[R-P] Salarios en la Argentina: La Corte Suprema de Injusticia falló

[Nestor Gorojovsky]

[Falló, en el sentido de que otra vez no hizo justicia, digo...]

VIEDMA, 11(PSI).- LA CORTE SUPREMA AVALÓ 
RECORTES SALARIALES EN RÍO NEGRO. 
La Corte Suprema de Justicia convalidó las reducciones salariales que 
la provincia de Río Negro implementó desde 1996 en los salarios 
públicos. El tribunal entendió que las quitas fueron "no 
confiscatorias" y de carácter transitorias. El fallo favoreció a la 
provincia frente a una demanda de agentes del Ipross, caratulada de 
"Miglierini y otros c/Río Negro". Una resolución en contra habría 
originado un antecedente que obligaría al Estado a devolver las 
quitas, que representan unos 700 millones de pesos. La resolución 
tiene las adhesiones de los jueces Enrique Petracchi, Augusto 
Belluscio, Raúl Zaffaroni, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano. También 
firman Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, pero lo hacen en disidencia 
al rechazar directamente el recurso extraordinario planteado por los 
demandantes contra el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que 
determinó en noviembre de 2001 la constitucionalidad de las 
reducciones salariales. La demanda original se planteó sobre la ley 
2989, que desde 1996 estableció rebajas en los haberes superiores a 
los 500 pesos, con reducciones progresivas. Según la sentencia, "la 
reducción mínima fue del 10,1% y el tope máximo del descuento fue del 
27,8%". Las disminuciones se están eliminando en forma paulatina, 
previéndose que en diciembre no queden haberes con quitas. Ayer, el 
fiscal de Estado, Carlos Carosio y el adjunto, Julio Ortiz explicaron 
que las argumentaciones se centran en "la razonabilidad" de la 
reducción y que las "rebajas tenían un plazo a partir de la 
emergencia económica, con vigencia de un año". El actual jefe de 
asesores en la Fiscalía, Eduardo Martiarena fue quien se ocupó desde 
sus inicios de la mencionada demanda. En Economía se estimó que ese 
expediente proyectaba para la provincia un riesgo de devolución de 
las quitas cercanos a los 700 millones de pesos. Ortiz calculó 
similar monto, recordando que un trabajo técnico estimó en el 2001 
que rondaría los 520 millones. Los honorarios -según el fallo de la 
Corte- serán por cuenta de cada parte, por lo cual no habrá costo 
para los demandantes ni cobro de los profesionales de la Fiscalía. En 
los fundamentos, el tribunal consideró que "no se altera 
sustancialmente el contrato de empleo público" porque la quita no "es 
confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada". También manifestó 
que "no existe -en principio- un derecho adquirido a mantener el 
nivel de la remuneración de los agentes públicos sin variantes y en 
todas las circunstancias". Consideró a "la emergencia provincial como 
real y persistente", pues los propios demandantes expresan que "no 
resulta pertinente discutirla en esta instancia en cuanto a su real 
existencia, magnitud y extensión". Entre las razones para desestimar 
la inconstitucionalidad, la Corte expresa que las quitas "no superan 
los porcentajes que el tribunal ha tomado en cuenta para decidir que 
es una ilegítima confiscación". En su voto, Belluscio manifestó que 
"el empleado público no cuenta con un derecho adquirido a mantener el 
nivel de la remuneración futura sin variantes y en todas las 
circunstancias. La disminución general de los salarios del sector 
público en las condiciones formales y sustanciales reseñadas no 
justifica su invalidez constitucional, único juicio que compete a 
este tribunal". A su turno, Boggiano resaltó que "el trabajo del 
funcionario o empleado público tiene derecho a una retribución justa 
pero no intangible". Agregó que "la disminución general de 
remuneraciones no resulta confiscatoria y respeta una razonable 
relación de equivalentes ante los servicios prestados y el sueldo 
percibido". Expresó que "la baja se dictó con motivo de una situación 
de grave riesgo social". El otro voto corresponde a Vázquez. 
Consideró que "el derecho y la legislación de emergencia constituían 
instrumentos idóneos para modificar el alcance práctico de las 
relaciones de empleo público". "Es que la intangibilidad del sueldo 
del empleado publico no está asegurada por ninguna disposición 
constitucional", enfatizó. Además, "la decisión de reducir las 
remuneraciones en forma generalizada no resulta un ejercicio 
irrazonable de las facultades del Estado frente a una situación de 
grave crisis económica".No es comparable con rebajas nacionales: En 
la resolución, la Corte Suprema diferencia las rebajas salariales 
realizadas en Río Negro con las dispuestas por la Nación por el 
artículo 10 de la ley 25.453, las cuales fueron declaradas por el 
mismo tribunal como "inconstitucionales" en agosto de 2002, en el 
fallo "Tobar". La norma nacional -recuerda el voto de Petracchi- se 
centró "en sujetar la retribución del agente público -de modo 
absoluto y sin limitación alguna- a la existencia de recursos 
fiscales, creaba tal y tan grande estado de incertidumbre que 
desnaturalizaba la sustancia misma de la relación de empleo público". 
"La única certeza -agregó- era seguir trabajando", pero lo que no 
sabía "es si cobraría algo por su trabajo y, en ese caso, cuánto 
sería. Todo dependería de la eficacia recaudadora del Estado". En 
cambio, en Río Negro se vinculan "las rebajas con el estado de 
emergencia de la provincia", lo cual estima "imprescindible 
puntualizar que la emergencia salarial tiene carácter excepcional y 
transitorio, que derivó a sucesivas prórrogas". También la Corte 
interpreta argumentos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro 
cuando recuerda que durante la declaración de emergencia económica-
financiera el Estado produjo aumentos salariales y el incremento del 
plantel del personal. El máximo tribunal consideró que "las rebajas 
salariales impugnadas operaron sobre salarios y cargos cuya exagerada 
magnitud era consecuencia de disposiciones de muy dudosa 
constitucionalidad".- XXX
LOCAL. J/01104/09462. NEUQUÉN, 11(PSI).- EL GREMIO JUDICIAL RECURRIÓ 
PARA QUE SE GARANTICE EL DERECHO DE HUELGA. El sindicato de los 
empleados judiciales (Sejun) redobló la apuesta. Luego de que el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) lo intimara a mantener las 
guardias en los lugares de trabajo durante los días de paro por 
considerar al servicio "esencial", presentó un recurso de amparo para 
que se garantice el derecho a huelga de todos los agentes y se 
declare inconstitucional la consideración hecha por el máximo 
tribunal de la provincia. Ayer, el titular del sindicato Edgardo 
Cherbavaz, presentó el recurso de amparo en el juzgado Laboral Tres 
de esta capital en horas de la mañana en compañía de un grupo de 
trabajadores que se manifestó hasta la sede judicial. Entre los 
argumentos que esgrimió en el escrito destacó que la postura adoptada 
por los jueces del TSJ "afecta, con ilegalidad y arbitrariedad, a la 
asociación gremial". Los judiciales solicitaron el recurso luego de 
que el TSJ les diera la espalda en el reclamo de aumento salarial que 
solicitan, y en paralelo, los obligara a mantener guardias en las 
dependencias judiciales durante los días de huelga. Esta postura fue 
adoptada por el TSJ el pasado 2 de junio, en el acuerdo 3769 que 
emitieron los cinco vocales que integran el cuerpo. Además de 
resolver que el reclamo salarial debía ser resuelto por la 
Legislatura, declararon que "el servicio de justicia constituye un 
servicio público esencial". Y agregaron que "la prestación 
ininterrumpida debe ser ineludiblemente atendida por el número de 
agentes que el titular de cada dependencia determine". Desde Sejun, 
afirmaron que la medida dispuesta atenta contra las garantías 
reconocidas por la Constitución Nacional y Provincial y distintos 
convenios de las Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 
garantizan el derecho a huelga. Incluso indicaron que la OIT 
"considera servicios esenciales a aquellos cuya interrupción podría 
poner en peligro la vida, seguridad o salud de las personas". Luego 
de realizar la presentación, los integrantes de Sejun se movilizaron 
hasta la sede del TSJ, donde fueron recibidos por el presidente del 
cuerpo Jorge Somariva. El magistrado, quien hasta antes de la firma 
del acuerdo 3769 se mostró partidario de otorgar una recategorización 
a los empleados, lo cual se traduciría en una aumento y no 
necesitaría de la aprobación de los diputados, aseguró que continúa 
gestionando la recategorización.- XXX
LOCAL. J/01104/09463. MENDOZA, 11(PSI).- ESTATALES A UN PASO DE 
COBRAR EL RECORTE SALARIAL. El ex gobernador Roberto Iglesias fue el 
hombre más recordado ayer en el recinto legislativo. No precisamente 
en el espacio dedicado a los homenajes, sino por haber ejecutado y 
defendido hasta las últimas consecuencias el recorte del 7,5% de los 
estatales durante la crisis 2001-2002. El Partido Demócrata calificó 
a Iglesias como "extorsionador" por su amenaza de renunciar si la 
Legislatura no avalaba el recorte y de "esconder fondos públicos" 
para no pagar a los estatales, que luego fueron embargados por la 
Justicia. El justicialismo lo acusó de "montar una campaña de 
desprestigio" contra el juez Plana (quien declaró inconstitucional el 
recorte), de dejar a los empleados públicos bajo el estigma de 
"vagos" y planteó que "Iglesias debería afrontar de su bolsillo el 
pago de los intereses generados por la mora en aplicar la devolución 
del ajuste". Hasta el diputado Ricardo Puga (Unir) se animó a 
ironizar con el apodo de "mula" que porta el ex mandatario y, chiste 
de Landriscina de por medio, dijo: "Hubiera preferido un estadista en 
el gobierno en vez de una mula". La defensa de Iglesias fue asumida 
por diputados radicales: el más locuaz fue el presidente de la 
Cámara, Raúl Vicchi, que se concedió el privilegio de cerrar el 
debate. La discusión por la devolución del recorte a los estatales se 
extendió durante casi 6 horas. Finalmente, Diputados ratificó el 
convenio firmado entre el gobierno provincial y los gremios 
estatales, a fin de devolver el 7,5% de recorte salarial a los 
empleados públicos. En el mismo paquete de leyes, se aprobó la 
incorporación de 216 contratos a la planta de Vialidad, la 
redistribución de 23 millones a las comunas por mayor coparticipación 
y 4 millones para la refacción de escuelas (que es ley porque ya 
tenía sanción del Senado), entre otros puntos. Hoy la Cámara de 
Senadores dará sanción definitiva al resto de las medidas enviadas 
por el Gobierno, según adelantaron referentes de las distintas 
bancadas. Para los empleados que hicieron juicio al Estado, la 
devolución del recorte se hará en dos cuotas, la primera la semana 
que viene. Los estatales que no iniciaron demandas cobrarán durante 
el segundo semestre de este año, hasta en seis cuotas, con el 
acumulado de los intereses correspondientes. En promedio, cada uno 
recibirá un total de entre 2.500 y 3.000 pesos. En la misma ley, se 
prevé la constitución de un fideicomiso para el financiamiento de 
compra de terreno, obras de infraestructura, ampliación, terminación 
y construcción de viviendas, con el aporte voluntario del 7,5% y 
antigüedad que perciban los empleados públicos. El IPV deberá 
reglamentar los importes de cada operatoria de vivienda con el objeto 
de determinar el valor de las cuotas de ahorro previo y el de la 
vivienda, por medio de descuento por bono. El ingreso al sistema de 
vivienda del sector público será a través de sus gremios.
                            La denominada ley "ómnibus" autoriza al 
Poder Ejecutivo a incorporar a la planta permanente de la Dirección 
Provincial de Vialidad al personal contratado, temporario y de otros 
programas de empleo, ingresado antes del 31 de diciembre de 2001. En 
total fueron incorporados 197 trabajadores del régimen de contratados 
y temporarios y, a último momento, se determinó que también fueron 
ingresados como personal efectivo 19 trabajadores que recibían planes 
sociales. Una nutrida barra del gremio Sitevi, que siguió el debate 
desde las bandejas y la terraza del recinto, celebró con aplausos 
estas incorporaciones. Además, Vialidad recibió 2,2 millones para el 
pago de juicios de expropiaciones por obras en la avenida Champagnat 
y el Acceso Oeste. La puja entre diputados de la oposición y del 
radicalismo para que no se aprobara la derogación de los decretos de 
Roberto Iglesias que autorizaron el recorte a los estatales, casi 
terminó a los golpes. Por un momento, el recinto se sumergió en una 
discusión violenta que, con la ejecución de la campana que mide los 
tiempos de debate, pareció simular un ring de boxeo. Los claros 
oponentes fueron: el diputado de Unir, Ricardo Puga, autor de un 
proyecto que plantea la derogación por inconstitucionalidad de los 
decretos. Del otro lado, se plantó el presidente de la Cámara, y 
amigo personal de Iglesias, Raúl Vicchi. "Está utilizando la 
presidencia en forma parcial, una actitud lamentable", lanzó Puga. 
"No digas macanas. Te estás desbocando", gritó Vicchi caminando desde 
el estrado hasta la banca de Puga, en un corte del debate por un 
cuarto intermedio. La furia de Vicchi que Puga sintió en su nariz, 
podría haber terminado a los golpes si no hubiera sido por la 
intermediación del jefe del bloque radical, Julio Simón. La tensión 
había llegado a su punto máximo: la oposición ya había descargado 
todo su odio contra Iglesias y los radicales no estaban dispuesto a 
escuchar más. Mucho menos, iban a cumplir el deseo de justicialistas, 
demócratas y los pequeños bloques Unir y Participar de provocar el 
descrédito político del ex gobernador que aplicó y defendió el 
recorte. Los bloques decidieron que se tratara por separado y al 
final la propuesta de derogación. Cuando llegó la hora de votarlo, la 
UCR abandonó el recinto y dejó al cuerpo legislativo sin quórum.- XXX
LOCAL. J/01104/09464. VILLA MARÍA, CÓRDOBA, 11(PSI).- PERIODISTAS 
DENUNCIAN LÍMITES A LA PRENSA. El jefe de Prensa de la Municipalidad 
de Villa María, Jorge Stoppa, manifestó que la intendenta, Nora 
Bedano, no haría declaraciones ni opinaría sobre la denuncia que 
realizaron el director de la Radio Líder de esta ciudad, Omar 
Fulgenzi, y el periodista conductor del programa Primera línea, 
Gabriel Correa, ante el auditor general, José Carignano. Los 
periodistas expusieron, ante el funcionario, que son víctimas de 
censura, exclusión y discriminación por parte de la administración 
municipal. Según consta en la acusación, la emisora sostiene que se 
le oculta información sobre los actos de gobierno, sobre noticias 
acerca del funcionamiento de reparticiones públicas y también sobre 
campañas de orientación para los vecinos. Por otra parte, los 
periodistas notificaron en un escrito que se les retiró publicidad 
oficial. Por otra parte, según publicó el miércoles El Diario, de 
Villa María, Fulgenzi recibió, en el día de su cumpleaños, una corona 
con la inscripción QEPD (Que en paz descanse), por lo que el 
funcionario radicó una denuncia.- XXX
LOCAL. J/01104/09465. TRELEW, 11(PSI).- MUNICIPALES INSISTEN CON 
RECOMPOSICIÓN SALARIAL. La Junta Interna de Delegados de ATE en la 
Municipalidad de Trelew reiterará al intendente de la ciudad, Horacio 
Gómez, el pedido de recomposición salarial de 300 pesos que 
formularan semanas atrás ante el secretario de Gobierno, Eduardo 
Maza. Los delegados solicitaron el martes una audiencia con el jefe 
comunal, recordando que en mayo pasado los delegados de ATE en el 
Municipio presentaron una serie de reclamos donde se destacan, además 
de los pedidos de incrementos salariales, la incorporación a planta 
permanente de los trabajadores contratados, recategorización del 
personal y en particular de aquéllos en condiciones de jubilarse, la 
entrega de ropa de abrigo para el personal que realiza tareas al aire 
libre y que se fije fecha de convocatoria para la conformación de la 
Mesa de Negociaciones Paritarias.- XXX 
LOCAL. J/01104/09466. TRELEW, 11(PSI).- NUEVA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN EN CONFLICTO CON LUZ Y FUERZA. Ayer a partir de las 10 
horas, se llevó a cabo en la delegación laboral de Trelew la 
reanudación del cuarto intermedio al que pasó la audiencia de 
conciliación entre la Cooperativa Eléctrica y el Sindicato Luz y 
Fuerza, cuyo eje central tiene que ver con el reclamo de los 
gremialistas de incorporar a los trabajadores, que no están 
encuadrados, al convenio colectivo de trabajo que rige en la entidad. 
El presidente de la Cooperativa Eléctrica, Tito Nichols, señaló que 
«el Sindicato está hablando de irregularidades de 15 años atrás. 
Nosotros vamos a trabajar en la búsqueda de recategorizar gente; y 
ésto es un tema. Porque se va a recategorizar gente que está en un 
nivel, y que está cobrando por encima del cargo regular que tienen». 
Los Sindicatos, tanto Luz y Fuerza como Fentos, «nos están pidiendo 
el encuadramiento del personal. Hay gente que está encuadrada en la 
Uocra y trabaja en Aguas y Cloacas; hay gente del Sindicato de 
Comercio, que también trabaja en Agua y Cloacas». Nichols dijo que el 
encuadramiento que piden los trabajadores «es díficil hacerlo en una 
sola oportunidad». «Nosotros no estamos ajenos a los reclamos de los 
trabajadores, y lo que queremos ver es cuáles son las vías de 
solución de este problema».- XXX
     
     


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Néstor Miguel Gorojovsky
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"Sí, una sola debe ser la patria de los sudamericanos".
Simón Bolívar al gobierno secesionista y disgregador de 
Buenos Aires, 1822
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