[R-P] El Gobierno cede a la presión por la suba en las tarifas de energía

[José María Cavalleri]

Del Tribuno de hoy,¿no era K quien acusó de extorsionadores a los 
privatizados?

Proponen a las empresas intercambiar aumentos por construcción de usinas
El Gobierno cede a la presión por la suba en las tarifas de energía

El incremento será del 50% en los precios mayoristas, a partir del 2005, y 
afectará al sector industrial. Las subas para los minoristas serán de 17 % y 
regirán desde el 2006. El BM pidió renegociar contratos.




Según la resolución 1427, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno 
acordó con las empresas de energía un ajuste para el 2005 teniendo como base 
los costos de julio pasado. De esta manera las empresas lograron obtener un 
aumento del 50 por ciento para los consumidores mayoristas y de un 17% para 
los minoristas. Estos incrementos sin embargo se concretarán bajo el 
compromiso de las distribuidoras de energía de construir dos usinas en los 
próximos dos años.

Por otro lado, se trató de dejar explicitado que las casas de familia sólo 
sufrirán el ajuste tarifario en noviembre del 2006. El porcentaje sería 
también del 17 por ciento.
Mientras que las opiniones de las compañías están divididas -deberán 
invertir en las obras el dinero que el Estado les adeuda-, el plazo que 
tienen para tomar la decisión vencerá el 17 de enero.

El nivel de los aumentos está aún en discusión, pero incluiría una tarifa 
social pagada por el Estado.
Desde el Ministerio de Planificación se espera que la crisis energética de 
este año no se repita el próximo. Entre sus proyecciones se cuenta con los 
aportes de energía hidráulica, de la central de Embalse y la elevación de la 
cota de Yacyretá. Esta parece ser la herramienta con la piensan luchar para 
evitar que las empresas busquen incluir a las casas de familia en los 
aumentos. En las empresas no piensan lo mismo.

En parte, porque desde Uniren, ente que renegocia los contratos y que 
depende de los ministerios de Planificación y Economía, están sondeando a 
las distribuidoras (Edenor, Edesur y Edelap, entre otras) con ofertas de 
aumentos de hasta el 20% para los hogares.
A cambio, se les pide que retiren las demandas que presentaron ante el 
Ciadi, entidad del Banco Mundial, por la pesificación de las tarifas y la 
ruptura de los contratos en los servicios públicos.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, quedará excluido de la 
medida un segmento que recibirá una tarifa social pagada por el Estado. El 
texto aclara que, si el Poder Ejecutivo decidiera nuevas excepciones, 
también serían asumidas por el Tesoro nacional.
La nueva propuesta oficial para terminar con la crisis energética provoca 
discusiones entre las empresas generadoras. No está tan claro qué nivel de 
aceptación tendrá entre los privados.

La más cercana a aceptar el plan oficial es Endesa. La compañía española 
necesita de dos nuevas centrales eléctricas para cumplir con sus 
exportaciones a Brasil, por lo que está de acuerdo con la medida oficial.
El resto de los generadores no ve, en cambio, el beneficio de contar con dos 
nuevas usinas, y cree que con una alcanza.

Reclamo del Banco Mundial

Al anunciar un nuevo préstamo para la provincia de Buenos Aires de 200 
millones de dólares, el Banco Mundial emitió un comunicado inusualmente 
duro. La entidad formuló una serie de reclamos a la Argentina insistiendo 
con la necesidad de que el Gobierno avance en la renegociación de los 
contratos de las compañías de servicios públicos, incluyendo los ajustes de 
las tarifas, un tema en el cual el BM siempre ha puesto el acento.

Al establecer las condiciones de los préstamos, el Banco Mundial señaló que 
una parte _la que está destinada a extender el suministro de agua y 
saneamiento cloacal en el Gran Buenos Aires_ está condicionada a que el 
Gobierno nacional renegocie los contratos con Aguas Argentinas, la empresa 
que administra en esa zona el suministro domiciliario. Es la primera vez que 
aparece este tipo de exigencia, aunque no se menciona el nombre de la 
empresa.

Durante la reunión de directorio en la que se aprobó el préstamo para Buenos 
Aires, varios directores expresaron su preocupación por la falta de avances 
en la renegociación de contratos y por la ley que regulará la prestación de 
servicios públicos, que está ahora en el Congreso. Actualmente hay más de 30 
empresas privatizadas que están haciendo juicio a la Argentina en el CIADI, 
el tribunal arbitral del Banco Mundial.

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