[R-P] Las sanguijuelas reclaman indemnización por sangre no chupada...

[INFOR-MET]

Escandaloso: La empresa que se alzó con el contrato de
privatizacion de aguas en Bolivia,y que solo invirtió
0,5 millones de dólares,  que aumentó las tarifas un
400 %, provocando la insurreciión del Alto, reclama 25
millones de los verdes, que es la cifra que esperaba
ganar en 30 años.

Y hay cipayos bolivianos, que encima le dan la
razón...

Vale la pena leer, para que cuando echemos a patadas a
las de acá, lo hagamos, de manera tal, que ni ganas de
reclamar les queden...

Rolo
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Bechtel versus Bolivia: Un debate entre "seguridad
jurídica" y derechos humanos 


Elizabeth Peredo
Alai-amlatina
Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus
adendums y de las astucias para sacar la mayor ventaja
posible de estas circunstancias está el hecho de que
al mercantilizar el derecho al agua se genera toda una
cadena de vulneración de derechos humanos como nos los
recuerda la experiencia de una humilde mujer
cochabambina: "un servicio privatizado afecta a
nuestra economía familiar y acaba siendo un negocio
turbio en manos de pocos".

"Los bolivianos vamos a tener que pagar 25 millones de
dólares por la salida de Aguas del Tunari. "El país
está a punto de perder"... "no le vemos mucha
salida"... "no respetar la seguridad jurídica tiene
consecuencias no sólo para un sector del país, sino
para todos los bolivianos y eso lo vamos a sufrir en
breves semanas en el caso señalado". (Conferencia de
Prensa Ministro José Galindo, 19 de Noviembre, Los
Tiempos, 20/11/04)

Las declaraciones del Ministro de la Presidencia son
absolutamente cuestionables tratándose de un
funcionario de gobierno que debería en primer lugar
defender nuestros derechos ante el CIADI (Centro
Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre
Inversiones) del Banco Mundial y ante el mundo entero.
El Ministro, demasiado enfático y categórico sobre la
amenaza de perder el juicio con la empresa BECHTEL,
hizo estas declaraciones hace algunas semanas a
sabiendas de que el juicio aún no está en una fase
definitiva, suponemos que para atemorizar a las
organizaciones sociales de El Alto sobre sus demandas
en torno a Aguas del Illimani pero también, y "de
taquito", para referirse a los contenidos de la Ley de
Hidrocarburos en relación a las inversiones de las
transnacionales y señalar que no aprobemos una ley que
cuestione su poder en este país.

¿Cuál es el interés del Ministro en colocar las cosas
entre la espada y la pared? Pongamos las cosas más
claras y recordemos que Aguas del Tunari nos demanda
por $US. 25 millones a pesar de que no invirtió más de
medio millón de dólares en su estadía en Bolivia. Es
lo que "esperaba" ganar en un contrato de 40 años. Nos
demanda por sus "expectativas de lucro futuro" o la
"expropiación de ganancias futuras" que es válido
según la "seguridad jurídica" instaurada para
favorecer a las grandes empresas en el mundo a
expensas –cuando se pueda- de los presupuestos
públicos.

Pero, ¿es justa la demanda de esta transnacional?
Aguas del Tunari es un consorcio conformado por varias
empresas, entre ellas cuatro pequeñas socias
bolivianas y una española, todas lideradas por la
norteamericana Bechtel, sin embargo el juicio está
planteado como si se tratara de una empresa holandesa.
¿Cuánto de holandesa tiene Aguas del Tunari? Nada. Y
Bechtel que lidera la demanda ante el CIADI es más
nortemericana que la comida chatarra; se trata de una
transnacional muy poderosa vinculada a círculos de
poder norteamericanos dedicada actualmente, entre
otras cosas, al negocio de la "reconstrucción" de
Irak.

Esta empresa en los pocos meses que estuvo a cargo del
servicio, no realizó inversiones, incrementó las
tarifas entre un 40% y un 300% y en su afán de lucro
creó las condiciones para un conflicto social de
grandes magnitudes que no sólo afectó los derechos al
agua de usuarios y regantes de la región, sino que
posibilitó una intervención militar que mantuvo en
vilo a todo el país, dejó como saldo un joven muerto,
decenas de heridos y varios detenidos en Cochabamba.

Bechtel, conociendo y sacando ventaja de los recursos
de la "seguridad jurídica" a la que con tanta pompa se
refiere el Ministro, cambió su dirección legal de las
Islas Caimán a Holanda a fines de 1999, cuando ya
había firmado el contrato de concesión con el Estado
boliviano, bajo la aquiescencia cómplice de la
Superintendencia de Saneamiento Básico.

Este "traslado" ilegal fue para ampararse en un
Tratado Bilateral de Inversiones que tiene Bolivia con
Holanda, y ahora nos demanda ante el Banco Mundial
como empresa holandesa (!!). Como se ve, su demanda
ante el CIADI es totalmente inmoral e injusta y
vulnera los derechos de un país pobre que tiene menos
de la mitad de ingresos anuales que esta empresa y que
si dispusiera libremente de esos 25 millones podría
resolver una parte importante de las necesidades de
agua y saneamiento básico al menos en Cochabamba.

Igualmente cuestionable es el papel del Banco Mundial
que condicionó al gobierno a privatizar el agua en
Cochabamba, es co-responsable del conflicto social
generado, y ahora hace de juez y parte acogiendo la
demanda interpuesta por Bechtel contra Bolivia en un
Panel de Arbitraje donde la sociedad civil no tiene un
lugar para defenderse o dar testimonio de lo ocurrido
pues este panel de arbitraje está conformado por un
representante designado por la empresa, uno del Banco
Mundial y un representante del gobierno boliviano (que
ya vemos cómo nos está defendiendo).

El gobierno debería saber que incluso ciudadanos y
ciudadanas norteamericanas activistas por los derechos
humanos han tenido el valor de protestar ante las
puertas del CIADI por esta agresión de Bechtel contra
Bolivia, y han invitado públicamente a los miembros
del CIADI a conversar sobre la pobreza en nuestro país
para desanimarlos de aceptar la demanda de Bechtel;
qué confianza podemos tener en gobernantes que no
dudan en enlodar la imagen del país a fin de hacer
sonar los sables contra la amenaza que les representa
la necesidad de soberanía y justicia instalada en los
corazones bolivianos y que señalan los serios
problemas a los que ha llevado la privatización de
nuestros servicios y de nuestros recursos naturales.

Pero el ministro no deja de sorprendernos porque va
aún más allá y nos dice: "Ahora, ¿debemos pagar todos
los bolivianos esa suma de dinero por no haber
respetado la estabilidad jurídica del país, deben
pagar todos los del Departamento de Cochabamba que
decidieron echar a esa compañía o hacer un juicio para
establecer responsabilidades?"

Según él somos los y las bolivianas quienes debemos
pelearnos entre nosotros para ver quién es el culpable
y hasta deberíamos hacer un juicio interno para
determinar quién debe pagar la demanda ¡Por favor!, es
una forma burda de criminalizar la protesta social.
Quienes deberían ir a juicio son los que han firmado
semejante contrato usurpando las fuentes de agua de la
población indígena de la región, quienes han
adjudicado el contrato a Aguas del Tunari a pesar de
que en la licitación no se presentó otra empresa para
que sea una verdadera licitación, quienes se hicieron
de la vista gorda cuando Aguas del Tunari cambió
ilegalmente su dirección para ampararse en el Tratado
Bilateral de Inversiones con Holanda.

A quienes debemos condenar es a las autoridades que
firman contratos que someten a la población boliviana
y en especial a la más pobre y humilde a no tener agua
a menos que la pague con creces, con tarifas indexadas
al dólar, con tasas de retorno millonarias a favor de
las empresas. Entonces esa supuesta "seguridad
jurídica" a la que tanto se hace mención vulnera
nuestros derechos y nuestra dignidad y quienes la
invocan con tanta pompa y falta de criterio ofenden
nuestra inteligencia.

Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus
adendums y de las astucias para sacar la mayor ventaja
posible de estas circunstancias está el hecho de que
al mercantilizar el derecho al agua se genera toda una
cadena de vulneración de derechos humanos como nos los
recuerda la experiencia de una humilde mujer
cochabambina: "un servicio privatizado afecta a
nuestra economía familiar y acaba siendo un negocio
turbio en manos de pocos". Se dice que Bolivia ha
gastado ya más de un millón de dólares de sus fondos
públicos sólo en costos de abogados y traslados al
CIADI en Washington, es decir más de lo que esa
empresa ha gastado en Bolivia.

El gobierno boliviano es parte del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
NNUU, que ha afirmado que el agua –que es una
condición para la realización de otros derechos
humanos- "tiene que ser tratada como un bien social y
cultural y no en primer lugar como un bien económico"
(...) "es una condición para la realización de otros
derechos" (Comité de las NNUU para los DESC, 27 de
Nov. 2002).

Esperemos que sean estos acuerdos, y no otros, los que
rijan la conducta y la ética de nuestros gobernantes
cuando se trate de considerar y enfrentar los
conflictos que estén relacionados con el derecho
humano al agua y al saneamiento.

* Elizabeth Peredo. Fundación Solon


		
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