[R-P] Rosendo Fraga y sus mentiras de patas cortas

Mar Mar 26 18:17:05 MST 2002

CÓRDOBA, 25/PSI).- SUBVERSIÓN ECONÓMICA. LUEGO DE 22 AÑOS SE 
DICTARON LAS CONDENAS. 
Mientras el presidente Eduardo Duhalde y su ministro de 
Economía tratan sin ningún tapujo de que el Congreso derogue 
la ley que reprime los delitos contra la economía nacional 
muchos de los cuales han llevado a nuestro país a la 
situación en que hoy se encuentra, como una muestra de la 
realidad brindamos la presente información que también fue 
publicada en el matutino La Voz del Interior de esta ciudad 
en su edición del 23 del actual.  La Justicia Federal de 
Córdoba impuso severas condenas a tres ex directivos de la 
liquidada entidad Centro Financiero SA, como responsables de 
subversión económica por el vaciamiento de esa entidad. El 
delito de subversión económica está previsto en la ley 
20.840, cuya probable derogación está actualmente en 
discusión, por exigencia de los organismos internacionales 
de crédito. La sentencia fue dictada por la jueza federal N° 
3, Cristina Garzón de Lascano, que condenó a Omar Luis 
Bastos a seis años y cuatro meses de prisión; a Carlos 
Alberto Manuele a la misma pena y a Antonio Ramón Bastos le 
impuso cuatro años de prisión. La situación del abogado 
Manuele es más grave, porque se le unificó esta condena con 
la que le impuso en 1998 la Cámara 9ª del Crimen, en causas 
del “superproceso” del ex Banco Social de Córdoba. En esa 
oportunidad fue declarado culpable de asociación ilícita y 
defraudación calificada y se le impuso la pena de cuatro 
años y 10 meses de prisión. Ahora la jueza federal le 
unificó ambas sanciones en la pena de ocho años de prisión. 
No obstante, los nombrados permanecerán en libertad, hasta 
la confirmación de la sentencia. Sin embargo, si se 
concretan los pronósticos sobre la derogación de la ley 
20.840, el proceso quedará cerrado... y los delincuentes 
libres.
               El larguísimo proceso judicial, iniciado por 
denuncia del Banco Central en noviembre de 1980, concluyó 
ahora con las condenas de los ex directivos de la financiera 
cordobesa, de gran auge a fines de los años ‘70. No 
obstante, la jueza hizo la expresa aclaración de que, sin 
perjuicio de la responsabilidad que les cabe a los 
nombrados, hubo también otras personas involucradas en las 
maniobras investigadas, pero que por distintas razones 
quedaron fuera del proceso antes de que ella se hiciera 
cargo del caso. De la investigación se pudo establecer que a 
través de diversas maniobras, conocidas como “bicicleta 
financiera” y justificadas mediante operaciones contables 
complicadas, se produjo el desvío de cuantiosos fondos de la 
financiera, hacia un grupo de empresas vinculadas a los 
directivos. También se derivaron cientos de miles de pesos 
hacia supuestos créditos, cuyos beneficiarios eran personas 
inexistentes, o bien clientes que ignoraban que sus datos 
habían sido utilizados para esas maniobras. Otra actividad 
fue la captación de fondos en la Capital Federal a intereses 
muy elevados, pero no de particulares sino de otras 
financieras. Para que esas operaciones tuvieran la garantía 
del Estado, los depósitos se efectuaron a nombre de 
directivos y familiares de esas entidades, quienes tras la 
caída de Centro Financiero le exigieron el reintegro de 
fondos al Banco Central. Con eso, la maniobra contra los 
recursos del BCRA, que son los del país quedaba cerrada.
               Para clarificar aquella cuestión que defraudó 
cientos de millones de dólares, nada mejor que leer la nota 
“Los fantasmas del pasado” del colega José Angel Villalba, 
también publicada en la misma edición de La Voz del 
Interior: El caso Centro Financiero fue en su momento, en 
Córdoba y todo el país, uno de los peores ejemplos de la 
delincuencia de “guante blanco”, en gran medida impune y 
con efectos devastadores para la sociedad. Para ello, basta 
mencionar que después de casi 22 años de intervención 
judicial, es imposible establecer con números exactos cuál 
fue el perjuicio que la maniobra ilícita significó para las 
arcas del Estado. Se habla de cientos de millones de 
dólares, entre lo que tuvo que pagar el Banco Central por 
devolución de depósitos a intereses siderales, y lo que esa 
misma entidad no podrá recuperar. Centro Financiero, que 
tenía sede en la avenida General Paz, hasta 1980 tuvo 
preponderante actividad en Córdoba y en otros puntos del 
país. Llegó a tener una sucursal en la Capital Federal, 
donde captaba depósitos por tasas muy altas, superiores en 
algunos casos en 50 puntos a las propuestas de otras 
financieras. Pero en realidad, y como ocurrió con todos los 
casos de la llamada “patria financiera”, se demostró 
posteriormente que fue utilizado como pantalla para el 
desvío de fondos hacia otras empresas del grupo, en su 
mayoría en difícil situación económica. Por esa vía 
desaparecieron millones de dólares, gran parte de los cuales 
habían sido entregados por el Banco Central a Centro 
Financiero, en el marco de una operatoria de auxilio a 
entidades en crisis. Aunque en el mundo de las finanzas era 
público y notorio a fines de 1979 que Centro Financiero 
estaba al borde del precipicio, de igual modo siguió 
captando depósitos, porque la garantía oficial vigente por 
entonces, aseguraba el recupero.
                       Con razón destaca la jueza Cristina 
Garzón de Lascano, que el caso llega a esta etapa sólo con 
tres acusados, cuando en su largo desarrollo fueron muchos 
más los sospechados. Es que esas maniobras no podrían 
haberse concretado sin la participación de otras personas, 
que por distintos motivos lograron salir indemnes de la 
encrucijada. La resolución judicial menciona operaciones 
millonarias, en las que intervinieron personas conocidas en 
los ámbitos políticos y económicos, como José María Dagnino 
Pastore, Alieto Guadagni y Mario Brodersohn, directivos del 
Banco Macro. A nombre de ellos, pero con dinero del Banco, 
figuran depósitos en Centro Financiero que, a su caída, 
tuvieron que ser restituidos por el Banco Central.
               En estos casi 22 años la causa no sólo tuvo 
varios jueces, sino que también se produjo una reforma 
sustancial en el procedimiento penal de la Justicia Federal, 
que también influyó en la demora. La complejidad de las 
maniobras, las trabas normales de todo proceso y las que 
pusieron los interesados en diluir responsabilidades, 
facilitaron que la investigación fuera muy lenta. Tan lenta 
que hoy, salvo los propios interesados y protagonistas, casi 
nadie recuerda o sabe de la existencia del caso. La 
sentencia viene, entonces, a agitar viejos fantasmas del 
pasado, cuando por Córdoba y el país pasaron y pasan nuevos 
fantasmas de la “timba” financiera, impulsada por 
inescrupulosos y facilitada por ineptos.
               Cabe agregar, tras la nota del colega, que 
los tres personajes antes mencionados tienen “jubilación de 
privilegio”, y Guadagni, tras ser secretario de Energía del 
gobierno delincuencial de 1976-83, fue ministro de Antonio 
Cafiero cuando su gobernación en la provincia de Buenos 
Aires, y posteriormente –no obstante su reconocido 
antiperonismo- ingresó de la mano del mismo ex gobernador 
como legislador “justicialista”, siendo hoy secretario de 
Energía del doctor Eduardo Duhalde. Evidentemente nada 
parece haber ocurrido en nuestro país el 20 de diciembre 
pasado, cuando se sigue convocando a personajes 
corresponsables de la situación de nuestro país y de la 
miseria que hoy pasan millones de argentinos. Y por si fuera 
poco la ciudadanía escucha con estupor los argumentos para 
derogar la legislación penal que reprime los ilícitos contra 
la economía nacional.- XX

BUENOS AIRES, 25(PSI).-UN RANKING INTENCIONADO SOBRE LOS 
PAROS. 
Los docentes tienen un 17% del total de paros en 22 años, en 
tanto la UPCN es calificada como el gremio de “mayor 
conflictividad”. El gremio docente habría organizado 
durante los últimos 22 años el 17 por ciento del total de 
paros y medidas de fuerza realizados en el país, sólo un uno 
por ciento por debajo de la administración pública, todo de 
acuerdo a un trabajo realizado por el denominado Centro de 
Estudios Nueva Mayoría propiedad del ex colaborador del 
Ejército durante el proceso delincuencial de 1976-83 Rosendo 
Fraga. El “estudio” –que abre una campaña de acción 
psicológica contra los gremios docentes y de la 
administración pública- clasifica los 9.052 conflictos 
laborales que se habrían registrado en la Argentina entre 
1980 y 2001, inclusive y confecciona un ranking de los 
gremios más conflictivos. La administración pública nucleada 
en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión 
del Personal Civil de la Nación (UPCN) encabeza la tabla con 
1.652 paros (18 por ciento). Luego siguen los docentes con 
1.584 conflictos (17 por ciento), la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) con 673 (7 por ciento), los municipales 
con 395 (4 por ciento) y el Sindicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor (SMATA) con 378 casos (4 por 
ciento). El análisis de los paros docentes destaca que 
durante la primera mitad de la década del 80, los maestros 
sólo concentraron el 5 por ciento de las medidas de fuerza, 
pero entre 1985 y 1989 -durante el gobierno de Raúl 
Alfonsín-, habrían realizado el 18 por ciento de los paros. 
Los maestros alcanzaron su pico de conflicto entre 1990 y 
1994 -durante el primer gobierno de Carlos Menem-, al 
acaparar el 27 por ciento de los paros y la máxima de 864 
protestas del sector en un año fue en 1990. Entre 1995 y 
1999 -la segunda presidencia de Menem-, el índice cayó al 15 
por ciento y entre 2000 y 2001 -los dos años de presidencia 
de Fernando de la Rúa-, los maestros promovieron el 18 por 
ciento de las medidas de protesta. 
               La intencionalidad del seudo estudio tiende a 
demostrar que la Argentina se vio trabada en forma 
permanente por un promedio de 411 paros por año, con lo que 
la actual situación sería culpa de los sectores laborales y 
no de los delincuentes económicos beneficiarios del modelo.- 
XXX 

Néstor Miguel Gorojovsky
gorojovsky en arnet.com.ar

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Compañeros del exercito de los Andes. 

...La guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos: 
sino tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos 
tiene de faltar: cuando se acaben los vestuarios, nos 
vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mugeres, 
y sino andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios: 
seamos libres, y lo demás no importa nada...

Jose de San Martín, 27 de julio de 1819.

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