatización, los pactos fiscales para ajustar los
gastos provinciales y la privatización de los bancos
públicos del interior se inscriben dentro de acuerdos
con el organismo. 
Pero para tener una idea de hasta dónde llegó la
injerencia del “Consenso de Washington” en la política
doméstica, vale recordar la Ley Federal de Educación
(1993) y el Pacto Fiscal Educativo (1994). Esas normas
instrumentaron la descentralización de los servicios
educativos en las provincias, una medida por la que
presionaron en conjunto el Banco Mundial y el FMI. El
primero porque formaba parte del “manual del buen
administrador público” escrito por sus expertos. El
Fondo porque la descentralización del gasto educativo
no fue acompañada por una transferencia de recursos
equivalentes desde la Nación, y en consecuenciaera una
manera de forzar el ajuste a los estados del interior,
la sempiterna obsesión de Washington.

EL TOMA Y DACA CON EL CONGRESO 
Corach hizo escuela 
  
 El Fondo Monetario no figura en el esquema de la
división de poderes que establece la letra de la
Constitucional nacional. Sin embargo, al reclamar la
aprobación de leyes o decretos “llave en mano” a los
gobiernos de turno ha desempeñado un rol propio del
Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, a su vez, ha
rendido, en los hechos, “obediencia debida” al
Ejecutivo y, por carácter transitivo, al Fondo.
Sin embargo, esa “obediencia debida” no fue gratuita.
Dejando de lado los supuestos sobornos pagados a
senadores para la aprobación de la Ley de Reforma
Laboral, el esquema de negociación política con el
Congreso ideado por el menemismo, y adoptado por sus
sucesores, se basó en el reparto de subsidios
monetarios o en especies para provincias y municipios
de donde son oriundos los legisladores. El ex ministro
del Interior Carlos Corach fue quien mejoró
“administró” ese esquema de disciplinamiento político
echando mano de la oscura caja de los ATN (Aportes del
Tesoro Nacional). Sólo así puede entenderse que se
hayan votado tantas leyes que, en muchos casos,
forzaban al ajuste en el interior del país y
conllevaban un altísimo costo político.
Pero Corach hizo escuela. En las últimas semanas quedó
en evidencia que la administración Kirchner también
utiliza el mecanismo de transferencias o asistencias
financieras a las provincias para disciplinar a
gobernadores y legisladores. Por lo pronto, como
informó Página/12, el rápido alineamiento de José
Manuel De la Sota y Jorge Obeid con el proyecto
oficial de coparticipación respondió a las
transferencias prometidas desde la Rosada para cubrir
los baches presupuestarios de Córdoba y Santa Fe,
respectivamente. 

Responsabilidad x 2 
   
 El menú de leyes a pedido del Fondo es tan abundante
que a veces se repiten las denominaciones: por caso,
la ley de Responsabilidad Fiscal (sic., en inglés,
Fiscal Responsibility Law) es una de las normas más
mencionadas en los documentos firmados con el FMI
entre el 2000 y el 2001. Fue aprobada el 21/9/1999, y
fijaba techos al gasto público en términos
plurianuales y la creación de un fondo anticíclico,
entre otras cosas. En aquellos años, el Fondo impuso,
en base a esa ley, las metas fiscales al gobierno de
la Alianza y éste firmó un Pacto Federal con los
gobernadores, que establecía el congelamiento del
gasto público provincial. Por el mismo Pacto, “las
provincias se comprometieron a introducir a sus
respectivas legislaturas leyes de responsabilidad
fiscal”, según se dice en el “memorándum de política
económica” suscripto con el organismo el 21/12/2000.
Aunque es el pasado, pareciera una patética crónica
del presente. 
 


  Archivo adjunto  
 


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