[R-P] 3 y 4 Documento de economistas de izquierda, Argentina

[Bibiana Apolonia]

 Buenos Aires, 25 / 2 / 2004
DOCUMENTO DE LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA (III)
PRESUPUESTO DEL FMI E IMPUESTOS AL CONSUMO
(Fecha publicación:25/02/2004)
 Información Adicional
Tema: Situación económica argentina
País/es: Argentina

Los Economistas de Izquierda (EDI) han redactado un extenso programa 'para
la recuperación popular de la economía', suscripto por Luis Becerra, José
Castillo, Alfonso Florido, Guillermo Gigliani, Claudio Katz, Eduardo Lucita,
Jorge Marchim, Andrés Méndez y Pedro Resels. A continuación la tercera parte
del documento.

La subordinación de la política económica al Fondo Monetario Internacional
(FMI)se verifica en el presupuesto 2004. Este ha sido rigurosamente amoldado
al superávit acordado con los acreedores. Los legisladores no sólo aprobaron
estos condicionamientos, sino que ratificaron la delegación de poderes a
Roberto Lavagna para que el ministro pueda introducir sobre la marcha todos
los cambios que impongan las tratativas con los banqueros. Con esta
finalidad se prorrogó la ley de Emergencia Económica y se introdujeron
disposiciones que permiten al Ejecutivo modificar partidas o manejar
discrecionalmente los fondos públicos.

La prioridad asignada al pago de la deuda se verifica a simple vista
comparando los 9000 millones de pesos destinados a los acreedores (hay que
añadir otros 3000 de la recaudación provincial) frente a los 2.500 millones
asignados a Desarrollo Social, los 3.600 millones que recibe la educación o
los 1.500 millones que se aprobaron para salud. Está prevista, además, una
caída del 7% del gasto público real en salarios y un recorte del 2,7% de las
jubilaciones.

La meta del superávit fiscal para pagar la deuda comenzó a ponerse en
práctica el año pasado mediante la subejecución forzada de los gastos
programados. Con esta forma brutal de ahorro se preparó un escenario de
acostumbramiento a la estrechez presupuestaria. Siguiendo el esquema de
retraer el gasto público social a un piso histórico se elaboró la pauta
vigente para el año en curso. El objetivo del gobierno es cumplir primero
con la meta del 3% y lograr (si resulta posible) un excedente adicional para
pagos suplementarios de la deuda, gastos asistencialistas o concesiones
políticas.

Como la recuperación económica expandió la recaudación por encima de lo
previsto ese excedente ya existe y el gobierno lo mantiene en caja
calculando que uso que brindará a este adicional. Pero este incremento se ha
logrado por el efecto cíclico del repunte económico, en un cuadro tributario
invariablemente regresivo. La gran masa de consumidores empobrecidos
solventa con el IVA este ensanchamiento de la recaudación. El gobierno
celebra esta holgura ocultando que el excedente se origina en el
congelamiento salarial, el ajuste del gasto social y el predominio de los
grandes impuestos indirectos.

Los economistas ortodoxos y heterodoxos discuten el eventual destino de la
recaudación adicional sin mencionar la necesidad de modificar la
regresividad tributaria. Afirman que 'no es el momento para hablar de
reformas fiscales en plena reactivación', pero no explican porqué rechazan
también este cambio en las coyunturas recesivas. Evidentemente, su rol es
defender las ganancias de los empresarios en cualquier fase del ciclo
económico.

Pero no sólo el IVA se mantiene en el 21 %, sino que, además, persiste la
total desgravación de las operaciones financieras y bursátiles y ni siquiera
se ha considerado incrementar las retenciones a la exportadores de soja, que
acumularon inesperados beneficios por 2500 millones dólares como
consecuencia del aumento del precio internacional de este producto - de 137
dólares la tonelada en julio a 207 dólares en enero-. En la agenda
tributaria del gobierno sólo figuran los temas que plantea el FMI (modificar
la coparticipación federal), los bancos (anular el impuesto al cheque) o los
industriales (desgravar las inversiones).

Para eliminar la miseria y recomponer los ingresos populares hay que iniciar
el camino opuesto de una drástica reforma fiscal progresiva. Esta
transformación -y no el sobrecumplimiento del superávit fiscal- brindaría el
soporte para revertir el genocidio social que soporta la Argentina.

Recuperación cíclica y crecimiento excluyente

El crecimiento del 8,4 % que se registró durante el 2003 superó las
previsiones oficiales y el incremento del 5-6% esperado para este año se
ubica también por encima de los cálculos iniciales. La reactivación centrada
al principio sólo en el boom exportador que generó la devaluación y los
altos precios internacionales de las materias primas se afirmó
posteriormente con la sustitución de importaciones y la recuperación del
consumo (principalmente de altos y medianos ingresos).

Pero este rebote de la mayor depresión de la historia argentina no
constituye un dato sorprendente. El repunte del PBI no es un resultado del
'cambio el modelo', sino del comportamiento fluctuante de la acumulación
capitalista y la magnitud del desplome precedente. Si se tiene en cuenta que
la depresión se extendió durante cuatro años y culminó en el 2002 con una
insólita caída del 10%, la reactivación constituye una reacción cíclica
frente ese derrumbe, apuntalada por la coyuntura internacional de altos
precios de las materias primas que exporta el país. El entusiasmo de muchos
economistas carece de justificación, si se toma en cuenta que manteniendo el
ritmo actual de crecimiento recién en el 2005 se recuperarían los niveles de
producción vigentes en 1998.

Los ciclos de recesión y prosperidad han sido particularmente bruscos en las
últimas dos décadas. Basta recordar el intenso crecimiento de que siguió a
la hiperinflación para notar que el repunte en curso no es excepcional.
Incluso es prematuro evaluar cuál será su intensidad en comparación a otros
rebotes observados en países que soportaron fuertes recesiones en los
últimos años (Rusia, Corea del Sur, Malasia, México).

La dependencia del ciclo económico argentino de la coyuntura financiera
(afluencia o salida de capitales) y comercial (precios y volúmenes de venta
de las exportaciones) internacionales se acrecienta año tras año. En este
plano lo que ocurre se asemeja al curso general de Latinoamérica. En esta
región se está registrando actualmente una reactivación basada en la alta
cotización de varias materias primas (soja, petróleo, cobre) y el ingreso de
fondos que no encuentran colocación rentable en los países avanzados, dada
la sostenida caída de las tasas de interés.

Pero también la retracción de la inversión extranjera directa que afecta a
Latinoamérica se extiende a la Argentina. Aunque han reaparecido en el país
grandes oportunidades de negocios, sólo una escasa porción de la enorme masa
de capitales depositados en el exterior ha reingresado al circuito local. El
año pasado persistió el balance negativo de divisas y el grueso del
superávit comercial se evaporó en fugas de capital.

Además, la experiencia de la convertibilidad indica que lo relevante no es
la intensidad sino la forma de. crecimiento y aquí está a la vista el
carácter socialmente regresivo del modelo en curso. Con 60% de pobres, 20%
de desempleados y 44 % de trabajadores informales, la gran mayoría de la
población no participará de los frutos de la reactivación.

La recuperación tampoco tiende a revertir la desindustrialización y la
reprimarización padecidas durante las últimas décadas. Al contrario, la
'sojadependencia' está extendiendo la fractura social al terreno agrario. Ya
en plena euforia exportadora los pequeños productores no han podido cancelar
las deudas y, por eso, continúan hipotecadas más de dos millones de
hectáreas. El predominio de un monocultivo transgénico -que anula la
diversidad de agrícola y facilita el control transnacional del
abastecimiento de semillas e insumos, el cultivo y la comercialización -
provocó entre 1992 y 2001 la desaparición de 150.000 pequeños productores y
una creciente concentración de la propiedad de la tierra cultivable.

Pero el dato dominante de la reactivación en el corto plazo es la
recomposición de las ganancias del conjunto de la clase capitalista. No sólo
los ganadores iniciales de la devaluación y la pesificación obtuvieron
beneficios mayúsculos, sino que los grandes grupos empresarios actualmente
exhiben en general altos rendimientos. Basta observar los balances que a
fines del año pasado presentaron las firmas siderúrgicas (Siderar, Acindar),
petroleras (Repsol, Petrobrás), privatizadoras (Telefónica, Telcom, Edenor,
Central Puerto) o vinculadas al mercado interno (Loma Negra, Grimoldi) para
notar la magnitud de estas ganancias capitalistas. Son lucros
extraordinarios logrados sin riesgo, ni inversión y que deberían ser
afectados por un impuesto especial tendiente a reorientar la reactivación
hacia el consumo popular.

Continuidades, cambios y alternativas

Muchos economistas favorables al gobierno estiman que el 'modelo cambió',
porque difiere de la convertibilidad o la aperturas predominantes en los 90.
Pero conviene recordar que el primer Domingo Cavallo -era Menem- tampoco
'fue igual' al segundo - era De la Rua- y que José Machinea era distinto a
Roque Fernández. Lo importante no es constatar la presencia de otra cara al
frente del Ministerio de Economía, sino evaluar la envergadura del cambio. Y
aquí salta a la vista que el modelo de bajos salarios, alto desempleo,
consumo segmentado e inversión primarizada se mantiene invariable. Las
numerosas modificaciones que siguieron a la devaluación no alteraron este
regresivo perfil.

Los cambios efectivamente registrados involucran, en primer lugar, al
discurso. La rebelión popular obligó a las clases dominantes a enmascarar la
continuidad de su política con una retórica antiliberal. En segundo término,
se afianzó el rol de Lavagna como árbitro de los distintos grupos
empresarios, en un marco de nuevas hegemonías al interior del bloque
dominante. Los acreedores que cobran (organismos internacionales y grupos
locales) tienen más peso que representantes de los sectores en default y la
influencia de los exportadores ha sido hasta hoy mayor a la de las compañías
privatizadas . La confesión de Lavagna ('en la Argentina se registró la
devaluación más exitosa del mundo') retrata claramente a quiénes privilegia
el gobierno. Pero como la reactivación beneficia actualmente a todos los
capitalistas, las fronteras entre grupos ganadores y perdedores han quedado
diluidas. Por eso, hasta ahora, todas las asociaciones patronales compiten
en elogios al gobierno.

En este marco de satisfacción capitalista persisten las tensiones en el
plano cambiario entre los acreedores que quieren revaluar (para cobrar más
en divisas) y los exportadores que insisten en devaluar (para realizar
ventas externas más jugosas). También existen disputas en la esfera fiscal
para dirimir a quién asignar el excedente del superávit y persisten choques
en el terreno monetario, porque sostener con expansión la demanda interna
favorece a los industriales y contraer la emisión beneficia a los
acreedores. Las discusiones entre ortodoxos y heterodoxos expresa, en gran
medida, los intereses que separan a los bancos y las privatizadoras frente a
los exportadores e industriales.

Para justificar el apoyo a Lavagna, algunos heterodoxos realzan las críticas
del oficialismo al neoliberalismo y recuerdan que recibió 'una dura
herencia'. Pero se olvidan que el ministro se antecedió a sí mismo y por lo
tanto es responsable de su propio legado. Por lo demás, muchos miembros del
equipo económico y de sus hoy defensores públicos ocuparon altos cargos y/o
dieron su apoyo entusiasta a la década de la convertibilidad de Menem y De
la Rua.

Otros economistas aplauden a Lavagna 'por haber evitado lo peor'
(hiperinflación, dólar a 10 pesos). Pero los principales beneficiarios de
este alivio son los grandes grupos capitalistas. Para la mayoría de la
población empobrecida 'lo peor sucedió' antes y después de la devaluación.
El piso que encontró el ciclo depresivo resucita ahora las ganancias de una
minoría enriquecida, sin haberse revertido los padecimientos populares.

Algunos economistas reconocen la perdurabilidad de esta tragedia social,
afirmando que 'la agenda social está pendiente'. Pero no dicen cuánto tiempo
habrá que esperar para abordarla. En realidad esperan una recomposición del
empleo o del salario en el largo plazo y apuestan a mientras tanto varias
generaciones pauperizadas aguanten sin protestar su destino de miseria.

Para los integrantes del EDI esta resignación es moralmente inadmisible. Por
eso, en lugar de celebrar los beneficios capitalistas ocultando los
sufrimientos del pueblo, proponemos un programa basado en la recuperación
inmediata del poder adquisitivo de los trabajadores, desocupados, jubilados
y otros sectores populares. La financiación de este proyecto se apoya en
tres pilares: los fondos surgidos de la cesación del pago de la deuda, el
dinero proveniente de la reforma fiscal progresiva y las sumas resultantes
de un impuesto extraordinario a las ganancias recientemente obtenidas por
los grandes grupos empresarios.
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 Buenos Aires, 26 / 2 / 2004

 Economía
DOCUMENTO DE LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA (IV)
SEGURO UNIVERSAL DE ALIMENTACION Y EDUCACION
(Fecha publicación:26/02/2004)
 Información Adicional
Tema: Situación económica argentina
País/es: Argentina

Esta es la cuarta parte del documento de los Economistas de Izquierda (EDI)
'para la recuperación popular de la economía', suscripto por Luis Becerra,
José Castillo, Alfonso Florido, Guillermo Gigliani, Claudio Katz, Eduardo
Lucita, Jorge Marchini, Andrés Méndez y Pedro Resels.





La primera medida de un programa económico popular es la implementación de
un seguro universal que brinde alimento y educación a toda la población.
Como la canasta básica de alimentos (CBA) se ubica en 327 pesos garantizar
este mínimo derecho a todos los habitantes constituye el punto de partida de
cualquier proyecto que pretenda revertir el desastre social. Esta suma
debería ser complementada con una asignación de 45 pesos por hijo para que
cada familia pueda también solventar los gastos educativos más elementales.

Instaurar este seguro -que muchas organizaciones popularizan en torno a los
380 pesos- es indispensable para que el derecho a la vida se convierta en
una realidad. Comer todos los días es indispensable y no debe depender de la
eventualidad e incertidumbre de las condiciones de empleo y desempleo. Es un
derecho básico indiscutible que debe ser garantizado a través de un subsidio
universal. La ausencia de este derecho en un país como la Argentina -que es
el quinto exportador mundial de alimentos- es particularmente inadmisible.

Urge implementar este seguro, porque desde la devaluación el aumento los
precios aumentaron 46,7% pero la suba de los productos alimenticios para el
hogar alcanzó el 74,9%. Se estima que la dieta actual del 35% de la
población es insuficiente. Más aún , algunos especialistas detectan el
surgimiento de una nueva generación de 'petisos sociales', es decir de
individuos cuya estatura decrece por el efecto acumulativo de la
desnutrición.

El seguro permitiría eliminar inmediatamente la indigencia que afecta al 25%
de la población y debería reemplazar el plan de Jefes y Jefas de Familia,
para que un mecanismo universal sustituya la arbitrariedad del sistema
vigente. El seguro no debe depender de la buena voluntad de los
funcionarios, ni de los cálculos de los punteros.

El gobierno rechaza la implementación del seguro porque destina los recursos
que lo financiarían al pago de la deuda. Pero además, la universalidad del
sistema le quitaría el gran instrumento de clientelismo que habitualmente
disputan las fracciones del Justicialismo. En la pelea por este control la
ministra Alicia Kirchner está concentrado en sus manos el manejo de los
subsidios para restarle poder a los intendentes y a los consejos
consultivos. Por eso mantiene cerrada la inscripción y ha realizado una
violenta depuración de padrones, cuando más bien correspondería ampliar el
número de beneficiarios a todos los inscriptos. Esta manipulación apunta a
debilitar al combativo movimiento piquetero y a resucitar el viejo poder de
los punteros locales. También se intenta manejar el sistema a través de una
tarjeta que apuntalaría los negocios bancarios de intermediación.

El gobierno se opone al seguro universal, porque introduciría un serio
obstáculo a las presiones patronales para mantener achatado el salario. Si
todas las familias tuvieran asegurados los 380 pesos, nadie trabajaría por
una cifra inferior a ese piso.

Mantener en la miseria absoluta a una gran parte de la población es un
objetivo premeditado de los sectores patronales más reacios a cualquier
recuperación del salario. Por eso la derecha está empeñada en una intensa
campaña contra la 'vagancia de los desocupados'. El gobierno se hace eco de
estas presiones e impulsa la conversión de los planes actuales de 150 pesos
en subsidios a las empresas que contraten desocupados. Esta
iniciativa -junto a las 'contraprestaciones laborales' que pretende
supervisar el Banco Mundial - va a contramano de un seguro universal.

Cualquier logro parcial en la dirección de este objetivo constituiría una
conquista popular. Pero estos posibles avances no deben encubrir la
persistencia de la miseria. Obtener por ejemplo una asignación por hijo de
45 pesos no resuelve la imposibilidad de alimentar a la familia con los 150
pesos de los planes actuales. No hay que perder de vista que el dinero para
el seguro está en las arcas oficiales, mientras se mantiene un perverso
endeudamiento con el Banco Mundial, que financia los planes y luego exige su
recorte para recibir giros por los préstamos adeudados.

El cálculo es muy sencillo. Si al número actual de preceptores de los planes
(entre 1,8 y 2,2 millones de personas) se le añade los inscriptos sin planes
(900.000) y se estima un seguro promedio de 380 pesos, se requerirían 9500
millones de pesos adicionales para garantizar su implementación. Este
destino constituye la primera prioridad del fondo constituido por la
cesación del pago de la deuda, la reforma fiscal y el impuesto de emergencia
a las ganancias empresarias.

Cuatro vías para crear trabajo genuino

Lavagna intenta maquillar las cifras del desempleo buscando que el INDEC
publicite los datos que imagina el ministro. Por eso se empeña en clasificar
como empleados a los receptores de los planes de Jefes y Jefas y llegó a
anunciar el porcentaje de desocupados había caído al 14,3% cuándo la
estadística oficial lo sitúa en el 20,3%.

Pero el gobierno sabe que la población ya experimentó la falacia del
'derrame' y por lo tanto no es fácil resucitar la creencia que 'el empleo
llegará con el crecimiento'. Los propios anuncios gubernamentales ilustran
la inconsistencia de este mito. De acuerdo a los cálculos oficiales, el año
pasado con la reactivación record del 8 % sólo se pudieron eliminar 80.000
subsidios de desempleo sobre un universo de 2 millones de parados. La
insignificancia de esta cifra confirma la débil relación entre ocupación y
aumento del PBI que caracteriza actualmente al capitalismo y que afecta en
forma más aguda a la Argentina.

Se estima que si la tasa de crecimiento se mantiene elevada (5-6% anual), la
desocupación sólo caería del 21,3 al 18 % (del 16% al 13% si no se computan
los planes de Jefes y Jefas) sobre el fin del mandato de Kirchner (2007).
Una proyección de más largo plazo que realizaron los técnicos de la OIT
indica que se necesitarían por lo menos 20 años de crecimiento muy sostenido
y parejo para revertir la brutal destrucción de empleos que provocó la
depresión. En una economía periférica y dependiente los ciclos de
reactivación no reconstruyen el nivel de ocupación al mismo ritmo que en una
economía central e industrializada. La elasticidad del empleo en relación al
producto -el aumento de la primer variable en proporción al incremento de la
segunda- se ha contraído sensiblemente en la Argentina, al cabo de varias
décadas de reprimarización.

Esta terrible perspectiva de desempleo crónico tampoco podrá revertirse con
la simple multiplicación de los 'emprendimientos productivos' que algunos
funcionarios presentan como el remedio inmediato al desempleo. Estas
iniciativas sólo constituyen formas de supervivencia elemental que la
población ha puesto en práctica con enormes esfuerzos para contar con algún
ingreso adicional. Los pequeños talleres textiles y de calzado o las huertas
comunitarias que se expanden en distintas zonas han sido montadas en forma
cooperativa por los propios desempleados sin ningún auxilio oficial. Pero
enfrentan terribles obstáculos para seguir adelante cuando deben competir
con los grandes empresas. Los emprendimientos solidarios no tienen crédito,
ni medios de transporte y tampoco cuentan con redes de comercialización.
Sólo recientemente el gobierno comenzó a publicitar algún tipo de
subvenciones, pero discrimina la aprobación de cada proyecto para favorecer
a sus aliados políticos.

Por otra parte, el total de fondos comprometidos para esta actividad no
supera hasta el momento los 90 millones de pesos, es decir un monto
irrelevante para apuntalar a la pequeña de producción. Tampoco se han
dispuesto compras estatales del sector, ni leyes que permitan contrapesar el
monopolio de las grandes empresas en este ámbito. Muchos funcionarios
simplemente buscan controlar los emprendimientos para que los desempleados
trabajen por 150 pesos, sin convenio ni obra social.

El drama de la desocupación no se resuelve con el aumento espontáneo de la
demanda laboral privada, ni con la multiplicación de los emprendimientos.
Estas dos fuentes de recomposición del empleo sólo podrían cumplir un papel
positivo si complementan la recreación centralizada del trabajo genuino, a
través de las cuatro vías que debería contener una nueva legislación de
empleo.

El punto de partida es el cumplimiento estricto de la 8 horas como primer
paso hacia la progresiva reducción de la jornada laboral, a fin de
multiplicar el empleo repartiendo las horas de trabajo. Es evidente que la
falta de trabajo que padecen los 'excluidos' constituye la contracara del
sobreempleo que soportan los 'incluidos', ya que la jornada de trabajo en el
país (2000 horas anuales) supera la media vigente en EEUU, Europa, Brasil o
México. Con la reimplantación de las 8 horas se podrían crear inmediatamente
900.000 puestos de trabajo.

En segundo lugar, se impone la puesta en marcha de un plan de obras públicas
centrado en la construcción y financiado con los tres recursos del programa
popular (deuda, reforma fiscal, impuesto de emergencia). Tomando en cuenta
los cálculos que tradicionalmente se plantearon en este terreno podría
estimarse que con 6000 millones de pesos se podrían crear 200.000 nuevos
puestos de trabajo.

En tercer lugar debe legislarse un mecanismo de expansión del empleo en las
empresas que registran altos rendimientos. Ya se demostró por la propia
experiencia que 'incentivarlas' a tomar trabajadores reduciendo las cargas
sociales multiplica el quebranto fiscal, sin mejorar la ocupación. Por eso
hay que transitar el camino inverso y fijar pautas de ligazón de las
ganancias con la creación de puestos de trabajo. Lejos de constituir una
atribución exclusiva del empresario o del gerente, el problema del empleo
debe convertirse en un tema a resolver por el conjunto de la sociedad. Ya no
es admisible presentar a los despidos como sinónimo de eficiencia, porque el
objetivo del proceso económico deber ser justamente el inverso: crear y no
destruir fuentes de trabajo.

Finalmente, el sostén estatal a los microemprendimientos debería alcanzar un
volumen significativo. Los propios técnicos del Ministerio de Desarrollo
Social estiman que en las actuales condiciones sólo el 20% de estos
proyectos se mantendrá en pie cuando tengan que enfrentar la competencia
capitalista. Pero en otro marco económico y social signado por la expansión
del trabajo genuino, estos emprendimientos no estarían condenados al
fracaso. Al contrario, podrían actuar como un gran estímulo para el
desenvolvimiento de la producción.


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