[R-P] Documentos de economistas de izquiera, argentinos

[Bibiana Apolonia]

Quizas a diferencia de personas aquí, que han criticado miradas y versiones
de eonomistas de izquierda, a mi me resultan muy sugestivas  e importantes.
Son las miradas no adheridas a partidos políticos, y que se aproximan a los
vacíos de los pensamientos criticos que han comenzado a estar tan vigentes
como en plenas épocas menemistas y delaurristas.
Bibiana.
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 Buenos Aires, 24 / 2 / 2004

 Economía
DOCUMENTO DE LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA (I)
UN PROGRAMA DE RECUPERACION POPULAR DE LA ECONOMIA
(Fecha publicación:23/02/2004)
 Información Adicional
Tema: Situación económica argentina
País/es: Argentina

Los Economistas de Izquierda (EDI) han redactado un extenso programa 'para
la recuperación popular de la economía', suscripto por Luis Becerra, José
Castillo, Alfonso Florido, Guillermo Gigliani, Claudio Katz, Eduardo Lucita,
Jorge Marchim, Andrés Méndez y Pedro Resels. ARGENPRESS publica en capítulos
el programa para conocimiento de sus lectores.

Resumen introductorio

Los Economistas de Izquierda cuestionamos la continuidad del modelo
empobrecedor. Entendemos que los acuerdos suscriptos con el FMI consolidan
la degradación social y otorgan a ese organismo el doble status de acreedor
privilegiado y auditor de la política económica argentina. Este curso
reafirma la preponderancia de los intereses de los grupos monopólicos, la
banca transnacional y las grandes empresas favorecidos en el último cuatro
de siglo.

Los acreedores cobran la deuda a costa el sacrificio popular. Consideramos
que la disyuntiva de utilizar el excedente del superávit fiscal para
concretar o no mayores pagos es una falsa opción. Este superávit se obtiene
anclando los sueldos, las jubilaciones y las pensiones deterioradas por la
inflación y posponiendo la realización de indispensables obras públicas.
Ningún problema de la mayoría popular se resuelve dirimiendo el uso de esa
suma adicional surgida del ajuste. Para comenzar a recomponer el ingreso
popular hay que destinar el dinero girado a los banqueros a las prioridades
sociales.

Nos oponemos a la contracción de los gastos productivos que consagró el
presupuesto 2004 que fue amoldado a las exigencias del FMI. Proponemos
modificar radicalmente la actual estructura impositiva regresiva para lograr
un aumento significativo de la recaudación resultante de la introducción de
gravámenes a la riqueza. Pensamos que la reactivación en curso constituye
una reacción cíclica frente a la depresión precedente que está generando
altas ganancias para una minoría de empresarios. Estos beneficios deberían
quedar sujetos a un impuesto extraordinario que permitiría contrarrestar la
creciente desigualdad social.

Con una retórica antiliberal el gobierno pretende ocultar que el modelo de
bajos salarios, consumo segmentado e inversiones primarizadas se mantiene
invariable. Por eso planteamos un programa alternativo de recuperación
inmediata del poder adquisitivo, cuya financiación debería recaer sobre
quienes acumularon fortunas durante la última década.

Propiciamos un seguro universal de 327 pesos más una asignación de 45 pesos
por hijo para asegurar el alimento básico y la educación esencial a toda la
población. La ausencia de este derecho a la vida es inadmisible en un país
que ocupa el quinto lugar del ranking mundial de exportadores de alimentos.
Este seguro pondría fin a la manipulación oficial de los planes de desempleo
y contribuiría a fijar un piso al achatamiento salarial. Consideramos que el
drama del desempleo no se resuelve maquillando estadísticas o esperando un
'derrame' de la reactivación. Hay que garantizar el cumplimiento de las 8
horas como primer paso hacia la reducción de la jornada laboral, implementar
un plan de obras públicas, legislar la expansión de la ocupación en las
empresas de altos rendimientos y asegurar el financiamiento público de la
pequeña producción.

En nuestra opinión la retracción salarial agrava la situación de pobreza que
afecta a la masa de trabajadores informales. Este deterioro coexiste con
significativos aumentos de la productividad en el sector privado formal y se
asienta el congelamiento de sueldos de los empleados públicos. La
recomposición salarial debería implicar la fijación de un salario mínimo de
716 pesos e incrementos generales del 20 al 30 % para todos los asalariados
del sector privado y público. De esta forma se podría motorizar un
crecimiento basado en el consumo popular. Contraponer los auxilios a los
'excluidos' con las mejoras a los 'incluidos' constituye una falsa
antinomia.

Por otra parte, consideramos que el cuadro de flexibilización laboral
actualmente vigente neutralizaría cualquier repunte del salario. Por esta
razón no alcanza con derogar la 'ley Banelco' si se preservan todos los
atropellos patronales consumados en las últimos años. Para reconstituir una
fuerza laboral calificada hay que reimplantar los derechos históricos
conquistados por los asalariados.

Estimamos que el funcionamiento de las fábricas recuperadas constituye un
gran éxito de la resistencia obrera que ilustra el carácter prescindible de
capitalistas en el manejo de las empresas. El gobierno pretende diluir este
significado promoviendo la conversión de estas fábricas en 'pymes'. Sostener
estas experiencias es vital para avanzar en la gestación de un programa
popular de recuperación de la economía.

Los integrantes del EDI alertamos contra el colapso del sistema previsional
que se agrava con la expansión del trabajo en negro y el incumplimiento
generalizado de las obligaciones patronales. Si este desmoronamiento
resultante de la desfinanciación presupuestaria que generó la creación de
las AFJP no es revertido, la mayoría de la población no podrá jubilarse o
cobrará pensiones de miseria. A través del endeudamiento público se ha
financiado el fraude de las AFJP que ahora transfieren a sus afiliados las
pérdidas generadas por la desvalorización de los bonos estatales que
acumularon en sus carteras. El gobierno avala esta estafa porque utiliza
estos recursos para refinanciar la deuda pública. Por eso promueve una
reforma que preservará a las AFJP, consagrando una bajísima jubilación
básica y un complemento dependiente de la marcha de ese negocio. Proponemos
anular el régimen de capitalización y reimplantar los aportes patronales, a
fin de recrear un sistema único, universal y autofinanciado.

Llamamos también la atención sobre las maniobras que realiza el gobierno
para enmascarar su sostén de las privatizaciones. A pesar de la hostilidad
popular contra estas concesiones los usuarios no son consultados. En tanto,
se renegocian en secreto los contratos y comienzan a implementarse los
tarifazos. Persiste el criterio de asignar los negocios rentables a las
compañías y las pérdidas al Estado, cuando correspondería recuperar la
propiedad pública de todo este sector. Si se pretende cambiar el curso
actual, no alcanza con regular las actividades o controlar la renta. Hay que
retomar el manejo directo de las empresas, porque la falta de inversión se
ha generalizado y amenaza el abastecimiento energético y la provisión de
agua. Además, mientras se encubre con demagogia la continuada declinación
del ferrocarril, el negocio de los petroleros privados marcha viento en
popa. Un programa de reconstrucción de los servicios públicos exige
recapturar integralmente la administración pública del petróleo para
implementar una redistribución racional de las inversiones.

Otro tema central es el futuro del sistema financiero. Sigilosamente se
afianzó la compensación de los banqueros que expropiaron a los ahorristas.
El monto de este socorro alcanzó cifras siderales, mientras se consumó la
confiscación de los pequeños depositantes. Pero a pesar de este salvataje la
adaptación del sistema financiero al nuevo contexto económico no ha
concluido y, por eso, la recomposición del crédito es débil. Ha quedado
nuevamente demostrada la inutilidad de un régimen privado sostenido en el
rescate oficial y es evidente la conveniencia de sustituirlo por un sistema
bancario único y estatal.

También rechazamos la negociación en curso de un 'ALCA light' que
consolidará la dominación comercial norteamericana; favoreciendo las
ganancias de los grupos exportadores locales en desmedro del resto de la
población. Estas tratativas reflejan la crisis del MERCOSUR que no ha
servido para revertir la desintegración regional ya que cada gobierno
negocia con el FMI su propio plan de ajuste. Impulsamos un cambio de
prioridades: coordinar la solidaridad y no la competitividad, asegurar la
estabilidad del empleo y no la libre movilidad del capital, eliminar la
pobreza y no las restricciones a los negocios descontrolados de las
corporaciones.

Los Economistas de Izquierda rechazamos la naturalización de la miseria y
presentamos este documento para contribuir a la elaboración del programa
alternativo que se está gestando en el movimiento de resistencia popular.
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 Buenos Aires, 24 / 2 / 2004
 DOCUMENTO DE LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA (II)
NI MISERIA EXPLICITA, NI MISERIA ENCUBIERTA
(Fecha publicación:24/02/2004)
 Información Adicional
Tema: Situación económica argentina
País/es: Argentina

Los Economistas de Izquierda (EDI) han redactado un extenso programa 'para
la recuperación popular de la economía', suscripto por Luis Becerra, José
Castillo, Alfonso Florido, Guillermo Gigliani, Claudio Katz, Eduardo Lucita,
Jorge Marchim, Andrés Méndez y Pedro Resels. Publicamos la segunda parte.


En un nuevo contexto económico se está afianzando la degradación social.
Esta constatación es el punto de partida del nuevo documento colectivo que
difundimos los Economistas de Izquierda. Nuestro propósito es caracterizar
cuáles son los cambios que se están registrando en el funcionamiento del
modelo económico empobrecedor que mantiene en pie el gobierno. En oposición
a este continuismo proponemos una alternativa basada en la recomposición
inmediata de los ingresos populares.

Nuestro análisis aborda primero los tres rasgos que distinguen la coyuntura
actual: negociación de una deuda en 'default', superávit presupuestario y
reinicio de un ciclo ascendente de los negocios, para explicar luego cómo se
podría implementar una plataforma popular alternativa.

Las presiones del acreedor privilegiado

La deuda pública externa constituye el principal condicionante del proceso
económico argentino, tanto por su magnitud como por la crisis que ha
desatado la cesación de pagos. Esta situación determina un nivel de
ingerencia y presiones permanentes de los acreedores. Como estas tensiones
subsistirán durante un largo período, conviene distinguir las reyertas
cotidianas de la estrategia central que promueve el gobierno: pagar la deuda
con un superávit fiscal que consolida la miseria popular. Este es el dato
relevante que no hay que perder de vista en medio de los chisporroteos que
acompañan la renegociación de esta hipoteca nacional.

El gobierno ha decidido que el 3 % del PBI destinado a la deuda se
distribuya entre dos grupos de acreedores privilegiados: los organismos
internacionales y los tenedores nacionales de los títulos emitidos luego del
'default'. Los restantes acreedores han quedado rezagados y con ellos se
discuten opciones de quitas del pasivo y extensión de los plazos de repago.

El ministro Lavagna y los economistas heterodoxos argumentan que con el
primer grupo hay que cumplir, mientras que con el segundo resulta posible
demorar los pagos. Pero nunca explican las razones de esta selección, aunque
a veces sugieren que por este camino se evita una nueva crisis recesiva. Sin
embargo, la cesación parcial de pagos que impera desde hace más de dos años
no ha impedido en el reinicio del crecimiento, el boom de exportaciones, ni
tampoco ha derivado en embargos significativos de los bienes en el exterior.
Esta coexistencia de la reactivación y el superávit comercial con el
'default' indica que estos procesos no guardan la estrecha relación que
auguraban tantos economistas. Pero, más allá de estas eventualidades, lo
importante es recordar que la crisis no ha sido consecuencia de ningún
desplante a los acreedores, sino de las sucesivas transferencias de fondos y
compromisos de ajuste que asfixiaron la actividad productiva.

La 'necesidad de acordar con el FMI' es un mito tan arbitrario como todas
las creencias propagadas durante la última década. Antes se decía que la
'convertibilidad era inamovible' o que 'la extranjerización del sistema
financiero garantizaba su solidez'.Y ahora se afirma que concertar con los
organismos es indispensable para que la 'Argentina se mantenga dentro del
mundo'. Pero en realidad, la atadura a estas instituciones condujo a la
marginación financiera del país y al sometimiento actual. Los pagos al FMI
tienen un efecto más gravoso que cualquier permanencia en el universo de
financiero internacional, porque son solventados con la miseria popular.

Los organismos han cobrado 7.200 millones de dólares netos desde el inicio
el default. En lugar de refinanciar los vencimientos con nuevos créditos,
han absorbido divisas para reducir su exposición financiera. Y cuanto más
cobran, mayores son sus exigencias. Cada trimestre revisan la recaudación y,
si observan mejoras en los recursos del Tesoro, reclaman más dinero. La
tranquilidad que imaginó Lavagna luego del acuerdo con el Fondo fue una
ficción. El FMI actúa a cuenta de otros acreedores y grupos capitalistas que
exigen interminables concesiones.

Hasta ahora el gobierno norteamericano es el mayor beneficiario de esta
situación, porque debería hacerse cargo de la recapitalización del FMI si la
Argentina declarara su 'default' con esa institución. Por eso Bush elogia a
Kirchner y aprovecha que los bancos norteamericanos se desprendieron de los
títulos argentinos o contabilizaron la pérdida a cambio de otras ventajas.
Pero los momentos de luna de miel con el establishment estadounidense nunca
han sido duraderos. Ellos suelen aplaudir o insultar a sus interlocutores en
función de las conveniencias del momento y, por eso, el despectivo maltrato
que predominó hasta el año pasado podría reaparecer en cualquier momento.

Esta hostilidad apuntaría a que el país amplíe el monto de los pagos. La
expectativa de mantener apagado el conflicto con los organismos mientras se
negocia con el resto de los acreedores es completamente infundada. El FMI
esquilma las divisas del país y mantiene un chantaje sostenido. En las fases
recesivas exige pagos para favorecer el 'retorno de los inversores' y en los
períodos de reactivación reclaman el cumplimiento inmediato de todos los
compromisos. Siempre hay que pagar más. Si el 'país está en llamas' se
afirma que es para atenuar el incendio . Y si la economía crece se explica
que es imprescindible para demostrar que 'se respetan los contratos'. En
estas condiciones la reactivación no permite un respiro, sino que se
convierte, irónicamente, en una pesadilla adicional.

El gobierno norteamericano es el principal agente de los acreedores y
defiende esos intereses con argumentos de ocasión. Por ejemplo, al mismo
tiempo que le exige a la Argentina el pago de su inmensa deuda, promueve que
el pasivo de Irak con Europa sea declarado 'odioso'. De esta forma, el
gobierno títere de los marines podría dilapidar el gasto público en el
sostenimiento financiero de los invasores. Pero ese doble parámetro para
definir conductas de los deudores olvida que el pasivo argentino es tan
'odioso' como la iraquí, porque se gestó bajo una dictadura mediante
autopréstamos y seguros de cambio, que posteriormente fueron incrementados
con sucesivas renovaciones de bonos, para cubrir déficits fiscales que
solventaron la fuga de capitales y los subsidios a los grupos empresarios.
Por ejemplo, solo desde mayo del 2002 hasta la actualidad la deuda saltó de
114.600 millones a 178.000 millones de dólares. En lugar de repudiar esta
estafa, el gobierno negocia aceptando la legitimidad del fraude.

Ni miseria explícita, ni miseria encubierta

El segundo grupo de acreedores privilegiados aglutina a los bancos y
empresarios nacionales que recibieron bonos emitidos después del default. Un
26% de la deuda que se paga (84.400 millones de dólares sobre 178.800
millones totales) se canaliza a través del principal título de estas
emisiones (Boden). Los más favorecidos por este cobro son los bancos que
confiscaron a los pequeños ahorristas y las grandes empresas beneficiarias
de la devaluación o la pesificación.

Lavagna ha sido fiel a su origen en el gobierno de Eduardo Duhalde y al
mandato de sus ministros 'devaluadores' José de Mendiguren y Jorge Remes
Lenicov , al apuntalar a los grupos que más lucraron con el fin de la
convertibilidad. Quienes tanto se esfuerzan por demostrar el 'cambio de
modelo' deberían constatar la continuidad de este subsidio estatal. El
establishment elogia a Lavagna no sólo por la recuperación de los negocios,
sino también por la preservación de los privilegios de cobro que tienen los
grandes grupos locales. Por eso las cámaras empresarias ponderan el
superávit fiscal, ya que ellos se han ubicados en la ventanilla de cobro de
una cuenta que paga el conjunto de la población. Los economistas heterodoxos
suelen argumentar que la ' deuda post-default es distinta' y debe ser pagada
sin ningún atraso. Pero no brindan ninguna explicación de esta obligación
porque el pago simplemente obedece a la estrecha asociación que mantienen el
gobierno con los capitalistas locales.

Por el momento la cesación de pagos sólo afecta a los tenedores extranjeros
de títulos. El 44% de estos acreedores son pequeños ahorristas
(especialmente italianos, japoneses, holandeses y alemanes) que fueron
inducidos por los bancos y fondos de inversión a adquirir los riesgosos
bonos argentinos. Estas entidades deberían hacerse cargo de las pérdidas de
sus clientes y no el Estado nacional que ha sido financieramente asfixiado
por los mismos usureros. El gobierno rehuye este legítimo planteo porque
sería inadmisible para sus interlocutores del FMI. Por eso ha propuesto una
quita del 75% o la emisión de nuevos bonos de más largo plazo, menor interés
o mayor rendimiento asociado con la tasa de crecimiento.

Cualquiera de estas alternativas exigiría tremendos sacrificios a la
población por suponer un horizonte indefinido de superávit fiscal. La
perspectiva de sacrificios populares es inmensa tanto con una quita del 75%,
del 60% o del 40% (según se calcule el valor efectivo de los bonos) o con la
emisión de nuevos títulos que amplifiquen el monto adeudado.

Hasta ahora rige un 'bolsillo único' del 3% del PBI para pagarle a todos los
acreedores, pero este porcentaje estará sujeto a las negociaciones que año
tras año realice el país para actualizar sus compromisos de pago. Después de
lo ocurrido el 20 de diciembre del 2001 ya ningún funcionario se atreve a
declarar que se 'pagará con el hambre del pueblo', pero silenciosamente
están imponiendo ese sacrificio. Sólo en concepto de comisiones el grupo de
banqueros intermediarios que negocia una salida al default se embolsará una
suma cercana a los 200 millones de dólares.

El gobierno enmascara estas tratativas desplegando un gran arsenal de
hostilidad discursiva contra los sectores marginales del campo acreedor. Los
'fondos buitres' -que se especializan en adquirir títulos públicos de países
en bancarrota para luego demandar su cobro nominal en los tribunales
internacionales- son especialmente atacados. Pero el margen que tienen estos
especuladores para embargar activos del Estado argentino en el exterior es
muy estrecho. Además, el daño que pueden causar al país es irrelevante en
comparación a los planes de ajustes que impone el FMI y sus socios locales.
La ira gubernamental está premeditadamente concentrada en los secuaces de la
estafa para encubrir los compromisos suscriptos con los grandes
depredadores.

Los funcionarios emiten mensajes sobre la deuda especialmente adaptados a
cada auditorio. Mienten cuando afirman que 'el ajuste se terminó'. Se
sinceran cuando piden disculpas a los acreedores. En este último caso el
canciller Rafael Bielsa se ha olvidado que la solicitud de perdón debería
ser inversa: de los banqueros hacia la mayoría del país.

También el periodismo dócil suele acompañar al gobierno ponderando 'el papel
pedagógico' de las frases altisonantes de Kirchner en los foros
internacionales. Esta retórica enmascara que los 12.500 millones de pesos
que este año se destinarán al pago de la deuda obligan a mantener salarios
miserables, en una coyuntura de alto crecimiento y excepcional saldo
comercial.

Presentando a estas transferencias como un dato inamovible de la realidad se
ha planteado un falso debate sobre cómo utilizar el excedente del superávit
fiscal que ha generado la reactivación. Los ortodoxos propugnan realizar
mayores pagos de la deuda, reducir impuestos al patrimonio o formar un fondo
de reserva para afrontar la próxima recesión. Los heterodoxos, en cambio,
promueven la inversión o alguna mejora del salario. Los defensores del
gobierno -que se ubican en el segundo campo- pretenden demostrar que esta
disputa constituye una divisoria de aguas entre los conservadores y los
progresistas. Algunos funcionarios incluso ya promueven distintas maniobras
políticas para convertir en una 'causa nacional' el apoyo al acuerdo del FMI
contra la opción de mayores pagos.

Pero este escenario plantea una falsa disyuntiva, porque el excedente en
discusión es completamente insuficiente para comenzar a resolver la tragedia
de desempleo, pobreza y retracción salarial. Mientras que el 3% del PBI
representa una cifra significativa para recomponer el ingreso popular, el
excedente del superávit es un monto pequeño y de evolución incierta para
quienes lo apropian. La miseria explicita que propugna la ortodoxia y la
miseria encubierta que promueve la heterodoxia son dos variantes de una
misma política antipopular. La real alternativa es utilizar todo el
superávit fiscal para cubrir necesidades prioritarias e impostergables de la
población.

Para lograr ese excedente se está forzando un sacrificio popular inmenso, ya
que el 3% comprometido supera el 2,5% logrado el año pasado y se ubica muy
por encima del 'déficit cero' de Cavallo. Además se sitúa en las antípodas
del déficit fiscal que actualmente prevalece en todos las economías
desarrolladas a fin de contrarrestar las tendencias recesivas.

Por otra parte, el superávit del 3% está destinado a reembolsar una deuda
que ya pagada y abusivamente refinanciada. Se estima, por ejemplo, que la
carga de intereses adosada a la deuda argentina entre 1990 y 2001 (93.900
millones de dólares) fue semejante al total de créditos otorgados por
Estados Unidos a Europa a través del Plan Marshall. Por eso, en lugar de
solicitar una nueva versión de este programa de expansión imperialista para
el país o Latinoamérica, correspondería simplemente reclamar que no se
lleven más dinero. La Argentina no necesita nuevos préstamos, sino la
cesación del pago del pasivo. Al rechazar esta perspectiva, lejos de
'negociar con dignidad', el gobierno condena a millones de argentinos a un
ajuste perpetuo. Suspender el pago de la deuda, revisar inmediatamente su
administración y reasignar el uso de los 12.500 millones de pesos de
superávit en función de las necesidades sociales prioritarias es punto de
arranque de un programa alternativo.


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