[R-P] Un informe establece la responsabilidad política de militares, alcaldes, CTV y Fedecámaras en el golpe de estado

[leo cofre]

V E N E Z U E L A

30 de julio del 2002


Un informe establece la responsabilidad política de militares, alcaldes, CTV
y Fedecámaras en el golpe de estado
Enrique Hernández
Prensa AN


En el informe presentado a los medios de comunicación social por los
representantes del Grupo del Cambio, conformado por los parlamentarios del
MVR, MAS, Conive, Puama y OFM, se establecen responsabilidades políticas por
los hechos ocurridos del 11 al 14 de abril del presente año, de cuatro
militares, tres alcaldes, el gobernador de Miranda, así como del presidente
de la CTV y el ex presidente de Fedecámaras.

Así lo dio a conocer el diputado Tarek William Saab (MVR/Anzoátegui),
vicepresidente de la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional
para investigar los hechos y circunstancias políticas e institucionales que
dieron origen y desarrollo a los acontecimientos de los días 11, 12, 13 y 14
de abril, al señalar que el informe comenzará a ser discutido en el seno de
la comisión a partir del próximo miércoles 31 de julio.

El diputado Saab expresó que entre las personas a quienes se les
establecerán las responsabilidades políticas están: el general de división
(GN) Luis Alberto Camacho Kairuz; general retirado Guaicaipuro Lameda;
general retirado Ovidio Poggioli; vicealmirante retirado Carlos Molina
Tamayo; alcalde metropolitano, Alfredo Peña; alcalde de Baruta, Henrique
Capriles Radonski; alcalde de Chacao, Leopoldo López; gobernador del estado
Miranda, Enrique Mendoza; Carlos Ortega, presidente de la CTV, y Pedro
Carmona Estanga, ex presidente de Fedecámaras.

Se describen así: al general Camacho Kairuz, quien en su condición de
viceministro de Seguridad Ciudadana, no cumplió con su función de
coordinador de las policías, por encontrarse notoriamente comprometido con
el alzamiento militar, dirigido al derrocamiento del gobierno democrático.

Al vicealmirante Molina Tamayo y al general Guaicaipuro Lameda, por asumir
directamente la conducción de la marcha del 11 de abril y darle un carácter
militar de ataque y asalto a la acción de los manifestantes que encabezaban
por la vía de El Calvario, avenida Sucre y Pagüita, tal y como se evidencia
en los videos expuestos en la comisión.

Al general Poggioli, quien se encuentra presuntamente incurso como director
de la Disip, designado por el gobierno de facto de Carmona, en la detención
del diputado Tarek William Saab, entre otros dirigentes gubernamentales.

El alcalde Alfredo Peña, por desobedecer el mandato que le corresponde de
conformidad con el artículo 8, ordinal 3, de la Ley Especial sobre el
Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, como es "preservar el orden
público y la seguridad de las personas y propiedades".

Los alcaldes Capriles Radonski y López, de los municipios Baruta y Chacao,
respectivamente, por ser quienes dirigieron a las policías municipales
mencionadas contra el Gobierno nacional, desconociendo el artículo 333 de la
Constitución vigente.

El gobernador Enrique Mendoza, a quien le correspondía tanto disuadir o
persuadir la disolución de la marcha en su jurisdicción, como tomar las
medidas de contención necesarias para evitar que se transgrediera el permiso
obtenido para la realización de la marcha sólo hasta Chuao. Promovió e
instigó a los manifestantes a la desobediencia del marco jurídico vigente.

Carmona Estanga, ex presidente de Fedecámaras, y Carlos Ortega, presidente
de la CTV, quienes no sólo se negaron a disuadir a los manifestantes de
transgredir el trayecto permisado, sino que instigaron a los manifestantes a
la comisión de delitos. En el caso de Pedro Carmona, su responsabilidad
política incluye el haber usurpado la Presidencia de la República
Bolivariana Venezuela, de manera inconstitucional y al margen de la
legalidad vigente.

Así mismo, podemos señalar que entre las conclusiones del informe está que
el 11 de abril de 2002 se produjo un cruento golpe cívico militar que puso
en vigencia, por espacio de 48 horas, un régimen autocrático revestido de
todas las formas de un verdadero totalitarismo.

Saab indicó que el golpe de Estado surge en una trama de variables, "que
como hemos analizado, van desde la conflictividad mediática hasta el
secuestro del Presidente, la imposición de un régimen de facto, la abolición
de todos los poderes públicos y diversos hechos caracterizados por una serie
de elementos que determinan responsabilidades de diferente grado".

Agregó, que uno de los elementos del golpe que ha producido más
consternación entre los ciudadanos, ha sido la comisión de 17 homicidios y
casi un centenar de heridos el día 11 de abril, más otro número aún no
determinado de homicidios durante los días subsiguientes.

Se señala en el informe que se ha determinado, a través de testimonios
personales, videos, interpelaciones y los aportes hechos en la exposición
del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la
certeza de los hechos.

También se ha debatido ampliamente la participación o no de los medios de
comunicación social como elementos facilitadores del golpe de Estado,
mediante campañas difamatorias y desestabilizadoras.

Entre las recomendaciones que hace el Grupo del Cambio están: que los
sucesos acaecidos del 11 al 14 de abril deben ser esclarecidos por las
autoridades competentes, con la finalidad de consolidar la propuesta de
diálogo nacional y reconciliación que han presentado las autoridades del
Gobierno nacional.

Encontrar la veracidad de los hechos y la sanción de los responsables
constituye el éxito del presente informe para lo cual se hace necesario que
la búsqueda de la verdad sea el norte de las investigaciones realizadas.

Consideran que la paz, la unidad y el diálogo son las vías idóneas para
consolidar la estabilidad del país y para poder resolver la crisis social y
política que vive la Nación, cuya máxima expresión fueron los trágicos
hechos de abril.

En tal sentido, esta Comisión Parlamentaria Especial Para Investigar Los
Sucesos de Abril de 2002, recomienda:
El seguimiento e investigación de los hechos acaecidos los días 11 al 14 de
abril por parte de las autoridades competentes, y de los órganos
jurisdiccionales, con la finalidad de establecer las sanciones a que haya
lugar.

La investigación exhaustiva de las violaciones y transgresiones a los
derechos humanos durante los sucesos del 11 al 15 de abril por parte de los
organismos gubernamentales y no gubernamentales dedicados a la materia, con
la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en el
esclarecimiento de los hechos.

Se exhorta a las autoridades competentes asegurar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, el principio del debido
proceso frente a las persecuciones, detenciones, allanamientos y
excarcelaciones realizados los días 12,13 y 14 no obstante, las evidencias
colectadas y las experticias que se realizaron.

Al Ministerio Público Recomendamos la oportuna investigación de las
presuntas responsabilidades penales y el consecuente ejercicio de las
acciones que correspondan, contando para ello con apoyo de los funcionarios
del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, además
de los expertos nacionales e internacionales que sean necesarios para tal
fin.

Iniciar el respectivo procedimiento disciplinario a los funcionarios que
durante los días 12 y 13 de abril realizaron los allanamientos sin la debida
orden judicial previa, y sin el debido cumplimiento de las circunstancias
establecidas en la ley para actuar en ausencia de la respectiva orden.

Al Ministerio de Interior y Justicia

Sugerimos que inicie las averiguaciones administrativas necesarias para
precisar la eventual comisión de actos irregulares por parte de efectivos de
los cuerpos de seguridad bajo su autoridad.

Incluir como materia obligatoria, dentro del programa educativo para la
formación de los cuerpos policiales nacionales, la cátedra de Derechos
Humanos.

Actuar como ente rector en la coordinación de los organismos de seguridad
para el resguardo de la ciudadanía en cualquier manifestación o actos de
esta naturaleza.

A la Defensoría del Pueblo

Asesorar a las víctimas de los sucesos acaecidos los días 11 al 14 de abril,
en la defensa y ejercicio de los derechos que constitucional y legalmente le
corresponden.

A la Asamblea Nacional

Remitir el presente informe, una vez aprobado, a los organismos
internacionales, a los cuales les competa el conocimiento de este análisis,
y a las embajadas diplomáticas con sede en nuestro país, con la finalidad de
confirmar el interés de la Asamblea Nacional en el esclarecimiento de los
sucesos del 11 al 14 de abril.

A los Medios de Comunicación

Recomendamos la reflexión de los distintos actores involucrados, sobre la
importancia del papel de los medios de comunicación en el sistema
democrático, y la influencia que pueden tener sobre la sociedad. Proponemos
la instalación de unas mesas de diálogo entre los representantes y dueños de
los diversos medios de comunicación y el Gobierno nacional para la discusión
de este tema, con el objeto establecer el equilibrio necesario entre ambos
sectores.

A la Sociedad Venezolana

La salida política es el diálogo, es el entendimiento, es el respeto por la
democracia y la legalidad, el ordenamiento jurídico establece las reglas de
juego y bajo esas reglas debemos actuar. Irrespetar las disposiciones
constitucionales y legales equivale a un desenlace fatal que la sociedad no
debe permitir. Todos tenemos cabida en el sistema democrático y participar
activamente en el ejercicio de nuestros derechos para poder alcanzar la
unidad, la convivencia y la paz social es la manera idónea de solucionar las
actuales diferencias.