[R-P] Hidrocarburos bolivianos: la nueva situación

[Nestor Gorojovsky]

LA PAZ, 8(PSI).- EL PRESIDENTE APRUEBA LA REFORMA DE LEY DE 
HIDROCARBUROS. 
La reforma de la Ley de Hidrocarburos de Bolivia fue aprobada ayer 
por el Gobierno del presidente Carlos Mesa como elemento vertebrador 
de la nueva política energética del país. La propuesta tiene como 
objetivos incentivar las inversiones y convertir a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en una empresa competitiva en 
el sector. Además, respondiendo a las demandas de los bolivianos, 
garantizará el gas a bajo precio para el mercado interno y hará que 
las empresas paguen más por el producto. El presidente, Carlos Mesa, 
aprobó la propuesta técnica de la nueva Ley de Hidrocarburos, que 
sustituye a la de 1996 por otra que responde a las demandas 
formuladas por los bolivianos en la crisis de octubre de 2003, que se 
saldó con unos 80 muertos y con la salida del poder del entonces 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La nueva Ley -cuya propuesta 
fue elaborada por una comisión de expertos en ámbitos tributarios y 
petroleros-, será parte de la nueva política energética que el 
Gobierno de Mesa intenta constituir antes del inicio del referendo 
para la exportación del gas natural boliviano. Esta ley tiene como 
principios básicos garantizar y abastecer al mercado interno a bajos 
precios y crear un nuevo sistema tributario para que las empresas 
petroleras paguen más. Además, incentivará las inversiones en la 
industrialización de los hidrocarburos y convertirá a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos en una empresa que pueda participar 
en todos los negocios del sector, buscar mercados externos para el 
gas y sus derivados y reafirmar la soberanía del Estado boliviano 
sobre estos recursos estratégicos. La nueva ley reemplazará a la 
promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada que, según uno de las 
personas encargadas del proyecto, buscaba atraer inversiones para la 
exploración y explotación de los hidrocarburos, pero que en realidad 
fue gestada por operadores que servían a las multinacionales del 
sector. 
                                        Asimismo, según explicaron, 
el proyecto resuelve la demanda social de que las empresas petroleras 
tributen ya que, en el marco de un nuevo sistema tributario, se crea 
el Impuesto a la Comercialización de los Hidrocarburos, que no tiene 
un porcentaje definido, ya que fue concebido con tasas de 
diferencias, según el producto y el mercado. Además, busca respetar 
la seguridad jurídica del inversor: el Estado respetará los 
contratos, no alterará las regalías o participaciones, ni hará 
ajustes a los impuestos existentes. "Nos aseguramos que paguen más. 
En la medida en que ganan más, el país ganará más", afirmó una 
autoridad. En lugar de renacionalizar los recursos, como demandan la 
Central Obrera Boliviana (COB) o el Movimiento Al Socialismo (MAS) de 
Evo Morales, según los responsables del proyecto, el Gobierno decidió 
reafirmar el carácter estratégico de los mismos, al mostrar que el 
Estado es soberano y puede legislar sobre ellos, para beneficio del 
país y de todos los bolivianos. El Estado tendrá la potestad de 
negociar una salida al Pacífico, gracias a la cualidad competitiva 
que tienen los hidrocarburos para el país. "Durante decenas de años, 
Bolivia exportó minerales por Arica y Chile nunca nos ofreció un 
enclave. Con el gas natural sí lo hizo. Por eso es y será un recurso 
estratégico", confirmó otro de los proyectistas. En la nueva política 
energética, la hoy residual Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos pasará a ser una empresa petrolera con la capacidad de 
participar en todos los negocios de la cadena de hidrocarburos. Una 
de las opciones para fortalecerla económicamente es apelar a los 
recursos del Fondo de Capitalización Colectiva, con los que podría 
ser socia de los negocios con otras compañías del sector. Por 
ejemplo, en el plan de gas domiciliario, YPFB será socia de la que se 
adjudicará las conexiones, con sus activos. También podría llegar a 
participar con el gas en el proyecto de petroquímica de Puerto 
Suárez. Yacimientos será una empresa corporativa y controlada por la 
Superintendencia del sector, pero podrá fiscalizar a las otras 
petroleras. De la manera en que está concebida, se parecerá a 
Petrobras en Brasil, según otra de las fuentes cercanas al proyecto. 
Todos estos elementos que hacen al espíritu del proyecto de ley serán 
difundidos en el marco de una campaña informativa que el presidente 
Mesa instruyó poner en marcha antes de iniciar el referendo para la 
venta de gas. 
                             Respecto a los campos descubiertos 
después de la promulgación de la norma, la nueva ley establece que 
las petroleras deberá pagar un 11 por ciento de regalía departamental 
y un 1 por ciento a los departamentos de Beni y Pando, además de un 6 
por ciento a YPFB. Asimismo, por los hidrocarburos de los campos ya 
existentes, además de las anteriores regalías, deben pagar el 13 por 
ciento como regalía complementaria y el 19 por ciento como regalía 
nacional. Parte del proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos será 
negociada desde hoy por el Gobierno con las petroleras. Los ministros 
José Galindo y Xavier Nogales serán los encargados de pelear para 
arrancar el mayor porcentaje posible de un nuevo impuesto, creado con 
el objetivo de mejorar los ingresos del país. El Impuesto a la 
Comercialización de los Hidrocarburos sería el nombre del tributo que 
tendrá tasas diferenciadas por producto y por mercado. Esto quiere 
decir, por ejemplo, que las petroleras pagarían una menor tasa para 
abastecer el mercado interno. "Con las petroleras sólo negociaremos 
el tema tributario, los otros aspectos están definidos", aseguró ayer 
una autoridad de Gobierno. Asimismo, explicó que la argumentación 
técnica que sostiene el proyecto de ley hará viable el acuerdo con 
las petroleras, en el marco de la decisión política. Según el 
proyecto, el Gobierno garantiza el respeto a los contratos y a las 
regalías y participaciones, y no tocará los impuestos existentes, de 
los que se ocupará mediante una política más agresiva de 
fiscalización. Según la prensa local, la primera ronda de 
negociaciones no asistirán los ejecutivos de dos de las principales 
petroleras. La empresa brasileña Petrobras y la española Repsol 
decidieron enviar a sus representantes. El ministro de Hidrocarburos, 
Alvaro Ríos, informó de que, en la negociación con las petroleras, se 
tomará en cuenta algunos aspectos de los informes elaborados por la 
oficina de Revisión de la Capitalización. También agregó que el 
titular de la Presidencia, José Galindo, será quien informe de los 
avances de los encuentros. 
                             REFERÉNDUM SOBRE EL GAS NO SE CENTRA EN 
EXPORTACIÓN. Por otra parte, el gobierno informó el miércoles que el 
referéndum previsto para el 28 de marzo se centrará en buscar el 
diseño de una política nacional de los hidrocarburos y que la 
exportación será un elemento más. En una rueda ofrecida a la prensa 
internacional, el presidente Carlos Mesa señaló que la consulta 
popular recabará la opinión de los bolivianos para diseñar "una 
política integral" de la que la exportación será "sólo una parte". El 
presidente no se refirió, pese a una consulta en ese sentido, a la 
alternativa de que el referéndum apunte a preguntar a la población 
sobre la posibilidad de que la explotación hidrocarburífera sea 
reestatizada. Ella es exigida por la oposición sindical y política de 
izquierda, que encabeza el diputado y líder de los campesinos Evo 
Morales. "Si somos capaces de llevar adelante el referéndum, la venta 
de gas será uno más de esos aspectos, como parte de una visión 
integral, cuyo beneficio tiene que ser el beneficio del pueblo 
boliviano", dijo Mesa. Paralelamente, el ministro de Hidrocarburos, 
Alvaro Ríos, se reunió el miércoles con los gerentes de las empresas 
petroleras transnacionales que operan en Bolivia, con una agenda que 
no contempla la renacionalización, sino la anunciada aplicación de un 
nuevo impuesto a la producción. Mesa se refirió al tema al señalar 
que los sectores "ultra radicales", como ha calificado a los que 
reclaman la reestatización y la abolición del modelo "neoliberal" 
vigente desde 1985, no han leído bien esa decisión. Señaló que la 
elevación de impuestos a las petroleras responde a que su gobierno ha 
escuchado el clamor de los grupos empobrecidos que protagonizaron la 
revuelta de octubre, que dejó 56 muertos y obligó a la renuncia del 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La rebelión se produjo ante una 
propuesta privada de exportar gas a Norteamérica, pues parte de la 
población boliviana considera que el negocio iba a ser para las 
transnacionales. Los sindicatos campesinos e indigenistas y el 
partido de Morales, el Movimiento al Socialismo, acusan a las 
petroleras de pagar bajos impuestos e incluso de evadirlos. Los 
manifestantes también rechazaban la posibilidad de que la exportación 
se hiciera por un puerto chileno, pues Bolivia perdió su costa en la 
guerra de 1879 con ese país. Consultado sobre la cercanía de la fecha 
del referéndum, con la conmemoración de la pérdida de la costa 
boliviana, el 23 de marzo de 1879, Mesa dijo que no había pensado en 
eso, y que entendía que ella no incidiría en los resultados. El 23 de 
marzo también se conmemorarán los 100 años de la firma del Tratado 
que Chile le impuso a Bolivia, que confirmó la pérdida de esos 
territorios por parte de los bolivianos.- XXX


Néstor Miguel Gorojovsky
nestorgoro en fibertel.com.ar

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
"Sí, una sola debe ser la patria de los sudamericanos".
Simón Bolívar al gobierno secesionista y disgregador de 
Buenos Aires, 1822
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _